El último fin de semana, cuando los partidos terminan por elegir en elecciones internas a sus candidatos parlamento, ya aparecieron los grandes carteles aéreos con nóveles políticos, que, sin el número correspondiente todavía, porque todavía no hay inscripción oficial, ya empiezan a presentarse como la renovación de la política. ¿Cuántos políticos hemos visto pasar, de todos los colores, presentándose como lo nuevo y asegurando que con ellos si habrá nueva política?

Asistimos al inicio del marketing electoral, donde otra vez los que tienen mayores recursos podrán alquilar esos enormes espacios aéreos que se encuentran en las principales vías de Lima y el país, publicidad en los principales medios de comunicación, mientras que los de menores recursos tendrán que hacer campañas más inteligentes con mayor esfuerzo.

No tengo nada contra el marketing electoral, pero debe ejercerse con honestidad. En la mayoría de los casos esta actividad profesional válida, es sólo ejercida buscando vender y colocar al candidato en las preferencias de los ciudadanos, generar la recordación de la imagen y sobre todo del número del postulante, y en ambos casos, el marketing electoral que conocemos busca generar simpatías y empatía entre elector y candidato; y quizá en último lugar, vender el contenido de lo que propone.

Con lo que si tengo cuidado es de sospechar de aquellos que proponen ser los nuevos, los impolutos e inmaculados candidatos al Congreso, cuando pueden estar ocultando más de una sorpresa, que a veces el marketing electoral logra ocultar, pero la realidad se impone, lamentablemente, cuando el ciudadano-candidato ya fue proclamado como parlamentario.

Sin embargo, el marketing electoral que predomina es aquel que sólo busca colocar y vender un producto electoral (igual que vender detergentes, yogurt o mantequilla) para que llegue al parlamento, a cualquier costo como el de maquillar algunas máculas en la historiografía del postulante.

Para proteger la salud de los consumidores de los productos que compran, se instauró la institucionalidad de la defensa del consumidor vinculada con la salud de las personas, dando como resultado que en los productos se coloquen octógonos que permitan advertir sobre el alto contenido de sodio, azúcar, grasa y otros derivados que puedan afectar a las personas.

INDECOPI señala en base a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes que: “Los octógonos facilitan la lectura y comprensión de la información nutricional de los alimentos procesados y las bebidas no alcohólicas, ayudándote a tomar mejores decisiones de compra para ti y tu familia”.

En materia electoral-política para consumir adecuadamente los productos electorales que se nos colocarán en los próximos noventa días, los ciudadanos necesitamos octógonos electorales como publicidad de advertencia que pueda identificar aquellos que los candidatos quieren ocultar, y los ciudadanos pueden tomar las mejores decisiones.

Se podrá argüir que en la elección depende de los ciudadanos informarse para poder tener un voto consciente y responsable. Lo mismo decían las empresas que se oponían a los octógonos de defensa del consumidor en el sentido que la información sobre los niveles de sodio, azúcar o grasa, ya se encontraban en los productos para ser leídos. Era obvio que nadie los leía.

Ahora, con los octógonos de protección de la alimentación, cada vez son más las personas que se fijan si los productos que van a adquirir tienen uno, dos o tres octógonos. Y, se va imponiendo a costumbre de que se opta por comprar productos con un solo octógono, por lo que lo ven más permisible.

En el mismo sentido, en nuestra contienda electoral, tenemos información oficial y de entidades de la sociedad civil que sacan ranking, revisan las hojas de vida de los candidatos y las cruzan con denuncias en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional y pueden generar observatorios sobre la biografía de los postulantes y establecer sus buenos o malos antecedentes.

Resulta que todo esto que generan instituciones como las encargadas del proceso electoral o instituciones privadas y que incluso son reveladas en los medios de comunicación, no alcanzan a la cotidianidad del ciudadano que decide en la última semana o el día mismo de la votación. El ciudadano, en mayoría, no lee las letras pequeñas o no las entiende.

Un octógono o una publicidad electoral de advertencia parecida si podría tener ese efecto. Una entidad del Estado no podría hacerlo porque la pueden acusar de parcializarse. Tarea para el sector privado y la sociedad civil.