Algunas de las pérdidas aseguradas en el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center y el Pentágono, que se contabilizaron hasta el 2006 en 36,000 millones de dólares, aún siguen en litigio, según Swiss Re.

Estas sumas se derivan en su mayoría de la cobertura de interrupción de negocio, es decir, de las indemnizaciones a aquellos negocios que vieron bloqueadas sus operaciones por estos ataques y cuyas pérdidas, no han podido ser solventadas del todo.

Según un documento publicado por el Insurance Information Institute, del total de pérdidas aseguradas en este evento, 31.1% correspondió a interrupción de negocio, que sigue registrando pérdidas; fue un monto equivalente a 11,200 millones de dólares.

Dicha cifra sumó 1,400 millones de dólares adicionales del 2001 al 2006. Cabe mencionar que en el ramo de no vida (property-propiedad) las pérdidas aseguradas llegaron a 22,000 millones de dólares (según el tipo de cambio del 2007), de los cuales 4,550 millones de dólares conciernen al seguro de property en las dos Torres del WTC.

Asimismo, estos atentados costaron 3,000 millones de dólares al mercado del seguro de personas, de los cuales 1,100 millones de dólares fueron por concepto de riesgo de fallecimiento, individual o colectivo y 2,000 millones de dólares fueron pagados por accidente, incapacidad laboral o invalidez.

Dichos 3,000 millones fueron abonados, en sus dos terceras partes, por compañías que manejan el seguro de personas en Estados Unidos.

Entre las más afectadas fueron ING (con 600 millones de dólares), Met Life (320 millones), Prudential Financial (192 millones), Manulife y Northwestern Mutual (150 millones cada una).

En la publicación denominada “El riesgo de terrorismo en el seguro de property y su asegurabilidad”, Swiss Re documentó que a raíz de estos atentados, las aseguradoras se vieron en la necesidad de revocar de sus pólizas la cláusula de terrorismo, es decir, este tipo de riesgo ya no era asegurable de manera implícita.

No obstante, el terrorismo sigue siendo un riesgo asegurable, siempre y cuando las compañías que lo suscriben sean prudentes y claras en los límites de estas coberturas.

En estos casos, el papel del Estado debe de ser el de reasegurador de última instancia, como el caso de Estados Unidos con la implementación del Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) cuya cobertura se extendió hasta el 2014.