Derecho & Sociedad

Conversatorio �Por Qu� Derecho?

Sun, 21 Apr 2013 23:25:38 -0500

�A�n inseguro por la elecci�n de Derecho como tu carrera?

La Asociaci�n Civil "Derecho & Sociedad" te invita al conversatorio "�Por qu� Derecho?".

Haz que este jueves cultural sea diferente, no esperes llegar a la facultad de Derecho para decidirte.

Despeja tus dudas con estos brillantes profesionales de Derecho:

- Dr. Jorge Avenda�o Valdez
Docente de la Facultad de Derecho

- Dr. H�ctor Campos Garc�a
Docente de la Facultad de Derecho

- Dr. Jorge Guevara Gil
Docente de la Facultad de Derecho

Fecha: 25 de abril
Sal�n: L-217(Estudios Generales Letras)
Hora: 12 pm

Habr� sorteos y se entregar� coffee break

INFORMES :
polemosvirtual@revistaderechoysociedad.org
626-2000 anexo 5390
Oficina de Derecho & Sociedad
2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�

�Te esperamos!

Mayor informaci�n: http://bit.ly/PorQueDerecho2013-I

II Seminario de Derecho del Trabajo: Derecho Individual, Colectivo, Procesal Laboral y Temas de Actualidad

Wed, 17 Apr 2013 23:26:31 -0500

La Asociaci�n Civil Derecho & Sociedad, integrada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per� se complace en saludarlos y a trav�s de este medio invitarlos a participar en el II SEMINARIO DE DERECHO DEL TRABAJO, el cual se realizar� los d�as 2, 4, 6 y 7 de mayo. Este evento est� dirigido a abogados, estudiantes, trabajadores y p�blico en general.

Lugar: Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP
Registro: 5:00 � 5:30 pm
Horario: 5:30 � 9:20 pm

D�a 1: Jueves 2 de Mayo
DERECHO PROCESAL LABORAL
1.1 Prueba en el nuevo proceso laboral.
Dr. Mario Pasco Liz�rraga
Socio del Estudio Rodrigo, El�as & Medrano Abogados
1.2 Presunci�n de laboralidad en la NLPT.
Dr. Mart�n Fajardo Mori
Asociado del Estudio Priori, Carrillo & C�ceres Abogados
1.3 Medios impugnatorios en la NLPT: recurso de apelaci�n y casaci�n.
Dr. Mario Pasco Cosmopolis
Socio del Estudio Rodrigo, El�as & Medrano Abogados
1.4 Debate: reglas procesales y plazos para la interposici�n de pretensi�n de reposici�n.
Dr. Luis VinateaRecoba (*)
Socio del Estudio Miranda & Amado Abogados
Dr. Omar Toledo Toribio
Presidente de la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima

D�a 2: S�bado 4 de Mayo
DERECHO INDIVIDUAL
2.1 Formas de descentralizaci�n productiva: intermediaci�n y tercerizaci�n.
Dr. Wilfredo Sanguinetti Raymond
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca
Dr. Javier Neves Mujica (*)
Profesor de Derecho del Trabajo en Pre-Grado y Maestr�a de la PUCP
2.2 Grupo de empresas y transmisi�n de empresas.
Dr. Elmer Arce Ortiz
Profesor de Derecho del Trabajo en Pre-Grado y Maestr�a de la PUCP
2.3 Contratos sujetos a modalidad y su an�lisis jurisprudencial.
Dr. Daniel Ulloa Millares
Profesor de Derecho del Trabajo en Pre-Grado y Maestr�a de la PUCP
2.4 Inspecciones: Creaci�n del SUNAFIL.
Dr. Sara Campos Torres
Gerente del �rea laboral del Estudio Galvez, Risso& Asociados

D�a 3: Lunes 6 de Mayo
DERECHO COLECTIVO
3.1 Titularidad del derecho a sindicaci�n y nuevas formas de organizaci�n.
Dr. Mauro Ugaz Olivares (*)
Senior Manager de Ernst & Young
3.2 An�lisis del fuero sindical y la huelga en datos.
Dr. Alfredo Villavicencio R�os
Profesor de Derecho del Trabajo en Pre-Grado y Maestr�a de la PUCP
3.3 Debate: Negociaci�n colectiva en el sector p�blico y normas de presupuesto.
Dr. Edgardo Balb�n Torres
Profesor de Derecho del Trabajo en Pre-Grado y Maestr�a de la PUCP
Dr. Jorge Luis Acevedo Mercado
Socio del Estudio Benites, Forno&Ugaz Abogados
3.4 M�todos alternativos de soluci�n de conflictos colectivos: el papel delarbitraje potestativo.
Dr. Carlos Blancas Bustamante
Socio del Estudio Carlos Blancas Bustamante Abogados

D�a 4: Martes 7 de Mayo
TEMAS DE ACTUALIDAD
4.1 Seguridad y salud en el trabajo en reg�menes especiales.
Dra. Estela Ospina Salinas
Directora General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protecci�n del Ambiente parala Salud � CENSOPAS
4.2 Responsabilidad Penal en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Dr. Luis Vargas Valdivia
Socio el Estudio Benites, Forno&Ugaz Abogados
4.3 Sistemas salariales y tributos sociales.
Dr. Orlando de Las Casas de La Torre Ugarte
Socio del Estudio Hern�ndez & C�a. Abogados
4.4 Previsional: Nueva regulaci�n en torno a los portes y comisiones en el SPP.
Dr. C�sar Gonz�lez Hunt
Socio del Estudio Gonzales & Asociados
(*) Ponentes por confirmar

