Month: septiembre 2020

SUNAT incorpora condiciones para la autorización de ingreso o salida de bienes fiscalizados

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Nuevas condiciones para la autorización de ingreso/salida de bienes fiscalizados

Escrito por: Dra. Mery Bahamonde

El artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1126 estableció medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, señala que el ingreso y salida del territorio nacional de bienes fiscalizados requieren de autorización y que la SUNAT, mediante resolución de superintendencia, establece la forma, plazo y condiciones para el otorgamiento de la autorización.

El artículo 12° de la citado decreto legislativo prevé que el usuario debe llevar y mantener el registro de sus operaciones de ingreso, egreso, producción, uso, transporte y almacenamiento de los bienes fiscalizados, dependiendo de la actividad económica que desarrolle, con excepción de la persona que en virtud a su actividad educativa de investigación o científica, requiera por única vez utilizar bienes fiscalizados, en las cantidades establecidas y siempre que justifiquen el uso lícito de estos y de los importadores de muestras de insumos químicos, solo cuando tienen por finalidad demostrar sus características, pudiendo ser estas con o sin valor comercial.

Seguidamente, el Decreto Supremo N° 044-2013-EF, norma reglamentaria del Decreto Legislativo N° 1126, precisó que el ejercicio de la función de control y fiscalización de los Bienes Fiscalizados por la SUNAT comprende la investigación, inspección y el control de los bienes Fiscalizados de Usuarios, que cuenten o no con inscripción vigente en el Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados, como sobre la documentación en general que contenga la información sobre la adquisición, empleo, uso, transporte y destino de los mismos.

La inspección a que SUNAT se encuentra facultada comprende, entre otros, el proceso de observación metódica para examinar o detectar situaciones críticas de prácticas, comportamientos, condiciones, documentos, equipos, materiales y estructuras.

En tal sentido, mediante la Resolución de Superintendencia N° 254-2013/SUNAT, SUNAT aprobó medidas relativas a la autorización para el ingreso o salida de bienes fiscalizados.

Posteriormente el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1339 modificó los artículos 17 al 19 del Decreto Legislativo N° 1126 para incorporar una nueva condición al usuario para que la SUNAT le pueda otorgar la autorización de ingreso y salida del territorio nacional de los bienes fiscalizados y una nueva causal para denegar o suspender la referida autorización; asimismo, ya no contempla la ampliación de la autorización y regula el margen de tolerancia en el caso de las mercancías envasadas.

Con la finalidad de adecuar las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1339, la SUNAT emitió la Resolución de Superintendencia N° 000153-2020/SUNAT mediante la cual se realiza las siguientes incorporaciones a la Resolución de Superintendencia N° 254-2013/SUNAT

Mediante la resolución en comentario se realiza las siguientes incorporaciones:

  1. Se incorpora como bienes fiscalizados a los subproductos de los insumos químicos, productos fiscalizados o derivados detallados en el Decreto Supremo N° 044-2013-EF.
  2. Se incorpora como información a detallar en la Solicitud de Autorización de Ingreso/Salida de Bienes Fiscalizados deberá ser generada por el Usuario, al almacén aduanero donde se encuentran los bienes fiscalizados, antes solo se debía detallar transacción comercial, el transporte internacional y el detalle de los bienes fiscalizados.
  3. Se incorpora dos condiciones adicionales para generar la solicitud de autorización de Ingreso/Salida de bienes fiscalizados:
    • Haber cumplido con presentar la información de sus operaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley.
    • No solicitar, en la Autorización de Ingreso de Bienes Fiscalizados, una cantidad que exceda el saldo de la cantidad solicitada anual del Bien Fiscalizado materia de la mencionada Autorización, considerando además las cantidades que se encuentran en Autorizaciones pendientes de nacionalización.
  4. Se precisa que la denegatoria de la autorización de ingreso/salida de bienes fiscalizados será aplicable cuando el Usuario o alguno de sus accionistas, representantes legales o directores y responsables del manejo de los Bienes Fiscalizados se encuentre sometido a investigación fiscal o proceso judicial por tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. Antes la norma solo indicaba que se encuentre en investigación por el Ministerio Público.
  5. Se incorpora la definición de margen de tolerancia de hasta el 5% del peso total autorizado para mercancías a granel y hasta el 2% para mercancías envasadas, a que se refiere el artículo 19 de la Ley, es permitido siempre que no se supere el saldo de la cantidad solicitada anual, considerando además las cantidades que se encuentran en Autorizaciones pendientes de nacionalización.

