Certificado de Residencia como requisito para aplicar el Convenio para Evitar Doble Imposición (CDI)

Dra. Mery Bahamonde Quinteros

Publicado: 06/08/2020

El Perú ha suscrito Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal (CDI) con países, tales como: Canadá, México, Suiza, Corea del Sur, Portugal, Chile y Brasil, el objeto de dichos convenios es impedir o atenuar los supuestos de doble imposición internacional.

Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 090-2008-EF, estableció  que el sujeto no domiciliado en Perú y residente en el país con el que se ha suscrito el CDI debe acreditar esta condición con la presentación del Certificado de Residencia, a fin de gozar de los beneficios del CDI, esto es de una tasa reducida del Impuesto a la Renta según Convenio o la exoneración respecto de dicha renta.

Ahora bien,  el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta, antes de la derogación producida mediante el Decreto Legislativo N°1369, ( vigente a partir del 01/01/2019), establecía que, en el caso de la contabilización de gasto o costo de regalías, retribución por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otras de naturaleza similar, producto de operaciones con no domiciliados; se debía producir el pago del equivalente de la retencióndel Impuesto en el mes que se produzca el registro contable.

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal, mediante el Acuerdo N° 2020-10 (22/07/2020), publicado en su página web institucional, estableció como criterio de observancia obligatoria que:

“A fin de aplicar los beneficios contemplados en el CDI, no corresponde exigir que se cuente con el Certificado de Residencia al momento de contabilizar el gasto o costo y realizar el abono al fisco del “equivalente a la retención” 

El criterio jurisprudencial será aplicable a operaciones con sujetos no domiciliados hasta el 31/12/2018, pues a partir del ejercicio 2019 se elimina la obligación de pagar el importe equivalente de la retención con la fecha del registro contable del gasto (provisión). En ese sentido,  a partir del ejercicio 2019, el costo o gasto con sujetos no domiciliados se imputan en el ejercicio fiscal en el que se paguen; por consiguiente, el Certificado de Residencia será exigible cuando se pague la renta de fuente peruana en favor de los sujetos no domiciliados.

Normas tributarias pendientes de modificar ante la prolongación del Estado de Emergencia por COVID

Escrito por: Mery Bahamonde Quinteros

El Poder Ejecutivo plantea solicitar facultades para modificar las siguientes normas tributaria:

1. Postergación focalizada de aplicación del límite de intereses basado en el indicador Ebitda.
2. Perfeccionar el mecanismo de depreciación acelerada
3. Modificar el Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento Especial
4. Modificar el Régimen Especial de Recuperación Anticipada a fin de incorporar un tratamiento especial para el sector turismo.
5. Atenuar la carga tributaria del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN).

A continuación, desarrollamos el estado actual del tratamiento tributario sobre las materias abordadas por el Ejecutivo respecto de las cuales solicita facultad para legislar; asimismo, es pertinente aportar tópicos a considerar para un óptimo desarrollo legislativo.

1. Postergación focalizada de aplicación de límite de intereses basado en el indicador Ebitda.

Como se recuerda mediante el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1424 se modificó el inciso a) del artículo 37° de la LIR, el cual está referido al límite a la deducción de gastos por los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora.

Así pues, en el ejercicio 2020, son deducibles los intereses provenientes de endeudamientos que no excedan del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior; siendo que, los intereses que se obtengan por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles, con supuestos de excepción a dicho límite, tales como su no aplicación a los contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable no superen las 2500 UIT.

De otro lado, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1424 establece que las deudas constituidas o renovadas hasta el 13 de septiembre de 2018,  la fecha de publicación del  mencionado decreto, les será de aplicación hasta el 31.12.2020, el texto del inciso a) del artículo 37° antes de la modificación efectuada por dicho decreto.

Seguidamente la norma en comentario estableció que a partir del 1 de enero de 2021 el límite de deducción de intereses estará en función del 30% EBITDA tributario, esto es, la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización.

Ahora bien, dada la coyuntura suscitada por la declaratoria de emergencia nacional, declarada mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y normas modificatorias, los resultados del ejercicio 2020 de la mayor parte de las empresas serán pérdidas, el gasto por intereses no superaría el límite y, por tanto, no resultaría deducible.

Conforme se aprecia, el legislativo está contemplando la posibilidad que empresas de determinados sectores a efectos del 2021 puedan deducir los gastos por intereses sin considerar el límite del 30% del Ebitda tributario. No obstante, lo prudente sería que la modificación normativa disponga la inaplicación del límite del endeudamiento para préstamos que provengan de partes no vinculadas, pues de mantener lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1424, las empresas se verán perjudicadas por reparos por préstamos financieros recibidos para el necesario desarrollo de las actividades comerciales.

2. Perfeccionar el mecanismo de depreciación acelerada

El Decreto Legislativo N° 1488 estableció la aplicación de tasas de depreciación mayores a las que se encuentran actualmente vigentes abajo el régimen general del Impuesto a la Renta (IR).

El objetivo de la citada norma entre otros es que mediante la depreciación acelerada la inversión en edificios y construcciones es generar incentivos para que los contribuyentes inviertan condicionado a contar con supuesta mayor liquidez. Sin embargo, ante las circunstancias de emergencia nacional, es posible que lo contribuyentes determinen pérdida tributaria siendo que la depreciación especial constituye una obligación que perjudicará a los contribuyentes.

En ese sentido, es pertinente que la norma modificatoria permita, que los contribuyentes cuenten con la facultad de elegir adoptar las tasas originales o la depreciación acelerada. Según la norma actual la depreciación acelerada es obligatoria, lo cual implica que en el supuesto de que la empresa cuente con pérdidas la depreciación acelerada no generará liquidez alguna, sino pérdidas que caducarán.

De otro lado, es pertinente que la norma modificatoria amplíe el beneficio de la depreciación acelerada alcance a las construcciones iniciadas desde el ejercicio 2019 que se encuentren avanzadas al 80% antes del escenario COVID-19 en nuestro país, pues de no ocurrir ello, las empresas incrementaran su  pérdida tributaria sin tener certeza a una posible compensación.

3. Atenuar la carga tributaria del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN).

El artículo 8 de la Ley del ITAN, Ley N° 28424, dispone que se podrá utilizar como crédito contra el Impuesto a la Renta el monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del impuesto. Agrega el inciso a) del mencionado artículo que el impuesto podrá utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del régimen general del Impuesto a la Renta de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto, y siempre que se acredite el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta.

