Guías prácticas que explican de manera sencilla la aplicación de la normativa de contrataciones públicas, modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1341 y Decreto Supremo Nº 056-2017-EF

El 9 de junio de 2017 el OSCE aprobó 5 Guías Prácticas, denominadas:

¿Cómo se formula el requerimiento?

¿Cómo se califica la experiencia de los consorcios?

¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para la ejecución de obras?

¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para consultoría de obras?

Herramientas del OSCE: ¿Dónde las encuentro, para que sirve y cómo las uso?

Revise las Guías Prácticas en el link: http://portal.osce.gob.pe/osce/guias-practicas

Estos materiales tienen como finalidad orientar a los funcionarios públicos y actores de la contratación pública sobre las principales modificaciones en el desarrollo de los procedimientos de selección incorporados por el Decreto Legislativo Nº 1341 y por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.

Estas directivas describen de manera ilustrativa las modificaciones normativas, con ejemplos y notas recordatorias, a fin de contribuir a una gestión eficiente de las contrataciones públicas.

A manera de síntesis, sobre la Guía: “Cómo se clasifica la experiencia de los consorcios” se explica de manera sencilla y con ejemplos la forma de calificar la experiencia de los consorcios a través de cuatro pasos:

  1. Verificar qué integrantes del consorcio se comprometen a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto del contrato, de acuerdo a lo declarado en la promesa de consorcio.
  2. Obtener el monto de facturación que acredita cada integrante del consorcio, para determinar la experiencia del consorcio, que se calcula sumando los montos que aporta cada integrante.

Si las Bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia, además se debe:

  1. Identificar al consorciado que acredita la mayor experiencia.
  2. Verificar si dicho consorciado cumple con el porcentaje mínimo exigido en las Bases. De ser así, se considera su experiencia para calcular la experiencia del consorcio.

Por otro lado, con la Guía: ¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para consultoría de obras? se explica la manera de  determinar el límite mínimo de las ofertas económicas, así como el puntaje de dichas ofertas en los procedimientos de selección para consultoría de obras, que consiste en:

  1. Verificar que las ofertas técnicas contengan los documentos requeridos para su admisión.
  2. Calificar y evaluar las ofertas técnicas.
  3. Verificar que las ofertas económicas se encuentren dentro de los límites del valor referencial (que no superen en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y no se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de las ofertas económicas válidas que quedan en competencia incluido el valor referencial).
  4. Identificar la oferta económica más próxima al promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia incluido el valor referencial, a efectos de asignarle el puntaje de cien (100) y a las demás ofertas asignarle el puntaje que resulte de la aplicación de la nueva fórmula establecida en el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento.
  5. Determinar el puntaje total de las ofertas y el orden de prelación.

Asimismo, sobre la Guía: ¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para la ejecución de obras? se explica la forma de establecer el límite mínimo de las ofertas para la ejecución de obras, así como se ha introducido una nueva fórmula para determinar el puntaje del precio en los procedimientos de selección, que consiste en:

  1. Verificar que las ofertas contengan los documentos requeridos para su admisión.
  2. Verificar que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial (no excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial ni se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de las ofertas admitidas incluido el valor referencial).
  3. Identificar la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia incluido el valor referencial, a efectos de asignarle el máximo puntaje del factor precio.
  4. Asignar puntaje a las demás precios ofertados según la nueva fórmula establecida en el literal a) del artículo 54.6 del Reglamento.
  5. Determinar la oferta con el mejor puntaje según los factores de evaluación previstos en las bases.
  6. Calificar las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación.

Finalmente, con la guía: ¿Cómo se formula el requerimiento? se explica de manera sencilla los criterios generales que debe guiar la formulación y estructura del requerimiento de bienes y servicios, y se incluye un cuadro didáctico en donde se indican los requisitos de calificación previstos en las Bases Estándar para: Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada.

Esperamos que el OSCE continúe con esta labor de elaboración de materiales de orientación a fin de mejorar la labor de los profesionales que trabajan en las diversas áreas vinculadas a la normativa de contratación pública.

