Acabar con la corrupción: economía del comportamiento, castigo y fe

Deja una respuesta
[Visto: 30 veces]

Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas de investigación más prestigiosos de Argentina, publicó recientemente un artículo que describe cómo las empresas constructoras de carreteras de Argentina crearon un cartel para repartir  los contratos de obras públicas.

Los miembros del cartel se encontraban en la sala de reuniones de la Cámara para realizar las negociaciones. En dicha sala hay una imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

Antes de comenzar con las negociaciones para arreglar los contratos, elegir a los “ganadores” y distribuir las ganancias, los miembros del cartel daban vuelta la imagen de Nuestra Señora de Luján, de manera que le daba la espalda a los presentes. Como dijo con franqueza una de las fuentes, lo hacían “para que ella no presenciara lo que hacíamos”.

Esta observación me hizo pensar en dos explicaciones posibles sobre los motivos por los cuales violamos las leyes, le mentimos al gobierno y a los demás.

Gary Becker, Premio Nobel de Economía, presentó una teoría. Becker sostiene que el cumplimiento de las leyes no se debería dar por sentado. Según él, los delincuentes son personas racionales que, antes de cometer un delito, realizan un análisis costo-beneficio. Dicho de una manera simple, Becker y sus seguidores piensan que los delincuentes primero calculan lo que pueden obtener si violan la ley. Luego, comparan ese valor con el castigo, las probabilidades de que los descubran y las probabilidades concretas de ser castigados.

Si el beneficio del acto ilícito supera todos los demás costos, es probable que la persona incurra en el acto delictivo.

Los que diseñan e implementan políticas públicas que siguen este enfoque están interesados en aumentar el costo del delito para romper el equilibrio. Curiosamente, el tema clave no siempre es el monto del castigo (perdón a los seguidores de la mano dura), pero sí el aumento de las probabilidades de detección y la aplicación efectiva del castigo. Además de la imposición de la sanción personal son muy importantes las medidas que apuntan a privar a la persona de los beneficios económicos del delito.

La otra teoría viene del ámbito de la economía del comportamiento. Uno de sus partidarios más conocidos es Dan Ariely, autor de The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially Ourselves (La (honesta) verdad sobre la deshonestidad: Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos). El resumen de esta teoría sofisticada y compleja es que para comprender por qué las personas mienten o violan las leyes debemos analizar otros factores: el entorno en el que trabajamos, el ejemplo de los demás, el comportamiento de los líderes y lo que Ariely denomina la “brújula moral”. Este es el resultado de “las acciones de varias personas que, a pesar de que valoran la moral y de que desean ser vistos como personas éticas, a menudo no logran resistirse a la tentación de actuar en forma deshonesta”.

En Ethical Immunity: How people Violate their Own Moral Standards Without Feeling they are Doing So, (Inmunidad Moral: Como las Personas Violan sus propios Estándares Morales sin sentir que lo están haciendo”) Jason Dana, George Lowenstein y Roberto Weber sostienen que “las personas tienen una habilidad increíble para racionalizar el comportamiento antiético o para colocarse activamente en una posición en la cual adquieren «inmunidad ética» sin enfrentar las consecuencias ni las interpretaciones evidentes de sus acciones”.

Aquellos convencidos de las ventajas que tiene este enfoque, buscan promover políticas públicas que mejoran lo que se denomina “la arquitectura de las decisiones”. Ofrecen una infinidad de herramientas con del fin de incentivar a las personas para que hagan lo correcto. Entre estas herramientas se incluyen más información, incentivos adecuados y el reconocimiento explícito para aquellos que obedecen las leyes.

Tal como sugirieron Dana et al: “Ya se ha demostrado mediante una literatura experimental bastante amplia y exhaustiva que el deseo de verse como una persona ética ante uno mismo y ante los demás puede ejercer una fuerte influencia sobre el comportamiento humano”.

Volviendo a nuestros amigos del cartel y a Nuestra Señora de Luján, ¿hay algo de todo esto que nos pueda ayudar a resolver el problema?

Yo creo que sí.

Si tenemos en cuenta las dos teorías, podemos imaginar que con menos impunidad (aumento del costo de la delincuencia) y con mecanismos de licitación más transparentes y responsables, así como con una conducta ética que sobresalga (mejora de la arquitectura de las decisiones, incentivos y confirmación del valor de la brújula moral) habría menos probabilidades de que las personas se comporten de forma ilícita.

Por supuesto que esta no es una tarea fácil. No debemos olvidar que es realmente difícil descubrir cuál es la estructura de las transacciones corruptas. Estas se llevan a cabo a puertas cerradas y, según Alconada Mon, dentro de círculos de extrema confianza.

Resolver estos problemas es un gran desafío. Y hay algunos buenos casos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha trabajado con estas ideas en mente al promover proyectos para la Controladoria Geral da Uniao in Brazil con el objetivo de fortalecer su capacidad de supervisión y, al mismo tiempo, facilitar la participación de los ciudadanos para controlar el gasto público a nivel municipal. El BID también ha brindado soporte para un proyecto en Bolivia; mediante el cual el Ministerio de Transparencia Pública recuperó aproximadamente USD 50 millones provenientes de transacciones corruptas. El préstamo fue de USD 5 millones.

Por último, ¿alguien podría atornillar la imagen de Nuestra Señora de Luján al piso?

Puedes acceder al enlace original, aquí: https://blogs.iadb.org/gobernarte/2016/08/29/acabar-con-la-corrupcion-economia-del-comportamiento-castigo-y-fe/

 

Sobrecostos: ¿error o mentira?: Tres lecciones básicas para manejar los sobrecostos en proyectos de infraestructura

Deja una respuesta
[Visto: 27 veces]

 “Para saber que sabemos lo que sabemos, y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento” Nicolás Copérnico

En muchas ocasiones, los proyectos de infraestructura sufren de subestimación de sus costos y sobreestimación de sus beneficios. Y, como se podrán imaginar, estas desviaciones son casi siempre en la misma dirección: casi nunca hay sobreestimación de costos ni subestimación de beneficios. Esto ocurre en absolutamente todos los sectores, desde siempre. Y, por si fuera poco, las estimaciones de costos no han mejorado con el perfeccionamiento de las técnicas de estimación ni como consecuencia del incremento exponencial de la capacidad de cálculo al que hemos asistido en las últimas décadas.

Hay dos explicaciones sobre el fenómeno de los sobrecostos sistemáticos que resisten a la evidencia empírica. La primera, se basa en los trabajos del Premio Nobel de Economía Daniel Kanneman, y sostiene que los proyectistas tienen un sesgo cognitivo, por el cual tienden a ser optimistas en sus estimaciones. Según esta explicación, existe un error involuntario de la máquina humana al analizar el proyecto.

La segunda explicación proviene de la economía política, y sostiene que el sesgo es de tipo estratégico, lo que quiere decir que el impulsor del proyecto sobreestima la rentabilidad de su proyecto para lograr la aprobación del mismo, confiado en que una vez iniciada la ejecución aparecerán de alguna parte los recursos para culminarlo. Así, y según esta explicación, no habría ningún error, sino simplemente una mentira estratégica.

