Ya no es necesario contar con certificados de capacitación de aliados estratégicos del OSCE

De acuerdo a lo señalado en el comunicado publicado por el OSCE en su página web “Se amplía oferta para capacitación de operadores sobre las contrataciones públicas”, y de acuerdo a lo contenido en el articulo 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 056-2017-EF, “ya no será un requisito indispensable la acreditación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE para que las instituciones o empresas puedan capacitar a los funcionarios y servidores involucrados en las contrataciones públicas.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo referido a capacitación de los operadores involucrados en las compras públicas.

No obstante, el acápite 4.4 precisa que el OSCE establece las estrategias, los procedimientos y requisitos para la certificación, es decir, fija los niveles y perfiles de la certificación, pero se sustrae de la acreditación de las entidades y de la certificación de los capacitadores.

De este modo, se busca promover una mayor apertura de la oferta del mercado educativo a nivel nacional, pues cualquier institución o empresa podrá capacitar en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado. También se promueve la autoformación.

Como consecuencia, unos 37 convenios suscritos con instituciones públicas y privadas capacitadoras, quedarán sin efecto en 15 días, en mérito a que el nuevo reglamento entra en vigencia el lunes 3 de abril de 2017“.

En virtud de ello, lo que importará es que las personas interesadas en certificarse cuenten con experiencia y los conocimientos y competencias para laborar en el órgano encargado de las contrataciones, los cuales serán evaluados mediante el examen respectivo. Ya no es un requisito para certificarse contar con una certificado o constancia emitido por la institución que organiza la capacitación, tan es así que cada funcionario, servidor o cualquier interesado puede prepararse por sí mismo a fin de aprobar el examen respectivo, elaborado y administrado por el OSCE, de acuerdo a la directiva que emita.

Si bien se ampliará la competencia para que distintas organizaciones se formen y capaciten, cada usuario del servicio debe adoptar las medidas mínimas para asegurarse que recibirá un servicio adecuado, de modo que le permita enfrentar el examen de certificación. Debe informarse cerca de las competencias del capacitador, su perfil y experiencia en el rubro, así como de las condiciones del local donde se llevará a cabo la capacitación, la metodología a emplear para lograr los objetivos de la capacitación, el material a utilizar en clase, las herramientas pedagógicas previstas, entre otros.

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

El 20 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, mediante el cual se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Pueden descargar el documento haciendo click en el siguiente enlace:

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444

De otro lado cabe indicar que en su artículo 246 “Principios de la potestad sancionadora administrativa”, el TUO de la Ley Nº 27444 indica expresamente que “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los principios especiales, entre las cuales, está el de Culpabilidad, según el cual la “Responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva” (resaltado agregado).

Por su parte el Decreto Legislativo nº 1341 “Ley de Contrataciones del Estado”, la cual entra en vigencia el 4 de abril de 2017, ha establecido en su artículo 50 “Infracciones y sanciones administrativas”, que “La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta” (resaltado agregado).

 

Se publica Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225

 

El día de hoy, 19 de marzo de 2017, se aprobó el Decreto Supremo Nº 156-2017-EF que modifica el Reglamento  de la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225.

Pueden descargar el Reglamento haciendo click en el siguiente enlace:

Decreto Supremo Nº 156-2017-EF

 

Empresas sancionadas por el OSCE no podrán contratar con el programa Qali Warma el 2017

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Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 8563-2016-MIDIS/PNAEQW, publicada el 24 de noviembre de 2016, en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el “Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Atención del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – versión Nº 02”.

Dicho manual tendrá vigencia a partir de la convocatoria del proceso de compra del año 2017.

El objetivo de este Manual es disponer de un instrumento normativo que contenga disposiciones, lineamientos y procedimientos aplicables para la selección, adjudicación de proveedores y la correspondiente ejecución contractual para la provisión del servicio alimentario a las usuarias y usuarios de las instituciones educativas públicas atendidas por el por el Programa, en el marco del modelo de cogestión.

Uno de los tantos que temas que me ha llamado la atención y que también es objeto de debate en la vigente Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225, tiene que ver con lo referido a los impedimentos para ser proveedor, participante, postor o contratista. ¿Se puede a través de una resolución directoral establecer impedimentos o restricciones para participar en la actividad económica del país? Este análisis será objeto de otro post.

