En un artículo anterior señalábamos que son las situaciones límites o las crisis las que hacen aflorar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. La capacidad de gestión en el Estado ha mostrado su orfandad para enfrentar primero la atención de los damnificados y luego para la reconstrucción de las zonas afectadas, dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible que tome en cuenta que el Perú desde el año 2002 es un Estado unitario y descentralizado.

Sobre lo primero, hasta ahora el gobierno no puede terminar de movilizar (administrar) al Estado para terminar de atender adecuadamente a los damnificados, ni culminar con recoger los escombros que permitan iniciar la reconstrucción. Las quejas y el hambre por parte de la población afectada no logran ser acalladas por más alineamiento mediático de las grandes empresas de comunicaciones a la versión oficial sobre lo que ocurre en Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Huancavelica.

Pero, lo más preocupante es lo referido a la reconstrucción donde se ha opta por crear FORSUR con una conducción de la gran empresa para dirigir la reconstrucción. Dejando de lado, o poniendo en segundo lugar a autoridades legítimamente electas, pero sobre todo a Planes de Desarrollo Concertados y Presupuestos Participativos en el nivel regional y local que tienen sus visiones de desarrollo. Un elemento central en países descentralizados desarrollados es la implementación de políticas y mecanismos de relaciones intergubernamentales, pero no sólo en el nivel de las autoridades electas –que de por sí es importantes y hoy eso no existe- sino entre los funcionarios de los ministerios (gobierno nacional) con los gobiernos regionales y locales, y de viceversa, para poder tomar las mejores decisiones y alcanzar sistemas públicos eficaces.

Nada de eso se plantean los actuales administradores del Estado, porque continúan con su lógica centralista que desde Lima se pueden hacer mejor las cosas, y son todavía incapaces de crear un sistema adecuado de atención de los damnificados y la consiguiente remoción de escombros y de planear el futuro y sistemas adecuados de prevención. Hasta ahora los ciudadanos seguimos esperando la última promesa presidencial del 28 de julio de crear el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Pago por ver.

La oportunidad debe servir no para reconstruir Pisco, Ica o Chincha, sino para construir nuevos espacios territoriales con perspectiva de seguridad frente al riesgo, pero sobre todo con una mirada de desarrollo integral de largo plazo que vele por los intereses públicos. Lo peor que puede pasar es que sólo se reconstruyan los edificios y las casas, y no se construya una apuesta por buscar el bienestar para la mayoría de los ciudadanos afectados.

Las salidas de lo que debe construirse en estos espacios pasa por dos tipos de iniciativas, en primer lugar, terminar en el corto plazo con el empadronamiento y catastro actual de los damnificados y sus inmuebles, así culminar con la determinación de los límites que existen para terminar con el recojo de escombros y que se asegure un flujo (sistema) de ayuda en alimentación y ropa de manera constante hasta la reinserción de las personas en la economía. Esto sólo será posible con la coordinación intergubernamental entre los niveles distritales y provinciales con los respetivos Gobiernos Regionales, donde este nivel de gobierno sea el que conduzca estos procesos y determine con los sectores nacionales involucrados la determinación de la ayuda. La creación del FORSUR no invalida este tipo de iniciativa, más bien la complementa.

Sin embargo, es cierto que el espacio central de lo que se va a construir o reconstruir en las zonas damnificadas -según la perspectiva que se le de- estará en la capacidad de negociación que se dará en el propio FORSUR. O se impone una lógica empresarial, basada en el ingreso de la inversión y financiamiento privados que ven la reconstrucción también como oportunidad de hacer buenos negocios, o se estructura una política que asuma este desastre como una oportunidad de construir institucionalidad pública y privada, determinar las potencialidades y articulaciones económicas no sólo con la gran empresa agroindustrial o extractiva de la zona, sino como se construye entre el sur de Lima y las provincias afectas de Ica un gran corredor económico que incorpore a los pequeños productores.

Determinar una salida de este tipo pasa porque los espacios de gobiernos subnacionales (regionales y locales) no sólo reclamen y alcen su voz para oponerse sobre lo que no les parece. Hoy la política es sobre todo buscar salidas consensuadas y determinar propuestas. Al igual que las experiencias en curso en Cajamarca y Arequipa, los Gobiernos Regionales de Ica y de Lima Provincias, junto con sus gobiernos locales deberían plantearse una reingeniería institucional que posibilite reformar sus instituciones, y por ejemplo determinar la creación de espacios e instrumentos de planeamiento estratégico que pueda otorgar una visión de desarrollo de largo plazo. En otras experiencias regionales, se viene perfilando la creación de Institutos o Centros de Planeamiento Estratégicos que ayuden a la toma de decisiones de manera adecuada y que pueda generar políticas de prevención de riesgos y desastres, en una zona donde todos los estudios indican que es de un alto componente sísmico.

Este tipo de procesos se tornan urgentes con la presencia de FORSUR, donde las autoridades políticas que allí participan requieren de una urgente asistencia técnica que les permita enfrentar en mejores condiciones los procesos de negociación que este espacio supone. Una salida inmediata, en este sentido, que podrían asumir las autoridades políticas es convocar a los espacios de concertación de CCR y CCL con el objeto que puedan redefinir las nuevas prioridades estratégicas y de gasto público que requieres las zonas damnificadas para construir los nuevos espacios regionales y locales.

La otra pelea inmediata en la que deben incidir las autoridades locales y regionales es en el de modificar la iniciativa legislativa que acaba de presentar el gobierno central al Congreso de la República, sobre modificar las funciones del FORSUR con el fin de colocar que las reuniones de este directorio, son por lo menos una vez al mes o cada vez que lo requiere su presidente o la mayoría simple de sus miembros. Julio Favre, el presidente de este entidad tiene absoluta mayoría a favor por lo sus estilo de hacer reuniones de directorios –no físicas- sino telefónicas como para el nombramiento del gerente general de FORSUR primarán. Por esa razón las autoridades regionales y locales deben lograr en el parlamento cambiar a tener como mínimo dos reuniones de directorio de FORSUR con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo de las decisiones alcanzadas.