Publicado en la Ley el 31 de agosto de 2017, link disponible: http://laley.pe/not/4174/evaluacion-y-meritocracia-en-el-sector-publico

Todos deberíamos estar sujetos a evaluaciones. Cuando recientemente me informaron sobre el inicio de mi evaluación como docente universitaria, lo primero que pensé fue en todos los resultados que tuve en mi gestión en este último año. También vinieron a mi mente el reclamo de algunos maestros que quisieron pactar no ser cesados luego de desaprobar tres evaluaciones, pero también vino a mi mente el lamentable deceso de la madre de la ex ministra, Ana Jara, mal atendida en Essalud al pedírsele el DNI para ingresarla a Cuidados Intensivos.

La evaluación de desempeño es un ejercicio de rendición de cuentas por el servicio que brinda una persona, ya sea en el sector público o privado. Al mismo tiempo, es un mecanismo que permite a las instituciones (con mayor razón si son servicios públicos) evidenciar si algo está fallando, si necesitan fortalecer su recurso humano, y en el peor de los casos, si esa persona evaluada debe irse a su casa por haber tenido un pésimo desempeño.

La evaluación en el sector público no se inventó con la reforma magisterial, ni con la Ley Servir. El Decreto Legislativo 1025 (año 2008) emitido en el marco de la delegación de facultades al Ejecutivo (en el gobierno de Alan García) para modernizar el Estado, aprobó normas de capacitación y rendimiento. 

La evaluación, desde entonces, tuvo tres características: (1) que se evaluaría “objetivos y metas”, (2) que abarcaría a “todo el personal al servicio del Estado” (no solo a los profesores, como se ha mencionado en alguna declaración periodística), y (3) bajo “factores que midan el mérito”.

Sobre las consecuencias de la evaluación, destaca el mandato de que el personal “sujeto a observación” (el que no obtuvo una calificación satisfactoria) fuera sometido a capacitación. Si en una nueva evaluación obtenía el mismo resultado, entonces, se le desvincularía. Esto quiere decir que, a través de la capacitación, el Estado le daba al evaluado la oportunidad de mejorar, y solo si no mejoraba se le enviaba a su casa. Reglas similares encontramos en la Reforma Magisterial y en la Ley Servir. Sin embargo, estas reglas nunca se implementaron plenamente pues se requiere un cambio cultural importante en la Administración Pública. El gran reto es pasar de solo “cumplir” con un horario y realizar unas actividades, a mostrar resultados medibles en los servicios que se prestan. Un cambio que exige mucha voluntad política.

También es cierto, que algunas pocas instituciones del Estado evalúan a sus servidores civiles al amparo de sus normas de creación; y que, desde el 2015, SERVIR viene desarrollando experiencias piloto de gestión del rendimiento en algunas entidades públicas (un ciclo anual y garantista que reconoce entre sus etapas a la evaluación de desempeño). Estas experiencias deberían ser escaladas a todo el Estado, progresivamente, pero en un plazo no muy largo.

Ser evaluados por nuestro desempeño es un cambio al que no deberíamos renunciar ni seguir postergando. Es una obligación pero también es un derecho. Las presiones de quienes no quieren ser evaluados, o la desidia de quienes deben implementar la evaluación, no pueden convertirse en el abismo que nos separe de contar con servicios de calidad. Y es que cuando hablamos de servicios públicos, no solo hablamos de eficiencia, hablamos de derechos fundamentales en juego, como la vida de una persona en un hospital o el derecho a la identidad y a recibir servicios básicos por la falta de un DNI. Nuestros derechos tienen que estar en manos de servidores públicos idóneos, con vocación de servicio e integridad. No pueden estar en manos de cualquier persona. 

Por eso tenemos que defender la evaluación de desempeño y la meritocracia como una política de Estado. Así lo entiende, según las encuestas, la mayoría de ciudadanos que respaldan las evaluaciones y la meritocracia (por encima del 85%). Porque cuando nos evalúan, nos esmeramos por mostrar los mejores resultados. Tiene que ser así. El país lo necesita.