Roberto Claros Cohaila

Socio de A&R Consultores

Después del surgimiento del cooperativismo, en Rochdale – Inglaterra – 1844, nace en Londres       la Alianza Cooperativa Internacional, que cuenta con más de 300 organizaciones, en 107 países y 1,000 millones de cooperativistas en todo el mundo.

En nuestro país, las cooperativas, dejaron de estar reconocidas en la Constitución de 1993, como si lo estaban en la Constitución de 1979. En su artículo      116 señalaba: “El Estado promueve y protege el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía      de las empresas cooperativas; asimismo, estimula y ampara el desenvolvimiento       de las empresas autogestionarias, comunales y demás      formas asociativas     ”. En consecuencia, con la Constitución de 1993, se ha pretendido poner fin a un modelo, reconocido ampliamente a nivel mundial, enmarcado dentro de la economía solidaria; el mismo, que en nuestro país, tiene sus raíces      desde las culturas pre-incas, que desarrollaron  actividades agrarias y un manejo colectivo de las tierras a través      del AYLLU, así como desconocer los logros del movimiento obrero, mutualista, de las sociedades de auxilio mutuo y del cooperativismo de mediados del siglo XX, dejando      de lado el marco normativo establecidos en 1964 y 1981, primer y segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde.

A pesar de la Constitución      de 1993, y sin apoyo, ni promoción ni      fomento; las cooperativas siguen funcionando, principalmente las agrarias, servicios y las de ahorro y crédito     . Recién      el 2008, mediante Ley Nº 29271, se establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de Promoción y Desarrollo de Cooperativas.

PRODUCE, a través de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad, promovió con éxito la conformación       de  un Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GMT DC     ), con quienes impulsaron el Primer Censo de Cooperativa, aplicado por el INEI el 2016 y publicado el 2017.

Durante el año 2018, desde la Dirección      de Cooperativismo e Institucionalidad      del Ministerio de la Producción, se intentó      la formulación      de una política pública sectorial de promoción y desarrollo de las cooperativas. Para tales efectos el Equipo de PRODUCE y del Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GTMDC) con el apoyo financiero de la OIT, apoyaron el trabajo de revisión de la normatividad vinculada al sector cooperativo, los alcances de la RECOMENDACIÓN      Nº 193-OIT, las políticas públicas nacionales relacionadas al sector, y las políticas internacionales para el desarrollo cooperativo. Sin embargo, el ruido político     ,   una vez más      frenó      el entusiasmo      de los representantes sectoriales y de los actores claves del movimiento cooperativo en nuestro país.

Todo el esfuerzo técnico desarrollado por PRODUCE, y la demanda del movimiento cooperativo no estuvo en la agenda o prioridad del Congreso de la República     ; esto al ser un tema o sector invisible en la Constitución      de 1993.  En materia legislativa, lo que hemos tenido, es una política      de parches, se legisla por demanda y de acuerdo      a la coyuntura, quedando pendiente en este caso el trabajo integral de una ley general para la promoción      y desarrollo      de cooperativas. A continuación, las dos últimas      leyes relacionadas con cooperativas:

1. Ley 308822, que dispone que partir de enero del 2019, las cooperativas de ahorro y crédito, y las centrales pasan a ser reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
2. LEY Nº 31335, LEY DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN COOPERATIVAS AGRARIAS, APROBADA el 09 de agosto del presente año.

Sobre esta última Ley, presentamos algunos      comentarios preliminares y los beneficios más      relevantes:

• Como estrategia de fomento y promoción , la ley plantea extender los beneficios de las MYPE a favor de las cooperativas.
• Otorgar a las cooperativas un 10% de puntaje adicional, como premio  a la asociatividad, en los procesos de selección      de compras estatales.
• Condiciones promocionales para que las cooperativas agrarias accedan a la titularidad de las tierras en los proyectos especiales de irrigación .
• La celebración  de convenios priorizados en temas de innovación y asistencia técnica con entidades especializadas del sector agrario.
• La modernización  tecnológica      de las cooperativas agrarias; así      como, las exportaciones con valor agregado.
• En cuanto a la transformación            de asociación      a cooperativa, se dispone incentivar la transformación      de asociaciones de productores en cooperativas agrarias. Para lo cual, el 50% pasará al capital social; acreditando a cada socio.
• Las cooperativas agrarias, NO pagarán impuesto a la renta ni IGV, por las operaciones económicas que realicen con sus productores socios, al entenderse estas operaciones como Actos Cooperativos.
• En cuanto al régimen  tributario, para las cooperativas agrarias, ganaderas, forestales     , industriales y CENTRALES de cooperativas, dispone que los beneficios que generen las operaciones con terceros, pagarán      una tasa preferencial y escalonada por impuesto a la renta.
• Los socios de las cooperativas NO pagarán impuesto a la renta cuando  sus ingresos netos no sean mayores a 132 mil soles. Cuando superen este monto, pagarán      una tasa de 1.5% de sus ingresos.

La gran expectativa que genera, la entrada en vigencia de  la       LEY Nº 31335, pasa por su difusión y su reglamentación, pero principalmente por el impulso y muestras de voluntad política      del nuevo gobierno, por atender al sector agrícola     , disminuir la informalidad     , y aprovechar las potencialidades que el movimiento      cooperativo genera     ; a través      de sus principios y valores universales; esto por cuanto la razón de ser del movimiento cooperativo tiene inmerso un componente social que en las actuales circunstancias resulta propicio como alternativa de desarrollo territorial. Además     , porque el cooperativismo está comprendido o asociado a la economía      solidaria, economía humana, asociatividad y comercio justo. Finalmente, es hora de proteger al trabajador, al que produce y evitar los intermediarios que encarecen los productos o se quedan con las utilidades de quienes producen. Cabe señalar que el MIDAGRI informó      la designación como jefe del Gabinete de Asesores a Eduardo Zegarra Méndez, Investigador principal en Grade, especialista en políticas agrarias, mercados de tierras y gestión del agua e innovación tecnológica en agricultura.