Investigacion en Derecho: un informe conservador
A pesar de mis esfuerzos, recién hoy viernes pude ir a recoger los informes de las Comisiones del Claustro Pleno, y la verdad es que no fue nada fácil: ni en el Departamento ni en la Facultad me dieron razón de estos materiales, a pesar de que supuestamente estas instancias son las que promueven el Claustro. Los únicos que me dieron una copia de los mismos fue la Federación de Estudiantes, a quienes debo agradecer su apoyo (P.D.: hoy encontre los informes por Internet, en la página del Claustro Pleno, así que los interesados pueden revisar los informes aquí).
Los informes no son malos, y de una rápida lectura de los mismos –los informes tampoco son muy extensos- pude darme cuenta que se había intentado hacer un trabajo exhaustivo, trabajando no solo a través de reuniones internas sino también con encuestas y entrevistas con profesores y alumnos. Creo, sin embargo, que un debate previo hubiera permitido enriquecer más estos informes, ya que en algunos casos me parecen demasiado cerrados en las paredes de la Facultad, cuando lo más recomendable hubiera sido traer ideas frescas a la carrera antes que ver solo los temas menudos que se tienen al frente.
Un tercer tema que quisiera cuestionar es el ambiente de trabajo en el que se va a desarrollar el Claustro. Pasé en la mañana por allí y resulta que es el aula grande que está en el patrio principal de la Facultad, aula que tiene una típica estructura de clase magistral. Ello, junto con el tipo de programa que se me alcanzó, parece mostrar que el Claustro puede limitarse a la exposición de los informes y al recojo de propuestas, pero sin un mayor debate participativo. Espero en todo caso que ello no sea así, porque le daría un aire muy conservador.
Luego de estos comentarios, me gustaría rápidamente hacer una evaluación del Informe Final de la Comisión de Investigación en Derecho, integrada entre otros por los profesores Lorenzo Zolezzi, Armando Guevara y Eloy Espinosa-Saldaña, así como por los alumnos Margarett Matos y Patricio Ato del Avellanal. Lo primero que me llamó la atención –y que hubiera sido mejor que se presente de manera más orgánica- fueron los resultados de la encuesta sobre el tema aplicada a 220 estudiantes de la Facultad, sobre la que basan además varias de sus propuestas. Por ejemplo, el 77% de los estudiantes encuestados reconocen la importancia de la investigación para su desempeño profesional y el 45% señala que les gusta este tipo de actividad, pero solo un 2.7% indicó que podría dedicarse a la investigación jurídica, lo que indica claramente que existe un fuerte desincentivo para asumir esta línea de trabajo.
Gran parte de este desincentivo se encuentra en la manera en que se encuentran estructurados los cursos de la Facultad, incluyendo aquellos destinados a la enseñanza de la metodología de la investigación jurídica. Por ejemplo, el 67% de los alumnos encuestados señaló que la especialidad de su profesor del curso de metodología jurídica no coincidía con el tema desarrollado en su investigación; el 50.7% indicó que sus clases son principalmente de tipo magistral, sin mayor exigencia de una labor investigativa, mientras que solo el 30.2% señaló tener conocimiento sobre métodos de investigación en Derecho. En este marco, es difícil entonces que aquellos interesados en desarrollar investigaciones propias encuentren motivación para seguir por esta vocación, siendo claro que será mucho más fácil para ellos reproducir una actitud formalista y doctrinaria.
