GESTIÓN Y GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Autores: Mg. Roberto Claros Cohaila
MBA Braulio Vargas Becerra
Sumario:
1. DESAFÍOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
2. CONTINGENCIAS PARA UN “MODELO” DE SERVICIOS PÚBLICOS
3. INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS
1. DESAFÍOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
Además de servir como medio institucionalizado para conectar a vecinos, sociedad civil organizada y gobiernos, en torno a asuntos de interés público, las municipalidades han sido tradicionalmente asociada a “actividades” de “prestación” de servicios públicos, tanto de tipo directo (registros civiles o limpieza pública, por ejemplo) como indirecto (inversiones que facilitan la movilidad de personas, como vías y puentes).
El factor sustancial en la imagen de “prestación” es el despliegue de “actividades” necesarias para entregar un servicio, que están supeditadas a un diseño prexistente que es externo a las municipalidades. Ese diseño previo se asume que responde a un “proceso” técnico, que se calibra por medio de un marco regulatorio, y en función a objetivos políticos y sociales. Esta secuencia se cumple al pie de la letra en lo que conocemos como el modelo centralizado de administración del Estado, que ha sido aplicado de modo sistemático en la mayoría de países en los últimos dos siglos, pero que se halla en fase de transición desde hace por lo menos medio siglo.
En el modelo centralizado de administración, el “proceso” de producción, gerencia y evaluación de servicios públicos locales no se ubica en el nivel local de gobierno (o de gestión, según se trate del modelo de administración de Estado), sino más bien en el nivel central. Siendo así, la porción del proceso de gestión de servicios públicos que cae en el ámbito de competencia de las administraciones locales corresponde a las actividades de prestación, así como a la producción de la información que permite estimar la demanda, la cobertura y, posiblemente, la satisfacción.
Sin embargo, en los últimos 50 a 60 años, el modelo de administración centralizada y/o federalizada ha demostrado necesitar reformas que, cuando menos, permitan surgen ante la necesidad de superar las limitaciones del modelo centralizado de administración (Reforma), con el propósito de trasladar el centro de comando de los servicios públicos al contexto de las administración pública local (Descentralización), o por ambos motivos a la vez (Reforma y Descentralización).
Aunque es difícil precisar en qué momento el modelo de administración del Estado se reforma o se desconcentra en lo concerniente a los servicios públicos locales, es posible que las razones de fondo no sean aquellas de las que más se valen quienes promueven el cambio. Por ejemplo, se señala que la necesidad de descentralizar o, por lo menos, de conferir mayor control en la gestión de competencias y servicios se halla en función de “estar más cerca al vecino”. Sí ese fuera el caso, no haría falta descentralizar, pues bastaría con modernizar y enlazar sistemas de presupuestación, administrativos y de control entre la administración central y las administraciones locales, como se observa en la actualidad con el sistema SIAF.
En otras palabras, la cercanía al vecino puede justificarse desde el punto de vista de ser una consecuencia deseable de administrar en función a atender necesidades reales de los ciudadanos a través de un proceso centralizado caracterizado por una buena planificación y control, por un lado, y de una buena ejecución de actividades desconcentradas (en el punto de contacto con el beneficiario o usuario), por el otro lado. Por tanto, las causas para reformar o descentralizar el Estado en procura de desarrollar servicios que de modo sostenido resuelvan necesidades reales deben buscarse en un nivel superior de abstracción; es decir en la dimensión del proceso de producción de los servicios.
En este artículo se discute que la necesidad de reformar el modelo centralizado del Estado es condición necesaria para desarrollar y desplegar servicios de calidad. La causa se encuentra en el hecho que el volumen y las características de la demanda por servicios públicos locales ha aumentado en cantidad y complejidad, de modo que resulta ineficiente mantener el proceso de producción y gestión de los servicios públicos en niveles alejados de la dimensión local.
El desafío real se halla, por tanto, en conseguir que las administraciones locales se encarguen de la mayor parte del proceso de producción, gestión y evaluación de los servicios públicos locales –donde las actividades de la prestación de servicios explican sólo una porción de la cadena del proceso. Sin embargo, este esfuerzo puede resultar una utopía sí las administraciones locales no desarrollan capacidades institucionales de gestión en una dimensión gerencial que sirva para comandar procesos de producción y gestión de servicios, combinando criterios técnicos, políticos, normativos y, principalmente, sociales.