En el Manual, específicamente en el “Capítulo VIII: Condición esencial de los postores”, numeral 35, se incluye el subtítulo denominado “Impedimentos para ser postores”, según el cual están impedidos para ser postores determinadas personas por el cargo que ostentan, como por ejemplo, el Presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, los ministros, los viceministros, los jueces supremos, los gobernadores, consejeros, jueces superiores, alcaldes, regidores, funcionarios y trabajadores del Programa, integrantes del Comité de Compra, Comité de Alimentación Escolar y veedores, tanto a nivel nacional, regional, por la jurisdicción o en el ámbito de la Unidad Territorial, según corresponda, impedimento que también se extiende al cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichas autoridades citadas.

Sin embargo, la novedad es que en el numeral 36 se indica que también están impedidos para ser postores:

a) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente por el OSCE, para participar en procesos de selección y para contratar con el estado, así como aquellas con las cuales se evidencia conflictos de intereses con el Programa.

b). Las personas jurídicas en cuya conformación participen las personas naturales o jurídicas señaladas en el literal precedente, como socios, asociados, integrantes de los órganos de administración, representantes legales y/o apoderados.

c) Los consorcios que estén integradas por personas jurídicas o naturales que incurren en los literales a) y b) precedentes.

(…)” (resalto agregado).

Al respecto, entre otras, me surge una duda, a raíz de algunas consultas recibidas por algunas empresas que participarían en los procesos convocados por el programa, debido a que se estaría divulgando la idea de que ahora las empresas deben contar con su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

A ver, veamos. Los tipos de sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones del OSCE, en virtud al artículo 50 de la Ley de contrataciones del Estado, son: i) multas económicas, ii) inhabilitación temporal y iii) inhabilitación definitiva o permanente. Los tipos de infracciones referidas a no tener RNP vigente en alguno de los momentos establecidos en la normativa son sancionadas con multas económicas, por lo que las demás sanciones impuestas serían por haber sido postor en un procedimiento de selección o haber tenido la calidad de contratista mayormente, en cuyas etapas se configuró la infracción que motivó la sanción de inhabilitación, lo cual implica que han tenido en su momento su RNP para tener la calidad de postor o contratista.

Con ello, en estricto, ¿acaso el Manual no debió haber solicitado expresamente que todos aquellos postores que quieran participar en el proceso de adjudicación deben contar con RNP vigente, en el capítulo respectivo?, ¿o es que los Comités de Compra únicamente verificarán en la web del OSCE que empresas participantes no tengan inhabilitación temporal o definitiva?

El Manual no señala en ninguna parte que los postores deben tener vigente su RNP para participar en el proceso de compra respectivo a nivel nacional. Espero que esta pequeña reflexión pueda ser abordada por el Programa a fin de evitar posibles errores de interpretación, si las hubiere.

Procesos de selección convocados a partir del 11 de noviembre de 2016 no deben exigir requisitos que consten en registros de libre acceso u otro medio de comunicación pública

tramitesDe acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1246, “Decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa”, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas para reducir la tramitología en la Administración Pública, disposiciones que van a tener un impacto en los procedimientos de contratación pública.

El artículo 5 “Prohibición de la exigencia de documentación” de dicho Decreto establece que las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento trámite administrativo, entre otros, lo siguiente:

“(…)

  1. g) Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública.

(…)”.

Se establece, también, que lo dispuesto en literal g) no es aplicable a aquellas entidades de la Administración Pública ubicadas en zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.

Con esta medida, por ejemplo, en las Bases Administrativas, como uno de los requisitos de calificación, denominado “Capacidad Legal” no debe ser exigible la resolución de autorización de las empresas de seguridad privada para funcionar como tal, emitida por la SUCAMEC, dado que dicha información consta en la web institucional de dicha institución, la misma que es actualizada de manera permanente y es pública. En ese sentido, se deduce que dicho requisito debe ser verificado por parte del órgano encargado de las contrataciones o del Comité de Selección, quien haga sus veces.

Cabe precisar que el literal g) no sería aplicable a registros tipo reportes o base de datos que no son actualizados de manera permanente.

De otro lado, se precisa en la Única Disposición Complementaria Final que “constituye falta de carácter disciplinario del directivo o servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con la entidad de la Administración pública el incumplimiento de las disposiciones y plazos establecidos”, por ejemplo, en el artículo 5 de dicho Decreto Legislativo y, además, la falta será sancionada según su gravedad, previo proceso administrativo.