De este modo, debido a las nuevas fechas de vencimiento establecidas para los periodos de marzo, abril y mayo del ejercicio 2020 debido a la prórroga de vencimientos de obligaciones tributarias, el pago del ITAN no podrá ser aplicado contra los pagos a cuenta de aquellas empresas que debido al estado de emergencia suspendieron sus actividades. En dicho sentido, toda vez que las cuotas del ITAN no podrán ser aplicadas contra los pagos a cuenta, es pertinente que se disponga la suspensión del pago del ITAN 2020, para aquellas empresas que hubieran disminuido el ingreso en más del 30% según el comparativo del ejercicio anterior, o como alternativa se permita compensar el pago de dicho tributo contra el pago de otros tributos administrados por SUNAT.

4. Recuperación anticipada

El Decreto Legislativo N° Nº 1463 aplazó el régimen hasta el 31 de diciembre de 2023, permitiendo que hasta el 31 de diciembre de 2021 se acojan los contribuyentes del IGV cuyos ingresos netos anuales sean mayores a 300 UIT y hasta 2 300 UIT y se encuentren acogidos al Régimen General o al MYPE Tributario del IR, caso en el que este régimen será de aplicación a las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos efectuadas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por su parte, el sector turismo propone la exoneración hasta el ejercicio 2023 el 18% de IGV de los servicios turístico a efectos de que puedan recuperar; la cual ha sido acogida por Congreso, que propone declarar en situación de emergencia nacional el sector turismo por 18 meses, analizando conceder exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las operaciones que se realicen en el rubro durante ese plazo.

Es cuestionable la incorporación del sector turismo al régimen de recuperación anticipada del IGV, pues dicho sector está conformado por restaurantes (que no pueden atender a salón completo), hoteles cuyas actividades están suspendidas,  más de 30,000 agencias de viaje, empresas de guías turísticos, empresas de servicios que difícilmente, empresas prestadoras de servicios que debido a las restricciones sanitarias tendrán durante el ejercicio 2020 y parte del ejercicio 2020 estarán paralizados, por lo que no es imprescindible para su funcionamiento la adquisición de bienes de capital nuevos mediante importaciones o adquisiciones locales durante el ejercicio 2020 a 2021, por lo que carece de relevancia incorporar a dicho sector en el beneficio de recuperación de capital invertido, máxime cuando actualmente el acogimiento a dicho beneficio incorpora a los sujetos del Régimen Mype Tributario.

Es probable que se establezca como sujetos del beneficio a los contribuyentes del IGV cuyos ingresos netos anuales hasta 5000 UIT, lo cual sin duda alguna solo beneficiará a las empresas más grandes, que también se beneficiaron del REACTIVA PERÚ, o del FAE Turismo, por lo que se tratará de una medida complementaria a la propuesta por el Congreso.

5. Modificar el Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento Especial

El Decreto Legislativo N° 1487, aprobó un nuevo régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias (en adelante, RAF) como una medida para aliviar la carga tributaria en los contribuyentes, distinto e independiente al fraccionamiento previsto en virtud del artículo 36 del Código Tributario, reglamentado mediante la Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT.

El citado fraccionamiento ha previsto ventajas tales como una tasa de interés ínfima 0.40% de la TIM, el desistimiento automático de las deudas en caso de deudas impugnada, suspensión del procedimiento de cobranza coactiva a la sola presentación de dicha solicitud, no requiere realizar el pago de cuota de acogimiento al momento de realizar la presentación de la solicitud.

Sin embargo, el acogimiento a dicho fraccionamiento requiere que (i)  los contribuyentes hayan presentado las declaraciones mensuales correspondientes al IGV y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría de los periodos tributarios marzo y abril de 2020, cualquiera sea la deuda materia de la solicitud de acogimiento, inclusive si esta solo comprende la deuda tributaria de EsSalud y/o la deuda tributaria aduanera, (ii)  El contribuyente haya disminuido el monto que resulte de la suma de sus ingresos mensuales aplicable para contribuyentes que solo generen o perciban rentas distintas a la de tercera categoría del IR, (iii) El contribuyente no cuente con saldo mayor al 5 % de la UIT (S/ 215) en la cuenta de detracciones ni ingresos en recaudación pendientes por dicho importe hasta el día hábil anterior de la solicitud, (iv) El contribuyente debió haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita el acogimiento al RAF .

Asimismo, se establece como plazo límite de fraccionamiento 36 meses y permite acoger a fraccionamiento hasta diciembre de 2020, los pagos a cuenta de los periodos enero a marzo 2020, tampoco permite el acogimiento las deudas incluidas en un procedimiento concursal o de liquidación judicial o extrajudicial a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento.

Al respecto, es indispensable que el RAF sea modificado y permita que:

1. Permitir el fraccionamiento hasta diciembre de 2020 los pagos a cuenta correspondientes a los meses de enero a agosto de 2020.
2. Permitir el acogimiento a fraccionamiento deudas tributarias generadas durante el estado de emergencia aun cuando la empresa cuente con importes en las cuentas de detracciones.
3. Permitir el pago fraccionado hasta en un plazo de 48 meses.
4. Permitir el acogimiento del fraccionamiento del RAF como supuesto de regularización de deuda tributaria en atención de lo impuesto por el artículo 189° del Código Tributario.

6.Otros modificaciones tributarias pendientes

Es necesario que el ejecutivo antes de solicitar la facultad delegada verifique que hay otros tópicos que deben ser incorporados en las facultades delegadas, así se recomienda incorporar las siguientes modificaciones al Código Tributario.

1. Modificación del artículo 33° del Código Tributario, mediante el que se incorpore un párrafo que disponga a inaplicación de intereses moratorios a las deudas tributarias generadas durante el estado el estado de emergencia nacional o por desastres naturales.
2. Modificación del artículo 119° del Código Tributario que incorpore como causal de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, a la declaratoria de emergencia nacional y/o por desastres naturales.
3. Modificación del artículo 170° del Código Tributario que incorpore como causal de improcedencia de aplicación de sanciones para los contribuyentes la declaratoria de estado de emergencia nacional y/o por desastres naturales.

Esperamos que el Poder Ejecutivo tenga una visión más amplia que permita tener una normativa tributaria más clara que genere certeza tributaria para los contribuyentes, de modo que nuestro país recobre su sostenibilidad fiscal por la aplicación de impuestos justos y no por la imposición de sanciones o presunciones que estancan el desarrollo empresarial.

SUNAT no sancionará las infracciones tributarias incurridas desde el 16 de marzo al 30 de junio de 2020

Escrito por: Dra. Mery Bahamonde Quinteros

Fecha de elaboración: 01 de julio 2020

Mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos (RSNATI) Nº 011-2020-SUNAT/700000 se modificó lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos (RSNTI) Nº 008-2020-SUNAT/700000. Así pues, se dispone que la inaplicación de sanciones tributarias se aplica a las infracciones cometidas o detectadas, según corresponda, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020.