Agradecemos a nuestros auspiciadores:
- COSAPI
- CABALLERO BUSTAMANTE / THOMSOM REUTERS
- EDITORIAL ECONOMIA & FINANZAS
- ESTUDIO BENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS
- ESTUDIO PRIORI, CARILLO & C�CERES ABOGADOS

INVERSI�N:
P�blico en General: S/. 90.00
Corporativo (a partir de 3 personas): S/. 80.00
Estudiantes de Pregrado: S/. 60.00
Incluye materiales y entrega de certificados

INSCRIPCIONES:
- Presencial: en la oficina de Derecho & Sociedad con pago en efectivo.
- En l�nea: en www.revistaderechoysociedad.org/inscripcioneslaboral.php, previo dep�sito en:
Banco Continental: 0011-0120-37-0200054752
(Antes de hacer el dep�sito, confirmar disponibilidad de vacante)

INFORMES:
E-mail: evento2@revistaderechoysociedad.org
Tel�fono: 6262000 anexo 5390
Celular: 999-718-122
Oficina de Derecho & Sociedad (2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�)

Convocatoria 2013-I

Wed, 17 Apr 2013 22:54:32 -0500

An�mate a formar parte de nuestro equipo D&S. Si te gusta trabajar en grupo con responsabilidad y honestidad, y deseas desarrollar tus habilidades y conocimientos jur�dicos.

Postula envi�ndonos tu CV y consolidado de notas a derysoc@pucp.edu.pe HASTA EL 20 DE ABRIL.

�Ven y juega desde nuestra cancha!

Mayor informaci�n: www.facebook.com/derysoc

P�LEMOS No. 6 - �Responsabilidad penal de los menores de edad?

Sun, 17 Feb 2013 19:00:02 -0500

En los �ltimos a�os, hemos sido testigos de hechos delictivos que han captado la atenci�n de gran parte de la prensa y a la sociedad en general. Esto no necesariamente por la gravedad de los mismos, sino por quienes fueron perpetrados. Es as� que hoy, con m�s visibilidad, actos de secuestro, homicidio, robo, entre otros, implican activamente a ni�os y adolescentes que ante nuestra legislaci�n son inimputables de responsabilidad penal.

Con ello, surge para muchos, el inter�s por hacer una revisi�n o replanteamiento sobre la edad m�s acorde para imputar penalmente a un menor infractor y darles el trato merecido. Paralelamente, organizaciones y personalidades defensoras de los Derechos de los Ni�os y Adolescentes han mostrado su oposici�n a este tipo de propuestas. El debate ha empezado.

Es en este sentido que la Asociaci�n Civil Derecho y Sociedad, consciente de la necesidad de contar con espacios de discusi�n sobre temas altamente debatibles de necesarias consecuencias legislativas, se complace en presentar la sexta edici�n de su bolet�n virtual P�LEMOS: ��Responsabilidad penal de los menores de edad?�.

Clic en la imagen para leer el n�mero completo
Clic aqu� para descargar el n�mero completo

En este n�mero:

- �Responsabilidad penal de los menores de edad?

Comisi�n Nacional por los Derechos de los Ni�os, Ni�as y Adolescentes (CONADENNA)

- La propuesta de la doctrina de la protecci�n integral del menor en conflicto con la Ley Penal

Andrea Paola Arce Guzm�n

- La responsabilidad penal atenuada de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal

Mar�a Consuelo Barletta Villar�n

- Reflexiones en torno a la responsabilidad penal de menores

Romy Chang Kcomt

- Consideraciones sobre la edad m�nima de imputabilidad penal

Francisco Berninzon Arellano

- El menor infractor y su responsabilidad penal: Apuntes a tomar en cuenta

Silvana G�mez Salazar / Peter Cruz Espinoza

- Mesa Redonda: �Responsabilidad penal de los menores de edad?

Iv�n Meini M�ndez

- J�venes sicarios y responsabilidad penal en un contexto de desigualdad

Antonio Pe�a Jumpa

SEMINARIO: TEMAS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

Sun, 17 Feb 2013 16:26:55 -0500

La Asociaci�n Civil Derecho y Sociedad, integrada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per� se complace en saludarlos y a trav�s de este medio invitarlos a participar en el SEMINARIO: TEMAS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL a realizarse los d�as 25 y 26 de febrero. Este evento est� dirigido a abogados, estudiantes y p�blico en general en el cual se presentar� la Revista Derecho y Sociedad Edici�n No. 39.