Las modificaciones a la normativa de contrataciones del estado contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1341 – Ley de Contrataciones del Estado

Perú: Una sola fuerza

La Ley Nº 30225 y su modificatoria, contenida en el Decreto Legislativo Nº 1341, entran en vigencia el 3 de abril de 2017. A continuación, en un documento adjunto, se muestran las modificaciones realizadas por cada artículo para su fácil comprensión, separados por eje temático y en orden numérico.

Para acceder al documento en word, pueden hacer click en el siguiente enlace:

Las modificaciones a la normativa de contrataciones del Estado – Decreto Legislativo 1341

 

 

 

 

INFORME EN MINORÍA: “COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO”

 

Este Informe contiene información muy valiosa para continuar con las investigaciones de los presuntos casos de coimas a funcionarios peruanos, por ello recojo algunos extractos de éste y lo comparto con ustedes, a fin de que se conozca el trabajo de dicha comisión y los documentos, comunicaciones, contratos y demás hechos que lo sustentan.

Una de las conclusiones del Informe (Titulo VII), elaborado por el ex congresista Juan Pari – junio de 2016, es la siguiente: “Con este propósito se implementaron una sucesión de contratos con el Estado peruano y de compromisos de obligaciones financieras a largo plazo que han ido estructurando un sistema de sometimiento del presupuesto público al principio de rentabilidad sin riesgo alguno de las empresas brasileñas. Deuda pública con las empresas brasileñas que ha garantizado el financiamiento privado de éstas, dando lugar a que el propósito del modelo de asociaciones público privadas en lugar de atraer capital externo al Perú, ha servido para que empresas privadas extranjeras se capitalicen con recursos públicos, los que han sido sustraídos al control de Estado vía contratos de fideicomiso”.

Como se recuerda, el 2 de noviembre de 2015 se instaló la Comisión Lava Jato, la cual estaba conformada por Juan Pari (Dignidad y Democracia), Carmen Omonte (Perú Posible), Mauricio Mulder (Apra), Josué Gutiérrez y Daniel Abugattás (Partido Nacionalista), Karina Beteta y Jesús Hurtado (Fuerza Popular). Al final, el informe de la Comisión solo fue firmado por Juan Pari, en minoría.

En la introducción del Informe se indica que “La Comisión Investigadora ha realizado 21 sesiones ordinarias, 8 sesiones extraordinarias y 11 reuniones indagatorias. Además, se ha levantado el secreto bancario y tributario a 195 personas naturales y 99 personas jurídicas peruanas y 135 personas naturales extranjeras. Se ha citado a 105 personas, habiéndose tomado declaraciones a 58 de ellas”.

Asimismo, se señala que “La Comisión Investigadora ha obtenido documentación de fuentes públicas, extranjeras y nacionales; entidades gubernamentales e instituciones privadas, la misma que ha sido analizada. De esta manera hemos culminado esta investigación en la que hemos identificando algunos procedimientos del ―modus operandi‖, la forma en cómo diversas empresas brasileñas negociaban con el Estado para obtener obras y concesiones públicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público, y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas. En todos los casos analizados tenemos que se entrega la buena pro o se formula un contrato por un monto y luego progresivamente el costo del contrato o concesión se hace muchísimo más alto al inicialmente previsto. Para lograr ese ilícito cometido, se creó un marco legal especial en cada caso, con el que se evitó el procedimiento y la normatividad vigente. En la mayoría de los casos se encargó la obra a una autoridad especial; paralelamente a ello, los dueños y/o funcionarios de las empresas brasileras mantuvieron una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción”.

De otro lado, se sostiene que “Una de las limitaciones que hemos tenido, ha sido la falta de cooperación del Ministerio Público y del Fiscal de la Nación, quien no permitió que se nos entregara la información que la Procuraduría del Brasil preparó por pedido expreso de la Comisión Investigadora en su oportunidad. Esa información estaba lista para ser entregada, sin embargo, extrapolando invasivamente el marco del convenio suscrito por el Ministerio Público del Perú con la Procuraduría de Brasil, no se permitió que la información nos fuera entregada, utilizando para ello argumentos debatibles y alegando la titularidad de toda investigación”.

