Tenía 16 años y dormía en su casa que había sido arrasada por Sendero Luminoso cuando entraron los militares para directamente acusarla de terruca. Era una excusa: la violaron entre cuatro y volvieron a hacerlo cuando, días después, tuvo que ir a la base militar a solicitar el salvoconducto para viajar a Huancayo. Esta segunda vez también violaron a su prima de 14 años quien “terminó siendo presa sexual de los militares y tuvo dos hijos por violación”, según describe Elizabeth Prado en un reportaje de el diario La República.

El lunes 16 de abril de 2017 durante el juicio por violaciones sexuales contra 14 oficiales, suboficiales y soldados de las bases militares de Manta y Vilca, Huancavelica, las víctimas iniciaron el relato de sus testimonios. Son historias que nos sublevan por la forma cómo las fuerzas armadas que debían de proteger a esas niñas hicieron todo lo contrario, les desgraciaron sus vidas.

Hoy, esas mujeres que tienen entre 45 y 50 años, después de un larguísimo proceso de 12 años de apoyo psicológico y legal de DEMUS y el IDL, pueden decir su verdad. A algunas sus esposos las acompañan: ellos también han tenido que dejar de lado su machismo para entender que ellas han sido víctimas absolutas y que se requiere justicia para tener sanación.

Todos los actores varones del conflicto, es decir, senderistas, emerretistas, militares, marinos, sinchis, policías, ronderos, violaron mujeres; sin embargo, 83,46% fueron cometidas por fuerzas del orden. Las violaciones sexuales, incluso también contra varones, se llevaron a cabo en todas las zonas calientes: sobre todo en Ayacucho, Huancavelica y el Huallaga (también hay información sobre Chumbivilcas, Apurímac y Lima).

Hay denuncias sobre violaciones sexuales en 60 bases antisubversivas. Las mujeres, generalmente adolescentes, pero también casadas e incluso con sus hijos a cuestas, fueron violadas en masa, es decir, por varios hombres al mismo tiempo. En la zona del Huallaga violar en masa se convirtió en un verbo: “pichanear”. Si se inventa una nueva palabra para un acto repulsivo se debe a su frecuencia.

Algunos altos mandos del Ejército han justificado las violaciones sexuales de sus tropas sosteniendo que eran “esporádicas” y que se debían a la imposibilidad de controlar la “sexualidad irrefrenable” de sus hombres porque se encontraban “aguantados” en un contexto tremendamente adverso y de tensión. Aclaremos: es obsceno justificar la violación de una mujer. Ni ayer, ni mañana ni nunca se puede violar impunemente. Es un delito sancionado violar sexualmente a alguien aunque sea una asesina. Todo Estado democrático debe respetar los DDHH de todos, decir lo contrario para hacerle el juego a la impunidad de militares asesinos, policías corruptos y machos en celo es abjurar de la democracia.

Las FFAA y las FFPP deben de pedir perdón a las víctimas, como instituciones del Estado que debieron protegerlas y no dañarlas. Solo a partir de ese gesto puede restituirse la integridad de “esos cuerpos que no importan” y convertirlos en lo que son: sujetos de derechos. El Estado, además, no puede posponer ni un minuto más la aprobación de los lineamientos de las reparaciones integrales a cargo de la CMAN. No solo porque son víctimas, sino para que sean ciudadanas plenas.

Esta kolumna fue publicada originalmente en La República el 17 de abril del 2017. Esta es una actualización a la fecha.