A mis alumnos de Constitucional normalmente les hago una revisión de las normas diferenciadoras entre la Constitución de 1979 y la de 1993. Dentro de ellas, por cierto, distingo las que sirven para afectar derechos (como aquella que reserva la insurgencia a los civiles en la del 1993, cuando es derecho de todos en la de 1979) o las que fortalecen el carácter autoritario del régimen. Dentro de las últimas siempre cito al 134°, que precisamente habilita la disolución del Congreso. En la de 1993, se hace con la censura de 2 gabinetes. En la de 1979, en el artículo 227°, el Presidente disolvía la Cámara de Diputados cuando se censuraba a 3.

Es decir, mayor libertad para la política se encuentra en la del 1979 o con la del 93 se propuso menos margen de injerencia por el Legislativo a la tarea del Ejecutivo. Ambas interpretaciones posibles. Lo que es discutible en este tema, a la luz de lo que se ve y lee a propósito de la interpelación y posible censura del Ministro de Educación, don Jaime Saavedra, son una serie de afirmaciones:

1) la que hace el fujimorismo, autor de la referida reforma que da al Ejecutivo una herramienta de poder frente a un poder legislativo adverso, diciendo que hoy está mal lo que antes le pareció correcto;

2) se considere el voto de confianza como un mecanismo violento para la política. Es posible constitucionalmente y políticamente viable de cara a establecer condiciones de diálogo más paritarios entre ambos poderes considerando la minúscula bancada del Ejecutivo (y fraccionada por tanto librepensador que la compone);

3) se diga que como la iniciativa en la cuestión de confianza está en el Ejecutivo, entonces no corresponde constitucionalmente. Eso es falso. Incluso en la de 1979 hasta una iniciativa ministerial podía convertirse en cuestión de confianza. Podrá ser falto de elegancia o inmoral? No es de interés. Lo ético y moral no se confunde con el derecho y la política;

4) que el Ejecutivo entienda que la defensa de una institución, la Universidad, sea la defensa de un individuo. La defensa de la Ley de la Reforma Universitaria es un imperativo que trasciende a los individuos. Me parece importante el ministro y mejor por el entusiasmo que ha provocado en la población el debate de su salida. Será costoso políticamente para el fujimorismo que su salida se perciba causante de un siempre complicado tema educativo.

Considero, por el contrario, que el Ejecutivo está usando (no mal por la necesidad política que tiene) de hacer del tema del ministro un camino para el equilibrio político. Hasta ahora el Ejecutivo no negocia nada. Escoge las batallas? Tampoco. Negociar o escoger no excluye al conflicto como generador de fronteras.