A continuación se transcriben las conclusiones del citado Informe, el cual también pueden descargarlo en el siguiente enlace:

https://ia601902.us.archive.org/19/items/InformeJuanPari2016/InfPari2016.pdf

“CONCLUSIONES

  1. La justicia brasileña ha establecido que las empresas ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO, ENGENVIX, UTC y otras constituyeron en Brasil un cartel de carácter delictivo con la finalidad de monopolizar contrataciones con la empresa PETROBRAS, en el marco de las cuales obtenían ingresos ilícitos que luego eran ―lavados‖ en el sistema financiero internacional.

Esas mismas empresas, como cartel, habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú, convirtiendo al Estado peruano en su contratante, replicando en él, el papel de PETROBRAS; perjudicando al erario público del Perú. Y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero.

2. Con este propósito se implementaron una sucesión de contratos con el Estado peruano y de compromisos de obligaciones financieras a largo plazo que han ido estructurando un sistema de sometimiento del presupuesto público al principio de rentabilidad sin riesgo alguno de las empresas brasileñas. Deuda pública con las empresas brasileñas que ha garantizado el financiamiento privado de éstas, dando lugar a que el propósito del modelo de asociaciones público privadas en lugar de atraer capital externo al Perú, ha servido para que empresas privadas extranjeras se capitalicen con recursos públicos, los que han sido sustraídos al control de Estado vía contratos de fideicomiso.

3. Por otra parte, en este contexto financiero, las iniciativas privadas de las empresas brasileñas no se han planteado desde el punto de vista de un plan de desarrollo nacional peruano; sino desde el punto de vista geoeconómico de las necesidades de la economía brasileña.

4. Estos procedimientos han tenido antecedentes desde los años 80; pero es a partir del año 2003, y durante los tres últimos gobiernos, que se convierten en frecuentes, vía los denominados megaproyectos que comprometen miles de millones de dólares del Tesoro Público que financian los contribuyentes.

5. En los siguientes proyectos en los que han participado las empresas brasileñas investigadas:

  • Carretera Interoceánica Norte y Sur (Tramos II, III y IV)
  • Proyectos Olmos (Trasvase e Irrigación)
  • Línea 1 del Tren Eléctrico
  • Línea Amarilla o Vía Parque Rímac
  • Proyecto Hidro Energético Alto Piura
  • Gasoducto del Sur Peruano
  • Planta de Tratamiento de Huachipa
  • Proyecto Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis

Se han determinado indicios respecto a que:

a. En los procesos de adjudicación, contratación, ejecución de contratos, otorgamiento de adelantos; así como cuando, ha sido el caso, en arbitrajes y renegociaciones de contratos; se han producido hechos irregulares, violentando los sistemas de control y trasgrediendo la legislación vigente; cuya naturaleza delictiva debe determinarla el Ministerio público; procedimientos irregulares a los cuales se les dio una aparente legalidad, creándose para este efecto una ―normatividad ad hoc.

b. Que estos hechos han originado una grave afectación económica al Estado peruano por un lado; y, de otro lado, pingües rentabilidades para las empresas brasileñas favorecidas; las mismas que han sido inclusive garantizadas por contratos lesivos al Estado peruano. Situaciones en las que las empresas brasileñas no realizaban inversión, y con capitales sociales casi nulos en el Perú y obteniendo financiamiento interno gracias a las garantías del Estado peruano, capitalizaban empresas de fachada para luego transferir recursos al extranjero (no precisamente el Brasil), incumpliéndose con el objetivo de captación de recursos de capital externo que implica la modalidad de Asociación Público Privada.

c. Que las empresas brasileñas, al participar en estos proyectos habrían obtenido del Estado peruano excedente liquidez financiera para la ejecución de obras, así como ventajas tributarias y cambiarias no justificadas; que habrían dado lugar a que, para ellas, el Perú posiblemente haya sido utilizado como un paraíso tributario-financiero.