Registro de Participantes: 5:00pm � 5:30pm
Lugar: Auditorio de Ciencias Sociales - Campus PUCP

D�a 1: Lunes 25 de Febrero 2013
Derecho Procesal Penal

- La Prueba (Actos de Investigaci�n y Actos de Prueba)
Mario Rodr�guez Hurtado
Docente UNMSM, PUCP, AMAG y ECMP

- La Determinaci�n Judicial de la Pena
Mois�s Paz Panduro
Socio Jefe del Area Penal Estudio Paz Panduro Asesores y Consultores SAC

- La Motivaci�n de Resoluciones Judiciales
Alcides Chinchay Castillo
Fiscal Supremo Adjunto de la 1� Fiscal�a Suprema Transitoria en lo Penal

D�a 2: Martes 26 de Febrero
Derecho Penal

- El Feminicidio y el Marcaje
Fidel Rojas Vargas
Docente Derecho PUCP y UNMSM

- Modificaci�n a la Ley de Lavado de Activos
V�ctor Prado Saldarriaga*
Docente Derecho PUCP

- El delito de Miner�a Ilegal
Carlos Anglas Lostaunau
Fiscal Provincial Penal

*Por confirmar

ENTREGA DE CERTIFICADOS

INVERSI�N:
Estudiantes Pre-grado: S/. 30.00
Corporativo (a partir de 3 personas): S/. 40.00
P�blico en General: S/. 60.00

DEP�SITOS:
Banco Continental: 0011-0120-37-0200054752
(Antes de hacer el dep�sito, confirmar disponibilidad de vacante)

INFORMES:
E-mail: evento2@revistaderechoysociedad.org
Oficina de Derecho y Sociedad (2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�)
Tel�fono: 6262000 anexo 5390

INSCRIPCIONES:
- Pago en efectivo en la oficina de Derecho y Sociedad.
- Enviar Voucher escaneado, datos personales (Nombres y apellidos, n�mero de Documento Nacional de Identidad) y adjuntar carnet universitario si es estudiante de pre-grado al siguiente correo: evento2@revistaderechoysociedad.org

COMPETENCIA Y CONSUMIDOR: DEBATES DE CR�TICA Y ACTUALIDAD

Sun, 11 Nov 2012 05:30:00 -0500

Fechas: S�bado 10, S�bado 17 y Lunes 19 de noviembre
Lugar: Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP
Duraci�n: 15 Horas

PRIMER D�A

Registro: 2:30 - 3:00 p.m.

Palabras de bienvenida: 3:00 - 3:05 p.m.

Mesa 1: Autonom�a y Salud: alcances de una regulaci�n sobre comida chatarra (3:05 - 4:00 p.m.)

� Eliana Lesem - Asociada del Estudio Mu�iz, Ram�rez, P�rez-Taiman y Olaya.
� Jaime Delgado* - Congresista de la Rep�blica
� Oscar S�mar - Profesor e investigador del Departamento Acad�mico de Derecho de la Universidad del Pac�fico
� Edward Dyer Cruzado � Miembro Centro de Estudios de Filosofia del Derecho y Teoria Constitucional. Docente PUCP

Mesa 2: Producci�n en masa y alcances del principio de Idoneidad (4:00 -5:20 p.m.)
� Pierino Stucchi - Defensor del Inversionista en la Superintendencia del Mercado de Valores
� Julio Baltazar Durand Carri�n - Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia N� 2 del INDECOPI
� Edwin Aldana * - Secretario T�cnico de la Comisi�n de Protecci�n al Consumidor del INDECOPI

Coffee break (5:20 -5:40 p.m.)

Mesa 3: Discriminaci�n y Seguros: Alcances de la Oferta Brindada (5:40 - 8:00 p.m.)

� Jes�s Espinoza Lozada - Coordinador Legal de la Secretar�a T�cnica de la Sala de Defensa de la Competencia N� 2 del INDECOPI
� Cesar Higa - Profesor del Departamento Acad�mico de Derecho de la PUCP
� Leandro Cornejo Amoretti - Miembro Centro de Estudios de Filosof�a del Derecho y Teor�a Constitucional.
Docente PUCP
� Agust�n Valencia-Dongo - Asociado del Estudio Bullard, Falla y Ezcurra

SEGUNDO D�A

Mesa 4: Adecuaci�n Social e Inducci�n de Conductas (5:00 -6:00 p.m.)

� Enrique Bardales - Socio del Estudio Enrique Bardales y Abogados Asociados
� Gustavo M. Rodr�guez Garc�a � Asociado del Estudio Benites, Forno y Ugaz
� Carlos Rojas Klauer � Asociado del Estudio Lazo, De Roma�a y Gagliuffi Abogados

Mesa 5: Esfuerzo, Aprovechamiento e Inversi�n: debate a prop�sito del cambio del precedente Caballero Bustamante (6:00 - 7:20 p.m.)

� Abelardo Aramayo - Secretario T�cnico de la Comisi�n de Competencia Desleal del INDECOPI
� Alfredo Marav� -AProfesor del Departamento Acad�mico de Derecho de la PUCP

Coffee break (7:20 - 7:40 p.m.)

Mesa 6: Principio de subsidiariedad en la actividad empresarial: perspectivas y alcances actuales (7:40 - 10:00 p.m.)

� Ram�n Huapaya - Asociado del Estudio Rodrigo, Elias y Medrano
� Richard Martin - Socio del Estudio Martin Consultores Abogados
� Mario Z��iga � Consultor Senior del Instituto Libertad y Democracia. Director de Investigaci�n en Respeto X Respeto - Asociaci�n de Contribuyentes del Per�
� Hugo G�mez Apac � Profesor de Derecho de la Competencia en la UPC y en la UNMSM.
� Tommy Deza - Profesor de Derecho Administrativo en la UNMSM

TERCER D�A

Mesa 7: Sham Litigation: Perspectivas y Conflictos (5:00 -7:20 p.m.)