Sea cual sea la explicación (ya que posiblemente se trate de una mezcla de ambas en una proporción difícil de determinar), el efecto es una distorsión del proceso de asignación de recursos públicos, que en el caso de los gastos en infraestructura involucran una parte muy importante de la inversión de los distintos países. En algunos casos, la distorsión es tan importante que algunos autores hablan de Darwinismo inverso: cuanto más se subestiman los costos de un proyecto, voluntaria o involuntariamente, mayor es su probabilidad de ser implementado.

La pregunta que surge es: ¿acaso no existe una penalización a quienes se equivocan o mienten? La realidad es que en general no existe, porque siempre hay amparo en argumentar que se trataba de estimaciones sobre un futuro que es, por definición, incierto. Y claro, en el terreno de las predicciones, todo vale.

Desde la academia (Kanneman) se sugirió planificar y evaluar proyectos utilizando lo que denominaron la visión externa. Esto quiere decir que si los planificadores están sesgados a subestimar los costos, éstos deben sustituirse por los costos de proyectos similares ejecutados previamente. En definitiva, los planificadores no tienen por qué suponer que el proyecto que están preparando vaya a tener resultados mejores que los proyectos similares que ocurrieron antes. Esta información de proyectos anteriores (denominada clase de referencia) otorga un rango de valores sobre los que el proyecto bajo análisis podría hallarse.

Por otra parte, desde el área de evaluación de proyectos con incertidumbre, se sabe que los eventos futuros (como el costo de un proyecto de infraestructura, o la demanda que tendrá) no se deben presentar como un valor único, sino como un rango de valores posibles, asociados a la probabilidad de ocurrencia de los mismos, que es lo que en la jerga estadística se define como una distribución de probabilidad. En este sentido, resulta tan importante el valor medio del costo estimado como la varianza del mismo en torno a dicho valor medio.

Para los tomadores de decisiones públicas, y para un banco de desarrollo como el BID, surgen algunas lecciones básicas que podríamos resumir en estas tres:

1- Que el futuro sea incierto no da carta blanca para que cualquier estimación sea válida.

2- Los costos de los proyectos, al igual que sus beneficios, deben expresarse como distribuciones de probabilidad y no como valores determinísticos. De lo contrario, se pierde información clave, se pueden tomar malas decisiones y se pueden prevenir los riesgos.

3- Para evitar sesgos en la estimación de costos y beneficios hay que usar datos de proyectos similares (visión externa); más aún, hay que usar la distribución de probabilidad de dichos datos (clase de referencia).

En este sentido, el profesor Flyvbjerg de la Universidad de Oxford ha desarrollado una extensa obra sobre este apasionante tema, dando cuenta de lo extendido y profundo del fenómeno de los sobrecostos en los megaproyectos de infraestructura, y ha desarrollado las bases para incorporar las mejores prácticas en la estimación de costos que consideren la incertidumbre inherente a los pronósticos, y que nos pongan a resguardo de los principales sesgos en la estimación.

Siguiendo estas ideas, el BID ha desarrollado un Manual para la Estimación y el Seguimiento de Costos Total de un Programa de Infraestructura, que constituye una guía para agentes de gobierno o analistas de proyectos que busquen una herramienta práctica para incorporar la visión externa en la evaluación de sus proyectos, y poder así valorar el nivel de sesgo que pueda existir en las estimaciones realizadas de forma tradicional.

* Co-autor: Hugo Monteverde, Consultor del BID, es Ingeniero Civil, Máster en Administración de Empresas y Diplomado en Logística Empresarial por la Universidad de la República oriental del Uruguay. Inició su carrera profesional hace 28 años en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Durante los últimos tres años de su permanencia en esa institución integró la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Obras de la DNV. En 1992 ingresó en una de las más importantes empresas de construcción de carreteras del Uruguay, donde llegó a ser gerente general, responsabilidad que desempeñó por otros siete años. Desde 2003 ha actuado como consultor en diferentes proyectos financiados por el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. En los últimos dos años ha estado trabajando en la implementación de los primeros llamados a licitación realizar en Uruguay en la modalidad de Participación Público Privada mediante Pago por Disponibilidad de un conjunto de corredores viales.

Pueden acceder al enlace original de la publicación, aquí:https://blogs.iadb.org/moviliblog/2016/06/29/tres-lecciones-para-manejar-el-problema-de-los-sobrecostos/

 

RESUMEN: LEY Nº 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de: gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de Prevención y Protección de Personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado

Deja una respuesta
[Visto: 74 veces]

El día de hoy, 19 de julio de 2018, el Congreso aprobó delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de sesenta (60) días calendario, en materia: 1) Tributaria, 2) gestión económica y competitividad, 3) Integridad y lucha contra la corrupción, 4) el servicio de defensa pública y la prevención y protección de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y 5) modernización de la gestión del Estado.   

En este post, solo se indicarán las medidas dispuestas respecto de una de las 5 materias delegadas:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

En esta materia se busca “modernizar los Sistemas Administrativos del Estado, excepto los referidos a Defensa Judicial del Estado y Control, con el objetivo de mejorar la gestión, productividad, eficiencia y efectividad de las entidades públicas. Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica”.

Las medidas cuya implementación se autorizan son las siguientes:

“a. 1. Fortalecer la interoperabilidad, articulación e integración entre los sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector Público y sus respectivos órganos rectores, actualizar y adecuar sus conceptos y terminología, de manera que permita garantizar una gestión más integral de la Hacienda Pública.

a.2 Modernizar el Sistema Nacional de Presupuesto, adecuando la cobertura de instituciones al Marco Macroeconómico Multianual, al Tesoro Público y a la Contabilidad Pública. Conciliar la secuencia de formulación y establecer las reglas de variación de asignación de recursos; introducir la programación multianual, la programación de ingresos, la programación de gastos corrientes futuros asociados a inversiones, la regulación del Presupuesto por Resultados y la evaluación presupuestaria en el proceso presupuestario. El ejercicio de la delegación de facultades para legislar, deberá observar lo señalado en los artículos 80, 101 y 104 de la Constitución Política del Perú, respetando las disposiciones establecidas sobre modificaciones presupuestarias y reserva de contingencia, establecidas en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

a.3 Adecuar el marco regulatorio a los cambios en materia de inversión pública, inversión público-privada, y programación multianual del gasto.

a.4 Actualizar el marco regulatorio de los Sistemas Nacionales de Tesorería y de Endeudamiento Público, a fin de consolidar el enfoque de gestión integral de activos y pasivos financieros del Estado y la modernización de la Tesorería del Estado y del Sistema de Endeudamiento Público, para promover una dinámica más eficiente en la gestión del financiamiento de las inversiones.

