Durante los años 80 y 90 que duró el marco histórico del conflicto armado interno la violencia contra las mujeres cobró diferentes registros: como se suele dar en este tipo de conflictos, tanto desde los grupos terroristas como Sendero Luminoso o el MRTA, así como desde las fuerzas del orden, tanto desde la Marina como el Ejército y la Policía Nacional, se violaron sexualmente a muchas mujeres y se cometió violencia sexual como desnudamientos forzados, maternidad forzada, abortos forzados. Por si fuera poco, a partir de 1996, muchas mujeres, incluso varias que fueron violadas, fueron también sometidas a esterilizaciones forzadas por los operadores de salud de ese Estado que debió protegerlas.

Actualmente soy congresistas por el Grupo Parlamentario Frente Amplio en el congreso 2020-2021, participo en la Comisión de la Mujer y Familia y dentro de ella, coordino el Grupo de Trabajo de Violaciones Sexuales durante el conflicto armado interno y esterilizaciones forzadas que debe terminar un informe final el 24 de julio. Como funcionarias del Estado, las congresistas debemos de trabajar por la garantía de no repetición de los hechos ocurridos en ese nefasto periodo de nuestra historia, pero también, por la búsqueda de justicia y reparación.

Pronto podremos difundir nuestro informe final del grupo de trabajo, mientras tanto, proponemos en adelanto algunas de las recomendaciones que nos parecen urgentes:
1. Se requiere de voluntad política desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo para reconocer a las víctimas y otorgarles justicia.

2. Se debe incorporar en la Ley PIR a las víctimas de esterilizaciones forzadas y violencia sexual según lo normado por la Ley 31119 y, en ese sentido, rectificar el vacío del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

3. Se debe de reconsiderar las reparaciones a las víctimas, y en el caso especial de las mujeres víctimas tanto de violencia sexual como de esterilizaciones forzadas, se debe procurar apoyo en salud y salud mental.

4. Se debe incorporar el REVIESFO al RUV para poder tener un solo registro de víctimas dentro del amplio marco histórico del conflicto armado interno.

5. Se debe de apoyar con fiscalización y seguimiento los dos casos que se están desarrollando en el Poder Judicial, tanto el caso de las 1307 víctimas de esterilizaciones forzadas, como de las víctimas de violación sexual en las zonas de Manta y Vilca.

6. El Congreso de la República debe solicitar a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales un pedido de perdón público por haber violado sexualmente a mujeres y niñas en lugar de protegerlas como se debió de hacer, de manera similar a lo sucedido en otros estados —Japón, la exYugoeslavia, Ruanda, la República Democrática del Congo.

Comparto con ustedes a través de este breve video un primer alcance, a modo de resumen, de lo trabajado durante mi período legislativo como presidenta del Grupo de Trabajo de Seguimiento a los casos de Violaciones Sexuales y Esterilizaciones Forzadas durante el período de violencia interna.

A las víctimas les decimos, repetimos e insistimos: NO ESTÁN SOLAS. Personalmente me comprometo a seguir luchando por los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzadas y violencia sexual hasta el final de mis días (Rocío Silva Santisteban).

ACTUALIZACIÓN Diciembre 2021

Acá se puede encontrar el Informe Final del Grupo de Trabajo de Violencia Sexual y Esterilizaciones Forzadas de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República 2020-2021.