Asimismo, la norma en comentario dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios cuyo domicilio fiscal al 26 de junio de 2020 se encuentra ubicado en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en los que se aplica la medida de aislamiento social obligatorio (cuarentena) establecida por el Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, desde el 1 de julio de 2020 hasta que concluya la referida medida.

Lo particular de la RSNATI Nº 008-2020-SUNAT/700000 modificada por la RSNTI Nº 011-2020-SUNAT/700000  es que en ninguna de las normas se ha dispuesto requisitos de plazos de regularización y/o condiciones de pago de dicha infracción para que el acogimiento al beneficio de inaplicación de las sanciones sea procedente.

Analicemos algunas infracciones frecuentes:

Infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario (CT)

Se incurre en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del CT, cuando un contribuyente omitió considerar en sus declaraciones ingresos, remuneraciones, tributos retenidos o simplemente ha declarado datos o cifras falsos que influyan en la determinación de la obligación tributaria; la sanción por dicha infracción es equivalente al 50 % del tributo por pagar omitido o el 100 % del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares.

Ahora bien, se incurre en dicha infracción con la presentación de la declaración original en la que se produjo la omisión y/o declaración de cifras o datos falsos; la declaración jurada rectificatoria materializa la probanza que el contribuyente incurrió en la infracción.

El criterio antes señalado se ratifica en los criterios jurisprudenciales del Tribunal Fiscal contenidos en las Resoluciones de Observancia Obligatoria N°s 1961-1-98 y 12988-1-2009, y Resolución N° 1300-3-2019.

Estando a lo expuesto, respecto de la aplicación de la discrecionalidad de no sancionar la infracción en virtud de la RSNTI N° 008-2020/SUNAT ampliada mediante RSNTI 011-2020-SUNAT, si la declaración original en la que se determinó un menor tributo se presentó dentro del período de emergencia desde el 16 de marzo al 30 de junio 2020 la empresa habría incurrido en la infracción, pero no será sancionado.

Infracciones previstas en el numeral 4 del artículo 178 del CT y numeral 13 del artículo 177 del CT

La infracción prevista en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario indica que califica como infracción no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos, la misma que será sancionada con una multa equivalente al 50 % del tributo no pagado.

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal, en la RTF N° 01027-3-2012, establece que esta infracción se genera cuando el agente retenedor o perceptor, habiendo realizado la retención o percepción del tributo, omite pagarla dentro de los plazos establecidos para dicho fin. Asimismo, la infracción se configura en el momento en el cual el agente de retención o percepción no cumplió con pagar en el plazo establecido la retención realizada.

En el supuesto que algún contribuyente no hubiera efectuado el pago de las retenciones cuyo vencimiento se produjo dentro del período de la cuarentena, no será sancionado por la multa, sin embargo, deberá pagar el tributo retenido y no pagado con los intereses que se hubieran devengado a partir del día siguiente del vencimiento hasta la fecha del pago.

Lo mismo ocurre con la infracción prevista en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario, según la cual se incurre en dicha infracción cuando el contribuyente no efectúa las retenciones o percepciones establecidas por Ley, salvo que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago del tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos, la sanción es equivalente al 50 % del tributo no retenido o percibido, y la infracción se configurará al momento que el agente de retención o de percepción no efectúa dicha retención o percepción en las oportunidades señaladas por la Ley .

Por consiguiente, la omisión en retener producida durante la cuarentena por COVID no será sancionada.

Infracción del numeral 10 del artículo 175 del CT

Se incurre en la infracción prevista en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario por no registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Sunat, sancionada con el 0.6 % de los ingresos netos y no podrá ser menor al 10 % de la UIT ni mayor a 25 UIT.

Según el Informe N° 115-2019-SUNAT/7T0000 se incurre en la citada infracción, cuando el obligado a llevar sus libros y/o registros de manera electrónica no cumple con registrar o anotar en ellos, en parte o en su totalidad, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, al vencimiento de la fecha máxima de atraso establecida por la Sunat; incluso si con posterioridad a dicha fecha cumple con registrarlos o anotarlos”. Asimismo, el Informe N° 013-2020-SUNAT/7T0000 precisa que se habrá incurrido en esta infracción si como consecuencia del registro de operaciones fuera del plazo máximo de atraso la “constancia de recepción” del libro y/o registro electrónico se emita fuera de los plazos que establece la Sunat.

En atención a lo antes expuesto, la anotación de las operaciones económicas efectuadas en períodos económicos posteriores en los que se generó el hecho imponible pero todo ello ocurrido entre los meses de marzo a junio de 2020 (durante la cuarentena) no será sancionado por SUNAT aun cuando se hubiera incurrido en dicha infracción.

Prórroga del plazo para la presentación de declaraciones juradas tributarias durante la Emergencia Nacional por el Coronavirus

                                                                                     Escrito por: Dra. Mery Bahamonde Quinteros

A efecto de reprogramar el vencimiento de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 2019 y las declaraciones de tributos mensuales, como una de las medidas para brindar facilidades por efecto de la declaratoria de emergencia nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID – 19), la SUNAT publicó las Resoluciones de Superintendencia N° 054-2020/SUNAT, 055-2020/SUNAT, 061-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT.

De la revisión de las citadas normas se aprecia que la SUNAT ha reprogramado el vencimiento de la declaración jurada anual 2019, declaraciones juradas mensuales y otras declaraciones informativas, estableciendo un cronograma diferenciado para los contribuyentes en virtud de los ingresos netos percibidos durante el ejercicio 2019, como veremos en el desarrollo de la presente nota.

I. PRÓRROGA VENCIMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS PARA DEUDORES TRIBUTARIOS CON INGRESOS HASTA 2300 UIT:

Los ingresos netos a que se refiere el presente artículo se calculan considerando la UIT correspondiente al ejercicio 2019, esto es S/ 4200.

1.1 SUJETOS BENEFICIADOS

• Ingresos netos de tercera categoría de hasta 2 300 (dos mil trescientas) UIT,
• Rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría que sumadas no superen hasta 2 300 (dos mil trescientas) UIT.