6. Que habría sido condición para que, por acción u omisión, los funcionarios de Estado peruano que participaron en estos hechos hayan cometido y/o permitido el pago de coimas por parte de las empresas brasileñas; pagos indebidos que se encuentran evidenciadas en los siguientes registros:

  • Las transferencias hacia y desde la empresa Constructora Área SAC.
  • Los archivos de la memoria externa del ex Presidente de OSITRAN.
  • Las anotaciones en la documentación de la Operación Castillo de Arena, con respecto a coimas en relación a los proyectos Huachipa, Puente Chino, Interoceánica. Así como las menciones ―Toledo‖ y ―García‖; como también la mención ―cúpula APRA‖, a lado del nombre de Juan Sarmiento.
  • Los registros en archivos de funcionarios de Odebrecht en relación con el PROYECTO OH y la cuenta ―paulistinha.
  • Las declaraciones premiadas de los empresarios investigados y sentenciados en Brasil.
  • Las declaraciones de los doleiros que trajeron o remitieron dinero hacia el Perú y que lo entregaron en hoteles y en el local de Línea Amarilla en la UNI.
  • Los informes de la Unidad de Inteligencia financiera remitidos al Ministerio Público del Perú, sobre empresas, y familiares del ex Presidente Alejandro Toledo; así como de la esposa del Presidente Ollanta Humala.
  • La transferencia de dinero a paraíso financiero por parte de Umberto Olcese
  • Las transferencias de dinero del extranjero recibidos por Saco Jaramillo, familiar del ex Ministro Juan Sarmiento.
  • Las transferencias de dinero recibidas del extranjero y su mención por el doleiro Leonardo Meirelles, por Gary Luty Dávila Alverdi.
  • Los pagos realizados por OAS a Rocío Calderón y Ronald Barrientos, que luego se habrían transferido a las cuentas de Nadine Heredia Alarcón.
  • Los registros de pagos y de reuniones con funcionarios brasileños encontrados en las agendas de Nadine Heredia.

7. En estos hechos se han identificado modalidades de comportamiento como:

  • Utilización de la ―puerta giratoria‖; por la cual funcionarios públicos peruanos, con información privilegiada, posteriormente se convertían en consultores y/o representantes de empresas brasileñas y viceversa.
  • Utilización de empresas de fachada – caso LAMSAC- a las que transferían los contratos obtenidos por empresas extranjeras, como es el caso de OAS; contratos que aquellas empresas de fachada no hubieran podido obtener por sí mismas debido a su falta experiencia y capital social mínimo exigido en los procesos de licitación.
  • Utilización de empresas sin experiencia, sin capital social suficiente, ni capacidad de ejecución, que obtenían irregularmente contratos con el Estado, los cuales eran posterirormente transferidos a empresas con capital y experiencia mayor (como es el caso de las empresas Kuntur y Odebrecht).
  • Contratos de inversión firmados con PROINVERSION por montos superiores a la inversión comprometida por la empresa en el proyecto, obteniendo así, las empresas, los beneficios de la legislación promotora de la inversión extranjera en el Perú. (Caso Olmos, en fases Trasvase e irrigación )
  • Carencia de evaluación económica de los proyectos, imprecisión en los costos de las obras y aplicación de otros criterios imprecisos de ―evaluación‖ en las diversas obras y concesiones; sin determinar la rentabilidad de los mismos.
  • Eliminación de los mecanismos de control, creando situaciones de excepción para proyectos específicos, tal es el caso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

8. Los procedimientos identificados tienen las características de un ―modus operandi‖, por la forma en cómo diversas empresas brasileñas, manteniendo una cercanía con los funcionarios de mayor jerarquía, negociaban con funcionarios públicos para obtener obras y concesiones públicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público, y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas. En todos los casos analizados tenemos que se entrega la buena pro, o se firma un contrato, por un monto determinado y luego progresivamente el costo del contrato o concesión se hace muchísimo más alto al inicialmente previsto. Para lograr ese cometido, se creó un marco legal especial en cada caso, con el que se evadió el procedimiento y la normatividad vigente. En la mayoría de los casos se encargó la obra a una autoridad Ad hoc; (Caso Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Proyecto Especial Olmos-Tinajones, entre otros). Paralelamente a ello, los dueños y/o ejecutivos de las empresas brasileñas mantuvieron una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción, lo que se deduce de los diversos cables, correos electrónicos, visitas a Palacio de Gobierno, movimiento migratorio remitidos por autoridades peruanas, registros en planillas de documentos oficiales que forman parte de la investigaciones en el Brasil, todos estos hechos coinciden con las fechas de las actividades de selección y contratación de los mega proyectos de inversión en el Perú.

