El Estado sigue temblando…en su Reforma

En un artículo anterior señalábamos que son las situaciones límites o las crisis las que hacen aflorar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. La capacidad de gestión en el Estado ha mostrado su orfandad para enfrentar primero la atención de los damnificados y luego para la reconstrucción de las zonas afectadas, dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible que tome en cuenta que el Perú desde el año 2002 es un Estado unitario y descentralizado.

Sobre lo primero, hasta ahora el gobierno no puede terminar de movilizar (administrar) al Estado para terminar de atender adecuadamente a los damnificados, ni culminar con recoger los escombros que permitan iniciar la reconstrucción. Las quejas y el hambre por parte de la población afectada no logran ser acalladas por más alineamiento mediático de las grandes empresas de comunicaciones a la versión oficial sobre lo que ocurre en Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Huancavelica.

Pero, lo más preocupante es lo referido a la reconstrucción donde se ha opta por crear FORSUR con una conducción de la gran empresa para dirigir la reconstrucción. Dejando de lado, o poniendo en segundo lugar a autoridades legítimamente electas, pero sobre todo a Planes de Desarrollo Concertados y Presupuestos Participativos en el nivel regional y local que tienen sus visiones de desarrollo. Un elemento central en países descentralizados desarrollados es la implementación de políticas y mecanismos de relaciones intergubernamentales, pero no sólo en el nivel de las autoridades electas –que de por sí es importantes y hoy eso no existe- sino entre los funcionarios de los ministerios (gobierno nacional) con los gobiernos regionales y locales, y de viceversa, para poder tomar las mejores decisiones y alcanzar sistemas públicos eficaces.

Nada de eso se plantean los actuales administradores del Estado, porque continúan con su lógica centralista que desde Lima se pueden hacer mejor las cosas, y son todavía incapaces de crear un sistema adecuado de atención de los damnificados y la consiguiente remoción de escombros y de planear el futuro y sistemas adecuados de prevención. Hasta ahora los ciudadanos seguimos esperando la última promesa presidencial del 28 de julio de crear el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Pago por ver.

La oportunidad debe servir no para reconstruir Pisco, Ica o Chincha, sino para construir nuevos espacios territoriales con perspectiva de seguridad frente al riesgo, pero sobre todo con una mirada de desarrollo integral de largo plazo que vele por los intereses públicos. Lo peor que puede pasar es que sólo se reconstruyan los edificios y las casas, y no se construya una apuesta por buscar el bienestar para la mayoría de los ciudadanos afectados.

Las salidas de lo que debe construirse en estos espacios pasa por dos tipos de iniciativas, en primer lugar, terminar en el corto plazo con el empadronamiento y catastro actual de los damnificados y sus inmuebles, así culminar con la determinación de los límites que existen para terminar con el recojo de escombros y que se asegure un flujo (sistema) de ayuda en alimentación y ropa de manera constante hasta la reinserción de las personas en la economía. Esto sólo será posible con la coordinación intergubernamental entre los niveles distritales y provinciales con los respetivos Gobiernos Regionales, donde este nivel de gobierno sea el que conduzca estos procesos y determine con los sectores nacionales involucrados la determinación de la ayuda. La creación del FORSUR no invalida este tipo de iniciativa, más bien la complementa.

Sin embargo, es cierto que el espacio central de lo que se va a construir o reconstruir en las zonas damnificadas -según la perspectiva que se le de- estará en la capacidad de negociación que se dará en el propio FORSUR. O se impone una lógica empresarial, basada en el ingreso de la inversión y financiamiento privados que ven la reconstrucción también como oportunidad de hacer buenos negocios, o se estructura una política que asuma este desastre como una oportunidad de construir institucionalidad pública y privada, determinar las potencialidades y articulaciones económicas no sólo con la gran empresa agroindustrial o extractiva de la zona, sino como se construye entre el sur de Lima y las provincias afectas de Ica un gran corredor económico que incorpore a los pequeños productores.

Determinar una salida de este tipo pasa porque los espacios de gobiernos subnacionales (regionales y locales) no sólo reclamen y alcen su voz para oponerse sobre lo que no les parece. Hoy la política es sobre todo buscar salidas consensuadas y determinar propuestas. Al igual que las experiencias en curso en Cajamarca y Arequipa, los Gobiernos Regionales de Ica y de Lima Provincias, junto con sus gobiernos locales deberían plantearse una reingeniería institucional que posibilite reformar sus instituciones, y por ejemplo determinar la creación de espacios e instrumentos de planeamiento estratégico que pueda otorgar una visión de desarrollo de largo plazo. En otras experiencias regionales, se viene perfilando la creación de Institutos o Centros de Planeamiento Estratégicos que ayuden a la toma de decisiones de manera adecuada y que pueda generar políticas de prevención de riesgos y desastres, en una zona donde todos los estudios indican que es de un alto componente sísmico.