a.5 Fortalecer y modernizar el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, desarrollando el marco normativo para la implementación de la Planilla Única de Pago del Sector Público; y establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible de acuerdo a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Incorporar modalidades formativas de servicios en las entidades de la Administración Pública, sin que ello altere normas de contratación de personal en el Sector Público. Estas medidas no deben vulnerar los derechos laborales.

a.6 Fortalecer y extender la accesibilidad al certificado único laboral para jóvenes, a fin de incrementar las oportunidades de reinserción en el mercado laboral.

a.7 Regular el periodo vacacional, de acuerdo a las necesidades del trabajador y del empleador.

a.8 Mejorar la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a efectos de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de los procesos de contratación, entre las cuales es prioritaria adecuar la aplicación del procedimiento de adjudicación simplificada para la construcción de establecimientos penitenciarios y centros juveniles; así como fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras) para fomentar la eficiencia en las contrataciones.

a.9 Desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

a.10 Actualizar la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, respecto de las materias comprendidas en el Sistema Administrativo de Modernización de la gestión pública, y modificar, integrar, eliminar o incorporar nuevos instrumentos y mecanismos que permitan alinear el proceso de modernización de la gestión pública a los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), facilitar la coordinación y articulación entre sistemas administrativos y habilitar la adecuación de estos a la  heterogeneidad institucional del Estado” (El resaltado es agregado).

 

Cuando denunciar la corrupción sale a cuenta: países que recompensan a los filtradores

Deja una respuesta
[Visto: 48 veces]

Fuente: eldiario.es

  • Un antiguo directivo de UBS se embolsó más de 100 millones de dólares en EEUU por alertar de un delito de evasión de impuestos
  • Facebook ha lanzado un programa piloto para ofrecer desde 500 dólares a quienes reporten abuso de datos en aplicaciones de su plataforma
  • En Europa, países como Alemania y Reino Unido otorgan recompensas delatar delitos fiscales. En España se eliminaron en 1987

Ser el que da la voz de alarma no es algo que se vea en todas partes con los mismos ojos. Mientras que en países como Estados Unidos denunciar un delito fiscal puede convertir al filtrador en millonario, en otros como España no solo no se contempla la compensación económica, sino que el denunciado no tiene derecho a recibir información alguna sobre la investigación que puede haberse abierto al respecto.

Incentivar y premiar a los delatores tiene sus raíces en la cultura anglosajona. En Estados Unidos, una de las primeras normativas que mencionó las recompensas fue la False Claims Act de 1863, firmada por el presidente Lincoln durante la guerra civil americana para combatir la especulación. Entonces se prometía un porcentaje del dinero recuperado por el Gobierno y se ofrecía protección frente a posibles represalias laborales. A raíz de aquello se aprobaron medidas similares para sectores como el energético, el medioambiental o el de la aviación.

En 2006, la Hacienda estadounidense empezó a contar con un sistema de recompensas que permitía premiar a los delatores hasta con el 30% de lo que el fisco pudiera recobrar. Dos años más tarde, con el estallido de la crisis económica, también se vio la necesidad de ampliar las ayudas a las denuncias de delitos financieros. Así, en 2010, Obama firmaba la famosa  Ley Dodd-Frank.

Desde entonces, la SEC (el equivalente a la CNMV española) y la CFTC, que regula los mercados de derivados, han pagado auténticas millonadas a los whistleblowers(término ligado a la práctica policial de usar el silbato como modo de aviso).

Héroes en Estados Unidos

En 2007, el exbanquero del gigante suizo UBS Bradley Birkenfeld denunciaba a la compañía ante la Hacienda estadounidense por una trama de evasión de capitales. El fisco logró recuperar 780 millones de dólares (unos 570 millones de euros de la época) y Birkenfeld se embolsó 104 millones de dólares (más de  80 millones de euros) en septiembre de 2012. Sin embargo, la compensación económica no le libró de pasar 30 meses en la cárcel por haber participado en las actividades fraudulentas de UBS, algo que generó muchas críticas al haber sido el denunciante.

Es uno de los casos más significativos que se han dado en el país americano, pero no el único. Según los datos que la propia SEC hizo públicos en marzo de este año, esta entidad reguladora de Wall Street ha otorgado más de 263 millones de dólares a 53 denunciantes desde que emitió su primer veredicto en 2012.

Todos los pagos se realizan a través de un fondo financiado mediante las sanciones monetarias pagadas a la SEC. Las recompensas pueden oscilar entre el 10 y el 30 % del dinero recaudado cuando las penas exceden el millón de dólares. Además, por ley, se procura que la identidad de los denunciantes permanezca a salvo, ya que en ningún caso se divulga información que pueda revelar directa o indirectamente sus datos personales. El organismo ha reservado unos  450 millones de dólares (unos 385 millones de euros) para pagos a informantes externos.

Cualquier persona (incluso fuera de Estados Unidos) puede denunciar ante la SEC, siempre y cuando tenga constancia de alguna infracción relativa al mercado de valores estadounidense. Eso sí, no se ofrecen recompensas a auditores o responsables del cumplimiento normativo, ya que se considera que ese tipo de denuncia forma parte de su labor profesional.

Otro sector que ha dado pingües beneficios a los denunciantes ha sido el de la sanidad. En 2009,  diez empleados de la farmacéutica Pfizer compartieron una recompensa de 102 millones de dólares por revelar prácticas ilegales en la comercialización del medicamento para la artritis Bextra. Casi una década antes,dos denunciantes recibieron 100 millones de dólares del  Hospital Corporation of America (HCA), la compañía hospitalaria del país, tras evidenciar que se habían presentado facturas infladas y gastos de más al Medicare, el programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de los Estados Unidos.

Los casos europeos de Reino Unido y Alemania

En 1998, el Reino Unido aprobó una de las leyes más completas de protección de denunciantes en el mundo, la Public Interest Disclosure Act(más conocida como PIDA). Bajo su amparo, los delatores pueden revelar una amplia gama de tropelías que van desde la corrupción política hasta delitos económicos o contra la salud pública, el medio ambiente y la seguridad.

Sin embargo, a diferencia de las leyes estadounidenses, en Reino Unido las recompensas no están regladas, sino que se fijan de manera discrecional por las autoridades. Aun así, varios países como Irlanda, Japón o Sudáfrica han utilizado PIDA como modelo para sus propias normativas.

La HMRC, la Hacienda de Reino Unido, también tiene sus propios mecanismos de recompensa. En 2015, el diario  The Guardian desvelaba que el fisco había abonado a sus informantes un total de 605.000 libras (unos 800.000 euros de entonces). El fisco británico, que no hace públicos los datos de manera oficial, aseguraba al rotativo que la mayoría de denuncias que recibe, formuladas a través de su web, no conllevan una contraprestación económica.

Por su parte, Alemania no cuenta con una ley de protección de denunciantes, sino que confía en sus tribunales para que se encarguen de clarificar cada caso. No obstante, ejemplos como el  pago de las autoridades alemanas de 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein que les facilitó información acerca de cientos de evasores demuestran que las recompensas funcionan.