Precisa que todo exceso sobre el margen de tolerancia permitido o sobre el saldo de la cantidad solicitada anual, considerando además las cantidades que se encuentran en Autorizaciones pendientes de nacionalización, tiene la condición de no autorizado.

  1. No se requiere documento adicional que autorice la aplicación del margen de tolerancia a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.”

En norma anterior la ampliación de la solicitud solo estaba prevista para la mercancía a granel que supere el 5% del peso total autorizado inicialmente, en cuyo caso el usuario debía ingresar a SUNAT operaciones línea para solicitar la ampliación de la autorización.

  1. Se crea un nuevo procedimiento para la baja de autorización mediante la utilización de SUNAT Operaciones en Línea, antes ese indicaba que debía seguir el procedimiento previsto en el artículo 11° que era aplicable para la ampliación de la autorización.
  2. Se aprueban los formularios siguientes:
    1. Formulario Virtual N° Q-201 versión 2 “Solicitud de Autorización de Ingreso de Bienes Fiscalizados”.
    2. Formulario Virtual N° Q-202 versión 2 “Solicitud de Autorización de Salida de Bienes Fiscalizados”.

Los referidos formularios estarán a disposición en SUNAT Virtual a partir de la vigencia de la presente resolución, esto es desde el 28 de septiembre de 2020

  1. Finalmente, mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria, se incorpora como operación que pueden realizar los usuarios de SUNAT Operaciones en Línea la generación de la autorización de ingreso o salida de bienes fiscalizados a que se refiere el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, y normas modificatorias; así como para presentar el desistimiento de la solicitud de autorización de salida de bienes fiscalizados y para solicitar la baja de la autorización.”

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-resolucion-de-superintendencia-n-254-2013sunat-q-resolucion-n-000153-2020sunat-1888047-1/

SUNAT deniega el acogimiento al RAF por presentación extemporánea de declaraciones distintas a las declaraciones de IGV- Renta marzo a abril 2020

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SUNAT está notificando de manera masiva Resoluciones de Intendencia en la que deniega el acogimiento al Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento, en adelante RAF, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1487, por la presentación extemporánea del Plame correspondiente al mes de marzo o abril de 2020.

Sobre el particular, es necesario recordar a la SUNAT que el inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1487, establece que los sujetos que tengan las deudas tributarias previstas en el artículo 3 del referido decreto pueden acogerse al RAF, siempre que al momento de presentar la solicitud cumplan con, entre otros requisitos, haber presentado las declaraciones mensuales correspondientes a los períodos tributarios marzo y abril de 2020 del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría o las cuotas mensuales del Régimen Especial del impuesto a la renta, según corresponda. Agrega el citado inciso, que dicho requisito debe cumplirse cualquiera sea la deuda materia de la solicitud de acogimiento, inclusive si esta solo comprende la deuda tributaria de ESSALUD y/o la deuda tributaria aduanera.

De la norma antes citada no se evidencia que el Decreto Legislativo 1487 hubiera considerado como requisito para el acogimiento que al RAF, la presentación de la declaración PLAME del período abril de 2020 dentro del plazo sino que condiciona únicamente a la presentación de la declaración IGV Renta de los períodos marzo y abril 2020, tampoco exige la norma que dichas declaraciones deban haberse presentado dentro del plazo.

Estando a lo expuesto, las empresas que hayan sido notificadas con una Resolución de Intendencia que deniega el acogimiento al RAF, deberán interponer recurso de apelación según lo dispuesto por el artículo 206.1 LPAG a efectos de que se suspenda el procedimiento de cobranza coactiva en atención a lo dispuesto por el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1487.

¡No te pases SUNAT!