Este tipo de procesos se tornan urgentes con la presencia de FORSUR, donde las autoridades políticas que allí participan requieren de una urgente asistencia técnica que les permita enfrentar en mejores condiciones los procesos de negociación que este espacio supone. Una salida inmediata, en este sentido, que podrían asumir las autoridades políticas es convocar a los espacios de concertación de CCR y CCL con el objeto que puedan redefinir las nuevas prioridades estratégicas y de gasto público que requieres las zonas damnificadas para construir los nuevos espacios regionales y locales.

La otra pelea inmediata en la que deben incidir las autoridades locales y regionales es en el de modificar la iniciativa legislativa que acaba de presentar el gobierno central al Congreso de la República, sobre modificar las funciones del FORSUR con el fin de colocar que las reuniones de este directorio, son por lo menos una vez al mes o cada vez que lo requiere su presidente o la mayoría simple de sus miembros. Julio Favre, el presidente de este entidad tiene absoluta mayoría a favor por lo sus estilo de hacer reuniones de directorios –no físicas- sino telefónicas como para el nombramiento del gerente general de FORSUR primarán. Por esa razón las autoridades regionales y locales deben lograr en el parlamento cambiar a tener como mínimo dos reuniones de directorio de FORSUR con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo de las decisiones alcanzadas.

Un Estado que tiembla …en su Reforma

Un Estado que tiembla…en su Reforma

David Montoya

Son las situaciones límites o las crisis las que hacen aflorar lo mejor o lo peor de nosotros mismos, nuestras potencialidades y nuestros defectos o incapacidades. Lo mismo ocurre con las instituciones, y en el caso del cruento terremoto del 15 de junio, sobre todo en las provincias de Ica, los peruanos hemos visto que el Estado peruano llámese administración y sus organismos públicos no se han encontrado a la altura de las circunstancias, por ser generosos, ni han sido conducidos adecuadamente (políticamente) con eficacia. El Sistema Nacional de Defensa Civil –uno de los muchos sistemas que conforman el aparato público del Estado peruano- fue totalmente desbordado, y sin mando único y claro para enfrentar los efectos del sismo, se perdió en su lema: “Defensa Civil somos todos”, vale decir nadie es el responsable.

Esta realidad tiene una estrecha relación con el necesario balance anual del gobierno de Alan García, y un elemento que no ha sido abordado suficientemente: el proceso de la reforma del Estado, su modernización e institucionalización.

Cuando los periodistas se preguntan, en relación a la atención a las víctimas del terremoto ¿Cuesta tanto organizarse para actuar rápidamente? La respuesta es que a este Estado sí, más aún si sus ocasionales regentes parecen tener poca idea de lo que hay que hacer en materia de gestión y políticas públicas, y liderados por el estilo caudillista que conocemos, se opta muchas veces por la improvisación y por como viene la vida o los problemas, sin promover políticas de Estado que aseguren su institucionalidad, flexibilidad y modernización, precisamente para encarar las crisis.

Todos recordamos las primeras palabras del presidente García hablando con facilidad de que el desastre no había sido tan terrible, o luego de comprobada la catástrofe y de sus paseíllos por las zonas siniestradas amanecer un día y decir que se le había ocurrido que como el Perú tiene cantidad de producción lacteo invitaba a los gobiernos regionales a que enviaran queso porque este era un producto que no se malograba. Todo en medio de quejas permanentes de las víctimas que la ayuda no llega o esta es arrojada desde los camiones en la carretera para que la coja el que pueda o el más fuerte. Hay un problema de sistema logístico a tres o cuatro horas de Lima, que provocó a Jorge Del Castillo en una entrevista radial, ante la sugerencia de un oyente de que convocaría a los gerentes logísticos de las empresas privadas más importantes que son capaces de colocar sus productos en las zonas más abruptas. Es evidente que el sistema de información del Estado tampoco funciona porque poco o nada hemos oído a las autoridades sobre la situación de los pobladores de las provincias de Huancavelica Huaytará y Castrovirreyna.

Es cierto, que este Estado no es un problema solamente de la segunda gestión de García, su debilidad se ha ido encunando por los sucesivos regímenes políticos que por el cálculo político y el populismo, no han querido reformar el Estado y modernizarlo sino en el mejor de los casos maquillarlo o avanzar en fusiones de tipo administrativo como en la década del 90 con la reforma neoliberal para debilitarlo y achicarlo porque es considerado sólo como una carga fiscal para el presupuesto público.