9. Las ventajas obtenidas por las empresas brasileñas que han participado en los proyectos de la carretera Interoceánica se han producido con el uso de instrumentos normativos del más alto nivel como leyes, decretos supremos; y con la participación de funcionarios públicos con cargos de elección popular de la más alta jerarquía y cargos de confianza del más alto nivel.

10. Se han establecido indicios de que ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final; destino éste que estaría asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado peruano. De este esquema participaron ´Constructora Internacional del Sur´ ya identificada en Brasil con el lavado de activos, la empresa peruana Constructora Área SAC, Klienfeld Servicies LTD, Balmer Holding Assets Ltd., entre otras, que habrían realizado contratos ficticios para justificar las transferencias del dinero.

11. Existen indicios que se habría aplicado un procedimiento de deducción de porcentajes, procedimientos de pago (cash y cabo) en el pago de ―capilés, coimas, a funcionarios públicos peruanos (revelados en el informe de la Policía Federal sobre Castillo de Arena, donde se presenta un esquema de una operación específica con identificación del banco y número de la cuenta).

Ya no es necesario contar con certificados de capacitación de aliados estratégicos del OSCE

De acuerdo a lo señalado en el comunicado publicado por el OSCE en su página web “Se amplía oferta para capacitación de operadores sobre las contrataciones públicas”, y de acuerdo a lo contenido en el articulo 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 056-2017-EF, “ya no será un requisito indispensable la acreditación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE para que las instituciones o empresas puedan capacitar a los funcionarios y servidores involucrados en las contrataciones públicas.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo referido a capacitación de los operadores involucrados en las compras públicas.

No obstante, el acápite 4.4 precisa que el OSCE establece las estrategias, los procedimientos y requisitos para la certificación, es decir, fija los niveles y perfiles de la certificación, pero se sustrae de la acreditación de las entidades y de la certificación de los capacitadores.

De este modo, se busca promover una mayor apertura de la oferta del mercado educativo a nivel nacional, pues cualquier institución o empresa podrá capacitar en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado. También se promueve la autoformación.

Como consecuencia, unos 37 convenios suscritos con instituciones públicas y privadas capacitadoras, quedarán sin efecto en 15 días, en mérito a que el nuevo reglamento entra en vigencia el lunes 3 de abril de 2017“.

En virtud de ello, lo que importará es que las personas interesadas en certificarse cuenten con experiencia y los conocimientos y competencias para laborar en el órgano encargado de las contrataciones, los cuales serán evaluados mediante el examen respectivo. Ya no es un requisito para certificarse contar con una certificado o constancia emitido por la institución que organiza la capacitación, tan es así que cada funcionario, servidor o cualquier interesado puede prepararse por sí mismo a fin de aprobar el examen respectivo, elaborado y administrado por el OSCE, de acuerdo a la directiva que emita.

Si bien se ampliará la competencia para que distintas organizaciones se formen y capaciten, cada usuario del servicio debe adoptar las medidas mínimas para asegurarse que recibirá un servicio adecuado, de modo que le permita enfrentar el examen de certificación. Debe informarse cerca de las competencias del capacitador, su perfil y experiencia en el rubro, así como de las condiciones del local donde se llevará a cabo la capacitación, la metodología a emplear para lograr los objetivos de la capacitación, el material a utilizar en clase, las herramientas pedagógicas previstas, entre otros.

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

El 20 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, mediante el cual se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Pueden descargar el documento haciendo click en el siguiente enlace:

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444

De otro lado cabe indicar que en su artículo 246 “Principios de la potestad sancionadora administrativa”, el TUO de la Ley Nº 27444 indica expresamente que “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los principios especiales, entre las cuales, está el de Culpabilidad, según el cual la “Responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva” (resaltado agregado).

