Políticas Públicas y su Relevancia en el Contexto Legislativo

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 Introducción: La Trascendencia de las Políticas Públicas

El concepto de políticas públicas ha superado su vinculación inicial con la política tradicional, convirtiéndose en una herramienta de gestión estatal crucial. Este término, que emergió en las grandes escuelas de administración pública de los Estados Unidos durante los años 60, trasciende el ámbito político para abarcar dimensiones técnicas y estratégicas. Es evidente su relevancia en la actualidad, especialmente cuando se busca su implementación a través de normativas, lo cual requiere una comprensión técnica y estratégica del diseño legislativo.

 

En este contexto, contar con un experto en estrategia legislativa se convierte en una necesidad imperiosa, pues permite garantizar que las políticas públicas sean formuladas e implementadas de manera efectiva y en concordancia con los marcos legales y presupuestarios del país.

 

 

 

Evolución y Conceptualización de las Políticas Públicas

Las políticas públicas en los Estados Unidos adquirieron prominencia en la década del 60. En inglés, los términos policy y politics representan conceptos diferenciados: el primero, relacionado con las acciones y decisiones estratégicas del Estado, y el segundo, con la dinámica política en sí misma. Según Thomas Dye, una política pública se define no solo por lo que el Estado hace, sino también por lo que deja de hacer, considerando el impacto de ambas decisiones en la sociedad.

 

En el Perú, este enfoque ha evolucionado hacia un modelo híbrido, en el cual el Estado equilibra su papel de regulador, árbitro y promotor de inversiones en áreas estratégicas, lo que refleja la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad económica y social del país.

 

 

 

Los Retos en la Implementación de Políticas Públicas

La implementación de políticas públicas presenta desafíos significativos, tal como lo señala Aaron Wildavsky: “cuanto más complejo sea el problema que una política busca resolver, mayor es la probabilidad de que interfiera con otras políticas”. En este sentido, el análisis de políticas (policy analysis) es fundamental para prever los impactos y consecuencias de su implementación.

 

La medición y evaluación de las políticas públicas son igualmente críticas. Los indicadores, diseñados para reflejar los avances y resultados, deben ser comprensibles y relevantes, de modo que permitan una evaluación objetiva y transparente. Sin embargo, el análisis de estos datos requiere competencias técnicas que no siempre están al alcance de los responsables políticos.

 

 

 

Actores y Redes en el Proceso de Políticas Públicas

La formulación e implementación de políticas públicas involucra una diversidad de actores. Estos incluyen partidos políticos, grupos de interés, lobbies, y organizaciones de la sociedad civil, que interactúan en un entramado de relaciones intersociales. En el Perú, este proceso se ve reflejado en el desarrollo de normativas como la Ley del Servicio Civil o la Ley Universitaria, que requieren consensos y asignaciones presupuestarias para su implementación.

 

La denominada “gestión de intereses” y el modelo del policymaking policéntrico, representado por el triángulo de hierro (relaciones entre políticos, empresarios y grupos de interés), son dinámicas comunes en este proceso. Sin embargo, en el Perú, la debilidad institucional de los partidos políticos y la falta de transparencia en la formulación de políticas dificultan su implementación efectiva.

 

 

 

El Rol del Legislador y la Estrategia Legislativa

El legislador tiene un papel fundamental en el proceso de implementación de políticas públicas. Más allá de otorgar formalidad a las propuestas, su labor incluye garantizar que las políticas sean técnicamente viables, fiscalmente sostenibles y socialmente aceptables. Esto subraya la importancia de contar con expertos en estrategia legislativa que puedan interpretar las necesidades sociales, diseñar soluciones efectivas y alinearlas con los marcos normativos.

 

La intervención del legislador debe ir acompañada de un acceso transparente a la información técnica y metodológica relacionada con la política propuesta. Sin esta apertura, se corre el riesgo de aprobar normativas que carezcan de viabilidad práctica, lo que compromete su éxito a largo plazo.