 

Imposición del deber de contribuir irrestricto sobre el principio de seguridad jurídica

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A propósito de la declaratoria de constitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1421

 Hace algunos años el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 0016-2002-AI/TC señaló que el principio de la seguridad jurídica forma parte consustancial del Estado del Derecho, siendo que su reconocimiento es implícito en la Constitución, pues es la garantía en la que se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Asimismo, el referido Tribunal estableció en la Sentencia N° 01542-2015-HC que la prescripción es una institución por la cual una persona adquiere derechos o se libera de obligaciones.

Por su parte respecto al principio de solidaridad tributaria, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 0004-2004-AI/TC señaló que, en materia tributaria, este principio se manifiesta como un deber al sostenimiento de los gastos públicos, que engloba, por un lado, el deber de contribuir a la detección de la falta de compromiso con las obligaciones tributarias; y, por el otro, a la promoción del bienestar general mediante la contribución equitativa al gasto público a través de la tributación.

Ahora bien, el deber de contribuir, como manifestación de la solidaridad tributaria no puede interpretarse sin fijar un límite temporal al ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, sino que dicho deber tiene como límite el respeto al principio de la seguridad jurídica, en virtud del cual se incorporó la figura de la prescripción tributaria en las normas sustantivas del Código Tributario.

El objeto de la prescripción de las deudas tributarias es resguardar el principio de seguridad jurídica sancionando la inacción o ejercicio oportuno de las facultades de la Administración para determinar tributos, imponer sanciones o exigir el pago de deuda tributaria, así como sancionar la inacción del contribuyente a solicitar la devolución o compensación de pagos en exceso o indebidos.

Así pues, es posible sostener que la prelación del deber de contribuir de forma irrestricta en el tiempo vulnera el principio de seguridad jurídica materializado en la prescripción, como veremos en el siguiente análisis.

De la revisión del artículo 43° del Código Tributario verificamos que la citada norma establece la prescripción para tres acciones de la Administración Tributaria, a saber, acción para determinar la obligación tributaria, sancionar y acción para el cobro, el cómputo del plazo del término prescriptorio es 4, 6 o 10 años dependiendo de cada supuesto particular señalado en dicho artículo. Antes de la modificatoria introducida mediante el Decreto Legislativo N° 1113, el artículo 44° no distinguía el inicio del cómputo del plazo prescriptorio para las tres acciones antes mencionadas, sino que dicho inicio se producía en el mismo momento, lo cual estaba reforzado con lo dispuesto por el artículo 45° según el cual la notificación de la resolución de determinación y la resolución de multa interrumpía el cómputo del plazo prescriptorio, obviamente el término prescriptorio interrumpido era la acción de cobro, pues dicho plazo estaba corriendo desde el nacimiento de la obligación tributaria.

Como se aprecia, en la legislación primigenia sobre prescripción la Administración Tributaria estaba facultada a ejercer su facultad de determinación dentro del plazo prescriptorio, siendo que mediante la notificación de la Resolución de Determinación se interrumpía el plazo prescriptorio de la acción de cobro. La circunstancia antes descrita no evidencia perjuicio alguno para la Administración, máxime cuando según lo dispuesto por el artículo 59° del Código Tributario, la determinación inicial de los tributos administrados por SUNAT es realizada por el contribuyente, lo cual no altera la facultad de la Administración de determinar la deuda y con ello interrumpir el plazo prescriptorio que paralelamente inició su cómputo de la acción para determinar y cobrar la deuda, logrando obtener 4 años más para cobrar la deuda.

Ahora bien, el Decreto Legislativo 1113 que entró en vigencia el 28 de septiembre de 2012, modificó el artículo 44° del Código Tributario, incorporando el numeral 7, según la cual el plazo prescriptorio para determinar, cobrar y sancionar cuentan con un inicio de cómputo del plazo diferenciado, siendo que a partir de la vigencia de dicha norma la prescripción del plazo para cobrar inicia a partir del día siguiente de notificada la resolución de determinación y resolución de multa.

El Decreto Legislativo N° 1113, al ser una norma modificatoria es aplicable respecto de aquellos casos en los que el término prescriptorio para cobrar la deuda no hubiera iniciado su cómputo, al 28 de septiembre de 2012, pues no es posible iniciar el cómputo nuevamente. En tal sentido, dicha norma solo podría ser aplicable para deudas tributarias cuyo plazo prescriptorio se hubiera iniciado a partir del año 2013, en cuyo caso la facultad de determinar y sancionar habría iniciado su cómputo, sin embargo, el cómputo del plazo de la acción de cobro iniciaría a partir de la notificación de la Resolución de Determinación.