Del mismo modo, es necesario advertir que la diversidad de realidades locales y de características de las municipalidades en el Perú puede desalentar el esfuerzo por aplicar, cuando menos, una estrategia para empoderar a las administraciones locales en el desarrollo de procesos integrados de producción y gestión de servicios públicos. Municipalidades muy pequeñas, por ejemplo, tendrían grandes dificultades para hacer algo más que conducir actividades de prestación de servicios, por la falta de recursos humanos capacitados o por insuficiente presupuesto.
Paradójicamente, la dificultad mayor podría no provenir de las administraciones locales en municipios pequeños o de ámbito rural, sino mas bien de administraciones locales en municipios urbanos de intensa actividad socioeconómica y con alta densidad demográfica, como es el caso de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres, en Lima, de El Porvenir, en La Libertad, de Sullana, en Piura, entre muchos otros.
El problema común en las municipalidades de estos espacios locales es que enfrentan una demanda abrumadora por servicios muy diversos y costosos. Las municipalidades que operan en ámbitos locales complejos representan el cuello de botella para al menos proponer una estrategia nacional de reforma y descentralización de los procesos de producción y gestión de servicios públicos locales, debido a que es muy difícil que logren desarrollar capacidades de gestión a la velocidad necesaria para atender oportunamente las necesidades y demandas sociales.
2. CONTINGENCIAS PARA UN “MODELO” DE SERVICIOS PÚBLICOS
En la sección anterior dejamos de lado destacar la necesidad de mejorar la prestación de servicios públicos locales, en términos de calidad, cobertura, eficiencia, eficacia y oportunidad. Ese propósito se justifica por si solo, porque constituya uno de los fundamentales motivos para la existencia y permanencia del Estado.
El énfasis más bien estuvo puesto en reflexionar sobre la relación que existe entre un modelo de administración del Estado más o menos centralizado y la producción de servicios públicos; tomando en cuenta la investigación de las necesidades actuales y futuras de la sociedad, así como el procesamiento de dicha información y su uso en el diseño y aplicación de procesos de producción, gestión y evaluación de servicios.
La reflexión obtenida nos condujo a identificar paradojas; es decir, situaciones que se observan en el entorno, y que contradicen la lógica o los propósitos asociados a dicha situación. La paradoja que conviene resaltar en este artículo es la siguiente:
La posibilidad de obtener servicios de calidad y buen rendimiento de modo sostenido depende de la capacidad de tomar control del proceso por el que se generan y conducen los servicios; y donde la actividad de prestación del servicio constituye solamente el contexto especifico (o punto de contacto) entre la instancia que atiende demandas o necesidades sociales y los usuarios o beneficiarios. Este propósito se halla explicito e implícito en el conjunto de leyes y normas alusivas a la reforma del Estado y la descentralización iniciados en el Perú entre los anos 2002 y 2003.
Finalmente, la parte medular de la cadena de producción-gestión de servicios públicos locales, desde una perspectiva que integra objetivos políticos y sociales, parámetros normativos, criterios técnicos (de nivel gerencial y operativo) y demandas sociales, no es posible de identificar, y algunas de sus partes también se hallan fragmentadas entre las instancias del nivel central de administración del Estado y los niveles locales.
En conclusión, los procesos de producción, gestión y evaluación de servicios públicos locales no parecen existir. En su lugar existen porciones fragmentadas e incompletas de la cadena del proceso de servicios. Pero ¿qué implicaciones se derivan de esta fragmentación? Las implicancias son varias y complejas, pero podemos resumirlas de la siguiente forma:
Bajo un modelo de administración del Estado que procure superar las limitaciones de la administración centralizada, y, además, potenciar la administración descentralizada, la formalización de procesos de servicios públicos es un paso obligado para ganar efectividad en la atención de objetivos de desarrollo que harían factible alcanzar la finalidad del Estado, como consta en el Artículo 1° de la Constitución Política del Perú.
Siendo así, la ausencia de procesos también impide el fortalecimiento de capacidades de gestión en servicios públicos, y limita el espectro de capacidades institucionales al simple acto de llevar a cabo tareas asociadas a la prestación, pero no la mejora de los servicios. Paradójicamente, en la experiencia de descentralización y modernización del Estado en el Perú, la configuración de procesos es el gran ausente.
Una segunda limitación que se refuerza en virtud de la anterior es el desconocimiento de la naturaleza dinámica y compuesta de la producción de servicios en general; que los distingue de la producción de bienes físicos, así como de la actividad comercial, por lo menos de dos fundamentales maneras. Por otro lado otro aspecto que influye en el desarrollo de procesos de servicios, específicamente “públicos”, es su dependencia total de las políticas públicas.