 

 

 

Conclusiones

  1. Necesidad de Especialización Técnica: La implementación de políticas públicas requiere no solo voluntad política, sino también conocimientos técnicos especializados. Contar con un experto en estrategia legislativa es crucial para traducir las necesidades sociales en leyes efectivas.
  2. Importancia del Monitoreo y Evaluación: La medición de los impactos a través de indicadores claros y accesibles es esencial para garantizar la efectividad de las políticas públicas.
  3. Relevancia de los Actores: La interacción entre los diversos actores del proceso de policymaking influye directamente en la calidad de las políticas formuladas e implementadas.
  4. Fortalecimiento de la Institucionalidad: En un contexto como el peruano, donde los partidos políticos son débiles y el acceso a la información es limitado, es indispensable fortalecer las capacidades institucionales para diseñar políticas públicas efectivas.

 

 

 

Bibliografía Actualizada (hasta 2025)

 

  1. Arana Chalco, J. F. (2023). La gestión legislativa en el Perú: Retos y desafíos en un contexto globalizado. Revista de Derecho Parlamentario, 12(2), 4560.
  2. Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. Pearson Education.
  3. Wildavsky, A. (2020). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland. University of California Press.
  4. López, S. (2022). Poderes Fácticos y Gobernanza en el Perú: Un análisis sociopolítico. Fondo Editorial PUCP.
  5. Naciones Unidas. (2023). Informe sobre Gobernanza y Políticas Públicas: Hacia un Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Nueva York: ONU.
  6. Banco Mundial. (2024). Mejores prácticas en la formulación de políticas públicas en América Latina. Washington, D.C.: Banco Mundial.
  7. Hyden, G. (2021). Governance and Development: Charting a New Agenda. Lynne Rienner Publishers.
  8. Arana Chalco, J. F. (2024). El rol del Parlamento en la construcción de políticas públicas inclusivas. Revista de Estudios Legislativos, 14(1), 2138.

 

 

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La cultura de la legalidad y los desafíos del cumplimiento de la ley

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El común de las personas señala que no hay justicia, ello se atribuye a un menosprecio de interponer las acciones que permitan hacer justicia a partir de accionar legalmente cuando nos vemos afectados, el cálculo de la pérdida de un tiempo vital, concluye en  la cifra negra de la criminalidad como señalaba Cesar Lombroso, el cual tiene un componente social importante,  la desconfianza en instituciones del estado que se encarga de la seguridad pública, el ministerio público, el poder judicial y porque no admitirlo los abogados, dentro del cual me incluyo.

Pero para ello debemos ir mas allá, sin temor a equivocarnos afirmare, que son todos los habitantes, desde aquella persona que prefiere pagar una coima para obtener una copia certificada de una denuncia policial, donde los burócratas te hacen difícil la obtención de un procedimiento, llevando ineludiblemente hacia ofrecimientos de agilización de documentos.

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Es evidente el desarrollar una iniciativa legislativa que tenga el componente de efectividad de la ley, es decir aterrizar la propuestas a nuestra realidad.

Recordemos que no solo el parlamento tiene iniciativa legislativa, también los organismos constitucionalmente autónomos, además del Poder Ejecutivo, cuya figura máxima es el Presidente del Consejo de Ministros.

“Debemos hacer la ley que nos manda “.

Vivimos en la antipoda de la “cultura de la legalidad” que se constituye por la aceptación y el respeto de las normas jurídicas en forma generalizada por la población:

el Derecho se cumple mayoritariamente en forma espontánea, sin necesidad de recurrir a la fuerza de la coactividad. No creo que la vigencia sociológica de las normas dependa únicamente de los jueces sino de todos los habitantes, aunque, claro está, que de los magistrados judiciales dependa la “aplicación” al caso concreto.

En el ámbito penal, podemos llegar a hablar de los derechos humanos, que, limitando y exigiendo determinadas actuaciones por los jueces, los lleven a liberar los presuntos culpables cuando no tienen plena convicción de la culpabilidad.

Es claro que para los que han sido liberados de la responsabilidad penal en virtud de la actuación judicial, difiere esencialmente contra quienes denunciaron, creyendo en la legalidad y en la justicia, donde no se satisfacen con los resultados de la sentencia.

Es cierto que esto genera en el común de las personas la creencia de que “no hay justicia”.

Los derechos humanos imponen al Estado determinada forma de actuar. Porque también los infractores de la ley penal, tienen derechos humanos.

Recordemos que un sistema u ordenamiento jurídico es la constitución la ley de leyes, que delimita el poder y determina los axiomas básicos sobre los que se fundamentan las leyes.