� H�ctor Figari - Socio del Estudio Mu�iz, Ram�rez, P�rez-Taiman y Olaya
� Miguel �ngel Luque Oyarce - Secretario T�cnico de la Comisi�n de Libre Competencia del INDECOPI
� Fernando C�ceres � Director Ejecutivo Respeto X Respeto - Asociaci�n de Contribuyentes del Per�
� Enrique Delgado Flores - Socio del Estudio Barrios y Fuentes

Coffee break (7:20 - 7:40 p.m.)

Mesa 8: Eficiencias de un Control de Fusiones y Adquisiciones en el Per� (7:40 - 10:00 p.m.)

� Luis Diez Canseco - Socio del Estudio Mu�iz, Ram�rez, P�rez-Taiman y Olaya
� Alejandro Falla - Socio del Estudio Bullard, Falla y Ezcurra
� Santiago D�vila - Gerente de la Gerencia de Estudios Econ�micos del INDECOPI.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

*Por Confirmar

INVERSION:
Estudiantes de Pregrado: 70 nuevos soles
Corporativo (3 personas): 80 nuevos soles
Entrada General: 100 nuevos soles

DEP�SITOS:
Banco Continental: 0011-0120-37-0200054752
(Antes de hacer el dep�sito, confirmar disponibilidad de vacante)

INFORMES:
E-mail: derysoc@pucp.edu.pe
Oficina de Derecho y Sociedad (2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�)
Tel�fono: 6262000 anexo 5390

INSCRIPCIONES:
- Pago en efectivo en la oficina de Derecho y Sociedad.
- Enviar Voucher escaneado, datos personales (Nombres y apellidos, n�mero de Documento Nacional de Identidad) y adjuntar carnet universitario si es estudiante de pre-grado al siguiente correo: eventocompetencia@revistaderechoysociedad.org

SEMINARIO: EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE VALORES PERUANO

Sat, 10 Nov 2012 22:04:06 -0500

La Asociaci�n Civil Derecho y Sociedad, integrada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per� se complace en saludarlos y a trav�s de este medio invitarlos a participar en el Seminario: Experiencias y perspectivas del Mercado de Valores Peruano; evento dirigido a abogados, estudiantes y p�blico en general.

Registro de Participantes: 5:30pm � 6:00pm
Lugar: Auditorio de Telef�nica del Per� (Av. Arequipa N� 1155, Cercado de Lima � Ingreso por la Calle Enrique Villar cuadra 2 s/n).

D�A 1: Martes 13 de noviembre � Experiencias del Mercado de Valores Peruano
- Emisiones locales e internacionales del Grupo Telef�nica
� Maria Ana Brigneti / Alessandra Mur
Direcci�n Jur�dica Corporativa del Grupo Telef�nica.

- Aspectos financieros en las emisiones del Grupo Telef�nica
� Pavel Hern�ndez / Kwame Campos
Direcci�n de Finanzas y Control de Telef�nica.

- Participaci�n de los bancos en las emisiones de valores y su funci�n como representante de los obligacionistas
� . Anabeli Gonzalez / Jose Carlos Velazquez
BBVA Banco Continental

- Modificaciones recientes al r�gimen de Ofertas P�blicas Primarias
� Jeanette Aliaga
Estudio Ferrero Abogados

D�A 2: Jueves 15 de noviembre � Otros temas relevantes sobre el Mercado de Valores

- Aspectos legales del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): a un a�o de su vigencia
� Mariela Del Barco
Gerente Legal Bolsa de Valores de Lima

- Nuevo Reglamento de Abuso de Mercado
� Rafael Picasso Salinas
Socio del Estudio Echecopar Abogados

- Rol de la SMV para cautelar la transparencia en el mercado de valores
� Omar Guti�rrez
Superintendente Adjunto de Supervisi�n Prudencial

ENTREGA DE CERTIFICADOS
INVERSI�N:
Estudiantes Pre-grado: S/. 20.00
Corporativo (a partir de 5 personas): S/. 35.00
P�blico en General: S/. 45.00

DEP�SITOS:
Banco Continental: 0011-0120-37-0200054752
(Antes de hacer el dep�sito, confirmar disponibilidad de vacante)

INFORMES:
E-mail: evento2@revistaderechoysociedad.org
Oficina de Derecho y Sociedad (2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�)
Tel�fono: 6262000 anexo 5390

INSCRIPCIONES:
- Pago en efectivo en la oficina de Derecho y Sociedad.
- Enviar Voucher escaneado, datos personales (Nombres y apellidos, n�mero de Documento Nacional de Identidad) y adjuntar carnet universitario si es estudiante de pre-grado al siguiente correo: evento2@revistaderechoysociedad.org

NO SE VENDER�N ENTRADAS AL SEMINARIO EN EL LOCAL DEL AUDITORIO.

SEMINARIO: �LTIMAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

Fri, 26 Oct 2012 01:20:06 -0500

La Asociaci�n Civil Derecho y Sociedad los invita a su SEMINARIO: �LTIMAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS a realizarse los d�as 29 y 30 de octubre en el Campus PUCP.