1.2 DECLARACIONES PRORROGADAS

(i) Prórroga de la Declaración Jurada anual 2019

Según la Resolución de Superintendencia N° 054-2020/SUNAT estableció el siguiente cronograma de la Declaración jurada anual:

(ii)  Prórroga del vencimiento otras declaraciones mensuales período febrero 2020

Mediante Resolución de Superintendencia N° 065-2020/SUNAT se modificó amplió la prórroga establecida en la Resolución de Superintendencia N° 055-2020/SUNAT, estableciendo una nueva prórroga al vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales y tributos retenidos o percibidos correspondiente al período febrero de 2020, con excepción de la Planilla Mensual, conforme al siguiente detalle:

(iii) Prórroga vencimiento del PLAME correspondiente al período febrero 2020

Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos Retenciones de cuarta y quinta categoría, contribuciones a Essalud, ONP, AFP, Seguro de Vida y SCTR que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual Nº 0601 correspondientes al período febrero de 2020 se deben realizar conforme al siguiente al detalle siguiente:

(iv) Prórroga de envío declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica

Los deudores con ingresos hasta 2300 UIT podrán enviar hasta el 15 de mayo de 2020, a la SUNAT -directamente o a través del operador de servicios electrónicos, según corresponda, las declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica que vencían originalmente para dichos sujetos a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, a fin de que estas sean remitidas a quien corresponda.

(iv) Prórroga presentación de la DAOT

Los deudores con ingresos hasta 2300 UIT podrán presentar hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros regulada por el reglamento aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 024-2002-SUNAT y normas modificatorias que, según la normativa respectiva, tiene originalmente un plazo fijo de presentación comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020.

(v) ¿Qué ocurre con los vencimientos de las declaraciones de marzo y abril?

La Resolución de Superintendencia N° 065-2020 únicamente reprogramó el vencimiento de la declaración de febrero de 2020 para los contribuyentes con ingresos netos hasta 2300 UIT; en ese sentido las obligaciones de marzo y abril deberá presentarse según cronograma original establecido mediante Resolución de Superintendencia N° 269-2019/SUNAT.

II. PRÓRROGA VENCIMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS PARA DEUDORES TRIBUTARIOS CON INGRESOS NETOS HASTA 5 000 (CINCO MIL) UIT

Los ingresos netos a que se refiere el presente artículo se calculan considerando la UIT correspondiente al ejercicio 2019, esto es S/ 4200.

2.1 SUJETOS BENEFICIADOS

• Ingresos netos de tercera categoría de hasta 5 000 (cinco mil) UIT,
• Rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría que sumadas no superen hasta 5 000 (cinco mil) UIT

2.2 DECLARACIONES CON VENCIMIENTO PRORROGADO

(i) Declaración Jurada Anual del IR 2019

Mediante Resolución de Superintendencia N° 061-2020 se estableció el siguiente cronograma:

(ii)  Prórroga del vencimiento otras declaraciones mensuales período marzo y abril 2020

Mediante Resolución de Superintendencia N° 065-2020/SUNAT se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales y tributos retenidos o percibidos correspondientes a los períodos marzo y abril de 2020, con excepción de la Planilla Mensual, conforme al siguiente detalle:

La declaración jurada mensual correspondiente al mes de febrero de 2020 debió presentarse según el cronograma original previsto en la Resolución de Superintendencia N° 269-2019/SUNAT.

(iii) Declaración del PLAME

Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos Retenciones de cuarta y quinta categoría, contribuciones a Essalud, ONP, AFP, Seguro de Vida y SCTR que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual Nº 0601 correspondientes a los períodos marzo y abril de 2020 se deben realizar conforme al cronograma del anexo I de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/SUNAT, esto es según el cronograma anual regular.

(iii) Prórroga vencimiento ITAN para todos los contribuyentes hasta 5000 UIT de ingresos netos.

El artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 065-2020 establece que la prórroga incluye a los vencimientos para la declaración y pago al contado o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos.

Como se sabe el ITAN vence con el mismo cronograma de vencimiento del mes de marzo de cada ejercicio. En ese sentido, en caso el deudor tributario opte por pagar el ITAN en junio 2020 (cronograma con prórroga), para poder utilizarlo como crédito contra el pago a cuenta de marzo deberá haber declarado y pagado previamente el ITAN.

III. DEUDORES TRIBUTARIOS CON INGRESOS NETOS MAYORES A 5 000 (CINCO MIL) UIT

(i) Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2019

Los deudores tributarios con ingresos mayores a 5000 UIT deberán presentar la declaración jurada anual según el cronograma de vencimiento original establecido en la Resolución de Superintendencia N°      271-2019/SUNAT según el siguiente cronograma:

(ii) Declaraciones juradas mensuales

Las declaraciones juradas mensuales deberán presentarlas según el cronograma establecido en la Resolución de Superintendencia N° 269-2019/SUNAT. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2019/269-2019.pdf

 IV. INAPLICACIÓN DE SANCIONES

Cabe precisar que según lo dispuesto por la Resolución de Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos  N° 008-2020-SUNAT/700000 la SUNAT dispuso la aplicación de la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, recientemente prórrogado hasta el 12 de abril de 2020 mediante Decreto de Supremo N° 051-2020-PCM, por lo que la inaplicación de las sanciones será respecto de cualquier infracción tributaria cometidas o detectadas entre el 16 de marzo de 2020 y el 12 de abril de 2020.

V.EFECTOS DE LAS PRÓRROGAS A LOS VENCIMIENTOS

Las prórrogas a los vencimientos para la presentación de declaraciones tributarias tiene las siguientes implicancias:

1. El deudor tributario puede presentar las declaraciones con anterioridad a las fechas de vencimiento prorrogado, siendo que el pago del tributo determinado será exigible recién a la fecha del vencimiento prorrogado.
2. El deudor tributario puede presentar declaraciones sustitutorias antes del vencimiento prorrogado, sin que las omisiones en la determinación de los tributos genere infracciones tributarias.
3. Para los contribuyentes a quienes no les aplique las diversas prórrogas para la presentación de las declaraciones juradas mensuales y/o anual del Impuesto a la Renta, si bien no se le aplicará las sanciones por presentar fuera del plazo establecido, por tributo omitido si presentase una declaración rectificatoria, por no retener, deberán pagar los tributos determinados extemporáneamente computando el interés moratorio previsto en el artículo 33° del Código Tributario, desde el día siguiente al vencimiento hasta la fecha de pago.

Obligaciones y Beneficios para empleadores y trabajadores del Sector Privado durante al emergencia sanitaria nacional por Coronavirus

Dra. Mery Bahamonde Quinteros

Mediante los Decretos de Urgencia N° 026-2020, 029-2020 y 033-2020 el Estado dictó disposiciones laborales para empleadores del sector público y sector privado a nivel nacional durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional causado por el Coronavirus, dichas medidas son de aplicación hasta el 12 de abril de 2020.