Así, nos encontramos ante un Estado que no tiene continuidad, ni memoria para aprender de sus errores y poder prevenir acontecimientos de manera estratégica. Ello explica el porque el informe que presentó el año 2005 (durante el gobierno de Toledo) el actual Director del Instituto Geofísico del Perú, Hernán Tavera no fuera tomado en cuenta por los funcionarios decidores del régimen anterior y haya quedado plasmado en uno de los documento del Instituto de Defensa Civil.

Sin embargo, a un año del segundo gobierno de Alan García asistimos al poco interés que tiene para avanzar en la institucionalización del Estado y reformarlo, y busca sobre todo sortear los cuatro años que tiene por delante con ingentes recursos económicos y realizando acciones de impacto que lo coloquen como un presidente disciplinado y responsable en lo fiscal, inaugurando grandes obras o inversiones, y sobre todo aparecer como democrático para diferenciarse de Fujimori. Con eso -según su manera de ver- borraría históricamente la imagen de su gestión anterior, que al parecer es su gran objetivo. Al mismo tiempo, no hay en los partidos políticos ni en el Congreso la fuerza y la capacidad para darse cuenta de que el proceso de la Reforma del Estado urge.

Estos mismos deseos, los podría alcanzar apostando por una Reforma del Estado, fortaleciendo los gobiernos regionales, implementando el CEPLAN, promoviendo la ley de empleo público y una normatividad para que el Poder Ejecutivo fije las relaciones del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales, así como las urgentes necesidades de coordinación intergubernamental e intragubernamental como mecanismos e instrumentos necesarios para una gestión pública eficaz. Lo que pasa, es que a García le asoma su condición de caudillo y de querer controlarlo todo, y en una profundización de la reforma del Estado, por ejemplo se debería discutir, por ejemplo, el rol del presidente de la República y el del presidente del Consejo de Ministros como jefe de gobierno.

Si a esto le sumamos, que tenemos un gabinete ministerial con responsables donde la mayoría no son apristas y que configuran un aparente independentismo o tecnicismo, no se puede decir lo mismo de los viceministros y puestos clave hacia abajo. Los profesionales del partido de Alfonso Ugarte se encuentran muy presentes. Si los mismos que Mulder, Del castillo y otros señalan como los cuadros profesionales con suficientes capacidades para trabajar en el Estado. Es obvio que esa condición parece no ser tal.

Este gobierno, al igual que al anterior además parecen estar desaprovechando los recursos que existirían en el Programa de Modernización del Estado (PMDE) que administra la PCM. Dicho programa tendría recursos hasta por 20 millones de dólares, como parte de un crédito de condicionalidad para la reforma del Estadi y el fortalecimiento de la descentralización, pero poco se ha avanzado en las mismas ante la carencia de proyectos y propuestas con cierto criterio que permita invertir. Por ejemplo, un Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades que tanto se requiere en el Estado y los tres niveles de gobierno podría ser estructurado con estos recursos. Sin embargo, mucho se comenta entre los pocos profesionales independientes presentes en el aparato público que las carencias de alternativas y debilidades de los funcionarios con carnet hace que afloren los comportamientos de secta.

Las cosas en materia de Reforma del Estado se le han complicado a García, porque el condujo en su primer gobierno un Estado centralizado, que sólo al final de su gobierno en crisis promovió un proceso de regionalización desde arriba. Este fue paralizado y cooptado por Fujimori para serle útil en sus sucesivas reelecciones, hasta llegar a la primera convocatoria para elegir autoridades regionales en la gestión de Toledo. Hoy estamos ante un Estado unitario y descentralizado con tres niveles de gobierno, que si bien muestra que algo del poder del centro se ha transferido, también se han trasladado sus problemas de gestión pública, que empezaran a ser tratados de solucionar si se incorpora la coordinación intergubernamental en la lógica de las autoridades y funcionarios que conducen la administración pública, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados con Estados descentralizados.

Los gobiernos regionales, un sector de ellos por lo menos, ha decido enfrentar el reto de su gestión pública y se han planteado reformar institucionalmente su estructura y su gestión pública, pero requieren definir políticas de carácter intergubernamental con el gobierno nacional, como las transferencias y la descentralización fiscal, pero es más fácil para García, como dijo Jaime De Althaus, escudarse detrás de los presidentes regionales para que no se detecte su ineficacia en cuanto a la gestión pública de su gobierno. Se escuda, por ejemplo, en las transferencias de recursos por canon minero y las otras industrias extractivas a los gobiernos regionales para señalar que ahora la responsabilidad es ahora de ellos, sin decir o conocer que apenas un puñado de estos gobiernos son los directamente beneficiados con estos recursos, y que el gobierno nacional sigue manejando la mayor tajada de la torta.