Frente a esta problemática, ¿cuáles son las principales propuestas que ofrece la Comisión? Tratando de resumir estas iniciativas, creo que ellas se reducen a ocho puntos:
– Crear una Unidad de Investigación en la Facultad, que sirva de puente hacia otras instituciones y coordine los intercambios estudiantiles y de docentes;
– Fomentar la investigación en los diferentes cursos de la Facultad;
– Revisar el contenido de los cursos dedicados a la metodología de investigación jurídica, si bien concentrándose en ubicar a profesores que tengan la especializada requerida para aportar a los trabajos de tesis de los alumnos;
– Agregar un curso electivo para fortalecer las destrezas de quienes quieran dedicarse a la investigación, así como facilitar la asistencia a cursos en otras Facultades que brinden herramientas para la investigación;
– Crear un sistema de becas para investigadores, así como publicar como cuadernos de trabajo las investigaciones conjuntas y tesis con mención sobresaliente;
– Convalidar las prácticas pre-profesionales que desarrollen los alumnos en centros de investigación, ONGs e instituciones afines;
– Fortalecer la Biblioteca de Derecho en temas vinculados a la investigación jurídica, y
– Crear convenios con institutos de idiomas, a fin de facilitar el acceso de los investigadores a fuentes en otros idiomas.
Sin negar que estas propuestas son importantes y no pueden ser dejadas de lado, la impresión que me producen es que son muy conservadoras. Por ejemplo, con respecto a la Unidad de Investigación, recuerdo que al ingresar a la Facultad existía el Instituto de Investigaciones Jurídicas que estaba a cargo del profesor Héctor Cornejo Chávez, y cuya principal contribución a la investigación jurídica fue una amplia obra sobre el servinakuy y el derecho familiar peruano, pero nada más. Este Instituto nunca se encargó de fomentar concursos, brindar becas o propiciar intercambios, a pesar de que imaginó éstas eran también sus atribuciones.
En tal sentido, creo que lo importante es el matiz que tenga esta Unidad, la que en todo caso debería estar conformada tanto por profesores como por alumnos, e incluso por algunos ex alumnos que hayan dedicado su carrera al tema, lo cual ampliaría sus alcances más allá de la Facultad. Pero sobre todo, creo que una función principal de esta unidad debe ser la de formar núcleos de investigación alrededor de ciertos temas –por ejemplo, sobre la pluralidad jurídica, la globalización del derecho o el sistema de justicia- que sean integrados no solo por profesores y alumnos sino también por otros profesionales, de manera tal que los núcleos promuevan una mayor interdisciplinariedad respecto del derecho.
Con respecto al tema de los cursos, coincido con la Comisión en que se requiere una reformulación de los mismos que permita que las vocaciones que existan hacia esta actividad no se vean desincentivadas, sino por el contrario encuentren en la Facultad el camino y los recursos que necesitan para fortalecerse y abrirse paso. Yo recuerdo –y eso es algo sobre lo que no incide el informe- que muchos de los estudiantes que estaban interesados en investigar se pasaron finalmente a otras carreras, como Sociologia o Antropologia, ya que la carrera de Derecho no les brindaba la satisfacción personal que esperaban. Para que ello ocurra, sin embargo, no es suficiente que se acondicionen uno o más cursos, sino que la misma imagen de lo que significa investigar en derecho sea resaltada y comprendida en su importancia real. Si algo falta en el país es precisamente abogados que puedan ver más allá de las narices de lo normativo y de lo procesal, y puedan comprender los factores reales –esto es, sociales, económicos y políticos- que llevan a que una determinada norma tenga vigencia o no, o que expliquen porque una determinada ley debe ser cambiada o modificada, o porque existen ordenamientos y practicas sociales que tienen mucha mayor legitimidad y vigencia social que el derecho del Estado.
En tal sentido, un vacío que me parece grave en el Informe –y que tampoco he encontrado en los otros informes- es la falta de posición con respecto a la pluralidad jurídica existente en el país. Ello a pesar de que, de acuerdo al nuevo perfil del egresado de Derecho aprobado por la Facultad, se incluye expresamente que éste debe “reconocer la problemática de la pluralidad jurídica en el Perú”, y “ser respetuoso de la diversidad” (ver aquí). Nuevamente, ello parece mostrar una postura conservadora que no le hace bien a la Facultad, y que esperamos pueda ser objeto de un verdadero debate en las sesiones plenarias que se llevarán a cabo a partir de hoy.