El proceso de implementación de la ley va por señalar dentro de la propia ley mecanismos a fin de otorgarle legitimidad, como por ejemplo la publicación en los lugares apropiados donde se va a dar cumplimiento a la norma,  creación de portales de transparencia, observatorios, disposiciones transitorias que viabilicen la transición a un nuevo marco regulatorio, evaluaciones de cumplimiento legal, con el fin de hacer participes a los ciudadanos de la implementación de la ley.

El respeto a la constitución y la ley corresponde a todas las personas, también al Estado, esto incluye al órgano ejecutivo y legislativo  a favor de la institucionalidad constitucional.

Ello no quita que las decisiones de estos órganos muchas veces están condicionadas por factores de presión de los más diversos sectores de la sociedad,  el cual que se definen como actores, lo cual comprende a sindicatos, partidos políticos, ONG, grupos de interés, redes sociales, medios de comunicación, etc. Que van a tener una influencia mayor o menor sobre las decisiones.

Hablar de cumplimiento de la ley es hablar que se deben incorporar en la formación de las leyes disposiciones de implementación determinadas y delimitadas a efectos de darle la fuerza, el seguimiento de su cumplimiento a partir de una legitimidad de resultado, que se dará con la evaluación del impacto normativo, como una acción ex post, ello se da necesaria con la participación política de la ciudadanía, estamos ante un nuevo espacio creado por las redes sociales, hablamos de un activismo digital.

 

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La Técnica Legislativa como elemento primordial del buen arte de legislar: frente a los desafíos de la Sociedad de la Información

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Abstract: ¿Cómo enfrenta el legislador el avance de la tecnología, y evita quedar superado en el intento de legislar frente a una sociedad que se ve invadida por nuevas formas de comunicación y nuevos estándares internacionales en materia de tecnología.?
Por Juan Francisco Arana Chalco,

El Parlamento, siempre está presente en cuanta organización estadual existe. Lo que “constituye un hecho irrefutable, es la universalización del Parlamento y su identificación con la democracia, identificada en sus orígenes en los ideales liberales de la separación de poderes y su identificación con el pueblo. Así la institución del Parlamento se encuentra presente en monarquías constitucionales, democracias liberales cualquiera sea su forma política o en los sistemas políticos del marxismo – leninismo”([i]).

Siendo el Parlamento símbolo de la democracia y la máxima expresión del ejercicio del poder constituyente derivado del ejercicio de la democracia directa por los electores.

Representantes que tienen como prerrogativa principal la de legislar, por lo que asistido en la técnica legislativa y complementado con el razonamiento jurídico dígase la teoría legislativa, plasman en una iniciativa legislativa o proyecto de ley los enunciados lógicos teóricos capaces de modificar el marco legal y regular la conducta de los ciudadanos, justamente estas iniciativas de ley discurren a través del procedimiento parlamentario([ii]) hacia las respectivas comisiones ordinarias, en un concienzudo debate y posterior aprobación en el Pleno del Congreso([iii]) en el mejor de los casos.

La técnica legislativa, o la metodología de formulación de las iniciativas legislativas se define como el arte de formular las leyes; de acuerdo a Alberto Castells, asimismo se puede definir como el arte para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la ley. Por lo tanto la misma se conforma por los procedimientos, formulaciones, reglas, estilos ordenados y sistematizados que tratan a la ley durante su proceso.

La técnica legislativa soporta a la teoría legislativa a fin de conformar una propuesta legislativa, consistente y acorde con la realidad que se pretende regular.

Las conductas de los hombres que conviven en sociedad son reguladas en su mayoría por reglas de conducta, es decir por leyes, un país que se preocupa por mejorar la calidad de sus leyes es un país que avanza en todos los aspectos…([iv])

¿Cómo enfrenta el legislador el avance de la tecnología, y evita quedar superado en el intento de legislar frente a una sociedad que se ve invadida por nuevas formas de comunicación y nuevos estándares internacionales en materia de tecnología.?

El desarrollo de las TICs([v]), han posibilitado la convergencia tecnológica, haciendo que herramientas como las computadoras sean indispensables en todos los procesos existentes en el comportamiento humano, educativo, social y económico. Siendo que la computadora tal como la conocemos hoy en día, es un invento que no contando con mas de 50 años, ha ingresado a nuestras vidas en todos los campos, cada vez con mejores aplicaciones lógicas[vi] y mejoras en soporte físico[vii].