La legislación avanzada de Japón y pronto Australia

El país del sol naciente cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de filtradores. La Whistleblower Protection Act permitió recibir 11 millones de yenes (unos 86.000 euros) a un trabajador de Olympus (empresa puntera en la fabricación de cámaras y equipos médicos) que denunció en 2007 cómo su jefe había hecho aparentes intentos de contratar a un empleado de un socio comercial violando la ley de competencia.

Aun así, hay muchas críticas en torno a la regulación nipona porque no siempre ha sido efectiva, y las adjudicaciones a los denunciantes son escasas comparadas con las de otros países. En marzo de 2016, un informante estadounidense que sufrió represalias por parte de Olympus recibió 51 millones de dólares a modo de indemnización, según informó la CNN.

Australia está en trámites de aprobar una nueva normativa sobre  whisteblowing con la que pretende crear un régimen específico de protección de denunciantes para quienes exponen conductas indebidas en asuntos fiscales, así como sumar recompensas. Sobre estas se comenta que serán proporcionales a las sanciones que se impongan al denunciado o a la recaudación que se obtenga a raíz de la investigación iniciada.

ASIC, la Comisión de Inversiones y Valores de Australia, ya tiene abierto un canal para denunciar sus irregularidades, aunque no detalla nada sobre recompensas concretas. Según una publicación de The Sydney Morning Herald de 2014, el país australiano está a años luz de las cuantiosas recompensas estadounidenses y en algunos casos la protección no ha sido suficiente para evitar represalias, algo que se pretende paliar con la nueva legislación que entrará en vigor a partir del 1 de julio.

Algo más amplio es el sistema de recompensas que ofrece el gobierno de México. Va desde información para cazar a asesinos hasta pistas para detectar casos de blanqueo de dinero y sus cifras pueden ascender hasta 381 millones de pesos mexicanos (unos 16 millones de euros al cambio actual).

En España, con canales pero sin recompensas

España no cuenta con una legislación general para proteger a los empleados del sector privado y público de represalias por exponer la corrupción. Sin embargo, sí que existen canales para las denuncias. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda las atienden (siempre y cuando estén documentadas) y hasta 1987 se premiaba a los delatores con un 25 % de las sanciones firmes y cobradas.

Por su parte, la CNMC ha abierto recientemente un buzón para recibir denuncias; sin embargo, por el momento, nada se ha hablado de recompensas. En este caso se pueden formular de dos maneras: con nombre y apellidos o de forma anónima. En el segundo caso, solo se enviará el mensaje y se omitirá cualquier información adicional como la dirección IP.

En cuanto a empresas, la última novedad nos la deja Facebook. En abril, la red social anunció que perseguirá a las aplicaciones que hagan un mal uso de los datos de su plataforma. Por eso ha puesto en marcha un programa piloto para incentivar las denuncias en casos que afecten a más de 10.000 usuarios, con recompensas que parten  de los 500 dólares (428 euros). “Si bien no existe un importe máximo, las personas que han informado de errores de gran repercusión han llegado a obtener hasta 40 000 dólares [unos 34.000 euros]”, recogen en su comunicado.

La red social ya ofrecía recompensas a cambio de avisos sobre errores o vulnerabilidades de software. Sin embargo, después de que Mark Zuckerberg haya tenido que declarar ante el Senado estadounidense y el Parlamento Europeo por la mala gestión de datos de miles de usuarios de Facebook, el premio se irá para aquellos que ayuden a detectar nuevos casos como el de Cambridge Analytica antes de que les exploten en las manos.

Para ver el link, hacer click en el siguiente enlace:

https://www.eldiario.es/tecnologia/Denunciar-corrupcion-cuenta-recompensan-filtradores_0_777622915.html

RESUMEN: LEY Nº 30776, QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN Y CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Deja una respuesta
[Visto: 223 veces]

El día de hoy el Congreso aprobó delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de sesenta (60) días calendario ( que vence el 23 de julio de 2018), en materia de: 1) Reconstrucción y 2) Cierre de brechas en infraestructura y servicios.

  1. RECONSTRUCCIÓN

En esta materia se busca modificar e incorporar medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Se proponen cambiar las siguientes 7 normas:

  1. La Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC);
  2. La Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
  • La Ley 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.
  1. La Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
  2. La Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
  3. La Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
  • El Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Invierte.pe, a efectos de modificar e incorporar medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del PIRCC.

10 medidas que debería aprobar y publicar el Ejecutivo, en 60 días calendario, en esta materia, son las siguientes:

  1. Simplificar el ciclo de inversión de los proyectos en el marco del PIRCC, a fin de que el proceso se inicie directamente en el desarrollo de los expedientes técnicos, sin transitar por las Fases de Programación y de Formulación y Evaluación del Invierte.pe.
  2. Establecer que la ARC, en el marco del PIRCC, asignará la condición de Unidad Formuladora y/o Ejecutora de inversiones.
  3. Crear únicamente para las intervenciones en el marco del PIRCC, un proceso especial abreviado de contratación pública que reduzca plazos de adjudicación y de ejecución contractual, en el cual las apelaciones se resuelvan de manera célere, sea por el titular de la entidad, tratándose de cuantías menores y medianas; o por el OSCE para el caso de cuantías mayores.
  4. Ampliar las modalidades de contratación para las intervenciones en el marco del PIRCC, permitiendo que se celebren: i) Convenios Estado – Estado que podrán utilizarse para contratar y ejecutar intervenciones complejas o de conglomerados; ii) Convenios de encargo con organismos internacionales excepto para la ejecución de obras; y iii) Convenios de administración de recursos con organismos internacionales excepto para la ejecución de obra. Para los casos de Concurso Oferta, además de las modalidades previstas en la Ley 30556, se podrán aplicar las modalidades previstas en la Ley 30225, bajo responsabilidad de los funcionarios de la entidad competente.
  5. Autorizar la ejecución descentralizada de las intervenciones en el marco del PIRCC, a través de las modalidades de administración directa y núcleos ejecutores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ley.
  6. Establecer disposiciones especiales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de los Planes de Monitoreo Arqueológico, del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, de las autorizaciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de las autorizaciones de la ANA, a fin de implementar el PIRCC. Solo tratándose de intervenciones de reconstrucción, se podrán establecer excepciones, a fin de implementar el PIRCC.
  7. Establecer regulaciones de excepción para facilitar el saneamiento físico de la infraestructura permitiendo el uso del procedimiento especial contemplado en la Ley 30230, y para que las entidades pongan a disposición y a título gratuito terrenos o predios requeridos en donde se ejecutarán las intervenciones en el marco del PIRCC. Estas medidas no afectarán los derechos de las comunidades campesinas y comunidades nativas.
  8. Simplificar y establecer los procedimientos de asignación de recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), a las entidades encargadas de la ejecución de las intervenciones en el marco del PIRCC.
  9. Modificar la Ley 29090, a fin de agilizar los procedimientos para la obtención de licencias de habilitación urbana y edificaciones, además de exonerar o simplificar los requisitos y procedimientos para su obtención en los casos de intervenciones en el marco PIRCC.
  10. Establecer disposiciones sobre planes urbanos, delimitación y monumentación de fajas marginales y zonas de riesgo, a fin de prevenir desastres naturales, de conformidad con las competencias de los gobiernos locales.