En la presente nota detallamos:

• Las obligaciones de los empleadores durante el estado de emergencia nacional.
• Las obligaciones de los trabajadores durante el estado de emergencia nacional.
• Beneficios para los trabajadores
• Beneficios para los empleadores

Esperamos sea de utilidad.

1. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA DESDE EL 16 DE MARZO AL 12 ABRIL DE 2020:

Los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020 establece las siguientes obligaciones para los empleadores:

• Desarrollo de labores mediante el trabajo remoto, esto es, la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario
• Facultad de utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.
• Trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores de conformidad.
• No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador.
• Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello.
• El artículo 25 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 establece la facultad de los empleadores de durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, esto es, hasta el 09 de junio de 2020, puedan modificar y establecer de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, sin menoscabo del derecho al descanso semanal obligatorio.
• El artículo 26° del Decreto de Urgencia N° 029-2020 establece que durante la vigencia de la emergencia nacional, esto es hasta el hasta el 12 de abril de 2020 según el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, los empleadores deben adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados

1. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA DESDE EL 16 DE MARZO AL 12 ABRIL DE 2020:

• Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.

• Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el trabajador deberá compensar las horas pagadas durante el estado de emergencia calificadas por mandato legal como licencia con goce de haber.

• Requisitos para la compensación de horas:

1. En el caso del sector público: La compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio.
2. En el caso del sector privado: La compensación es por acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

Al respecto, se debe considerar que la compensación de horas será acordado por el empleador y el trabajador una vez que se levante el estado de emergencia, siendo recomendable que dicho acuerdo se materialice en documentos contractuales.

• BENFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DURANTE LA EMERGENCIA

El Decreto de Urgencia N° 033-2020 establece medidas compensatorias a favor de trabajadores y empleadores

• SOLICITAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA CTS

El artículo 9° de la norma en comentario establece que:

• Sujetos beneficiados:

Los  trabajadores que cumplan cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de cuatro horas

• Beneficio:

Disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), previsto en la Ley N° 30334, hasta por la suma de S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES).

• Forma cómo se realizará el desembolso:

Las entidades financieras deben desembolsar el monto correspondiente de la CTS del trabajador a la sola solicitud de éste.

Esta solicitud puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique.

• SUSPENSIÓN TEMPORAL Y EXCEPCIONAL DEL APORTE PREVISIONAL EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

El artículo 10° de la norma establece:

• Suspensión por el periodo de pago de la remuneración correspondiente al mes de abril 2020, (por el período marzo 2020 si se debe efectuar la retención de AFP) dicha suspensión comprende el pago de la obligación de retención y pago de los componentes del aporte obligatorio del 10% de la remuneración asegurable destinado a la Cuenta Individual de Capitalización y la comisión sobre el flujo descontada mensualmente a los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
• El no pago del aporte de abril 2020 no genera para los empleadores penalidades o multas.
• En la medida que la norma no menciona a la ONP, los trabajadores afiliados a la ONP el empleador deberá retener dicho aporte previsional.
• El periodo abril 2020 no es considerado para la evaluación de acceso a beneficios que requieran densidad de cotización en virtud de la AFP.

• SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA COLECTIVO

El artículo 11° del Decreto de Urgencia N° 033-2020 establece que los empleadores deben retener, declarar y pagar la prima del  Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Colectivo del SPP correspondiente al período abril 2020, de manera que la cobertura no se vea afectada.

El período abril de 2020 sí debe ser considerado para la evaluación de la cobertura del referido seguro, así como para el cálculo de la remuneración promedio.

1. BENEFICIO PARA LOS EMPLEADORES: SUBSIDIO PARA EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO

El artículo 14° del Decreto de Urgencia N° 033-2020 establece subsidio en favor de empleadores, bajo los siguientes términos:

4.1 Sujetos del Subsidio:

• Empleadores que hayan cumplido con la declaración del concepto del Seguro Social de Salud – EsSalud mediante la PLAME correspondiente al período enero de 2020.
• Empleadores que no se encuentren con baja de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y no estar en calidad de no habido.
• Empleadores que al 31 de diciembre de 2019 que no mantenga deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 5 UIT del 2020;
• Empleadores que no se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia. Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas se puede aprobar, de resultar necesario, criterios adicionales de exclusión.
• Empleadores que no hayan sido sentenciados al 27 de marzo de 2020, por casos de corrupción y delitos conexos.
• Empleadores que proporcionen su CCI hasta el 03 de abril de 2020 a la SUNAT.

4.2 En qué consiste el beneficio por subsidio:

• Subsidio por cada trabajador que genere rentas de quinta categoría, que registre en la declaración jurada del PDT 601–Planilla Electrónica (PLAME) correspondiente al período de enero de 2020, y presentada al 29 de febrero de 2020; y
• El periodo laboral de cada trabajador conforme al T-registro no indique fecha de fin o esta no sea anterior al 15 de marzo de 2020, de acuerdo a la información con que disponga la SUNAT.
• El subsidio por cada trabajador será hasta por una remuneración bruta mensual de S/ 1 500,00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES). Si el trabajador recibe una menor remuneración el subsidio se calculará según su remuneración, si la remuneración es mayor a S/1500 el empleador solo recibirá un subsidio considerando como remuneración máxima dicho importe.

4.3 Cálculo del Subsidio:

• Por cada empleador, el monto del subsidio no es superior al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores del empleador.
• Se suman las remuneraciones brutas mensuales de todos los trabajadores que igualmente cumplan con las condiciones mencioanadas. A dicha suma se le multiplica por 35%.

4.4 Procedimiento a seguir para que el empleador reciba el subsidio

• El pago del subsidio se efectúa con abono en cuenta, para lo cual el empleador debe informar de manera remota el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT en el plazo de siete (7) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 033-2020, esto es hasta el martes 07 de abril de 2020.
• Según la Resolución de Superintendencia N° 064-2020/SUNAT los empleadores deberán comunicar el CCI del empleador a la SUNAT a través de SUNAT Operaciones en Línea, ingresando a dicho sistema con su código de usuario y clave SOL y ubicando la siguiente opción en el rubro Empresas: Registro de CCI – Subsidio D.U. 033-2020.

4.5 Procedimiento quede debe realizar SUNAT para el pago del Subsidio

En un plazo no mayor a dos (02) días hábiles de culminado el procesamiento al que se refiere el numeral 15.1, y con los CCI que SUNAT haya recibido.

La SUNAT remite al Banco de la Nación un informe con los resultados del procesamiento de información y, de manera segura, una base de datos que debe contener como mínimo el RUC y el CCI del empleador, además del monto del subsidio que le corresponde.