El impacto de estos cambios tecnológicos coloca en la agenda de los debates la subsistencia del libro. Como un código legal es un libro, la aplicación de dichas tecnologías pondría en duda su propia subsistencia, situando el paradigma de la modernidad jurídica en el umbral mismo de la desaparición.([viii])

La incorporación de las costumbres y actividades relacionadas con las TICs en nuestro ordenamiento legal de forma correcta, nos convertirán en estado elegibles y participantes de las bondades de la llamada Sociedad de la Información.

Pero ¿Que es la Sociedad de la Información?

El Libro Verde sobre la Sociedad de la Información en Portugal (1997)([ix]), señala respecto a la Sociedad de la Información que “se refiere a una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”.

Cuando llegamos a la automatización de los servicios respecto de un bien inmaterial e ilimitado el sistema económico vuelve a reorganizarse y, por ende, el modelo social sufre una profunda transformación y es el inicio de la sociedad de la información.([x]); es por ello que el Estado debe asimilar las bondades que brindan el acceso a la sociedad de la información, incorporarlas en sus procesos internos y premunir al ciudadano común de las bondades del desarrollo las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs).

El concepto de la riqueza como elemento generador ha cambiado es así que el concepto de riqueza que se asocio con la acumulación de bienes y trabajo han sido desplazado hoy en día, por la información que se considera como el elemento generador de la riqueza.

Ello nos hace reflexionar que efectivamente las nuevas tecnologías están revolucionando nuestra sociedad en todas sus manifestaciones.

La sociedad de la información plantea una serie de desafíos y solo los que estén preparados podrán discurrir en el proceso de la ruptura de la brecha digital y eventualmente salir airosos del mismo.

Los países a la vanguardia de las nuevas tecnologías han discurrido en un proceso hasta llegar al liderazgo en materia tecnológica y en el uso de nuevas tecnologías en favor del desarrollo de la sociedad de la información, por tanto es necesidad la adecuación de los marcos regulatorios a la realidad tecnológica existente. Es deber del Estado el preparar a nuestra sociedad para este proceso.

A fin de acortar la brecha digital existente, y con una cosmovisión particular plantear las soluciones y articularlas en la reforma estatal([xi]) a fin asimilar las bondades que deriven de la sociedad de la información para el desarrollo de nuestros países.

El avance de la tecnología afrenta, ávida de nuevos escenarios y plantea nuevos desafíos; el derecho nos ajeno a ello. Per se la sociedad de la información plantea una serie de desafíos en la técnica de crear y hacer leyes que a continuación se detallan:

La técnica legislativa debe considerar la realidad social, cultural, jurídica y económica que plantea la Sociedad de Información como etapa histórica.

El desconocimiento de la realidad socio-jurídica que se pretende regular, por ser especializada.

El desconocimiento de los avances en tecnologías de la información y los efectos mediatos e inmediatos en materia de la sociedad información.

Aparición de nuevas formas de criminalidad y presión del legislador por emitir iniciativas legislativas que resuelvan problemas inmediatos derivados del avance de las TICs..

Nuevos formas de comercio e intermediación con asistencia de las tecnologías de la información.

Legislación ambigua y confusa que favorece a sectores con fines de lucro quebrando la relación Gobierno – Ciudadano.

Falta de asistencia de investigación jurídica especializada a favor de un ejercicio legislativo responsable.

RECOMENDACIONES

La norma debe ser general y prescindir de calificativos.

Debe evitar las ambigüedades y ser precisa en cuanto utilización de terminología, considerando que las nuevas tecnologías, conllevan nuevas costumbres, actividades, realidades por lo que el uso de los términos debe ser preciso.

Formulas adecuadas que faciliten la interpretación.

Respeto del principio de unidad, respecto a cohesionar y fortalecer la constitución, para lo que se debe desarrollar la legislación de manera precisa y concisa por lo que en cada articulo no debe tratar mas de un tema o idea.

Cuidado en establecer excepciones a normas generales, porque provocaría una controversia legislativa.

Participación de los actores de la sociedad civil , instituciones académicas, y la empresa como entes cooperantes en materia practica y de investigación a favor del desarrollo de una legislación coherente con el avance de las TICs.

