Por: Límberg Chero lchero@pucp.edu.pe
La ética en el sector público es un ámbito multifacético que implica navegar por dilemas morales complejos inherentes a la prestación de servicios públicos. Un elemento central de este marco es un enfoque estructurado para la toma de decisiones éticas, que se puede resumir en un proceso de cuatro pasos: (1) identificar la suposición predeterminada, (2) asignar la carga de la prueba, (3) participar en la exploración casuística y (4) aplicar conclusiones al caso actual. Este proceso ayuda a los funcionarios públicos a hacer juicios morales sólidos al aclarar las condiciones bajo las cuales es permisible desviarse de los supuestos éticos predeterminados.
Entorno legislativo e instrumentos de rendición de cuentas
El panorama ético del servicio público está fuertemente influenciado por los marcos legislativos y los instrumentos de rendición de cuentas diseñados para defender la integridad. Estos instrumentos deberían proporcionar la base para la conducta ética y el aliento a los servidores públicos para actuar en el interés público. Dada la naturaleza del país se debería apuntar a un marco modular, adaptable a la naturaleza, el tamaño y el propósito diversos de las organizaciones dentro del sector público. Esta flexibilidad permitiirá la combinación de enfoques basados en el cumplimiento y la integridad, lo que permite a las entidades adaptar sus prácticas éticas a circunstancias y riesgos específicos. Hoy en día tenemos en el país herramientas que apuntan en ese sentido, como el marco del Gobierno Abierto en el Perú, el Modelo de Integridad Pública del Perú y el Sistema de Control Interno para entidades del Sector Público del Perú, ahora, que estén plenamente coordinadas, es otro tema de gran discusión.
Palancas de influencia
Además del apoyo legislativo, los gerentes de las entidades públicas tienen varias palancas de influencia a su disposición para promover la conducta ética. Estas palancas incluyen mecanismos informales, como fomentar valores y fomentar el diálogo, en ese sentido pueden ayudar los códigos de conducta, así como instrumentos formales exigidos por la legislación, como el código de ética en la función pública. Lograr un equilibrio entre estos enfoques es crucial para crear un entorno propicio para el comportamiento ético. Este equilibrio requiere una comprensión del contexto único de cada departamento y el perfil de su personal.
A pesar de los marcos establecidos, persisten los desafíos para garantizar que todos los empleados del sector público se adhieran a los estándares éticos. Un número significativo de personal en organizaciones del sector público carece de una sólida formación en ética del servicio público, lo que puede socavar los objetivos generales de la gobernanza ética. Además, a medida que las entidades públicas experimentan una reestructuración continua, mantener un marco ético que se adapte a las circunstancias cambiantes es esencial para mantener el espíritu de servicio público. Por lo tanto, debería ser responsabilidad del rector evaluar constantemente la efectividad de las palancas que emplea para influir en la conducta ética en un entorno dinámico. Lo más cercano que tenemos al rector de estos temas hoy en día en el Perú es la Secretaría de Integridad Pública del Perú de la PCM.
El texto presenta una visión clara y estructurada sobre los desafíos y enfoques para fortalecer la ética en el sector público, destacando la importancia de contar con un proceso sistemático de toma de decisiones éticas y un entorno normativo que respalde la integridad. La mención de herramientas como el Gobierno Abierto, el Modelo de Integridad Pública y el Sistema de Control Interno muestra que existen avances normativos importantes en el Perú; sin embargo, también se evidencia una brecha significativa en la articulación y coordinación efectiva entre estos instrumentos. Además, se resalta acertadamente el papel de las palancas informales —como el liderazgo ético y los valores organizacionales— que, junto con los marcos legales, son fundamentales para consolidar una cultura de integridad. Un punto especialmente crítico es la necesidad de fortalecer las competencias éticas del personal público, lo cual requiere una inversión sostenida en formación y sensibilización. Finalmente, la referencia al rol rector de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer su capacidad de articulación y liderazgo en este tema transversal para la buena gobernanza del Estado.