¿Beneficio o Perjuicio para el deudor tributario?: Pago extemporáneo de la cuota de fraccionamiento y/o aplazamiento con vencimiento el 31 de marzo de 2020

Dra. Mery Bahamonde Quinteros

Fecha de Publicación:29/03/2020

En atención a lo dispuesto por el  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que dispuso un aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19;  con el propósito de establecer medidas que favorezcan la disponibilidad de recursos a los deudores tributarios, la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020/SUNAT, concedió entre otros, beneficios respecto al pago de las Cuotas de Aplazamiento y/o fraccionamiento cuyo vencimiento se produjo el 31 de marzo de 2020.

De la revisión del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020/SUNAT, se aprecia que la SUNAT permite el pago extemporáneo de las cuotas de Aplazamiento y/o fraccionamiento cuyo vencimiento se produjo el 31 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 siempre que dicha cuota se le incorpore el interés respectivo. Como se aprecia la medida en comentario no genera mayores recursos a los deudores tributarios, sino que los perjudica como veremos en la presente nota.

¿A qué deudores tributarios aplica el beneficio?

• A los deudores tributarios con aplazamientos y/o fraccionamientos o refinanciamientos de la deuda tributaria por tributos internos que cuenten Resolución de aprobación de fraccionamiento notificada hasta el 15 de marzo de 2020.
• No cuente con Resolución de Pérdida de fraccionamiento notificada hasta el 15 de marzo de 2020.

¿En qué consiste el beneficio?

El único beneficio establecido por la norma en comentario es el siguiente:

“El pago extemporáneo de la cuota con vencimiento el 31 de marzo de 2020 no computa como causal de pérdida de fraccionamiento y/o aplazamiento.”

Así pues establece lo siguiente:

• Cuando se adeude el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas el pago de la cuota de marzo 2020 más intereses moratorios sea cancelada hasta el 30 de abril de 2020, dicha cuota no forma parte como cuota impaga de dos (2) cuotas consecutivas para determinar la pérdida del fraccionamiento y/o aplazamiento.
• No se pierde el fraccionamiento cuando la última cuota de vencimiento el 31 de marzo de 2020 se pague incluidos los intereses moratorios que correspondan, hasta el 30 de abril de 2020.
• Solo de aplazamiento si el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido vence el 31 de marzo de 2020 se pierde el aplazamiento cuando no se cumpla con pagarlos hasta el 30 de abril de 2020 incluidos los intereses moratorios que correspondan.
• Se pierde el aplazamiento con fraccionamiento, cuando el deudor tributario no pague el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento. Si la fecha de vencimiento es el 31 de marzo de 2020, se pierden ambos cuando no se cumpla con pagar el referido interés hasta el 30 de abril de 2020.
• Se pierde el fraccionamiento cuando no se cancele la cuota de acogimiento en las fechas previstas para ello de acuerdo con la normativa correspondiente. Si la cuota de acogimiento debía pagarse el 31 de marzo de 2020, se pierde el fraccionamiento si la cuota de acogimiento no se paga hasta el 30 de abril de 2020 con el respectivo interés.

 ¿Se trata de un Beneficio o Perjuicio para el deudor tributario?

• La norma no exime el cómputo de intereses moratorios aplicables a la cuota que venció el 31 de marzo de 2020 por lo que no constituye un beneficio que favorezca a la disponibilidad de recursos de los deudores tributarios, sino que castiga la morosidad del deudor tributaria originada por el Estado de Emergencia Nacional.
• La cuota de marzo 2020 deberá cancelarse conjuntamente con la cuota abril 2020.
• Pese a la prórroga del Estado de Emergencia hasta el 13 de abril de 2020 la SUNAT no publicó Resolución de Superintendencia que modifique la Resolución de Superintendencia N° 058-2020/SUNAT.
• Si bien el artículo 37° inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta prevé que los intereses generados por los fraccionamientos concedidos al amparo del Código Tributario son gastos deducibles en la determinación del Impuesto a la Renta; es necesario recordar que los intereses moratorios generados en aplicación del artículo 33° del Código Tributario por no pagar dentro del plazo establecido no son gastos deducibles según lo estabece el inciso c) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta.

Estando a lo expuesto, el pago extemporáneo de la cuota de aplazamiento y/o fraccionamiento con vencimiento el 31 de marzo de 2020, generará el pago de intereses moratorios los cuales no serán gasto deducible en la determinación del Impuesto a la Renta. En conclusión se trata de un beneficio a medias.Pago extemporáneo cuota de fraccionamiento 03-2020 EE

Medios probatorios que acreditan los gastos por alimentación de trabajadores

Dra. Mery Bahamonde Quinteros

Como sabemos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta y por su parte el artículo 6° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, disponen que las sumas que entreguen al trabajador en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, cena o refrigerio que lo sustituya constituye remuneración en especie.

Sin embargo, los artículos 19° y 20° del TUO del Decreto Legislativo N° 650,  Ley de Compensación de Tiempo de Servicio, establece que no se consideran remuneraciones computables, el costo o valor de las condiciones de trabajo cuando éstas sean indispensables para la prestación de servicios o cuando se derive de mandato legal.

Ahora bien, ¿qué se entiende por condición de trabajo? “Condición de Trabajo” está referida a los bienes o pagos indispensables para viabilizar el desarrollo de la actividad laboral, montos que se entregan para el desempeño cabal de la función de los trabajadores, siempre que cumplan razonablemente tal objeto de trabajo y no constituyan un beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. En línea con lo antes expuesto, por ejemplo la alimentación brindada a los trabajadores que brinden servicios de vigilancia, guardianía, call center y otros trabajos de atención permanente, constituye condición de trabajo.

Por otro lado, la Ley N° 28051, Ley de Prestaciones Alimentarias en beneficio de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece el beneficio de prestaciones alimentarias con fines promocionales en favor de los trabajadores con el fin de mejorar sus ingresos, mediante la adquisición de bienes de consumo alimentario suministrados por su empleador con la participación de terceros en condiciones adecuadas, las cuales pueden acordarse mediante Convenio Colectivo o Contrato Individual.

Al respecto, la referida ley, prevé como modalidades de prestación:

1. Suministro Directo.- Alimentación provisto por el empleador valiédose de servicios de comedor o concesionario que opera en el centro de trabajo.
2. Suministro Indirecto.– Alimentación provista a través de:

• Empresas administradoras que tienen convenios con el empleador, mediante la entrega de vales, cupones, o adquisición de alimentación a establecimientos afiliados.
• Empresas Proveedoras de alimentos debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El artículo 3° de la citada Ley, establece que dicho concepto se encuentra afecto motivo por el cual no es computable para el computo de derechos y/o beneficios de naturaleza laboral, sea de origen legal o convencional, ni para los aportes y contribuciones de Seguridad Social, ni para los tributos que constituyen ingresos del Tesoro Público.