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Contenido del Decreto Legislativo 1097 : aspectos relevantes para los procesados militares y policías por delitos de violación de derechos humanos

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La Ley N°29548 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre ellas normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.
El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer un marco regulatorio uniforme respecto de delitos que implican violación a los derechos humanos. El alcance de aplicación de esta norma está dirigida a los procesos por los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud previstos en el Código Penal de 1924 y el Código Penal de 1991, considerados como violaciones a los derechos humanos, así como los delitos contra la humanidad previstos en el Código Penal de 1991.
Para ello implementa la vigencia de algunos artículos del Nuevo
Código Procesal Penal (NCPP) en cuanto a comparecencia, caución económica e impedimento de salida del país y sobreseimiento por exceso de plazo de instrucción para dichos delitos.
Comparecencia, para aquellos distritos judiciales donde no se hayan implementado el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el Juez podrá establecer medidas restrictivas, como la de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.
En los procesos para los delitos señalados deben observarse las siguientes normas:
En aquellos distritos judiciales donde si se hayan implementado el Nuevo Código Procesal Penal (NCCP).Se le otorga la prerrogativa al Juez de variar el mandato de detención preliminar o el de prisión preventiva por el de comparecencia, con la restricción del sometimiento y vigilancia a la instituto militar o policial donde pertenece. En los procesos bajo el Código de Procedimientos Penales, el Juez dictara orden de detención mediante resolución y motivado en los antecedentes del procesado. Dictado el mandato de comparecencia, el Juez podrá imponer la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución. Si el imputado es personal militar o policial en cualquier situación, el cuidado y vigilancia estará a cargo de la institución policial o militar a la que pertenece. Hay que mencionar que para efectos del tratamiento procesal de los incorporados en los procesos por violación a los derechos humanos, y delitos de lesa humanidad solo serán aquellas que hayan excedido el plazo en la etapa de investigación; sea en el Sistema Procesal Penal Actual ( Código Procesal y Código de Procedimientos Penales) o Sistema Procesal Penal ( implementado en el Nuevo Código Procesal Penal)
En el caso de caución económica, al permitir que se adelante la vigencia del inciso 4 del artículo 288 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), permite la fianza personal en caso de que la caución económica no sea posible. En caso que el procesado declarado ausento o contumaz, se podrá variar la orden de detención para resolver su condición, imponiendo para ello la caución económica, o la fianza personal, asumidas por un familiar, tercero, sea persona natural o jurídica o la institución militar o policial a la que pertenece.
En el caso de impedimento de salida del país al adelantar la vigencia del inciso 2 del artículo 296 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Las resoluciones deben ser fundamentadas, indispensables para la indagación , el Juez de la investigación fiscal citara a una audiencia, y decidirá en el plazo de 48 horas de realizado. Procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo. Aquellos impedimentos de salida que hayan superado los 8 meses al momento de la vigencia de la presente norma son levantadas de oficio. Los procesados que se pongan a derecho con domicilio legal en el exterior y hayan sufragado su caución económica, el juez puede dictar orden de impedimento de salida del país por un periodo de hasta 4 meses cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad. Pueden ser ampliadas 4 meses adicionales, motivada en antecedentes del procesado y en circunstancias particulares. Ambas resoluciones son apelables para su confirmación o revocatoria por el superior en grado.
En el caso de sobreseimiento por exceso de plazo de instrucción. Donde no se encuentra en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), respecto del sobreseimiento. Concluida la investigación preparatoria, El Fiscal decidirá en un plazo de 15 días si acusa o si requiere el sobreseimiento , con los requisitos del mismo, se eleva al Juez de Investigación Preliminar, quien correrá traslado a las partes con un plazo de 10 días, convocará a una audiencia a las partes y resolverá en 15 días, si es fundado lo declara sobreseído y si lo deniega sube al Fiscal Superior, si no estuviera de acuerdo remite a otro fiscal para que formule acusación.
Para el caso de los procesos que se encuentra en el ámbito del Código de Procedimientos Penales y de haberse excedido en todos los plazos establecidos en el artículo 202 del mismo (el órgano jurisdiccional que tenga en su poder el expediente principal dicta la correspondiente resolución de sobreseimiento parcial a favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación.
En aquellos casos que no se haya verificado el exceso de plazo de la investigación, se aplicara un control de sobreseimiento con los requisitos y formalidad que requiera el sobreseimiento de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
Conclusiones
El Decreto Legislativo N°1097 desarrollo procedimientos de excepción para el tratamiento del sobreseimiento ya que incorpora mecanismos procesales propios del Nuevo Código Procesal del Sistema Acusatorio en el modelo mixto conformado por el Código de Procedimientos Penales (CdePP) y el Código Procesal Penal (CPP).
Le otorga facilidades a través de la fianza personal, cuando el imputado o procesado se le exija una caución económica.
Establece aspecto mandatarios al Juez para resolver el sobreseimiento e incorpora el control de sobreseimiento cuando no exceden los plazos en la etapa de investigación.
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Tratando de comprender la economia politica parte I