En tal sentido, esta segunda sección aporta una lectura de los aspectos contingentes a los procesos de servicios públicos, a modo que el público lector, interesado en la agenda urgente de modernización de los servicios públicos desde las administraciones locales, tenga a mano un material que aporte en menos o mayor medida a un mejor entendimiento de los desafíos pendientes y de las posibilidades a la mano, sí es que se recuperan lecciones aprendidas y se corrige el rumbo futuro siguiendo una visión integral de lo que comprenden los servicios.
Asimismo, esta sección añade los elementos necesarios para pasar, en la siguiente sección, a revisar las contingencias a considerar para trabajar en la formulación y gestión de procesos de producción, prestación y evaluación de servicios públicos. Con ello, este artículo sirve de introducción a un segundo artículo que abordará la mejora de los servicios públicos, desde una perspectiva de procesos de producción de servicios (secuela aplicada del presente artículo).
2.1. Características de los servicios públicos
Existe pleno consenso que los servicios son resultado (productos) de procesos que involucran directamente a los usuarios en distintas fases o etapas de la cadena del proceso; y donde el eslabón más visible es el momento de la prestación del servicio (entrega del producto). Este eslabón de la cadena coincide con el momento en que culmina la producción del servicio y al mismo tiempo este es brindado y transfiere su valor agregado intangible al usuario o beneficiario.
En ese sentido, la connotación de servicios ha estado originalmente supeditada a procesos posibles de ser monitoreados y mejorados en su integridad, pero no al simple conjunto de actividades y tareas ordenadas según una secuencia predefinida y bajo parámetros o procedimientos rígidos. En el caso específico de los servicios públicos, la fase de la prestación de los servicios ha recibido mayor atención; posiblemente porque es el punto de contacto con usuarios y/o beneficiarios en el momento que se visibiliza la atención a las necesidades, las demandas sociales y las oportunidades para elevar el nivel de vida de los ciudadanos.
Los servicios públicos, por tanto, requieren, en primer lugar, apreciarse desde la perspectiva de procesos de producción de servicios. En segundo lugar, es necesario redimensionarlos en función de lograr propósitos de desarrollo o bienestar; de lo que luego se desprenden características particulares que permiten distinguir las sutiles diferencias entre los servicios públicos y los servicios en general, como se muestra en la figura 1, donde se incluyen las características propuestas por Alan Nankervis en su reciente obra “Managing Services”, publicada en 2005.
Figura 1.- Propiedades de los servicios y cualidades de los servicios públicos
De las características revisadas, resalta que los servicios públicos superan por mucho la noción de ser solamente actividades de prestación de un valor intangible. Se trata más bien de productos que resultan de procesos complejos y sujetos a múltiples momentos, en los que se miden factores críticos para el éxito del valor agregado que se espera proporcionar al usuario o beneficiario.
Pero, fundamentalmente, los servicios deben poder ser evaluados dinámicamente, en términos de la disminución (o el aumento) de la brecha entre “expectativas” (el beneficio esperado) y “percepciones” (el valor percibido), y tomando en cuenta la evolución de la demanda, entre otros aspectos que hacen de la gestión de servicios públicos un campo de acción muy difícil y al mismo tiempo apasionante para el ejercicio de la labor gerencial y el ejercicio gubernamental.
2.2. Socio-política de los servicios públicos
En la sección primera de este artículo, se adelantó que los servicios públicos añaden una dimensión de vital importancia al campo de los servicios: Bienestar.
No se trata del bienestar de un individuo o de una familia de clientes o usuarios en términos de satisfacer una necesidad objetiva. Se trata más bien del bienestar de una comunidad en términos de atender necesidades compartidas; donde la insatisfacción de un grupo de la población pone en riesgo el impacto futuro del servicio en el conjunto de toda la población.
En otras palabras, existe una relación de interdependencia entre la satisfacción de todos los individuos de la sociedad a los que el servicio atiende. El éxito mayor del servicio será evaluado en términos de disminuir la brecha total entre las expectativas y las percepciones de los beneficiarios. Las brechas que persistan permitirán identificar no solamente la medida en que el proceso de servicios tiene un pobre desempeño en determinados puntos de la cadena del proceso, sino también la debilidad en integrar el proceso de servicios públicos a los objetivos de desarrollo. Para ambos casos, el proceso de servicio parte de una visión estratégica que, para el caso de los gobiernos locales, corresponde a la dimensión de las políticas públicas y la planificación.