 

  1. CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Las 8 medidas que debería aprobar y publicar el Ejecutivo en 60 días calendario, en el marco de esta materia, son las siguientes:

  1. Establecer disposiciones para atender a la población damnificada con vivienda colapsada o inhabitable con daño recuperable, con el Bono Familiar Habitacional (BFH). Asimismo, fomentar la generación de lotes de vivienda y la promoción de viviendas, simplificando el acceso a la misma; para lo cual se podrá transferir predios y terrenos a título gratuito a favor de los damnificados.
  2. Establecer el marco general para impulsar el desarrollo de infraestructura del sistema de drenaje pluvial para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales, a fin de evitar inundaciones.
  3. Optimizar el marco institucional y los procesos para la obtención y saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión, sin afectar a las comunidades campesinas y comunidades nativas.
  4. Establecer disposiciones que fortalezcan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, asegurando su sostenibilidad, excluyendo la privatización de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
  5. Mejorar el marco legal de obras por impuestos para agilizar la intervención del Gobierno Nacional, Regional y Local en el cierre de brechas de inversión y equipamiento de infraestructura y servicios.
  6. Modificar la Ley de Contrataciones del Estado, a fi n de optimizar el proceso de contratación y de supervisión, y reducir trámites y requerimientos, impulsando la estandarización, y el uso de procedimientos electrónicos, debiendo contar con la participación de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.
  7. Aprobar mecanismos que faciliten las fases de preinversión e inversión en infraestructura de establecimientos hospitalarios calificados de alto riesgo y el equipamiento de establecimientos de salud.
  8. Mejorar y consolidar las reglas, criterios y procesos aplicados durante el planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de los proyectos ejecutados al amparo de las normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada; permitiendo en los casos de proyectos de asociación público-privada y proyectos en activos de alta complejidad, la participación del sector privado en todas las fases: i) de formulación, ii) estructuración, iii) transacción y iv) ejecución, todas ellas, de ser el caso, de manera conjunta; así como la aplicación de mecanismos disuasivos a las autoridades encargadas de las entidades estatales que cancelen o abandonen sus proyectos en cartera.

SI desea descargar la Ley Nº 30776, puede hacer clic en el siguiente enlace:

Aprueban delegación de facultades al Ejecutivo en el marco de la Reconstrucción

 

¿Cómo garantizar la Integridad en las Contrataciones Públicas? Nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021

Deja una respuesta
[Visto: 149 veces]

Se ha aprobado el día de hoy, 26 de abril de 2018, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.

El Plan ha definido como áreas prioritarias de intervención las siguientes: i) Obras de infraestructura, ii) Procesos de contrataciones y adquisiciones, iii) Captura de la política pública por parte de intereses particulares, y iv) Provisión de servicios públicos (pequeña corrupción).

Se plantean tres ejes de intervención, los dos primeros ejes propios del enfoque clásico de prevención: Eje 1. fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción y el eje 2. Identificación y Gestión de Riesgos; y el último eje relacionado al enfoque de sanción el cual se desarrolla como Eje 3. Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.

Dentro del eje 2, se han identificado 4 objetivos, una de las cuales es “2.3. Garantizar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios”, de los cuales se desprenden 10 acciones:

  1. Fortalecer el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado a fin de promover y garantizar la supervisión estratégica basada en la gestión de riesgos, la optimización del proceso de contratación pública y la transformación digital de la institución (Responsable OSCE).
  2. Modernizar las plataformas tecnológicas del OSCE garantizando información desagregada de las contrataciones de bienes, servicios y obras que los proveedores hayan realizado con el Estado (Responsable OSCE)
  3. Establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos de contratación pública, examinando información consignada por las personas naturales y jurídicas que contratan con la entidad. Esta supervisión deberá contar con el asesoramiento técnico del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que deberá registrar las incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgos.
  4. Fortalecer la Central de Compras Públicas (Perú Compras), para asegurar su autonomía y especialización suficiente de manera tal que cumpla con su función de estandarización de bienes y servicios de consumo regular a nivel de las entidades públicas que conlleve al proceso de centralización gradual de las compras corporativas (Responsable Perú Compras)
  5. Implementar en las entidades públicas programas permanentes de desarrollo de capacidades vinculadas a los procesos de contrataciones públicas para fortalecer la gestión del conocimiento, con el asesoramiento de OSCE
  6. Fomentar la implementación de programas de prevención o compliance contra la corrupción y otras prácticas cuestionables en el sector empresarial independientemente del tamaño de la empresa y el rubro de negocio, asegurando la reglamentación de la Ley 30424 y su modificatoria.
  7. Desarrollar y aprobar una política y plan nacional de infraestructura que garantice transparencia y predictibilidad en las decisiones públicas y privadas respecto al desarrollo de las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo (Responsable MEF)
  8. Fortalecer los procesos de planificación, programación y priorización de las carteras de proyectos de infraestructura económica (transporte, infraestructura de riego, energía, vivienda y saneamiento) para maximizar los impactos y la rentabilidad social, así como reducir los riesgos de la corrupción (responsable los sectores MTC, MINAGRI, MINEM y MVCS) (estos sectores están vinculados a la Reconstrucción, por ello es importante visibilizar estas acciones por parte del Sector Economía y Finanzas)
  9. Revisar la normativa de las asociaciones público-privadas a efectos de garantizar competencia, prohibir las excepciones en grandes obras y garantizar los estudios de ingeniería en detalle (Responsable PCM)
  10. Establecer un marco normativo para el desarrollo de la vigilancia ciudadana de la gestión pública.

Tal como se señala en el citado Plan “En Perú, la respuesta gubernamental frente a la corrupción ha ido evolucionando. En efecto, se ha pasado de un enfoque reactivo -en donde la persecución del delito era lo central- hacia un enfoque más amplio en el que emerge la integridad como concepto que desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la identificación y gestión de riesgos, complementando los esfuerzos iniciados a partir de la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Precisamente, en ese marco, se formula y aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual busca insertar en el ámbito nacional el enfoque de integridad (OCDE, 2017) entendiendo que este concepto (integridad), al ser un concepto lato y mucho más amplio, es el marco de enfoque de la lucha contra la corrupción”.

Asimismo, como se indica en el Plan, “Resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que, por el contrario, impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según, precisamente, los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder. De ahí que debe interiorizarse que para el combate de la corrupción no existe una sola fórmula o única respuesta, ni una entidad que pueda afrontar sola este flagelo. Por el contrario, se requiere de una estrategia que articule al mismo tiempo acciones de prevención, detección, investigación y sanción, diferenciando los distintos niveles de corrupción que existen y la manera diferenciada de su impacto, así como de una estrategia de participación conjunta y articulada de las entidades y la sociedad en su conjunto”.