Ahora bien, habida cuenta del marco legal expuesto, es necesario indicar que resprecto del  gasto por alimentación, en recientes procedimientos de fiscalización la SUNAT exige la acreditación de el gasto sea destinado a sus trabajadores, para lo cual exige, entre otros, acreditar que el gasto por servicio de alimentación estuvo destinado a sus trabajadores, para lo cual requiere la presentación de documentos de control diario donde conste la asistencia de cada trabajador a consumir alimentos; asimismo, requiere un informe diario donde conste la asistencia de cada trabajador a consumir alimentos, complementado con un informe de la persona encargada de la supervisión de entrega de documentos, así como reportes con la firma de cada beneficiario de la alimentación entregada.

Sobre el particular, es necesario tener en consideración que el artículo 125° del Código Tributario, establece un medio probatorio libre, en ese sentido la Resolución N° 00656-8-2019, el Tribunal Fiscal señaló que  es imprescindible la revisión del conjunto de la documentación presentada, los cuales de manera razonable y suficiente permitan sustentar que el gasto estuvo destinado al personal de la contribuyente.

Estando a lo expuesto, los contribuyentes pueden presentar documentación adicional tales como: Memorandums mediate las cuales se hubieran aprobado los costos de los alimentos, correso de trabajadores en los que se quejan sobre la atención del comedor.

Finalmente, en la citada resolución N° 00656-8-2019 el Tribunal Fiscal reconoce como deducible los gastos por alimentación brindada a trabajadores dependientes de empresas que en virtud de un Contrato de Locación de Obra realizan labores para la contribuyente, siempre que dicha prestación sea una obligación contractual asumida por las partes.

Lima, 14 de febrero de 2020

Tasa Adicional del Impuesto a la Renta y  el Ajuste a valor de mercado

Dra. Mery Bahamonde Quinteros

Fecha de elaboración: 24/01/2020

Como recordamos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55° y el inciso g) del artículo 24-A de la Ley del Impuesto a a la Renta, las personas jurídicas se encuentran sujetas a la Tasa Adicional del 5% sobre sumas que constituyen gastos que significan disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario.

Por su parte, el artículo 13-B del Reglamento de la citada ley, establece que se entiende como  gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, participacionaistas, titulares y en general a los socios o asociados de personas jurídicas, los gastos particulares ajenos al negocio, los gastos de cargo de los accionistas, participacionistas, titulares y en general socios o asociados que son asumidos por la persona jurídica.

De las normas antes citadas se denota que la Tasa Adicional del IR es aplicable únicamente respecto de aquellos desembolsos cuyo destino no pueda ser acreditado fehacientemente, pues se entenderá que es una disposición indirecta de renta que no es susceptible de posterior control tributario, siendo que dichas sumas son susceptibles de beneficiar a accionistas que no se les hubiera retenido el 5% sobre los denominados “dividendos presuntos”.

Ahora bien, en recientes procedimientos de fiscalización la SUNAT adicionalmente al reparo por Impuesto a la Renta, ha emitido resoluciones de determinación por la Tasa Adicional en aquellos supuestos en los que realizó reparos por ajuste por subvaluación o sobrevaluación de ventas en aplicación del valor de mercado.

Sobre el particular, es necesario mencionar que el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 08000-3-2017 señaló que no corrresponde considerar como dividendo presunto al ajuste por subvaluación de ventas por aplicación de las reglas de valor de mercado, por cuanto no se puede afirmar que dicho ajuste significa una significa una disposición indirecta.

En ese mismo sentido, recientemente el citado órgano colegiado en la Resolución N° 06144-9-2019, señaló que el ajuste por sobrevaluación realizado por la SUNAT en aplicación de las normas de valor de mercado no sustenta que la contribuyente hubiera incurrido en una supuesta disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario de acuerdo a lo previsto por el inciso g) del artículo 24-A de la Ley del Impuesto a la Renta y norma reglamentaria.

Estando a lo expuesto, no todos los gastos reparables para efectos del Impuesto a la Renta deben ser cuantificados para aplicar la tasa del 5%, toda vez que la referida Tasa Adicional solo es aplicable respecto de desembolsos cuyo destino no pueda ser acreditado fehacientemente, menos aún importes provenientes de ajustes en aplicación de las reglas de valor de mercado.

Vehículos destinados a dirección, representación y administración:

 A partir del 2020 no son deducibles los gastos vinculados a vehículos cuyo costo de adquisición supera 26 UIT

 Dra. Mery Bahamonde Quinteros[i]

 Fecha de elaboración y publicación: 20/06/2019

 Como se recordará, a partir del 01 de enero de 2013 entró en vigor el Decreto Supremo N° 258-2012-EF, el cual estableció que para efectos del impuesto a la renta no son deducibles los gastos de mantenimiento, funcionamiento, depreciación vinculados a vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa, cuyo costo de adquisición sea mayor a 30 UIT (valor de UIT del ejercicio en que se adquirió el vehículo o ingresó al patrimonio) .

En aplicación de la citada norma, SUNAT en el Informe N° 059-2018-SUNAT y el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 09191-5-2017 precisaron que a partir del ejercicio 2013 cada contribuyente debe verificar que el costo de adquisición del vehículo cuyos gastos de funcionamiento y mantenimiento destinados a administración, dirección y representación no supere las 30 UIT, aun cuando el vehículo hubiera sido adquirido en el ejercicio 2012 (período en que no se encontraba vigente dicho límite).

Recientemente, el 15 de junio de 2019, mediante Decreto Supremo N° 181-2019-EF, el legislador modificó el límite referido al costo de adquisición de los vehículos destinados administración, dirección y representación reduciéndolo a 26 UIT. Cabe señalar que según la Primera y la Segunda Disposición Complementaria Final la norma entra en vigencia el 1 de enero de 2020 siendo aplicable para vehículos adquiridos a partir del 16 de junio de 2019.

Conforme se aprecia, el Decreto Supremo N° 181-2019-EF establece un criterio distinto al establecido por SUNAT y el Tribunal Fiscal detallado en el segundo párrafo de la presente nota. En ese sentido, a partir del ejercicio 2020 debemos verificar la fecha de adquisición del vehículo, de tratarse de vehículos adquiridos a partir del 16 de junio de 2019 corresponderá reparar los gastos de mantenimiento y/o funcionamiento, depreciación, arrendamiento y otros vinculados a vehículos cuando el costo de adquisición o incorporación supere 26 UIT.