Los impactos del Decreto Legislativo Nº 1246 en las contrataciones públicas sin duda van a ser objetos de reflexión, dado que su incumplimiento podría generar responsabilidad administrativa. El caso de la contratación de los servicios de seguridad privada solo es un ejemplo de los tantos que existen y que estarían dentro del supuesto del literal g) del artículo 5 del citado Decreto Legislativo.

Por ejemplo ¿Si un participante advierte que en una convocatoria realizada el 14 de noviembre de 2016, para la contratación de servicios de seguridad privada, se exige como requisito de calificación la presentación de la resolución de autorización como empresa de seguridad privada, ello puede ser objeto de observación a fin de que se retire dicho requisito? ¿En el caso de que en el procedimiento de selección se adjudique la buena pro, el postor que ocupó el segundo lugar podría solicitar la nulidad del procedimiento a través de un recurso de apelación?

El Congreso delega facultades al Ejecutivo en materia de abastecimiento y régimen de contrataciones públicas

leyes

El 9 de octubre de 2016 se publicó la Ley Nº 30506, mediante la cual el Congreso de la República del Perú delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros, en materia de en materia de reactivación económica y formalización.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de los sectores involucrados en dicha materia delegada, debe emitir en el plazo de noventa (90) días calendario, los decretos legislativos respectivos.

El literal g) del numeral 1 de dicha Ley, precisamente, señala que el Poder Ejecutivo podrá emitir las normas en materia de reactivación económica y formalización con el objetivo de:

“(…)

g) Promover, reestructurar y regular el sistema nacional de abastecimiento público con una visión sistémica e integral, promoviendo una gestión ágil y eficiente de la cadena de abastecimiento en el sector público, determinando los marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública a fin de promover un sistema público eficiente en sectores prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país, tales como seguridad ciudadana, salud o educación.

Modificar el marco normativo del sistema de contrataciones del Estado y reorganizar el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Dichas medidas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica”.

(…)”.

Resulta interesante que se especifique el concepto de sistema nacional de abastecimiento público, con una visión integral, dado que este concepto incluye el marco legal sobre contratación pública, cuya supervisión y fiscalización la tiene el OSCE. En cambio, a la fecha no hay un ente rector del sistema de abastecimiento, a diferencia de otros sistemas administrativos.

Esperemos que todo lo bien que se haya avanzado no retroceda en estos nuevos cambios.

Mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225.

En ese sentido, dicha Ley y su Reglamento entrarán en vigencia a partir del 9 de enero de 2016.

Se adjunta el link para descargar el nuevo Reglamento.

NUevo reglamento de la ley de la ley de contrataciones

Cristhiam León

Relación de capacitadores acreditados por el OSCE para difundir la norma de contrataciones públicas

Hace unos días el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobó la incorporación como capacitadores de 92 profesionales, luego de haber culminado los exámenes y evaluaciones previstas en la Directiva Nº 001-20-OSCE/PRE “Procedimiento para la incorporación, evaluación y renovación de los capacitadores OSCE”.

Los profesionales que formamos este equipo de capacitadores tenemos la gran responsabilidad de difundir a nivel nacional la normativa vigente en materia de contratación pública así como los cambios que se implementen en el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por este medio, saludo y felicito a cada uno de los que participaron en este proceso muy bien llevado.

Se adjunta la Resolución Nº 248-2015-OSCE/PRE, donde se observa la relación de profesionales incorporados como capacitadores del OSCE.

Hacer click en:

RESOLUCION Nº 248-2015-OSCE-PRE

 

 

Regulación por el Estado de los servicios de seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad

A continuación se transcriben las ideas fuerza contenidas en el citado Manual.

“El crecimiento de los servicios de seguridad privada civil y el ámbito cada vez más amplio de sus actividades en muchos países exigen el establecimiento de mecanismos apropiados de regulación y supervisión para asegurarse de que observen las normas y los reglamentos nacionales e internacionales.

Si bien actualmente no existen instrumentos, reglas o normas de las Naciones Unidas que traten específicamente sobre los servicios de seguridad privada civil, hay una amplia variedad de normas relativas al sector de la seguridad, por ejemplo, las normas relacionadas con la responsabilidad del Estado de prevenir el delito, proteger los derechos humanos y regular el uso de la fuerza y la privación de la libertad, así como las referentes a la relación existente entre el sector privado y los derechos humanos y la protección de los derechos del trabajador. Estas normas deberán tenerse en cuenta y observarse cuando se formulen sistemas de regulación de los servicios de seguridad privada civil.