Registro de Participantes: 5:30pm � 6:00pm
Lugar: Sala de Eventos de Estudios Generales Ciencias

D�A 1: Lunes 29 de octubre

- Reorganizaci�n de Sociedades: Sobre los supuestos de reorganizaci�n con efectos no reconocidos por la normativa fiscal
Dra. Cecilia Delgado Ratto
Socia de AFISCA S.A.C.

- Fiscalizaci�n parcial y medidas cautelares
Dr. Luis Hern�ndez Berenguel
Socio de Hern�ndez y C�a. Abogados

- Mesa redonda: Modificaciones al C�digo Tributario
Dra. Lourdes Chau
Senior Manager en PwC Consulting

Dr. Pedro Vel�squez L�pez-Raygada
Vocal del Tribunal Fiscal

D�A 2: Martes 30 de Octubre

- Principales modificaciones a la Ley del Impuesto Generales a las Ventas
Dr. Walker Villanueva Guti�rrez
Socio de Ferrero Abogados

- Modificaciones al Impuesto a la Renta
Dr. Miguel Mur Valdivia
Socio principal de PwC Consulting

Dr. Humberto Medrano
Socio de Rodrigo, El�as y Medrano Abogados

ENTREGA DE CERTIFICADOS
INVERSI�N:
Estudiantes Pre-grado: S/. 60.00
Corporativo (a partir de 3 personas): S/. 80.00
P�blico en General: S/. 100.00

DEP�SITOS:
Banco Continental: 0011-0120-37-0200054752
(Antes de hacer el dep�sito, confirmar disponibilidad de vacante)

INFORMES:
E-mail: derysoc@pucp.edu.pe
Oficina de Derecho y Sociedad (2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�)
Tel�fono: 6262000 anexo 5390

INSCRIPCIONES:
- Pago en efectivo en la oficina de Derecho y Sociedad.
- Enviar Voucher escaneado, datos personales (Nombres y apellidos, n�mero de Documento Nacional de Identidad) y adjuntar carnet universitario si es estudiante de pre-grado al siguiente correo: evento2@revistaderechoysociedad.org

No olvides confirmar tu asistencia en el evento de nuestro Facebook

�Te esperamos!

Conversatorio: �Por Qu� Derecho?

Mon, 22 Oct 2012 00:12:00 -0500

�A�n inseguro por la elecci�n de Derecho como tu carrera?

La Asociaci�n Civil "Derecho y Sociedad" te invita al conversatorio "�Por qu� Derecho?".

Haz que este jueves cultural sea diferente, no esperes llegar a la facultad de Derecho para decidirte.

Despeja tus dudas con estos brillantes profesionales de Derecho:

- Dr. Jorge Avenda�o Valdez
Docente de la Facultad de Derecho

- Dr. Mario Castillo Freyre
Docente de la Facultad de Derecho

- Dr. F�lix Morales Luna
Docente de la Facultad de Estudios Generales Letras y Derecho

Fecha: 25 de octubre
Sal�n: L-103 (Estudios Generales Letras)

Habr� sorteos y se entregar� coffee break

INFORMES :
polemosvirtual@revistaderechoysociedad.org
626-2000 anexo 5390
Oficina de Derecho y Sociedad
2do piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica del Per�

�Te esperamos!

La argumentaci�n jur�dica y la interpretaci�n del art�culo 621� del C�digo Procesal Civil: �El que gana, pierde? - Roger E. Zavaleta Rodr�guez

Sun, 21 Oct 2012 15:09:03 -0500

LA ARGUMENTACI�N JURIDICA Y LA INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 621� DEL CPC: �EL QUE GANA, PIERDE?

Roger E. Zavaleta Rodr�guez

Socio del Estudio Mu�iz, Ram�rez, P�rez � Taiman y Olaya. Master en Argumentaci�n Jur�dica por la Universidad de Alicante
Profesor de la Academia de la Magistratura del Per� y del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional
Blog: http://www.argumentacionyderecho.blogspot.com E-mail: rogerzava@gmail.com

1. �Sirve para algo la argumentaci�n jur�dica?
Un amigo colombiano, dedicado durante varios a�os al estudio y ense�anza de la argumentaci�n jur�dica, cuenta en su blog que una cierta noche, su hermano menor, estudiante de Derecho, le dijo: �La verdad no s� para qu� sirve el curso que t� orientas; ya llev� m�s de 3 a�os en la Universidad y a�n no entiendo de qu� se trata la Teor�a de la Argumentaci�n Jur�dica. No le veo una gran aplicaci�n en la pr�ctica del Derecho a eso, lo �nico que se necesita para ser buen abogado es conocer las Leyes y los Procedimientos, esto es el Derecho�.

