PARO, A LA INSEGURIDAD

La economía se ve afectada por la seguridad, que puede ofrecer el Estado, es tan real que el ministro de economía señala que el PBI podría ser mayor si se resuelve este problema de seguridad. Se señala también que la inestabilidad Política afecta la economía, puede ser, pero la Política siempre es “inestable”, no solo en paises que no forman parte del primer mundo, incluso en esos paises del primer mundo tienen sus propias inestabilidades políticas, que surgen por la inmigración, drogadicción, multiculturalismo y xenofobia, por citar algunos ítems problemáticos. Entonces la economía, seguridad y cualquier otra actividad humana, requiere de la acción Política, en la economía promoviendo el mercado, pero enfrentando el mercantilismo, monopolios, la posición de dominio y cualquier otra actividad anti mercado, lo dice la constitución política del Estado, incluso aparte de la actividad jurisdiccional civil, comercial y penal que puedan ejercer a favor del mercado, tenemos un ente administrativo, INDECOPI, que resuelve cualquier afectación al mercado, clarito.

La seguridad del Estado, interna a cargo de la PNP, la exterior a cargo de las fuerzas armadas, responde a políticas públicas, establecidas en el orden constitucional, con un desarrollo jurídico-administrativo, su ejecución responde o tiene que ver con planes, es decir la experiencia trasladada a protocolos administrativos documentados. No es lo mismo, como en el caso de Israel, con un gran problema de seguridad externa con sus vecinos, donde su normalidad es prácticamente de una guerra sin fin, con un pais sudamericano, que no tiene dicha problemática; pero a diferencia de Israel, tenemos un gran problema de seguridad interna, nuestra normalidad delictiva, a pasado a ser una anormalidad delictiva, por la migración delictiva, también hubo una migración de personas de bien, claro esta; pero también hubo demasiado garantismo procesal penal, el garantismo en demasía o plus garantismo, el otro extremo de la desprotección de derechos, al menos habrá que repensar ello, pues toda coerción y sanción penal si afecta derechos legal y legítimamente, empezando por la libertad.

Puede no bastar aprobar el delito de terrorismo urbano, con cadena perpetua, para el sicariato, extorsión y cualquier grave afectación, con procesados y condenados recluidos en Challapalca, El Frontón o el Sepa, pues el congreso puede aprobar incluso reformas constitucionales, en plazos no tan extendidos, con legislaturas extraordinarias. Precisamente, se requiere a la PNP, ahora con atribuciones directas de investigación, antes de la vigencia del actual Código Procesal Penal, tuvo esas atribuciones de decidir administrativamente un atestado o parte, sobre delitos cometidos, bajo supervisión fiscal, que podía ordenar ampliar investigaciones, cuando estuvo vigente el Código de Procedimientos Penales, nadie dudo de la constitucionalidad de sus normas.

Se requiere de un Ministerio Público con más recursos humanos y materiales, el propio MP tiene propuestas de modernización, ha llegado el momento de decidir las medidas necesarios para tener un MP todavía más eficiente y eficaz. La experiencia del juzgamiento en flagrancia ha sido muy importante, relevante y trascendente, para condenas efectivas, valorando el aporte probatorio, más que la confesión y supuesto arrepentimiento, no es exagerado pensar, en reconvertir muchos de los juzgados penales en juzgados de sanción por flagrancia. Entonces las reformas legales, deben ir acompañadas de reformas políticas, el como se ejecutan la políticas públicas de seguridad interna, donde, ahora que la alarma y sensibilidad social es máxima, el Estado, es decir el orden jurídico, administración, territorio y población, pueden sumar esfuerzos y tareas al mismo objetivo.

La seguridad interna.