El éxito de este Plan Nacional de Integridad va a radicar en la capacidad de articular las acciones y actividades de cada entidad con dicho Plan. Es una buena oportunidad para articular estas acciones, a fin de “Garantizar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios”

Pueden descargar el Plan, en el siguiente link:

Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021

 

Solo se puede asignar presupuesto a las inversiones incluidas en la Programación Multianual de Inversión (PMI) de cada sector nacional, regional o local. ¿Cuál es el impacto en la Ley de Contrataciones del Estado?

Deja una respuesta
[Visto: 291 veces]

La nueva Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la fase de Programación Multianual del Sistema Inverte.pe y la fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto, en adelante la Directiva, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15[1], prevé dos objetivos:

  • Establecer procesos y disposiciones aplicables para el funcionamiento de la fase de Programación Multianual del ciclo de inversión en el marco del Invierte.pe, así como disposiciones técnicas para que las entidades programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual.
  • Articular la fase de programación del sistema de inversión con la fase de programación del sistema de presupuesto respecto de las inversiones.

De entrada, considero que estos dos objetivos son revolucionarios, dado que realiza un alineamiento entre los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, el presupuesto y la cartera de inversiones. El resultado de dicho alineamiento lo constituye la Programación Multianual de Inversiones (PMI), que pone énfasis en el cierre de brechas de infraestructura, así como el establecimiento de metas e indicadores de resultado en un horizonte de 3 años a ser desarrollados por los sectores, gobiernos regionales.

Pero no solo eso. También alinea la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) al sistema Invierte.pe. Es decir, obliga a las entidades a mejorar su planificación. Puede realizarse la siguiente analogía: Con la LCE toda contratación debe estar prevista en el Plan Operativo Institucional, ahora toda inversión debe estar en el PMI, de eso modo, únicamente, tendrá el presupuesto garantizado dicha inversión. Con ello, además, se reduce la nefasta práctica política de ofrecer la ejecución de obras en cualquier momento, a sabiendas de que no están incluidos en el PMI y, por ende, no podrán ser financiadas.

Ello ha sido plasmado muy claramente en la nueva Directiva PMI, al señalarse en el numeral 7.7 que “las entidades, en las etapas de Programación y Formulación de la Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto, solo pueden asignar recursos a aquellas inversiones consideradas en sus respectivos PMI”. En ese mismo sentido, el artículo 15 de la Directiva citada señala claramente “no podrán programar gastos públicos en inversiones que no estén incluidas en el PMI correspondiente en aquellos casos en que dichas inversiones se encuentren bajo el ámbito del Invierte.pe”. Ese es el gran objetivo, alinear programación y presupuesto, cosa que antes no sucedía necesariamente.

Con ello también se busca desaparecer los “proyectos habilitadores” o proyectos que no se van a ejecutar, los cuales eran incluidos por las entidades en su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con el único objetivo de tener una “bolsa” para distribuirla posteriormente, sin ningún criterio de priorización o reducción de brechas.  Es decir, creas un presupuesto fantasma, donde figura una inversión, bajo la expectativa de que se va a ejecutar, sin embargo, luego se retira esa inversión, lo que genera desconfianza y desilusión en la poblaciones y comunidades.

En ese sentido, si bien, con los últimos cambios normativos de la LCE se ha avanzado mucho en el esfuerzo de planificar las contrataciones de cada entidad, de modo que asegure el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes estratégicos institucionales -y estos estén alineados a los planes estratégicos sectoriales multianuales y los planes de desarrollo concertado, en el caso de gobiernos regionales y locales-, con esta nueva Directiva, además, se refuerza la articulación de la planificación y programación de inversiones con el sistema de presupuesto, a fin de reducir brechas, cumplir metas e indicadores[2].

Los desafíos que plantea esta Directiva son interesantes y esperemos que se logren de manera sostenida, sin perjuicio de que en el proceso de implementación se presenten ajustes y mejoras.

En los siguientes párrafos se realizará un resumen de algunos artículos de la nueva Directiva PMI, principalmente sobre los criterios para la Programación Multianual de Inversiones, la Estructura de la fase de Programación Multianual en el marco del Sistema Invierte.pe y su articulación con la fase de Programación del Sistema de Presupuesto, así como la evaluación de la calidad de los PMI por parte del MEF.

  1. Criterios para la Programación Multianual de Inversiones

Los criterios previstos en el artículo 4 de la Directiva son dos:

Continuidad:

Se refiere a las inversiones en ejecución física durante la Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión que requieran más de un año fiscal para culminar su ejecución.

Ejecutabilidad y oportunidad:

Las Entidades deben estimar o programar recursos para una inversión hasta por un monto que sea ejecutable en el año fiscal en que se programa, buscando la oportuna culminación de dicha inversión en los casos que corresponda, para lo cual tiene en cuenta los cronogramas de ejecución de la inversión, los procedimientos y plazos de los sistemas administrativos del sector público, y la normatividad vigente.

Por su parte, el artículo 5 define la Programación Multianual en el marco del Invierte.pe y en el marco del Sistema de Presupuesto (dicha programación deberá registrarse en el aplicativo informático para un período de 3 años fiscales consecutivos, que se actualizará anualmente).

El artículo 6 señala cuáles son los órganos del Invierte.pe, así como sus respectivas funciones:

  1. El MEF, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en su calidad de ente rector del Inveirte.pe.
  2. El Órgano resolutivo (OR), en los sectores es el ministro, el Titular o la más alta autoridad ejecutiva del Gobierno Nacional, en los gobiernos regionales es el Gobernador Regional y en los gobiernos locales es el alcalde.
  3. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada sector, gobierno regional o local. Es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual del ciclo de inversión.
  4. La Unidad Formuladora (UF), que puede ser cualquier órgano o entidad o empresa adscrita de un sector del Gobierno nacional, regional o local, incluyendo a los programas creados con la finalidad de realizar funciones de Unidad Formuladora.
  5. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), como Unidad Ejecutora Presupuestal.

Tanto la UF y la UEI deben remitir toda la información que requiera la OPMI, independientemente de la etapa en la que se encuentre, y coordinan con ella para la elaboración del PMI, siendo la veracidad de dicha información de responsabilidad de la UF y la UEI.

  1. Estructura de la fase de Programación Multianual en el marco del Invierte.pe

Las etapas son las siguientes:

  • Elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y definición de objetivos respecto al cierre de brechas.

La OPMI conceptualiza y define los indicadores de brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos del sector. Luego el OR de cada sector comunica a la DGPMI mediante el Anexo N° 1, para su validación metodológica. Posteriormente, y una vez validada, la OPMI lo publica en su portal institucional los formatos de Presentación del Indicador asociado a la brecha de servicios. La fecha máxima de publicación en cada año fiscal es el 5 de febrero.

Sobre la base de los indicadores, la OPMI elabora el diagnóstico detallado de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios público, establece sus objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, sobre la base de sus objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollo concertado regionales y locales y, finalmente, define los criterios de priorización sobre la base de su diagnóstico de brechas y objetivos para la selección de su cartera de Inversiones.

