El reto del desarrollo sostenible
Humala acaba de ser elegido y ya comenzaron las presiones para que defina a su gabinete. La puntería está puesta sobre todo en las que se consideran las dos carteras clave: Economía y PCM. Sin embargo, creo que existe un cargo tan trascendental como los anteriores, debido a que su manejo debería definir en realidad el perfil del nuevo gobierno, como es el Ministerio del Medio Ambiente.
Hasta ahora, el papel jugado por este ministerio ha sido el que le marcó el gobierno aprista desde su creación: el de ser una cartera de maquillaje, dirigida a encubrir/disfrazar el neoliberalismo casi salvaje que fue aplicado por el gobierno actual. Y si bien el ministro Brack Egg trató en muchos momentos de desmarcarse de este perfil –logrando algunos puntos a su favor- lo cierto es que solo pudo hacerlo de manera limitada, sin llegar a cumplir lo que debió haber sido el objetivo central de esta cartera: la definición de una política ambiental integral que sirva de base, a su vez, a una política de desarrollo sostenible.
Hoy, la carencia de esta política en el Estado se expresa en muchos de los problemas que aquejan al país: la apertura excesiva de concesiones mineras, la carencia de un esquema de uso del territorio, la falta de criterios para la inversión del canon, la falta de mecanismos de protección de recursos naturales o de desarrollo para las comunidades. Todo ello ha llevado a un crecimiento y expansión innecesario de conflictos sociales, la mayor parte de los cuales tienen un componente “ambiental” o “socioambiental” que pudo haber sido advertido previamente desde el Estado, en vez de jugar al “apagafuegos” que solo resuelve el problema visible sin resolver las cuestiones de fondo.
Son estos conflictos, entonces, que hoy son percibidos en su mayor parte como inmanejables –como es el caso de Puno- los que en realidad generan mayor inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en el país, antes que el manejo del entorno macroeconómico donde ya existen criterios claros y de consenso, lo que le da una sostenibilidad que hace difícil plantear modificaciones en el mismo. Por tanto, el desafío que tiene el nuevo gobierno –a nuestro entender- no es qué hacer con la macroeconomía, sino como enganchar la política macroeconómica dentro de una política de desarrollo sostenible que tenga, como ésta, su fundamento en el consenso social y en criterios técnicos claros.
Como es claro, esta no es una tarea sencilla pero se hace cada vez más necesaria, debiendo servir de marco para el debate de muchos temas que hoy se encuentran en agenda de manera aislada, como la aprobación de una ley de consulta previa o la creación de nuevos impuestos a las sobreganancias mineras . En realidad, todos estos temas deberían ser vistos desde una óptica más integral, analizando con mayor claridad cuál es el aporte real que cada uno de estos mecanismos puede tener para un desarrollo sostenible que debe, además, favorecer a todos o la mayor parte de sectores de país, sin que se excluya a nadie de este derecho.