Esta relación íntima e interdependiente entre lo social y lo político, que muestra la imposibilidad de disociar el término sociopolítico, se puede apreciar mejor en la secuencia de razonamiento siguiente:
Las cadenas referidas incluyen eslabones que van desde la fijación de las políticas públicas (específicamente, sociales), pasando por procesos de diseño y producción de servicios, hasta la prestación y el mecanismos de evaluación del rendimiento de los servicios desde la perspectiva de los beneficiarios (nivel operativo), así como de los propios objetivos sociales y las brechas por cubrir (nivel estratégico).
En suma, la relación entre servicios, demandas sociales y política pública debe considerarse en todo esfuerzo por modernizar la gerencia de los procesos de servicios públicos y por mejorar el rendimiento de los servicios que derivan de esos procesos.
2.3. Tecnocracia de los servicios públicos
En el caso peruano al igual que en la gran mayoría de países en desarrollo, el Estado implementa políticas sociales como uno de los ejes fundamentales del papel del Estado y de la gestión gubernamental. Según las cifras del Banco Mundial, el gasto público en política social ha avanzado desde un 15% hasta 25% del Producto Bruto Interno, en solo los últimos 50 años. Este aumento no sólo refleja una mayor decisión y capacidad del Estado para atender demandas sociales, sino que las demandas sociales también han aumentado en volumen y en variedad.
Empero, y según se trate del país, buena parte del mayor gasto público no obedece necesariamente a un Estado con más capacidad y medios para conducir y aplicar política social. Si ello fuese así, el ritmo de crecimiento del gasto social en el último medio siglo presentaría un comportamiento proporcional e inverso a la disminución de las brechas sociales. Pero eso no es lo que se observa. La explicación puede ser muy diversa, pero a la fecha existe evidencia que apunta a tres fuentes de aumento del gasto público que no tienen relación con mayor capacidad de gestión y conducción de política pública: (a) aumento del tamaño del Estado, (b) la arquitectura gubernamental que sigue al modelo de administración del Estado, y (c) la descentralización.
En primer lugar, el aumento del tamaño del Estado en distintos momentos y hacia finales de los años 90’s, ha tenido como mayor protagonista a la administración pública que reside en el nivel del gobierno central. Entre 1960 y 1989, el modelo de administración centralizada en el gobierno central permitió que éste interviniera en todas las esferas de la actividad socioeconómica del país; y lo mismo ocurrió en un gran número de países. Los organismos no gubernamentales y las empresas, por su parte, sólo jugaron un papel secundario, sin mayor presencia en los indicadores nacionales de desempeño económico y social (incluyendo ingresos por impuestos).
Paradójicamente, en numerosos países (principalmente en América del Sur y Europa del Este), a partir de los años 90’s el abultado tamaño del Estado buscó sustituirse por un modelo de Estado promotor. La transición ha sido vertiginosa y ha tenido énfasis en la dimensión económica, bajo el supuesto del efecto “chorreo” (spill-over) sobre otras dimensiones de la realidad. En el balance, la clave de los mejores resultados no ha sido abrir la economía y hacer el aparato estatal más ligero; sino, más bien, lograr un Estado versátil y bien conectado con otros tipos de actores de la escena nacional y global. Es decir, no se trata de “músculos”, sino de “inteligencia” y “velocidad”.
En segundo lugar, el tamaño del Estado ha sufrido una reconfiguración en lo social. Hacia finales de los años 90’s el cima de apertura y la conformación de alianzas regionales han facilitado el diálogo y acuerdos interregionales en torno a problemas y riesgos globales, como la pobreza, las pandemias, la seguridad alimentaria, y los desastres naturales. En ninguna época previa se registraron acuerdos multilaterales, sin que para ello premiasen los intereses de bloques de países confrontados por sus respectivas ideologías. Sin embargo, en las últimas dos décadas ese ha sido el caso con los problemas agudos que limitan el desarrollo humano, y que son amenazas reales ´sin importar si se trata de países desarrollados, en vías de desarrollo o del “tercer mundo” (aunque este términos suena para muchos impropio).