Seguramente, muchos estudiantes y abogados de nuestro pa�s piensan lo mismo. En la gran mayor�a de las facultades de Derecho se ense�an leyes y conceptos jur�dicos por sectores o �reas, pero no se ense�a al estudiante a afrontar un problema jur�dico: c�mo identificar el problema, qu� herramientas utilizar para solucionarlo, a no dejarse embaucar por falacias, etc. Ya P�sara, en un conocido estudio , destac� que el gran problema de la ense�anza en el Per� es que se encuentra desvinculada de la soluci�n de casos concretos y reales. Tambi�n Bullard y Mac Lean han destacado que la formaci�n universitaria no est� enfocada en el desarrollo de competencias, sino en el aprendizaje de conceptos. En materia probatoria, por ejemplo, en la mayor�a de universidades se ense�an cu�les son los medios probatorios, cu�l es el procedimiento para ofrecerlos y actuarlos, pero no se desarrollan competencias sobre razonamiento probatorio: tipos de inferencias, los criterios de correcci�n de la epistemolog�a de la ciencia, est�ndares de prueba, etc. Esto explica por qu� cuando los estudiantes empiezan sus pr�cticas y se les pone al frente un problema jur�dico real, much�simas veces no argumentan con solidez, o bien eluden la cuesti�n; es decir, argumentan sin conexi�n con el problema, de modo que su conclusi�n parece coherente con su argumentaci�n, pero no sirve para solucionar el caso.

Es cierto que en algunas facultades de Derecho y en instituciones como la Academia de la Magistratura del Per�, se han incorporado cursos de argumentaci�n jur�dica, pero en no pocos casos se la presenta como algo esot�rico, con conceptos, c�digos ling��sticos y formulaciones l�gicas que manejan un peque�o c�rculo de fil�sofos del Derecho o expertos, pero que pueden ser ininteligibles para los �extra�os� e �iniciados�. Se contin�a transmitiendo conceptos solo que bajo un manto de mayor sofisticaci�n, sin reparar que para quienes ejercen o van a ejercer el Derecho, la informaci�n que no entienden o, en todo caso, no perciben c�mo puede ser aplicada en la pr�ctica, sencillamente, no sirve. Lo curioso es que as� como monsieur Jourdain, el personaje de Moli�re, hablaba en prosa sin tener conciencia de ello, los abogados argumentamos, aunque -en la gran mayor�a de casos- no sepamos qu� tipos de argumentos son, cu�l es su estructura, cu�ndo nuestros argumentos son falaces, etc.

En este peque�o art�culo me propongo realizar un breve ejercicio argumentativo y demostrar que la Teor�a de la Argumentaci�n Jur�dica (TAJ) tiene gran utilidad para nuestro ejercicio profesional. Para el efecto, abordar� un problema interpretativo en relaci�n con el art�culo 621� del C�digo Procesal Civil peruano.

2. Argumentos y problemas
En el Derecho y, espec�ficamente, en el proceso, una afirmaci�n que es controvertida o discutible requiere de un soporte racional; esto es, de razones que den cuenta por qu� esa afirmaci�n debe ser preferida sobre otras afirmaciones que se le oponen. Una afirmaci�n puesta en cuesti�n nunca se sustenta por s� misma; debe descansar sobre otros enunciados que justifican su comprensi�n y aceptaci�n, a los que llamamos razones. Lo que se aduce como raz�n debe ser inteligible; es decir, susceptible de ser comprendido por la persona o personas a quienes va dirigido; y, razonable o plausible; o sea, susceptible de ser compartido y controlado intersubjetivamente. Esto guarda relaci�n con el prop�sito de quien aporta las razones, cual es el de inducir a los destinatarios del discurso a asumir o aceptar lo propuesto. Cuando una persona da cuenta y raz�n de algo a alguien o ante alguien con el objetivo de lograr su comprensi�n o asentimiento, se dice que argumenta.

La argumentaci�n es una actividad racional desarrollada en un contexto comunicativo. No se argumenta sobre gustos o preferencias personales. �Qu� podr�a refutarle a alguien que le guste la m�sica de los Wachiturros? Podr�a discutir con dicha persona, pero no argumentar. Es el problema el que suscita la necesidad de argumentar; por ello la argumentaci�n se concibe como la forma de dar respuesta a determinadas cuestiones que denotan un problema. La argumentaci�n siempre parte de un problema que necesita soluci�n; de modo que siempre podemos preguntarnos por qu� se argumenta. Esto a su vez implica que la argumentaci�n concluye o se cierra con la soluci�n a dicho problema. La argumentaci�n, entonces, puede concebirse como el flujo de informaci�n que va desde el planteamiento del problema o pregunta inicial con el que se abre la argumentaci�n, hasta su soluci�n; es decir, la respuesta a la pregunta, que significa el cierre de la argumentaci�n . Esto �como lo resalta Atienza - ocurre hasta en los supuestos m�s banales, como en el ejemplo escolar: �todos los hombres son mortales; S�crates es un hombre; por lo tanto, S�crates es mortal�. �Lo que da sentido a la concatenaci�n de esos enunciados �nos dice el citado fil�sofo- es que ofrecen una respuesta a la pregunta que alguien puede haberse formulado (no importa si en serio o no) sobre si S�crates es mortal�. En pocas palabras, la relaci�n entre argumentaci�n y problema es de mutua implicaci�n: sin problema no es necesario argumentar; y, si argumentamos es para resolver un problema.

