Esta cantado que vamos a un parlamento fragmentando, una vez más. Desde el año 2001, se han constituido Congresos con primeras, segundas o terceras minorías hecho que obliga a los políticos a buscar consenso. Lo más cerca que estuvimos de una mayoría absoluta fue en el parlamento elegido el 2016 donde el fujimorismo obtuvo 73 escaños, pero no gestionó en el parlamento sino lo uso para la confrontación política con el Poder Ejecutivo que termino con el cierre el parlamento.

En el parlamento se fiscaliza se representa políticamente, pero también se formulan leyes e iniciativas legales que intentan solucionar problemas públicos, por lo que las leyes pueden ser vistas también como políticas públicas formuladas y/o aprobadas por congresistas.

La formulación e implementación de una política pública que busca dar solución a problemas públicos, puede expresarse mediante una iniciativa legislativa con la cual se define que la ausencia de normatividad es la solución del problema presentado, o de lo contrario puede ser una medida de gestión pública de tipo administrativo, presupuestal o financiera, o cualquier otra medida de carácter ejecutivo. Frances Pallares en el ensayo: “Las políticas públicas el sistema político en acción” dirá que: “los instrumentos de acción de las políticas públicas son las normas jurídicas, los servicios, los recursos financieros y la persuasión”.

El análisis costo beneficio de las políticas que es de obligatorio cumplimiento fue estudiado en “Balances y perspectivas de la aplicación del análisis costo-beneficio en los proyectos de Ley del Congreso de la República del Perú, producto de la investigación de Antonio Peña Jumpa y Félix Arias-Schreiber quienes analizaron 178 proyectos de ley presentados por congresistas comprendidos en el periodo 2012-2013. Hicieron un análisis cuantitativo llegando a identificar que del total de los proyectos analizados tan solo el 9.6%, es decir 17 propuestas, se podían calificar de aceptable.

Existe una obligatoriedad en el Reglamento del Congreso de la República para presentar en los proyectos de leyes, el análisis costo beneficio. El artículo 75° del Reglamento así lo señala: “Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales”.

El primer paso para acercarse al análisis costo beneficio es determinar de antemano cuál es el problema público que se quiere resolver. Este análisis que es complementario con la metodología del análisis costo beneficio, ayudaría a determinar si la resolución del problema público -que es ir a las causas del problema que se pretende resolver-, pasa por un instrumento normativo, de gestión, presupuestal o de incidencia en el funcionamiento del Estado. Así, se puede establecer la pertinencia de formular una iniciativa legislativa.

Para tratar de actuar de manera más asertiva frente a un problema público, se debe buscar varias alternativas de solución y escoger la mejor. Ello implica no sólo tener buena voluntad, o voluntad política, sino contar con información, evidencia y conocimiento sobre el problema que se pretende enfrentar, siempre acompañado de una metodología.

El nuevo período político que se instaure a partir del 28 de julio de 2021, seguirá siendo uno de reconstrucción nacional, aunque ya no de emergencia, por lo que las alternativas de solución a los problemas públicos por resolver también será una obligación del parlamento. Pero no se trata de cualquier salida o de propuestas dirigida a los medios de comunicación sino de buscar soluciones de fondo, por ejemplo, que hacemos con el estado descentralizado y unitario que tiene casi 20 años de instaurada y no ha logrado enfrentar con eficacia la crisis sanitaria.

Determinación de los problemas públicos y el análisis del costo beneficio de las leyes son instrumentos que deben incorporarse a las propuestas e iniciativas políticas legislativas, para de verdad atinar a solucionar los problemas nacionales.