Por su parte el Decreto Legislativo nº 1341 “Ley de Contrataciones del Estado”, la cual entra en vigencia el 4 de abril de 2017, ha establecido en su artículo 50 “Infracciones y sanciones administrativas”, que “La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta” (resaltado agregado).

 

Empresas sancionadas por el OSCE no podrán contratar con el programa Qali Warma el 2017

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Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 8563-2016-MIDIS/PNAEQW, publicada el 24 de noviembre de 2016, en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el “Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Atención del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – versión Nº 02”.

Dicho manual tendrá vigencia a partir de la convocatoria del proceso de compra del año 2017.

El objetivo de este Manual es disponer de un instrumento normativo que contenga disposiciones, lineamientos y procedimientos aplicables para la selección, adjudicación de proveedores y la correspondiente ejecución contractual para la provisión del servicio alimentario a las usuarias y usuarios de las instituciones educativas públicas atendidas por el por el Programa, en el marco del modelo de cogestión.

Uno de los tantos que temas que me ha llamado la atención y que también es objeto de debate en la vigente Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225, tiene que ver con lo referido a los impedimentos para ser proveedor, participante, postor o contratista. ¿Se puede a través de una resolución directoral establecer impedimentos o restricciones para participar en la actividad económica del país? Este análisis será objeto de otro post.

En el Manual, específicamente en el “Capítulo VIII: Condición esencial de los postores”, numeral 35, se incluye el subtítulo denominado “Impedimentos para ser postores”, según el cual están impedidos para ser postores determinadas personas por el cargo que ostentan, como por ejemplo, el Presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, los ministros, los viceministros, los jueces supremos, los gobernadores, consejeros, jueces superiores, alcaldes, regidores, funcionarios y trabajadores del Programa, integrantes del Comité de Compra, Comité de Alimentación Escolar y veedores, tanto a nivel nacional, regional, por la jurisdicción o en el ámbito de la Unidad Territorial, según corresponda, impedimento que también se extiende al cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichas autoridades citadas.

Sin embargo, la novedad es que en el numeral 36 se indica que también están impedidos para ser postores:

a) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente por el OSCE, para participar en procesos de selección y para contratar con el estado, así como aquellas con las cuales se evidencia conflictos de intereses con el Programa.

b). Las personas jurídicas en cuya conformación participen las personas naturales o jurídicas señaladas en el literal precedente, como socios, asociados, integrantes de los órganos de administración, representantes legales y/o apoderados.

c) Los consorcios que estén integradas por personas jurídicas o naturales que incurren en los literales a) y b) precedentes.

(…)” (resalto agregado).

Al respecto, entre otras, me surge una duda, a raíz de algunas consultas recibidas por algunas empresas que participarían en los procesos convocados por el programa, debido a que se estaría divulgando la idea de que ahora las empresas deben contar con su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

A ver, veamos. Los tipos de sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones del OSCE, en virtud al artículo 50 de la Ley de contrataciones del Estado, son: i) multas económicas, ii) inhabilitación temporal y iii) inhabilitación definitiva o permanente. Los tipos de infracciones referidas a no tener RNP vigente en alguno de los momentos establecidos en la normativa son sancionadas con multas económicas, por lo que las demás sanciones impuestas serían por haber sido postor en un procedimiento de selección o haber tenido la calidad de contratista mayormente, en cuyas etapas se configuró la infracción que motivó la sanción de inhabilitación, lo cual implica que han tenido en su momento su RNP para tener la calidad de postor o contratista.

Con ello, en estricto, ¿acaso el Manual no debió haber solicitado expresamente que todos aquellos postores que quieran participar en el proceso de adjudicación deben contar con RNP vigente, en el capítulo respectivo?, ¿o es que los Comités de Compra únicamente verificarán en la web del OSCE que empresas participantes no tengan inhabilitación temporal o definitiva?

El Manual no señala en ninguna parte que los postores deben tener vigente su RNP para participar en el proceso de compra respectivo a nivel nacional. Espero que esta pequeña reflexión pueda ser abordada por el Programa a fin de evitar posibles errores de interpretación, si las hubiere.