Concluido la identificación de las brechas y establecidos los criterios de priorización, la OPMI remite al OR para su aprobación.

  • Selección de la cartera de inversiones.

En esta etapa se realiza la selección y priorización de las inversiones a ser financiadas, identificadas para lograr el alcance de metas e indicadores asociados a la inversión, que deben ser consistentes con los objetivos de cierre de brechas identificadas y priorizadas previamente para su inclusión en el PMI. Debe considerar la capacidad de gasto de capital y gasto corriente para su operación y mantenimiento.

La OPMI debe priorizar la culminación de inversiones en ejecución física antes de programar nuevas inversiones.

El literal a. del artículo 7.2 indica los criterios para seleccionar y priorizar las inversiones, en concordancia con lo señalado en el artículo 4.

La cartera de inversiones mostrará el orden de prioridad de las inversiones seleccionadas.

  • Elaboración y propuesta de PMI

La OPMI presenta una propuesta de PMI. En coordinación con sus unidades, verifica que los montos estimados estimados de las inversiones programadas guarden coherencia con el cronograma de ejecución de dichas inversiones y los criterios del artículo 4.

Asimismo, a fin de evitar duplicidad de inversiones, las OPMI de los sectores del gobierno nacional coordinan sus carteras de inversión con las OPMI de gobierno regional y local, y por su parte, éstas informarán su propuesta de cartera a la OPMI de los sectores, quienes emitirán una opinión sobre dicha cartera, según el plazo establecido en el Anexo N° 9. Luego de ello, la OPMI presentará dicha propuesta al OR para su aprobación.

  • Aprobación del Programa Multianual de Inversiones

 El PMI sectorial es aprobado por el ministro, titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector. El PMI regional es aprobado por el Gobernador Regional. El PMI local es aprobado por el alcalde. No es delegable dicha facultad.

  • Presentación del PMI a la DGPMI

El OR, mediante oficio presenta a la DGPMI el reporte informático del PMI correspondiente, registrado por la OPMI en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) hasta el 15 de abril de cada año fiscal. Asimismo, dicho oficio debe adjuntar el diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y los criterios de priorización. La presentación del PMI incluye la presentación del diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones.

  • Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)

El PMIE constituye el marco orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones y se elabora sobre la base de los PMI sectoriales, regionales y locales presentados a la DGPMI, los cuales deben reflejar los criterios de priorización aprobados por los respectivos OR y los objetivos de cierre de brechas.

La DGPMI verificar la consistencia entre las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos identificados, los objetivos y criterios de priorización propuestos con la Cartera de Inversiones de los PMI presentados, y luego la DGPMI consolidada los PMI y remite la cartera de inversiones del PMIE a la DGPP del MEF hasta el 30 de abril de cada año fiscal para que sea tomado en cuenta para la Asignación Presupuestaria Multianual.

La DGPP remite a la DGPMI la información sobre la programación presupuestaria anual de las inversiones realizados por los sectores nacionales, regionales o locales, para evaluar la consistencia con el PMIE.

Luego de ello, cuando corresponda, la DGPMI en coordinación con dichos sectores actualiza los PMI en el MPMI, consolida y evalúa su consistencia considerando a asignación total para los gastos de inversión establecida en la Ley Anual de Presupuesto, y revisa que se cumplan los indicadores asociados a la brecha de infraestructura y de acceso a los servicios públicos y criterios de priorización registrados en el MPMI, y publica el PMIE actualizado en el portal institucional del MEF hasta el 31 de enero de cada año fiscal.

 Cabe resaltar que las entidades, en las etapas de Programación y Formulación de la Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto, solo pueden asignar recursos a aquellas inversiones consideradas en sus respectivos PMI, o en el de las entidades a las cuales están adscritas, aprobados conforme al numeral 7.4 de la presente Directiva.

  1. Sobre la articulación de la fase de programación multianual del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones con la fase de programación del sistema nacional de presupuesto

El artículo 15.2 de la Directiva señala que las Entidades sujetas al Invierte.pe, durante la Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto, no podrán programar gastos públicos en inversiones que no estén incluidas en el PMI correspondiente en aquellos casos en que dichas inversiones se encuentren bajo el ámbito del Invierte.pe.

    4. Evaluación de calidad de los Programas Multianuales de Inversiones

La Segunda Disposición Complementaria Final establece que la DGPMI realizará evaluaciones muestrales, con periodicidad anual sobre la calidad de los PMI sectoriales, regionales y locales, para tal efecto podrá solicitar a las OPMI la información que considere pertinente. El resultado de dichas evaluaciones será publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del MEF.

————————–

Agradezco a Gustavo Villafuerte, Ingeniero especialista en obras públicas, por sus valiosos comentarios.

[1] La Directiva ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de febrero de 2018.

[2] Una entidad, a modo de ejemplo escribió lo siguiente en la elaboración de su PMI “En cuanto a la priorización de los proyectos efectuada por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), se ha tomado en cuenta los criterios de priorización definidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, la capacidad de gasto del Sector, y el orden de prelación (orden de ejecutabilidad del proyecto)”.

Pueden descargar este breve artículo, en formato word, a través del siguiente link:

Comentario sobre la nueva Directiva PMI

CASO ODEBRECHT: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL QUANTUM DE LA REPARACIÓN CIVIL EN CASOS DE CORRUPCION EN OBRAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ

Deja una respuesta
[Visto: 209 veces]

El 28 de enero de 2018 el actual Procurador Ad Hoc del Caso Lava Jato ha determinado como monto preliminar de 3,468.000 millones de soles, como reparación civil por tres obras, tal como lo declaró en un medio de comunicación nacional; mientras que Odebrecht ha indicado que pagaría 66 millones de dólares, es decir, el duplo de las coimas pagadas en las obras objeto de investigación).

Asimismo, cabe indicar un aspecto muy importante, que en el caso de colaboración eficaz no hay disposiciones legales en el Perú que establezcan cómo llegar a dicho quantum, dado que la determinación de dicho monto es resultado de la propuesta de la Procuraduría Ad Hoc, y su respectiva justificación, o del  consenso de entre ambas (El Estado, representado por la Procuraduría y Odebrecht). Al final, el juez pueda aprobar, aumentar o reducir el monto inicial propuesto durante el proceso de colaboracion eficaz.

A diferencia de lo que existe en la normativa de Estado Unidos para este tipo de casos (UNITED STATES SENTENCING COMMISSION GUIDELINES MANUAL 2016),  en en el Perú no existen reglas para llegar a determinar el monto de la reparación civil en el caso de un proceso de colaboración eficaz.

Para conocimiento, se adjunta un resumen del ACUERDO DE CULPABILIDAD – ESTADOS UNIDOS y ODEBRECHT SA ),  donde se explica la metodología usada en Estado Unidos determinar el quantum de la multa en contra de Odebrecht.