Uno de los problemas que con mayor frecuencia afrontamos los abogados son los problemas de interpretaci�n. Estos aparecen cuando existe una controversia sobre c�mo debe entenderse el enunciado legal aplicable al caso, pero el dispositivo en cuesti�n admite m�s de una lectura Los problemas de interpretaci�n son bastante frecuentes en los procesos judiciales. Esta situaci�n parte por reconocer que las disposiciones legales tienen una textura abierta y que el lenguaje en el que est�n expresadas puede presentar problemas de ambig�edad y vaguedad. Esto es, que una cosa es el signo y otra el significado, que un mismo signo puede tener varios significados, y lo que realmente importa para la soluci�n del caso es el significado. Pero, como ese significado que consideramos �la norma� no es ni puede ser el resultado de una decisi�n lib�rrima, sino sometida a c�nones de racionalidad, debemos presentar argumentos que justifiquen la interpretaci�n .

En este orden de ideas, los argumentos interpretativos son instrumentos de justificaci�n del significado conferido a los enunciados elegidos para resolver el caso. Por mencionar algunos, tenemos a los argumentos a fortiori, anal�gico, a contrario, de reducci�n al absurdo, sistem�tico, teleol�gico, de autoridad, pragm�tico, sedes materiae, psicol�gico, entre otros. Conocer la estructura de estos argumentos es importante para analizar y evaluar los argumentos de nuestra contraparte y defender apropiadamente nuestra posici�n.

3. La interpretaci�n del art�culo 621� del C�digo Procesal Civil: �el que gana, pierde?
Imaginemos las siguientes situaciones:

(i) En un proceso de obligaci�n de dar suma de dinero se dicta una medida cautelar de retenci�n; y, en consecuencia, a una empresa (demandada) le retienen fondos por US$ 100,000.00. Esta situaci�n le causa un grave problema de iliquidez, por lo que se ve obligada a solicitar un pr�stamo bancario para cubrir sus obligaciones pendientes (v.gr. pago a sus trabajadores y proveedores, compra de insumos, etc.).

(ii) Al interior de un proceso contencioso administrativo un juzgado dicta una medida cautelar de innovar consistente en la suspensi�n de los efectos de la resoluci�n administrativa que puso fin al procedimiento de licitaci�n p�blica, cuyo objeto era el suministro de determinados servicios esenciales para la entidad p�blica. En esta situaci�n, la entidad se ve obligada a realizar una contrataci�n directa de emergencia, con un gasto adicional y no programado de US$ 100,000.00.

En cada uno de estos procesos la demanda es declarada infundada, por lo que los afectados, en aplicaci�n del art�culo 621� del C�digo Procesal Civil , solicitan el pago del valor de los da�os causados por la respectiva medida cautelar: en el primer caso, el monto de los costos financieros derivados del pr�stamo bancario (US$ 2,000); y, en el segundo caso, el gasto adicional y no programado de US$ 100,000.00, originado por la contrataci�n directa que tuvo que realizar la entidad p�blica.

Este �ltimo ejemplo, por cierto, es real y, lamentablemente, no es extra�o. En materia de concursos p�blicos no faltan casos en que los postores que perdieron la licitaci�n solicitan y obtienen, en la v�a cautelar, la suspensi�n del los efectos del contrato celebrado por la entidad con quien gan� la buena pro. As�, se paraliza la entrega de los bienes o la prestaci�n de los servicios contratados, con el consecuente perjuicio para la entidad p�blica. Pero, si al final del proceso la demanda es declarada infundada, �qui�n debe asumir el costo de los da�os causados por la medida cautelar: el demandante que obtuvo la medida cautelar, pero perdi� el proceso, o la parte demandada que lo gan�?

Hay quienes sostienen que en un proceso en el que se ha declarado infundada la demanda, los da�os que haya podido causar una medida cautelar solo son indemnizables si esta fue innecesaria o maliciosa. Si el demandante no actu� con culpa o dolo, sin importar que la medida cautelar haya causado da�os y se encuentre acreditada su cuant�a, no proceder�a el pago de la indemnizaci�n, correspondi�ndole a la parte demandada (parad�jicamente, quien gan� el proceso) asumir su p�rdida patrimonial (a esta tesis la denominaremos T1) . Desde luego, en sede nacional tambi�n tenemos a quienes sostienen que para solicitar el pago de la referida indemnizaci�n no es presupuesto que la medida cautelar sea innecesaria o maliciosa (a esta tesis la denominaremos T2).

Esta discrepancia interpretativa puede ser graficada en funci�n de las condiciones de aplicaci�n que se consideran de uno y otro lado:

T1: MC + Dda. Infundada + da�os + RC + MC Innec. o Malic. → Indemnizaci�n
T2: MC + Dda. infundada + da�os + RC → Indemnizaci�n

Como puede advertirse, ambas tesis coinciden en que para que el pago de la indemnizaci�n en la v�a cautelar, conforme al art�culo 621� del C�digo Procesal Civil, se requiere: de la existencia de una medida cautelar (MC); que la demanda cuya pretensi�n estuvo garantizada por dicha medida cautelar, haya sido declarada infundada por sentencia firme (Dda. Infundada); que existan da�os (da�os), as� como una relaci�n de causalidad entre la medida cautelar y los da�os (RC). La discrepancia consiste en que mientras para la T1 el afectado debe acreditar que la medida cautelar fue innecesaria o maliciosa (MC Innec. o Malic.), respecto a la T2, esta no ser�a una condici�n de aplicaci�n para el pago de la indemnizaci�n en la v�a cautelar.