Es necesario recordar que, el inciso w) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta en concordancia con el inciso r) del artículo 21° del Reglamento, para la deducción de gastos vinculados a vehículos asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa, requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Los vehículos sean estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o empresa.
2. Número máximo de vehículos aceptados tributariamente según nivel de ingresos anuales del contribuyente.
3. El costo de adquisición o ingreso al patrimonio no exceda de 30 UIT desde el ejercicio 2013 al 2019 y 26 UIT a partir del ejercicio 2020.
4. Realizar la “identificación del vehículo(s)” cuya deducción es permitida según límite cuantitativo en la declaración jurada anual del primer ejercicio a los vehículos cuyos gastos de mantenimiento se pretende deducir.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que las actividades que desarrollan los vendedores, así como las de transporte de personal de la contribuyente no constituyen actividades de dirección, representación y administración de la empresa, por lo tanto, los requisitos antes analizados no les resulta de aplicación, criterio recogido en el Informe N° 097-2013-SUNAT/4B000.

[1] En aplicación de lo previsto en la Norma X del Título Preliminar del Código Tributario, según el cual las leyes referidas a periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario a su publicación

[i] Abogada por la Pontificia Universidad Católica, Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, Gerente de Impuestos de B&B Abogados y Contadores. Ex asesora del Tribunal Fiscal y SUNAT. Para consultas sírvase escribir a la siguiente dirección electrónica: consultora@merybahamonde.com WhatsApp: 984387333

SUNAT aplica múltiples multas por cada omisión de exhibir libros y/o documentación en fiscalización

                                                                                                            Dra. Mery Bahamonde Quinteros[i]

Fecha de elaboración y publicación: 14/06/2019

En virtud de lo previsto en el artículo 62° del Código Tributario (CT), la SUNAT se encuentra facultada a requerir documentación contable, legal y societaria a los contribuyentes, dicho requerimiento puede realizarlo dentro de un procedimiento de fiscalización o como parte de sus acciones de fiscalización e inducciones al cumplimiento de obligaciones tributarias.

Por su parte, el contribuyente fiscalizado deberá proporcionar la documentación requerida por SUNAT, de no hacerlo el contribuyente es pasible a cometer diversas infracciones, siendo las más frecuentes las previstas en el numeral 1 y 5 del artículo 177 del Código Tributario.

Sobre el particular, la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 177 del CT está referida a la no exhibición de documentos con los que debería contar los contribuyentes de forma previa al requerimiento de la Administración, tales como libros, registros, etc. La sanción para dicha infracción es de 0.6% de los IN (ingresos netos) del ejercicio anterior al que se comete la infracción. Así pues, es común que SUNAT aplique dicha infracción cuando dentro del procedimiento de fiscalización o ante una esquela de citación el contribuyente no exhibe:

• Guías de remisión y notas de débito y/o crédito.
• Documento emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones donde se comunica la autorización de visa de ciudaddes extranjeros con calidad migratoria.
• Libro de Matrícula de acciones, Libro de Actas.
• Libro de Caja y Bancos, Diario, Mayor y Registro de Compras, Registro de Inventarios Permanente en Unidades Físicas y otros libros que el contribuyente fiscalizado se encuentre obligado a llevar.

De otro lado, la infracción tipificada por el numeral 5 del artículo 177 del CT, se encuentra relacionada con no proporcionar información y documentación que la Administración le pudiera solicitar, estando referida a casos tales como proporcionar informe que detalle:

• Lista de proveedores, análisis detallado del costo de ventas, no proporcionar información requerida respecto a sus operaciones comerciales productivas y/o servicios que desarrollaba.
• No presentar el análisis mensual de la determinación del IGV.
• No presentar el detalle de los préstamos recibidos o entregados , cronograma de pagos, entre otros.

Conforme se aprecia esta última infracción es aplicable únicamente por no presentar información que los contribuyentes se encuentran obligados a preparar ante una solicitd de la Administración. La sanción a dicha infracción es 0.3 IN del ejercicio anterior al que se detecta dicha infracción, no pudidendo ser menor al  10% de la UIT ni mayor a 12 UIT.

Ambas infracciones cuentan con un régimen de gradualidad o rebaja de sanción condicionada a la presentación de documentación y/o libros dentro del plazo otorgado por SUNAT y pago de la sanción.

Es necesario alertar, que según la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10070-2-2017[1], la SUNAT se encuentra facultada a emitir varias resoluciones de multa por el mismo tipo infractor por cada omisión incurrida por el contribuyente. Así pues, la SUNAT puede emitir tantas Resoluciones de Multa por la infracción del numeral 1 del artículo 177 del CT como omisiones a presentar libros y/o documentación no fue presentada por el contribuyente en cada requerimiento, similar circunstancia ocurre en la infracción prevista por el numeral  5 del artículo 177 del CT.

La citada resolución indica que si bien las Resoluciones de  Multa impugnadas se emitieron por un mismo tipo infractor, ambas se encuentran referidas a omisiones distintas, esto es en el primer caso: se sancionó por no haber exhibido las guías de remisión y notas de débito y/o crédito; asimismo, no exhibió Libro de Caja y Bancos, Diario, Mayor y Registro de Compras  ambas infracciones por  el numeral 1 del artículo 177° del CT se configuraron en fechas distintas fecha de cada resultado de requerimiento.

Agrega que pueden aplicarse varias multas por el mismo tipo infractor si es que se tratan de omisiones distintas dentro del mismo procedimiento de fiscalización, en el caso se puede aplicar varias infracciones del numeral 5 del artículo 177° del CT, en el caso se emitieron dos resoluciones de multa, la primera por no presentar el análisis mensual de la determinación del IGV y la segunda por no presentar el detalle de los préstamos recibidos o entregados , cronograma de pagos, entre otros.

Estando a lo expuesto es recomendable solicitar prórroga del plazo para cumplir con el requerimiento, de no ser concedido dicho plazo es pertinente subsanar dentro del plazo otorgado por la SUNAT. Finalmente, también considerar que la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 039-2016/SUNAT, ha previsto la inaplicación de la sanción para las infracciones en análisis siempre que:

1. a) Sea la primera vez que el sujeto fiscalizado cometa la infracción, dentro de la acción de fiscalización, y el hecho se detecte en la misma y,
2. b) Se subsane la infracción al vencimiento del plazo otorgado por la Administración.

[1] file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2017_2_10070.pdf

[i] [i] Abogada por la Pontificia Universidad Católica, Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima,  Gerente de Impuestos de B&B Abogados y Contadores. Para consultas sírvase escribir a la siguiente dirección electrónica:  consultora@merybahamonde.com WhatsApp: 984387333