La trampa del voto electrónico
A inicios del 2009 tuve un fugaz pero interesante paso como asesor de la Presidencia del JNE, a poco de ser nombrado en este cargo el Dr. Hugo Sivina. Uno de los primeros encargos que tuve fue revisar el reglamento para la implementación del voto electrónico elaborado por la ONPE, cuya aprobación era desde entonces insistentemente solicitada por la Dra. Magdalena Chú.
A este nivel pude enterarme que el interés de la ONPE por introducir el voto electrónico iba más allá de mejorar el proceso electoral; en realidad, había también fuertes intereses en juego de parte de aquellas empresas que se iban a encargar de suministrar los equipos y el software para este sistema de votación, que como es evidente no es nada barato. Esto llevó a algunos intentos por convencer al entorno de Sivina de las bondades de su propuesta, pero la mayor parte de los que estábamos en ese equipo teníamos claro que la introducción de un sistema de voto electrónico tenía una serie de desventajas frente al actual sistema manual de votación.
Entre estas desventajas -que considero se mantienen hasta hoy- se encuentran no solo su alto costo o la falta de condiciones físicas adecuadas a este sistema en parte del país –considerando que en muchas zonas debía adquirirse y trasladarse un grupo electrógeno especial para que funcione la máquina de votación-, sino y sobre todo las dificultades que implica pasar de un sistema que goza de la confianza de la población y sobre el cual los electores ya tienen una experiencia cultural acumulada -de manera tal que es difícil, en la actualidad, cometer alguna forma de fraude que no pueda ser detectado- a un sistema desconocido, poco transparente y que en otros países –como Venezuela- ya había permitido cierto grado de manipulación de votos.
En verdad, lo que más pesaba para mí era no encontrar una ventaja clara del sistema electrónico sobre el sistema manual; más bien, muchas de las ventajas que se señalaban respecto del primero eran justamente su similitud con el segundo: que igual se le daba al votante un certificado de voto, que igual se emitía un acta que era certificada por los miembros de mesa, etc. Incluso problemas que se resaltan hoy del sistema manual –como la inexperiencia de los miembros de mesa- también se mantendrían con el sistema electrónico. En otras palabras, salvo la diferencia entre apretar un botón y marcar una X en un papel, no veía que el sistema ni el procedimiento de voto electrónico propuesto por la ONPE significara mayores cambios, por lo que a mi entender era claro que se quería imponer un nuevo sistema por el solo motivo de satisfacer intereses comerciales, sin lograr ningún beneficio o mejora evidente de nuestro sistema electoral.
En este punto, y luego de revisar la experiencia internacional al respecto –sobre todo la de Brasil- el único escenario en el que veíamos posible apoyar la introducción del sistema electrónico era que se produjera una crisis de confianza del actual procedimiento electoral; esto es, que se dieran algunas condiciones que mostraran que el sistema manual era inefectivo para asegurar el respeto del voto y de la voluntad popular en general, siendo necesario por ello optar por otro sistema que diera las garantías del caso. Cabe apuntar que, en ese entonces, ese tipo de escenario nos parecía muy lejano, dado que el sistema manual no solo era conocido y manejado por el grueso de electores, sino que también gozaba de la confianza y legitimidad suficientes en la sociedad peruana, gracias al adecuado manejo que se tuvo de los procesos electorales del 2001 y 2006 por parte de la propia ONPE.
Toda esta remembranza se hace necesaria, creo, para comprender mejor el punto de vista que quiero sustentar aquí; esto es, que la ONPE está creando artificialmente una situación de crisis de confianza en el actual sistema manual de votación con el objetivo principal de poder imponer de una vez por todas su sistema electrónico de votación. ¿Es esta una hipótesis jalada de los pelos? Veamos:
1. En primer lugar, se sabe ahora que la demora en el conteo de votos –y por tanto, en la determinación de quién ganó las elecciones en Lima Metropolitana- es responsabilidad principal de la ONPE, no solo por su lentitud en dicho conteo, sino porque la mayor parte de actas observadas no proviene de impugnaciones en mesa sino de observaciones hechas por la misma ONPE.
2. En segundo lugar, hoy la Dirección de Gobernabilidad del JNE ha señalado enfáticamente que los cambios en los reglamentos que dieron lugar a estas observaciones fueron solicitadas por la propia ONPE, mediante oficio que remitió al JNE el 13 de septiembre del 2010, supuestamente para facilitar la labor de las Oficinas Descentralizadas (ODPE), negando además que estas modificaciones se hayan hecho a espaldas de los otros organismos del sistema electoral.
3. En tercer lugar, apenas se empezaron a hacer públicas las críticas a la ONPE, la Dra. Magdalena Chú ha salido a la palestra no para responder a los cuestionamientos planteados, sino simple y llanamente para decir que lo mejor que puede hacer el país es pasar del sistema manual al sistema electrónico, solicitando al Congreso que lo ponga en agenda. Ello no solo ha permitido desviar la mirada de la responsabilidad institucional que tiene la ONPE en todo esto, sino que le ha dado la oportunidad a la Dra. Chú para lograr respaldo hacia esta propuesta por parte de diversos sectores, algo que ya había perdido en los últimos meses. Los que defienden esta propuesta parecen olvidar, sin embargo, que este sistema electrónico sería administrado por la misma ONPE, por lo que además de no cuestionarla le estaríamos dando un regalo que está esperando desde hace mucho tiempo.
Esta idea no implica, en todo caso, que detrás de estas demoras y de las diferencias numéricas respecto de las actas observadas no puedan existir también intereses de manipulación de votos a favor de alguna candidata, lo que deberá ser debidamente evaluado; sin embargo, creo que al lado de ello hay también intereses particulares que viene imponiendo la ONPE y que tratan de pasar de refilón en medio de la disputa electoral. Porque si lo vemos con detenimiento, achacarle al sistema manual de votación la culpa de lo que viene ocurriendo (como si éste pudiera organizarse y gestionarse por sí solo) es una barrabasada que no tiene ni pies ni cabeza. La responsabilidad sobre las deficiencias del sistema recaen y deben recaer sobre los organismos encargados de gestionarlo, como la ONPE. Por tanto, ésta no puede aprovechar esta coyuntura creada por su propia irresponsabilidad e ineficiencia para además tratar de obtener una ventaja particular que solo favorece a este organismo.
Por el contrario, una respuesta responsable pasa, más bien, por analizar en detalle el actual proceso electoral e identificar sus nudos problemáticos para hacer más ágil, transparente y eficiente el sistema manual, superando aquellas taras burocráticas que aún mantiene y que pueden ser fácilmente eliminadas –como la multiplicidad de firmas que debe tener cada acta-, antes que optar por un sistema que no implica una mejora cualitativa en la manera en que votamos los peruanos en la actualidad. A mi entender, ello requiere entre otras cosas lograr que este proceso sea aún más participativo, permitiendo –por ejemplo- que el conteo de los votos pueda hacerse de manera más pública (incluso aprovechando la tecnología a través de cámaras de video), a fin de evitar cualquier suspicacia de arreglo entre los miembros de mesa y los personeros. Lo que no debe permitirse, en todo caso, es crear una falsa desconfianza hacia este sistema, porque ello genera un daño en el sistema político que puede traer graves consecuencias, como ya viene ocurriendo en algunas zonas del país.