El próximo martes 11 de octubre volverá a ser presentado el proyecto de ley No. 08/2011-CR para incorporar el delito de feminicidio al Código Penal, mediante la inclusión de dicho delito al artículo 108. Así, el crimen contra mujeres se vuelve homicidio calificado y sería objeto de una penalidad más severa.

Este proyecto fue presentado anteriormente y fue rechazado por una estrecha votación. El principal argumento que han expuesto sus detractores ha sido que es discriminatorio, en la línea de lo estipulado en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.”

Respetando este argumento, no lo comprendo cuando observo la multiplicidad de normas que podrían ser interpretadas como violatorias del principio de igualdad ante la ley sin discriminación alguna. ¿Las cuotas de género para ocupar cargos en el Congreso o en los Concejos Municipales? ¿Los aranceles diferenciados para distintas empresas? ¿Los privilegios de los sindicalistas frente a los no-sindicalizados? ¿Los rescates financieros a los grandes bancos? ¿La exigencia de pago de gravámenes extraordinarios a las mineras? ¿El periodo post-natal que exonera a las mujeres de trabajar por determinados días?

De hecho, el propio artículo 108 del Código Penal, en su numeral 5, estipula que configura homicidio calificado cuandoi la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Pregunto entonces: ¿no sería discriminador distinguir a los policías, militares y jueces del resto de los ciudadanos de a pié? Bajo el criterio de los opositores al proyecto del feminicidio, tendrían ue admitir que esto es tan discriminador como distinguir entre crímenes contra hombres de los que son contra mujeres.

Si pensamos que es consistente con el progreso económico, una sociedad en la que algunos de sus miembros puedan ser agredidos por otros más fuertes físicamente y que eso genere una cultura de miedo y desconfianza, de aceptación a las menores oportunidades y retribuciones de unos frente a otros sólo por no tener esa fuerza física, y de la impunidad ante el abuso; entonces no entendemos lo que es el desarrollo, ni las sociedades abiertas ni la democracia liberal. Eso mismo sucede con las mujeres maltratadas en Perú y hay que decir ¡basta!

No creo en una sociedad de privilegios. Los cupos de género son eso precisamente. Ayudas para que segmentos de la sociedad accedan a algo no por méritos propios, sino por la sola pertenencia a determinados grupos de interés. Pienso en varias mujeres, sin mucho esfuerzo, que no necesitan de estas muletas sociales para salir adelante. Es más, que se ofenderían si recibieran un puesto público o privado por ser simplemente mujeres. Cuando se reemplaza el criterio de calidad profesional por cualquier otro criterio de corte mercantilista, que construye privilegios de unos frente a otros, el resultado siempre es el deterioro de las entidades, organizaciones e instituciones.

Instaurar los crímenes de feminicidio como homicidio calificado es bastante distinto. No se busca instaurar un privilegio, sino emparejar la cancha. No constituye privilegio fortalecer un derecho cada vez más venido a menos como el de proteger la propia vida. No hay duda que las mujeres constituyen el grupo más vulnerable, en particular en lo referente a la correlación de fuerza física con respecto a los varones. Ojalá puedan entenderlo mejor los legisladores.

{Nota: Artículo publicado en el diario “La Primera” (Piura) el 5 de septiembre de 2011]