Procesos de selección convocados a partir del 11 de noviembre de 2016 no deben exigir requisitos que consten en registros de libre acceso u otro medio de comunicación pública

tramitesDe acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1246, “Decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa”, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas para reducir la tramitología en la Administración Pública, disposiciones que van a tener un impacto en los procedimientos de contratación pública.

El artículo 5 “Prohibición de la exigencia de documentación” de dicho Decreto establece que las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento trámite administrativo, entre otros, lo siguiente:

“(…)

  1. g) Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública.

(…)”.

Se establece, también, que lo dispuesto en literal g) no es aplicable a aquellas entidades de la Administración Pública ubicadas en zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.

Con esta medida, por ejemplo, en las Bases Administrativas, como uno de los requisitos de calificación, denominado “Capacidad Legal” no debe ser exigible la resolución de autorización de las empresas de seguridad privada para funcionar como tal, emitida por la SUCAMEC, dado que dicha información consta en la web institucional de dicha institución, la misma que es actualizada de manera permanente y es pública. En ese sentido, se deduce que dicho requisito debe ser verificado por parte del órgano encargado de las contrataciones o del Comité de Selección, quien haga sus veces.

Cabe precisar que el literal g) no sería aplicable a registros tipo reportes o base de datos que no son actualizados de manera permanente.

De otro lado, se precisa en la Única Disposición Complementaria Final que “constituye falta de carácter disciplinario del directivo o servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con la entidad de la Administración pública el incumplimiento de las disposiciones y plazos establecidos”, por ejemplo, en el artículo 5 de dicho Decreto Legislativo y, además, la falta será sancionada según su gravedad, previo proceso administrativo.

Los impactos del Decreto Legislativo Nº 1246 en las contrataciones públicas sin duda van a ser objetos de reflexión, dado que su incumplimiento podría generar responsabilidad administrativa. El caso de la contratación de los servicios de seguridad privada solo es un ejemplo de los tantos que existen y que estarían dentro del supuesto del literal g) del artículo 5 del citado Decreto Legislativo.

Por ejemplo ¿Si un participante advierte que en una convocatoria realizada el 14 de noviembre de 2016, para la contratación de servicios de seguridad privada, se exige como requisito de calificación la presentación de la resolución de autorización como empresa de seguridad privada, ello puede ser objeto de observación a fin de que se retire dicho requisito? ¿En el caso de que en el procedimiento de selección se adjudique la buena pro, el postor que ocupó el segundo lugar podría solicitar la nulidad del procedimiento a través de un recurso de apelación?

El Congreso delega facultades al Ejecutivo en materia de abastecimiento y régimen de contrataciones públicas

leyes

El 9 de octubre de 2016 se publicó la Ley Nº 30506, mediante la cual el Congreso de la República del Perú delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros, en materia de en materia de reactivación económica y formalización.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de los sectores involucrados en dicha materia delegada, debe emitir en el plazo de noventa (90) días calendario, los decretos legislativos respectivos.

El literal g) del numeral 1 de dicha Ley, precisamente, señala que el Poder Ejecutivo podrá emitir las normas en materia de reactivación económica y formalización con el objetivo de:

“(…)

g) Promover, reestructurar y regular el sistema nacional de abastecimiento público con una visión sistémica e integral, promoviendo una gestión ágil y eficiente de la cadena de abastecimiento en el sector público, determinando los marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública a fin de promover un sistema público eficiente en sectores prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país, tales como seguridad ciudadana, salud o educación.

Modificar el marco normativo del sistema de contrataciones del Estado y reorganizar el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica”.

(…)”.

Resulta interesante que se especifique el concepto de sistema nacional de abastecimiento público, con una visión integral, dado que este concepto incluye el marco legal sobre contratación pública, cuya supervisión y fiscalización la tiene el OSCE. En cambio, a la fecha no hay un ente rector del sistema de abastecimiento, a diferencia de otros sistemas administrativos.

Esperemos que todo lo bien que se haya avanzado no retroceda en estos nuevos cambios.

Mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225.

En ese sentido, dicha Ley y su Reglamento entrarán en vigencia a partir del 9 de enero de 2016.

Se adjunta el link para descargar el nuevo Reglamento.

NUevo reglamento de la ley de la ley de contrataciones

Cristhiam León