En estos últimos años la economía peruana ha atravesado inestabilidad, todo ello a raíz de la pandemia mundial a causa del COVID – 19, la volatilidad en los mercados financieros del mundo, así como por la incertidumbre debido a la coyuntura política, siendo el Perú un país con una importante incidencia de corrupción y con escasos niveles de institucionalidad, siendo el espacio idóneo para el desarrollo de la comisión de diversos delitos en las compañías peruanas.
En ese sentido, las empresas que operan en el mercado local tienen se desenvuelven en su entorno con un enfoque prioritario de crecimiento, con el fin de aprovechar las nuevas oportunidades de negocio, proponer nuevas fuentes de financiamiento para los proyectos y reaccionar oportunamente a la llegada de nuevos competidores con el respaldo de grandes grupos económicos o de matrices extranjeras, lo cual abre paso también al desarrollo de los delitos económicos al interior de las empresas, y su crecimiento a una escala que quizás no se esté considerando por tener el enfoque que todo gerente o administrador de empresas tiene, que es la preocupación de la productividad, pero que sin tener previsto, que advertir este tipo de ilegalidades, comprende también el buen desenvolvimiento de las compañías y forma parte de la garantía de la productividad empresarial y económica, no siendo menos importante de analizar, pues el crecimiento como delitos de fraude, la corrupción y sobornos, el lavado de dinero, la violación de las leyes de competencia, y los delitos informáticos en general, estarían cometiéndose con más incidencia en las empresas, generando gran perjuicio hacia las mismas, su desarrollo económico y su entorno, por lo tanto también al país y nuestra economía.
Todo ello con el fin de que las empresas peruanas cobren mayor conciencia de delitos que ya generan preocupación en otras latitudes, una encuesta realizada por PWC PERU en el año 2014, vislumbra a través de su estudio, pérdidas de dinero significativas de sumas ascendentes a US$ 5 – US$100 millones anuales a raíz de los delitos económicos en las empresas, así como el porcentaje del 28% de empresas en el Perú que aún no realiza evaluaciones integrales de riesgo para prevenir los delitos económicos; constituyendo entonces, importantes riesgos latentes, siendo cifras considerables para prestar atención por la relevancia del grado de afectación, a fin de poder tomar precaución y adoptar medidas para prevenir y sancionar oportunamente.
Por ello, este artículo plantea una visión para la elaboración de evaluaciones integrales de riesgo, propone la disposición de acudir a autoridades policiales y judiciales para buscar una sanción a quienes han incurrido en el delito. Pues la falta de preocupación en el presente tema conduce a un monitoreo poco sistemático y sofisticado de las actividades delictivas y que, por lo tanto, la aparentemente baja incidencia de estas se debe a que no son detectadas en su verdadera magnitud. De esta manera, lo que a primera vista parece ser una situación con pocos problemas de delitos económicos y fraude, es, en realidad, un panorama de importantes riesgos latentes.
El perfil del actor.
Como suele suceder, los delitos reportados, mayormente tienen origen interno, pero también y no en menor medida se reportaron delitos de origen externo, respecto al género, son varones en mayor porcentaje al de mujeres los que cometen dichos delitos, así también en razón a la edad, las personas de entre 31 a 40 años seguidos por las personas en una escala de 21 a 30 años de edad los que tienen mayor incidencia al cometer delitos económicos, y de acuerdo al grado académico las personas con mayor porcentaje son las personas que únicamente culminaron la secundaria, a ello también cabe resaltar el hecho de que las personas como colaboradores y las personas que pertenecen a la gerencia intermedia de las compañías, son aquellas que más porcentaje tienen en cuanto a la comisión de los ilícitos; si bien es cierto que las encuestas son importantes para darnos una idea científica y altas probabilidades para poder identificar con más precisión ciertas problemáticas como la presente, es importante señalar que las mismas no se tomen desde el prejuicio, sino más bien, tomar con cuidado y atención para su mejor identificación y prever en dichas áreas.
Sin embargo, entre las empresas peruanas se sigue estimando que la detección de los fraudes y delitos económicos se soportan, fundamentalmente, en métodos informales, como los ‘soplos’ internos, o en herramientas que no son específicamente destinadas para detectar dichos delitos, como la auditoría de rutina.
Finalmente, resulta beneficioso realizar muchas inversiones relacionadas con la sostenibilidad y productividad del negocio, pero ahora también es claramente provechoso el evaluar la rentabilidad para incorporar sistemas de detección y combate del delito económico, no siendo fácil detectar lo cuantificable que significa a razón de lo que realmente representa si no lo implementamos como parte del sistema interno. Sin embargo, a diferencia de otras inversiones, esta sí puede tener un impacto directo en los estados financieros, tomando en cuenta que la gran mayoría de delitos económicos generan pérdidas tangibles. Esa combinación de factores debería convencer a las altas gerencias y a los directorios de asumir el desafío de lidiar con el delito económico. Ello será mucho más rentable que seguir ignorándolo.