Otro caso distinto es el acuerdo suscrito entre Odebrecht S.A. y República Dominicana  (ver: Acuerdo Reformulado – PGR Dominicana). Este sirve de ejemplo también para justificar porqué no resulta viable considerar el monto de las sumas indebidamente pagadas (coimas) como un parámetro útil a efectos determinar un monto como reparación civil en el marco de los procesos por colaboración eficaz.

En base a ello, la metodología propuesta, que es adaptable a todos los casos de colaboración eficaz en donde se investiguen casos de corrupción en el caso de obras públicas o concesiones, puede servir para que se justifique el monto que vaya a determinarse por parte de la Procuraduría Ad Hoc o, de ser el caso, el propio juez.

Para ver el documento, pueden hacer clic en el siguiente enlace:

CASO ODEBRECHT – METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL QUANTUM LA REPARACIÓN CIVIL EN EL MARCO DE UN PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ

Nota: El análisis efectuado se ha realizado sobre documentos que son públicos.

 

Bases para la determinación del quantum de la reparación civil por daño patrimonial y no patrimonial, en casos de corrupción en obras públicas ejecutadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado

Deja una respuesta
[Visto: 186 veces]

La labor de los abogados penalistas y los abogados en materia de contratación pública casi siempre se cruzan, debido a que la contratación pública es uno de los espacios más vulnerables a la corrupción.

Actualmente, como resultado de las investigaciones realizadas a las empresas brasileñas por parte del Poder Judicial y Fiscalía, otra disciplina del derecho, como es el derecho civil, se ha mostrado en escena, en lo que respecta a la determinación de la reparación civil a favor del Estado, ya sea por el daño patrimonial y no patrimonial causado por la empresa contratista denunciada.

Del análisis efectuado, se evidencia que estas tres disciplinas (además de peritos contables, financieros, ingenieros, entre otros) deben trabajar conjuntamente para asegurar que el Estado cobre un monto como reparación civil acorde al tipo de daño causado.

Esperamos que el contexto actual por el que pasa el Perú sea el motivo para empezar a debatir sobre estos temas, dado que los jueces, fiscales, académicos y especialistas de distintas ramas jurídicas, a la fecha, no tienen claro cómo determinar el quantum de la reparación civil en el caso de obras públicas de gran envergadura. Si se revisan las sentencias judiciales en torno a estos casos de corrupción, los criterios de determinacion del monto de la reparación civil no han sido muy claros o sencillamente, carecen de motivación, razón por la cual los montos de la reparación son muy simbólicos, por no decir, irrisorios.

A partir de mi experiencia en las contrataciones públicas, las asesorías brindadas a entidades que trabajan sobre investigaciones de casos de corrupción en la ejecución de obras públicas, he elaborado este breve material (teórico-práctico) con el gran apoyo de Cayetano Quispe, el cual busca aportar  mayores elementos y criterios para determinar el monto de la reparación civil , a partir de un caso hipotético, como es uno de ejecución de obra pública, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Para descargar el PPT, pueden hacer clic en el siguiente enlace:

Bases para determinar la reparación civil en casos de corrupción de obras públicas

Guías prácticas que explican de manera sencilla la aplicación de la normativa de contrataciones públicas, modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1341 y Decreto Supremo Nº 056-2017-EF

Deja una respuesta
[Visto: 744 veces]

El 9 de junio de 2017 el OSCE aprobó 5 Guías Prácticas, denominadas:

¿Cómo se formula el requerimiento?

¿Cómo se califica la experiencia de los consorcios?

¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para la ejecución de obras?

¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para consultoría de obras?

Herramientas del OSCE: ¿Dónde las encuentro, para que sirve y cómo las uso?

Revise las Guías Prácticas en el link: http://portal.osce.gob.pe/osce/guias-practicas

Estos materiales tienen como finalidad orientar a los funcionarios públicos y actores de la contratación pública sobre las principales modificaciones en el desarrollo de los procedimientos de selección incorporados por el Decreto Legislativo Nº 1341 y por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.

Estas directivas describen de manera ilustrativa las modificaciones normativas, con ejemplos y notas recordatorias, a fin de contribuir a una gestión eficiente de las contrataciones públicas.

A manera de síntesis, sobre la Guía: “Cómo se clasifica la experiencia de los consorcios” se explica de manera sencilla y con ejemplos la forma de calificar la experiencia de los consorcios a través de cuatro pasos:

  1. Verificar qué integrantes del consorcio se comprometen a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto del contrato, de acuerdo a lo declarado en la promesa de consorcio.
  2. Obtener el monto de facturación que acredita cada integrante del consorcio, para determinar la experiencia del consorcio, que se calcula sumando los montos que aporta cada integrante.

Si las Bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia, además se debe:

  1. Identificar al consorciado que acredita la mayor experiencia.
  2. Verificar si dicho consorciado cumple con el porcentaje mínimo exigido en las Bases. De ser así, se considera su experiencia para calcular la experiencia del consorcio.

Por otro lado, con la Guía: ¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para consultoría de obras? se explica la manera de  determinar el límite mínimo de las ofertas económicas, así como el puntaje de dichas ofertas en los procedimientos de selección para consultoría de obras, que consiste en:

  1. Verificar que las ofertas técnicas contengan los documentos requeridos para su admisión.
  2. Calificar y evaluar las ofertas técnicas.
  3. Verificar que las ofertas económicas se encuentren dentro de los límites del valor referencial (que no superen en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y no se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de las ofertas económicas válidas que quedan en competencia incluido el valor referencial).
  4. Identificar la oferta económica más próxima al promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia incluido el valor referencial, a efectos de asignarle el puntaje de cien (100) y a las demás ofertas asignarle el puntaje que resulte de la aplicación de la nueva fórmula establecida en el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento.
  5. Determinar el puntaje total de las ofertas y el orden de prelación.

Asimismo, sobre la Guía: ¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para la ejecución de obras? se explica la forma de establecer el límite mínimo de las ofertas para la ejecución de obras, así como se ha introducido una nueva fórmula para determinar el puntaje del precio en los procedimientos de selección, que consiste en:

  1. Verificar que las ofertas contengan los documentos requeridos para su admisión.
  2. Verificar que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial (no excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial ni se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de las ofertas admitidas incluido el valor referencial).
  3. Identificar la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia incluido el valor referencial, a efectos de asignarle el máximo puntaje del factor precio.
  4. Asignar puntaje a las demás precios ofertados según la nueva fórmula establecida en el literal a) del artículo 54.6 del Reglamento.
  5. Determinar la oferta con el mejor puntaje según los factores de evaluación previstos en las bases.
  6. Calificar las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación.

Finalmente, con la guía: ¿Cómo se formula el requerimiento? se explica de manera sencilla los criterios generales que debe guiar la formulación y estructura del requerimiento de bienes y servicios, y se incluye un cuadro didáctico en donde se indican los requisitos de calificación previstos en las Bases Estándar para: Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada.

Esperamos que el OSCE continúe con esta labor de elaboración de materiales de orientación a fin de mejorar la labor de los profesionales que trabajan en las diversas áreas vinculadas a la normativa de contratación pública.