Durante la primera sesión del juicio oral por las violaciones sexuales realizadas en las bases militares de Manta y Vilca, Huancavelica (1984 hasta 1994) llevado a cabo el 8 de julio a las 9 am en la Sala Penal Nacional, el presidente del tribunal, Dr. Cerna Bazán, consultó a los abogados de las víctimas y de los inculpados si consideraban que el proceso debiera ser público o privado. El Código de Procedimientos Penales sostiene que los juicios por violación sexual deben ser privados para evitar la re-victimización de la mujer violada.

Sin embargo, como argumentaron el abogado Carlos Rivera y la abogada Rossie Salazar, representantes de las víctimas de Manta y Vilca que vienen reclamando por un juicio justo desde hace 16 años, sostuvieron que el juicio debería ser público como parte de un proceso de reparación de las víctimas. Ellas querían que el Perú sepa por lo que pasaron y la fuerza que debieron sacar de su dolor para denunciar a los 11 militares involucrados. Por otro lado, los abogados de los inculpados, esto es, de los perpetradores, sostuvieron que el presidente del tribunal debía “pegarse a la ley” porque –argumentaron– los inculpados “tienen familia” y podían ser denigrados. En otras palabras, los abogados de los inculpados le dieron la vuelta a la norma y reclamaron privacidad por el “honor de los perpetradores”.

Precisamente esa lógica perversa de achacarle a la víctima la responsabilidad de su propio crimen, responde a las maneras de pensar, al “sentido común”, de una nación como la peruana. El Perú es un país que continúa siendo profundamente racista, clasista, colonialista y machista, sobre todo, con quienes más lo necesitan: con las mujeres adoloridas que recibieron en sus cuerpos esa descarga brutal del conflicto armado interno.

El proceso contra los once inculpados de violaciones sexuales en los pueblos donde se encontraban las bases militares de Manta y Vilca continúa de forma “privada”: solo pueden asistir las víctimas, los inculpados, los testigos y los abogados de ambas partes. Está prohibida todo presencia de público y de prensa. El juez Cerna Bazán, quien presionado por los abogados de los inculpados accedió a este reclamo, finalmente fue separado del caso debido también a presiones internas de los abogados de los inculpados pues lo acusaban de estar parcializado con las víctimas.