Flexibilidad o rigidez en los sistemas transversales del Estado

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En mi concepto, para el diseño, rediseño, ejecución y control de los distintos sistemas transversales es necesario asegurar el cumplimiento de la normativa legal base que constituye uno de los marcos básicos de mayor importancia para garantizar el legal y legítimo desarrollo de los proceso y procedimientos propios de los sistemas en la gestión pública.

No se trata de estar en un extremo u otro de posiciones, se trata de poner en práctica esos procesos, procedimientos y actividades que sean capaces de generar valor público y satisfacer las necesidades y requerimientos de la población sin transgredir el orden legal establecido para los mismos.

La flexibilidad es muy necesaria sobre todo en circunstancias de crisis como la que estamos atravesando, pero es un despropósito de mucho riesgo que en nombre de la mencionada flexibilidad se pueda desconocer o transgredir la ley y las normas propias de cada sistema transversal. Entonces, lo que si sería recomendable es que desde los altos estamentos de la gestión pública del país, se propongan marcos normativos ad hoc o de excepción que, garantizando el cumplimiento de principios básicos de orden y legalidad, promuevan de otra parte el dinamismo en la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades, estableciendo claramente las responsabilidades de cada miembro que intervendrá por parte de la administración pública en ellos y más aún si se trata de sistemas directamente relacionados con la provisión directa de bienes y servicios al público usuario, donde muchas veces el riesgo de transgredir la ley y las normas es mayor, considerando el entorno socio cultural de la mayoría de sociedades latinoamericanas, donde existe el hábito de “motivar económicamente” a servidores públicos para obtener un producto o servicio más rápido o a la medida de su interés.

En resumen, la gestión pública debe ser adaptativa y responsiva, desarrollando procesos, procedimientos y actividades eficaces y eficientes en todos sus sistemas transversales, de cara al mayor beneficio de la sociedad, ello implica construir y gestar instituciones pública más dinámicas y proactivas pero teniendo como punto de partida y de manera permanente la observancia de marcos normativos que deben de ser adaptados, mejorados, contextualizados a fin de permitir lograr los resultados e impactos necesarios, acordes y suficientes para satisfacer realmente las necesidades y requerimientos de los ciudadanos en medio de coyunturas tan graves como las que asume actualmente nuestra sociedad

Consideraciones para una gestión pública responsiva

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Un lugar común en nuestros días es reconocer la gran importancia que tiene hoy el cambio tecnológico. El ritmo creciente de ese cambio, el enorme volumen de recursos públicos que consume y los evidentes riesgos e impactos asociados a la tecnología, han hecho que ésta ocupe hoy un lugar destacado en las agendas políticas, los medios de comunicación y la opinión pública. En efecto, las últimas décadas han sido testigo de una creciente sensibilización social sobre los problemas relacionados con políticas de innovación tecnológica e intervención ambiental, incluyendo por supuesto tecnologías sociales y organizativas como el sistema de salud o la planificación urbana. No es por tanto una sorpresa que la participación pública en estas políticas constituya hoy día un importante reto para las sociedades democráticas.  Sin embargo, de lo anterior no se deriva necesariamente la existencia de una crisis de representación. Para que exista una crisis que ponga en peligro la gobernabilidad a largo plazo y, en definitiva, la sobrevivencia misma de la democracia, sería necesario que la ciudadanía llegara al convencimiento de que no importa quien gobierne porque los que lo hagan no representarán sus valores, aspiraciones e intereses, o serán incapaces de satisfacerlos. En este sentido, la legitimidad de los órganos de representación depende de su eficacia para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas. Mientras se piense que un cambio de gobierno, de acuerdo a las reglas democráticas, podrá dar mejor respuesta a esas inquietudes, podrá haber crisis de gobierno, pero ella no será de la democracia.

A pesar de que los aumentos en la participación ciudadana organizada son considerados un componente importante de la consolidación democrática, la evolución reciente en América Latina no ha sido favorable a su fortalecimiento. Factores estructurales, cambios en el rol del Estado y la emergencia de una nueva cultura más centrada en el individuo, se combinan para debilitar a los actores sociales y la participación social. La aparición de los movimientos sociales después de la segunda guerra mundial dio fuerza a la participación social, que ha desplegado múltiples formas por medio de asociaciones ligadas al sindicalismo, al feminismo, a la ecología, a los consumidores, y que, en el campo educativo, ha puesto en primer plano la necesidad de las asociaciones de profesores, padres y alumnos. La fuerza de la participación social estriba en su capacidad para reforzar la democracia en campos no estrictamente políticos, pero sí públicos -lo público no se reduce a lo estatal ni a lo social, sino que abarca a ambos-, pudiendo contribuir en alto grado a la gobernabilidad de los sistemas educativos. La participación social es el medio que puede llenar la brecha siempre existente entre la clase política, las elites directoras y la ciudadanía: los ciudadanos no sólo deben ser convocados a las urnas cada cierto tiempo, sino que también deben ser invitados a participar en los asuntos que les afectan directamente. Tal es el caso de la educación. Es necesario diseñar o fortalecer modalidades que permitan la participación de la comunidad en la gestión y el desarrollo o implementación de proyectos institucionales.