En atención del principio de solidaridad tributaria, no es posible aplicar lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1113,  respecto de obligaciones tributarias cuyo plazo prescriptorio de las tres acciones ya se había iniciado antes de la vigencia de dicha norma, así también lo señaló el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 9789-4-2017, según la cual indica que no corresponde aplicar la regla del numeral 7 a un hecho acaecido con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo 1113 y posteriormente ratificada por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1421 implementando la aplicación retroactiva de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1113.

En ese mismo sentido, el Tribunal Fiscal en la Resolución de Observancia Obligatoria N° 9789-4-2017 estableció que “el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la Administración para exigir el pago de la deuda contenida en las resoluciones de determinación y de multa emitidas por conceptos originados antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1113, notificada el 28 de septiembre de 2012, se rigió por los numerales 1) a 4) del artículo 44° del Código Tributario, según correspondía, por lo que no resultaba de aplicación lo dispuesto por el numeral 7 del anotado artículo”.

La publicación del antes citado precedente de observancia obligatoria, conllevó que seis años después de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1113, esto es, el 12 de septiembre de 2018, el poder ejecutivo, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, estableciera una supuesta norma interpretativa, según la cual, tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes de resolución el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012 dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario.

La citada norma desde su publicación adoleció de vicios de forma y de fondo, toda vez que excedió la facultad delegada concedida por el Congreso mediante la Ley N° 30823 por cuanto dicha norma solo facultó al poder ejecutivo a regular materia procedimental tributaria contenida en el Código Tributario, mientras que las normas de prescripción están referidas a normas de carácter sustancial de la exigibilidad de la deuda tributaria; en tal sentido, dicha norma vulnera lo dispuesto por el artículo 104° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, vulnera requisitos de fondo porque establece una norma retroactiva que vulnera el principio de irrectroactividad de las normas establecido en el artículo 103° de la Constitución Política del Perú, toda vez que dicha norma no cumple con los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 00002-2006-AI[1] para considerarse una norma interpretativa.

Ahora bien, no obstante lo expuesto recientemente el Tribunal Constitucional resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1421, en los seguidos en el Expediente N° 0004-2019 siendo que el argumento que sustentaría la supuesta constitucionalidad de dicha norma, en opinión de votación mayoritaria de los Magistrados,  es la prelación del deber de contribuir de las grandes empresas, las cuales se beneficiarían ante una eventual inconstitucionalidad de la norma, sin considerar que dicha norma perjudica a todos los contribuyentes en general.

La sentencia aun no fue publicada por el Tribunal Constitucional, sin embargo, dicho precedente judicial evidencia una falta de independencia del máximo intérprete de legalidad en nuestro país, debido a la presión mediática ejercida por SUNAT, pues utilizando la expresión con la que SUNAT defendía su interpretación en el caso en comentario, “ES UN IMPOSIBLE JURÍDICO” considerar que en virtud del deber de contribuir nuestra normatividad tributaria albergue una norma manifiestamente inconstitucional por ser retroactiva, la cual permite a la SUNAT exigir el cobro de deudas prescritas.

Que duda cabe que la sentencia del Tribunal Constitucional ha desechado los principios de seguridad jurídica y predictibilidad, principio de legalidad, principio de igualdad en los que se sustenta un Estado de Derecho, imponiendo como principio predominante el deber de contribuir irrestricto y sin límite temporal.

 

Lima, 23 de septiembre de 2020

 

 

 

[1] En la Sentencia N° 00002-2006-AI el Tribunal Constitucional señaló que una norma interpretativa debe cumplir con tres requisitos: (i) Debe referirse expresamente a una norma anterior, (ii) Debe fijar el sentido de dicha norma interpretada, excluyendo interpretaciones de la norma anterior y (iii) No debe agregar a la norma interpretada un contenido que no estuviera en su ámbito de aplicación.

ción.

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