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Desde el punto de vista juridico cuesta comprender la economia politica, sin embargo con un lenguaje sencillo ello puede ser entendido por el mas comun de los ciudadanos.

Es un reto el tratar de comprender los procesos sociales y el desarrollo historico de los mismos.

Schumpeter propone separar la Economía Científica (que para él si es ciencia) de la Economía Política (que no lo es). Esta pretensión es muy criticada por los economistas heterodoxos, que mantienen que la ideología está en la misma raíz del análisis económico. Por lo general, los defensores de la conexión entre economía e ideología añaden el calificativo de política al término economía. Así hablan de Economía Política y no de Ciencia Económica; término que usan quienes ven a la economía libre de condicionamientos ideológicos. Robbins es particularmente explícito en este sentido cuando separa los medios de los fines en el ámbito científico, con el objeto de lograr una neutralidad científica..

La importancia del Aporte de Gramsci y su aporte a la Economía Política Internacional

Gramsci padre de la superestructura
El concepto de hegemonía como una suma subordinada de intereses, en el ámbito de las relaciones internacionales, así como la política económica internacional, es por ello la importancia para la Economía Política Internacional, considerando que la Economía Política Internacional es un subcampo de mayor desarrollo de las Relaciones Internacionales.

Es por ello importante señalar que a partir del desarrollo y difusión del capitalismo y el retroceso y caída del comunismo, toma especial preponderancia. La aparición de instituciones fuera de los Estados como son el FMI, BM.

Los aportes de Gramsci, que han sido asimilado y traídos a la actualidad, tomado por el padre del materialismo histórico transnacional, donde se enfatiza el rol de la reproducción de la hegemonía y el aspecto convencional de la reglas en el desarrollo de las sociedades capitalistas, es decir vía consenso contribuyendo al entendimiento de la dinámica de la formación de clases y redescubrimiento del análisis de la hegemonía burguesa de Gramsci, el fue crítico de la representación lineal, donde la base económica determina la superestructura social.

El pensaba que las estructuras sociales no se reproducían únicamente mediante la fuerza, sino también a través del consenso.
Por lo que la lucha en el espacio de la “sociedad civil” en torno de una relación significativa, al centro del análisis crítico. Ello constituye un elemento central en el desarrollo de la Economía Política Internacional. Leer más

Economia y buen Gobierno: Por las politicas activas que permitan trascender del modelo primario exportador

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Es una equivocación que tan solo la concepción de que el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado es condición necesaria y suficiente para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social:

Existen meritos en las cifras macroeconómicas; creo que no es suficiente.

Requiere de una política industrial activa, es decir la incorporación del progreso técnico a niveles de aceleración.

El marco en el ámbito de la suscripción de tratados de libre comercio puede determinar lo que el Academico Luis Abugattas llama el marco multilateral y los que se asuman al nivel del ALCA, NAFTA, MERCOSUR y otros foros, el que se fijen parámetros a partir del diseño de una política de desarrollo industrial. Cuya ausencia requiere una atención prioritaria del Estado.
Ya que de continuar con el sesgo, que el modelo económico perse no ayuda a dejar de ser un país primario exportador, es evidente que se requiere lo que se denomina políticas activas.
Esas politicas activastanto a nivel institucional como medidas focalizadas a diversificar la oferta exportable.
Defender las negociaciones comerciales, y sobre todo desarrollar acciones de búsqueda de competitividad de la producción nacional; son acciones en las que debe concentrarse el Estado y otorgarle el marco institucional a efectos de desarrollar la política pública de un plan
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