La experiencia demuestra que los servicios de seguridad privada civil ofrecen a los Estados un recurso que, debidamente regulado, puede contribuir de manera apreciable a la reducción de la delincuencia y al refuerzo de la seguridad de la comunidad, especialmente mediante la colaboración y el intercambio de información con la policía pública. Los códigos de conducta profesionales y las leyes deberán dirigir y regular el intercambio de información entre los responsables de la seguridad pública y la privada.

El sector de los servicios de seguridad privada civil comprende actividades de muy diversa índole, y la regulación debería abarcar el mayor número posible de ellas para evitar lagunas, asegurar la rendición de cuentas y maximizar la contribución de la seguridad privada a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad.

Las facultades y restricciones del sector de la seguridad privada civil deberían establecerse en las leyes pertinentes. Si los trabajadores del sector de la seguridad privada tienen facultades especiales o el derecho a portar armas, ello deberá estar expresamente previsto y reglamentado, según corresponda. La legislación también debería especificar las esferas en que las entidades de seguridad privada no tienen competencia para actuar.

La piedra angular de un sistema eficaz de regulación es un mecanismo de concesión de licencias a los agentes y los proveedores de estos servicios. Según las mejores prácticas aceptadas es aconsejable aplicar el régimen de licencias a ambos, de modo que sea posible elevar el nivel de exigencia tanto entre las empresas como entre los titulares individuales de licencias. Los agentes y los proveedores deberían estar obligados también a cumplir con el código de conducta apropiado como requisito indispensable para la obtención de la licencia.

Las empresas deberían tener procedimientos operativos estándar documentados y formalizados en relación con la forma en que se prestan los servicios de seguridad, incluido el almacenamiento seguro de la información y documentación del cliente y la presentación de informes sobre todos los incidentes de interés, incluidos todos los casos en que un empleado detenga a alguien o recurra a la fuerza.

La seguridad física y las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad privada civil exigen especial atención. Aun cuando existan reglamentos generales de protección de los trabajadores, las singulares dificultades del sector de la seguridad privada civil pueden exigir una reglamentación especial.

Todo agente o proveedor de seguridad privada civil que infrinja los reglamentos deberá responder de sus actos; deberían existir, además, mecanismos apropiados para la admisión e investigación de las quejas de cualquier persona contra las empresas de seguridad privada civil y su personal. Las quejas deberían ser investigadas de manera imparcial por órganos apropiados, que deberían estar facultados para sancionar a los agentes y proveedores en caso de que se establezca su culpabilidad.

Los procedimientos para presentar las quejas deberían recibir una publicidad adecuada. Debería dejarse bien sentado, asimismo, qué quejas tendrá en cuenta el regulador. Puede suceder que las quejas más graves deban ser tramitadas de manera independiente por el sistema de justicia penal. A fin de minimizar el riesgo de corrupción con respecto a los servicios de seguridad privada, incluidos sus procesos de contratación, es vital que los Estados establezcan normas y procesos apropiados, acordes con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Es esencial impartir la capacitación apropiada al personal de seguridad privada civil a fin de mejorar la calidad de esos servicios. Por consiguiente, los Estados deberán asegurarse de que se establezcan normas apropiadas de capacitación para el sector y considerar cómo han de elaborarse y aplicarse esas normas: si ha de ser responsabilidad de entidades estatales o no estatales o de órganos de seguridad privada civil sujetos a los debidos controles reglamentarios”.

Nota: El Manual introductorio sobre la regulación por el Estado de los servicios de seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad fue preparado por Mark Button, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ver página vii y viii.

Link: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_private_security-Spanish.pdf

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Nueva Ley de Contrataciones del Estado – Ley N ° 30225

El dia de hoy, 11 de julio de 2014,  se ha publicado la nueva Ley de Contrataciones del Estado – Ley N ° 30225, aprobada el 8 de julio de 2014, que incluye algunas innovaciones respecto de su antecesora. El plazo para publicar el Reglamento es de 180 días calendario, el cual empieza a contar desde mañana.

Para abrir el documento que contiene la nueva Ley, hacer click en el siguiente enlace:

20140711-nueva_ley_de_contrataciones_del_estado_-_ley_302254.pdf

 

También puede hacer click en el siguiente enlace y presionar en donde muestre “Abrir con un visor diferente”,  a fin de ver el documento en pdf, en la presentación de “El Peruano”. 

Ver páginas: 20 – 35.

20140711-ley_30225_-_nueva_ley_de_contrataciones_del_estado.pdf

Espero les sirva, cualquier comentario será bienvenido.

 

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