¿COBRAR O NO COBRAR? DILEMA PARLAMENTARIO

Los problemas de sintonía de los parlamentarios con la ciudadanía se repiten y dan vuelta, cada vez que se inicia una nueva legislatura. Y como siempre, van de escándalo en escándalo. Este nuevo parlamento ha vuelto a mostrar ese rostro o ese lado oscuro, que vuelve a reiterar de manera peligrosa, en la percepción ciudadana, que el Congreso es prescindible.

En la declaración jurada del congresista de Gana Perú. Wilder Ruiz, a todas luces faltó a la verdad, doblemente y se debería en el corto plazo levantar la inmunidad como ejemplo de que ese será el signo de actuación de la nueva gestión parlamentaria. Asimismo, el pago por los gastos de instalación al inicio de cada período legislativo era un problema que se caía de maduro que se venía venir, y había el tiempo suficiente para establecer una estrategia política y de comunicación que controlara los daños que se iban a producir de todas maneras. Ratificarse en que ese pago no es ilegal, y que siempre ha sido en parlamentos anteriores, sólo confirma en la ciudadanía que es más de lo mismo.

Hay claramente, ausencia de estrategia y los daños no han sido menguados en lo máximo posible. Si las cosas siguen así, además de que el partido de gobierno no tiene lazos fuertes con sus “aliados”, lo más probable es que Gana Perú deje de tener la presidencia del parlamento en un segundo año, sino se toman medidas de urgencia.

Daniel Abugattas, en términos de transparencia dio un paso positivo abriendo las rejas de la Plaza Bolívar, que en la práctica había sido tomada por el parlamento. Encerrar la Plaza Bolívar fue una decisión del fujimorismo, en concreto de Víctor Joy Way. Sin embargo, desandar la institucionalidad fujimorista, va mucho más allá de ordenar abrir las rejas de una plaza. Además, no podemos olvidar que la vida cotidiana en el Congreso, también son costumbres. Por ejemplo, una mala costumbre parlamentaria ha sido la de exonerar de segunda votación a los proyectos de ley. Por ejemplo: ¿cuantos proyectos de ley del anterior período legislativo contaron con segunda votación? Creo que ninguno.

El último escándalo mediático, es sobre el cobro o no cobro de los llamados gastos de instalación o desinstalación. Aparte de las desastrosas declaraciones del nada menos presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaúnde, de que usará ese dinero –que no es ilegal- para arreglar su carro que quedó mal después de la campaña electoral, asistimos a uno de los nudos, costumbres o una estructura institucional, en este caso administrativa instaurada por el fujimorismo.

En líneas gruesas se podría decir, que si bien el fujimorismo (pragmatismo), en materia administrativa gobierna el parlamento.

Cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe del 5 de abril, se vio obligado y presionado nacional e internacionalmente a retornar a la democracia. Por eso convoca a elecciones para instaurar el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que aprueba la Constitución de 1993, pero que al mismo establece un giro en el funcionamiento administrativo del parlamento, trasladando de manera mecánica usos y costumbres del sector privado al público.

Esta manera de gerenciar el parlamento, instauró en la práctica 120 (ahora 130) pequeños feudos a cargo de cada congresista electo, que podía disponer ante sí y para sí la designación de cinco personas de confianza a su disposición, además de una remuneración con beneficios, como los gastos de instalación y desinstalación. Como ocurre en el sector privado y en algunas instancias públicas cuando se traslada a un trabajador a un nuevo puesto fuera de su lugar de residencia.

Pero esta medida, no es de carácter universal, sino que sólo están comprendidos aquellos que en concreto salen fuera de su lugar de residencia. Sin embargo, como los congresistas se consideran pares entre sí, se asumen con los mismos derechos no sólo en los que les afecta, sino y sobre todo en cuanto a los beneficios. Si uno recibe, reciben todos sería la máxima. Por eso el artículo 22° de Reglamento del Congreso de la República, inciso “j”, señala que los congresistas tienen derecho: “A recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”. Por consiguiente, los pagos o bonificaciones extraordinarias, corresponden a directivas y acuerdos administrativos que interpretan este artículo y a como se rigieron los congresistas en períodos parlamentarios anteriores.

