El modelo económico peruano, perteneciente al concepto clásico de la economía de mercado, es en el cual los precios se regulan por la ley de oferta y demanda. A partir de ella podemos explicar una gran cantidad de fenómenos y procesos que ocurren en el ámbito peruano, tanto en lo macro y microeconómicos. Hoy, el Estado es un ente observador que no interviene de manera directa, sin embargo, establece reglas plasmadas en la Constitución Política del Perú, particularmente, en el artículo 58º sobre el régimen económico social de mercado, la cual promueve la iniciativa privada, además del pluralismo, la libre competencia, siendo esta última el pilar fundamental de este sistema, establecido en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú.
Con la Constitución Política de 1993, se consideró esencial instituir el principio de libertad de industria y de comercio como derechos dentro de las garantías nacionales y sociales, siendo un sistema de refuerzo a las primeras legislaciones y políticas introducidas en el país formalmente en 1991. Perú, a pesar de formar parte de los países en vías de desarrollo con problemáticas serias en materia evolutiva económica ha desarrollado una economía poco dinámica algo ilegal y sobre todo desordenada que debe ser fiscalizada y legislada en la búsqueda de formalización de empresas. No obstante, en Latinoamérica viene sobresaliendo la teoría del subdesarrollo y la teoría de dependencia económica, que, a la vez de exponer principios y soluciones, viene trayendo consigo posiblemente una serie de postulados que en la práctica son cuestionables de validez para garantizar el derecho de libertad en la competencia de libre competencia.
Más allá de determinar nuestras posiciones lo que buscamos es poder reconocer las limitaciones de nuestra economía en el Perú a lo largo de estos últimos años.
Para profundizar en el tema, es importante contar con una definición sobre qué es la libre competencia, pues de acuerdo a Rosa Maria Palacios (2013) “Es la libertad de elección de consumidores y productores en un mercado regulado libremente por la oferta y la demanda, así como regla efectivamente cumplida por todos en igualdad de condiciones”.
Tengamos en cuenta que si los agentes económicos son leales a un sistema de libre competencia entonces se pueden lograr ventajas competitivas como podría ser el mejoramiento de sus bienes o servicios con una mejora calidad, lo cual conlleva a una mayor cantidad de opciones buenas que puede tener en consumidor, claro está, que las empresas deben mostrar un trato justo y equitativo.
Ahora bien, se vulnera la libre competencia cuando no se cuentan con mecanismos que garanticen su existencia, lo cual conlleva a que el consumidor no tenga la libertad de elegir de escoger distintos bienes o servicios de calidad a precios justos y al final se encuentra obligado cuando acepta precios más altos a menor calidad.
Entonces, para lograr la libre competencia en igualdad de condiciones es fundamental la existencia de normas e instituciones que la protejan y al mismo tiempo sancionen los abusos que puedan cometer la posición de dominio, tal y como lo encontramos en el Decreto Legislativo 1034 “La Ley de Libre Competencia” , en su Capítulo II Del Abuso de la Posición de Dominio, nos menciona que:
“Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio
10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición”.
De igual manera, el Perú no solo cuenta con leyes que defienden la libre competencia, pues como nos menciona en Herbert Tassano (2016) sino que: “el Estado peruano ha creado, dentro de su estructura, organismos constitucionalmente autónomos y especializados, como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi)”.
Es por ello que el Estado Peruano presenta un rol fundamental para continuar defendiendo la libre competencia, esto no solo se encuentra plasmado en leyes sino también en organismos institucionales. Asimismo, cobra vital importancia la existencia de agentes económicos que sean leales a este sistema, pues tengamos en cuenta que el consumidor reclama una mejor calidad de servicios y productos con precios adecuados, lo cual lo beneficia al momento de elegir por el producto o servicio que prefiera optar frente a la existencia de múltiples opciones. Es un compromiso de todos los peruanos continuar creando mecanismos que beneficien a la libre competencia y de igual manera ser leales a ellos, encontrándonos en una posición de consumidores o productores.
Referencias bibliográficas:
Palacios, R. [PUCP].(29 de octubre de 2013) PUCP – Al derecho y al revés: Libre competencia. Youtube.https://www.youtube.com/watch?v=uxsJVliymkc&t=207s
Ramos, R. (2020) Proyecto de ley N° 5263/2020. Congreso de la República – Proyecto de reforma constitucional. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05263-20200518.pdf
Tassano, H. (2016). Competencia y regulación. Revista de la facultad de Derecho. (Nro. 76), 105-121. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201601.004