El ejemplo más notable en cuanto a procurar esfuerzos globales por mejorar el status de vida de miles de millones de personas, es conocido como “Objetivos del Milenio”. Bajo este concepto, la política pública se apoya sustancialmente en los servicios sociales; principalmente en Educación y Salud, y toda la gama de servicios que giran en torno a ambos ejes. En suma, los recursos destinados a este fin han aumentado considerablemente, como lo revelan los datos de Naciones Unidas, en que para el año 2000, el gasto público en Educación y Salud supero el 6%, en el promedio global.
De la mano ha ido el aumento del tamaño del Estado, gracias al mayor financiamiento destinado a instalar la arquitectura institucional y otorgar recursos corrientes para conducir programas y servicios sociales. Sin embargo, en la última década, se han observado dos grandes problemas que aquejan tanto a países desarrollados, como Estados Unidos, como a países en desarrollo, como Perú.
Primero, aún se desconoce cuál es el modelo de Educación y Salud que puede operar de modo sostenido y mantenerse al alcance de la mayoría de la población. En algunos países el subsidio del Estado ha funcionado, pero sólo por una décadas, bajo el concepto del “Estado de bienestar”; pero ahora el sostenimiento de los sistemas sociales se teme sea insostenible por más tiempo, a causa del enorme forrado fiscal al que conduce.
En otros países el sistema privado con subsidio y facilidades tributarias también ha funcionado por corto tiempo, pero eventualmente el acceso a la salud y a buena educación se ha encarecido y sólo es accesible para quienes pueden costearla. En otros países, aún es pronto para saber qué es lo que puede ocurrir, porque no ha habido el suficiente tiempo como para apreciar las tendencias que comprometen variables sociales, fiscales, de demanda, de costos, etc.
Segundo, un problema de operatividad atenta contra la posibilidad de aplicar política social. Este se origina en el diseño lineal de la gestión gubernamental, que es común a la administración del Estado en los modelos centralizado y descentralizado. Dado que la realidad y las dinámicas sociales son muy complejas y su atención escapa a las variables de “control” (que priman en un modelo centralizado) y “financiamiento” (más visible en un modelo descentralizado), la labor de planificación de acciones que parten y terminan con la misma institución impulsora no funciona. En el caso peruano el ejemplo más claro se observa en la descentralización. En el intento de los años 80’s, los CETAR contaban con recursos y mecanismos de control desde el gobierno central, pero ninguna de sus acciones tuvo resultados en términos de cerrar brechas sociales.
Del mismo modo, en el actual contexto descentralista, los gobiernos regionales y locales tampoco pueden exhibir resultados derivados de sus propios programas y proyectos sociales; pese a que el proceso de la descentralización ha significado que el Estado peruano requiere recaudar y transferir una mayor cantidad de recursos para la operatividad y el ejercicio gubernamental y administrativo a los nuevos gobiernos regionales y locales que, en conjunto con el aparato central, hacen un Estado más grande, pero distribuido en todo el país y no solo en la capital nacional y las principales capitales departamentales –el periodo de descentralización iniciado en 2003, además corresponde al tercer momento expansionista del Estado en el caso de Perú.
Sin embargo, en Salud se pueden identificar numerosos casos en que las brechas en Salud se pueden reducir drásticamente y rápidamente, sí es que el Estado opera a tres niveles (Ministerios que aportan experiencia y recursos, Gobiernos Regionales que aportan alcance y alianzas, y Gobiernos Locales que conectan las intervenciones con los beneficiarios y otros actores locales clave), en un esquema de red con otras entidades de la sociedad civil, el empresariado y los propios beneficiarios.
Un reciente estudio publicado en 2011 y patrocinado por el programa Apoder de la cooperación Suiza, por ejemplo, buscó estimar la calidad de la gestión municipal en municipios rurales a nivel nacional. Como parte de los hallazgos, el estudio reporta que incluso sí los logros en general (los resultados) se hallan muy por debajo de las expectativas de los beneficiarios y de los propios gestores municipales, los servicios sociales en Educación y Salud han mejorado y han permitido revertir las tendencias negativas de las últimas dos décadas.
Es tan potente este nuevo esquema, que los beneficios derivados de los procesos de servicios públicos y la prestación misma incluso alcanzan a otras dimensiones del desarrollo, como es la economía familiar y local; tal como también lo indican los recientes reportes de los programas mineros de solidaridad con el pueblo y de las agencias de cooperación técnica.
3. INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS
En la década de los 70’s la planeación desde el gobierno central en la promoción del desarrollo económico y la atención de servicios públicos fue esencial. En la década de 80’s este paradigma demostró no ser suficiente para cerrar las brechas de desarrollo que, por el contrario, han aumentado en los últimos veinte años, y sólo han empezado a reducirse en años recientes. No obstante, la reciente descentralización tampoco parece funcionar por mérito propio, sino en virtud a que el Estado logre adoptar un modelo de gestión versátil, a diferentes niveles y con múltiples conexiones y redes.
Por otro lado, más recursos y financiamiento tampoco han probado ser suficientes para reducir brechas de desarrollo humano; que es la dimensión donde operan los servicios públicos en general y, específicamente, los servicios sociales. Asimismo, más iniciativas de reforma y de fortalecimiento de capacidades institucionales han probado tener un efecto positivo, pero sólo temporalmente, porque las capacidades quedan en posesión de los gestores que, por una u otra razón, hallan poco probable permanecer en una institución pública y, sobre todo, en una municipalidad.
Se sostiene, por el contrario, que los servicios públicos son el medio por excelencia por el que un Estado descentralizado pueden operativizar políticas públicas y sociales de mayor jerarquía; es decir, políticas para procurar cerrar brechas de desarrollo humano y, además, alentar una mejora en sus indicadores (que pueden o no coincidir con los Objetivos del Milenio). Más aún, estas mejoras pueden ocurrir al unísono; es decir, en el contexto nacional, sí es que logran operar en función de procesos de producción de servicios que tienen un anclaje local y en red; es decir, si hay un trabajo en red que involucra complementariedades de recursos y capacidades entre las municipalidades y otro tipo de entidades no gubernamentales.
Los resultados combinados no solamente parecen aportar sinergias y versatilidad para enfrentar los desafíos sociales; es decir, “velocidad”, “músculo” e “inteligencia”; sino que también obligan a incorporar la evaluación del desempeño de los procesos de servicios, como insumo para lograr cerrar brechas de desarrollo no sólo desde la perspectiva de satisfacer expectativas de los usuarios y beneficiarios, sino también desde una perspectiva de desarrollo humano de la comunidad y el país.
A la luz de los argumentos previos y destacando las positivas experiencias registradas en el Perú, se resalta que mayores logros son posibles en el campo de la gestión de servicios públicos locales. Estas mejoras pueden ocurrir sí, primero, se actualiza el concepto de servicios públicos; de ser tomados por actividades de prestación, a ser considerados instrumentos para adelantar una sociedad en dimensiones del desarrollo humano e impedir la subsistencia de brechas sociales pronunciadas en el largo plazo. En segundo lugar, se requieren planificar y diseñar en función de la integración de las perspectivas políticas, sociales, institucionales y técnicas (figura 2). Satisfechas ambas condiciones, será posible configurar procesos formales de producción de servicios, que estén, además, bajo la coordinación de las municipalidades en buena parte de los eslabones de la cadena de procesos.
Figura 2.- Integración del concepto de servicios públicos
Como comentario final, se recalca que los servicios públicos permanecen encasillados en el concepto de la administración lineal de actividades de prestación en reacción a un problema o una necesidad. Además el concepto de procesos de servicios no se ha instalado aún en el consciente colectivo del gobierno central, los gobiernos subnacionales y otras entidades que cooperan en intentos de mejorar la gestión pública en el país. Las porciones de proceso que existen, están fragmentadas y obedecen a un diseño poco inteligente.
Ambas limitaciones no sólo perjudican la posibilidad de realizar una labor gerencial apropiada de servicios. Además los deja a la merced de la intuición y otros vicios que ocurren en el mundo del ejercicio de política. Más preocupante aún, la visión estanca de los servicios tiene el efecto de divorciarlos de las políticas sociales y, en general, de la política pública nacional e internacional. Siendo así los problemas que han sido abordados en este artículo (y otros varios más que no han sido tocados) van a retroalimentar un círculo vicioso que, en el mejor de los casos, no permite al Estado seguir de cerca las dinámicas sociales, y con ello, las brechas de desarrollo humano solamente pueden aumentar.
Si, por el contrario, se superan al menos los problemas descritos en este artículo, las oportunidades de configurar procesos integrados de formulación, producción y evaluación de servicios públicos en un esquema de redes, ofrecen la posibilidad de aplicar una gerencia moderna de servicios que incluya acciones de mejora y rediseño de los mismos en atención a la realidad en el entorno – aspectos que se incluyen en un siguiente artículo sobre “mejora de procesos de servicios públicos locales”.