Como desde el CCD cada uno de los congresistas puede decidir con absoluta discrecionalidad el personal que trabaja con él, no sólo en su oficina parlamentaria, también en Comisiones Ordinarias, de Investigación o Especiales, si es designado para conducir alguna de ellas. Por ello, ocurren casos a los que hemos asistido en le pasado reciente como la de Elsa Canchaya, Tula Benites. Porque ahora que existe un amplio mercado de estudios universitarios, obtener un título no es problema, aunque después las funciones que desempeñe en el parlamento sean sólo de índole personal.

Por eso también, argumentan a favor del derecho que tienen a cobrar por instalación, porque es legal y porque ha sido una (mala) costumbre parlamentaria que viene desde los 90. Cuando el sentido común indica que los representantes limeños no deberían cobrar por un rubro que en su caso no va reparar ninguna perdida o gasto, porque viven en Lima. Tampoco lo deberían hacer los congresistas reelectos de provincia, porque ya se encuentran en la capital.

Ahora, incluso con los llamados representantes de provincias también habría que hacer una salvedad, respecto del pago por instalación. Henry Pease en su libro: “Por los Pasos Perdidos, El Parlamento peruano entre el 2000 y el 2006”, afirma que el parlamento que se instaló el año 2001, si bien la mayoría de los representantes eran provincianos, hace rato que tenían presencia o residían en Lima. Por supuesto, esos padres de la patria, también cobraron el rubro de instalación.

La pregunta que seguro se hacen los ciudadanos, es sí la mayoría de los parlamentarios o por lo menos lo más reconocidos manifiestan estar en contra de este tipo de cobros, pero no pueden hacer nada porque es legal. Por lo que lo único que se puede hacer es renunciar a ese pago. Pero, la renuncia tiene que ser por escrito, porque tiene razón la congresista Marisol Pérez Tello, es la única manera que revierta al Ministerio de Economía y Finanzas y pase a ser usado en necesidades más urgentes. Sino hay una renuncia por escrito, el monto sigue esperando hasta que el destinatario lo cobre en algún momento y este puede ser cuando culmine sus cinco años de gestión, y le puede ser entregado junto con su liquidación por sus años de servicio.

No se puede cortar el pago de instalación, o no se quiere. Es más lo segundo, porque esta perversa creación fujimorista hace que los congresistas, tampoco al final de su período de cinco años se animen a cambiar estos beneficios, porque de hacerlo no podrían cobrar su pago por desinstalación, y como ya sabemos que la mayoría de parlamentarios se renueva cada cinco años, el que menos busca irse en mejores condiciones económicas.

La salida para esta situación de crisis en la imagen parlamentaria, tiene que ver con la transparencia. Poner en conocimiento de los ciudadanos, en blanco y negro, cuales son los ingresos mensuales de los parlamentarios por todo concepto y con que beneficios adicionales cuentan. Esto permitiría observar a los ciudadanos si hay correspondencia entre la logística y la economía que respalda la labor de cada uno de los parlamentarios, y los resultados esperados. Ya no estaría en manos de la Mesa Directiva.

Adicionalmente, el reglamento del Congreso de la República, debería ser modificado y explicitado en cuanto a los beneficios económicos y remunerativos de los parlamentarios, pero sobre todo, si se cumpliera escrupulosamente con la ley de transparencia, podríamos conocer los acuerdos de la Mesa Directiva, resoluciones internas que procesa la Oficialía Mayor y el Servicio Parlamentario, entre otros documentos de gestión parlamentaria.

Puertas abiertas del parlamento significa realizar cambios institucionales y ejercer la gestión pública de manera transparente.