Estamos frente a un t�pico problema de interpretaci�n; pues, a partir de una misma disposici�n legal, se propone m�s de un significado. �Cu�l es el correcto (o, si se quiere, el m�s razonable)? Esto depende los argumentos que lo sustenten. En las l�neas siguientes expondr� los argumentos que exponen los defensores de la T1 e ir� dando cuenta de ellos, a la par que defender� la T2:

(i) El art�culo 621� del C�digo Procesal Civil debe ser interpretado teniendo en cuenta su sumilla.- El dispositivo en cuesti�n tiene como sumilla: �Sanciones por medida cautelar innecesaria o maliciosa�; sin embargo, en su texto no se menciona nada sobre estos elementos. Seg�n ALESSANDRA MENDOZA: �A partir del t�tulo que forma parte integrante de la norma misma, puedo interpretar que el t�rmino �innecesaria� est� vinculado al concepto de culpa. Y, de otro lado, la expresi�n �maliciosa� estar�a vinculada al concepto de dolo�. Una posici�n bastante cercana es sostenida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, en la Resoluci�n N� 43, de fecha 21 de octubre de 2010, emitida en el Exp. 270-2007, y por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en la resoluci�n del 15 de noviembre de 2011, expedida en el mismo proceso, bajo el Exp. N� 2365-2011.

En principio, cabe precisar que la sumilla de un art�culo no forma parte del mismo, tampoco de una disposici�n contenida en �l y, mucho menos, integra la �norma misma�. Al respecto, es oportuno recurrir a la distinci�n entre disposici�n y norma. Mientras la disposici�n es un enunciado (entendido como expresi�n ling��stica coherente) que forma parte de un documento normativo, la norma es el significado atribuido (por alguien) a una disposici�n (o a un fragmento de disposici�n, o una combinaci�n de disposiciones, o a una combinaci�n de fragmentos de disposiciones). Entre disposici�n y norma media la interpretaci�n. As�, mientras la disposici�n es el objeto de la interpretaci�n, la norma es el resultado de la misma. En este sentido, como bien anota GUASTINI: �las normas son �por definici�n- variables dependientes de la interpretaci�n� .

El error de asumir que el texto de una disposici�n es la norma, es producto de la confusi�n entre el objeto de la interpretaci�n y el resultado de la misma. Ni siquiera bajo el argumento sem�ntico cabe asimilar o reducir la norma a la disposici�n, pues no pueden descartarse problemas de ambig�edad o vaguedad.

En relaci�n con los casos propuestos, el requisito relativo a que la medida cautelar haya sido innecesaria o maliciosa no solo no integra la norma, sino que ni siquiera integra el art�culo que contiene la disposici�n que regula el pago de la indemnizaci�n por los da�os causados por la medida cautelar. La sumilla no forma parte de la �norma misma�, porque dicha sumilla, como cualquier otra, no integra el contenido del art�culo y tampoco la disposici�n en comento ; y, en el supuesto negado que as� fuera �ya hemos visto- que no cabe confundir texto o signo con significado; o al producto de la interpretaci�n con su resultado.

Las sumillas cumplen una funci�n meramente indicativa, pero no forman parte del texto legal ni pueden justificar una determinada interpretaci�n. En esta l�nea, por ejemplo, la Primera Disposici�n Final de la Ley General de Sociedades establece: �Los t�tulos de los art�culos de esta ley son meramente indicativos, por lo que no deben ser tomados en cuenta para la interpretaci�n del texto legal�.

En suma, la sumilla de un art�culo no forma parte del mismo, ni de alguna de sus disposiciones y, mucho menos, del significado que se le atribuya a alguna de ellas (la norma). Desde luego, podr�a arg�irse que la sumilla revela la intenci�n del legislador, pero este argumento ser�a bastante d�bil y por s� solo no bastar�a para justificar una determinada interpretaci�n, pues, como en nuestro pa�s ha apuntado De Trazegniez, �el legislador� es una entelequia.

(ii) Un segundo argumento consiste en que la medida cautelar es el ejercicio del derecho a la tutela cautelar que tiene el demandante; de manera que solo cuando dicho ejercicio es abusivo o malicioso corresponde el pago de la indemnizaci�n por da�os en la v�a cautelar; en cualquier otro supuesto el afectado con la medida cautelar debe soportar el costo de los da�os, �pues de entenderlo diferente cabr�a el pago indemnizatorio por el ejercicio regular de un derecho�.

Aunque hay premisas impl�citas, es claro que estamos frente a un argumento apag�gico o de reducci�n al absurdo. Este argumento constituye un m�todo indirecto de demostraci�n que prueba la verdad de una proposici�n por la imposibilidad de aceptar las consecuencias que se derivan de su contraria. El argumento ad absurdum parte por admitir provisionalmente la hip�tesis respecto de la cual se quiere demostrar su falsedad. De ello se sacan consecuencias. Siendo estas falsas, se concluye en la falsedad de la hip�tesis inicial, en virtud del principio �falsum non sequitur nisi ex falso� (�lo falso no se sigue sino de lo falso�). Luego, se manifiesta la verdad de la tesis infiri�ndola de la falsedad de la proposici�n contradictoria.

La reducci�n al absurdo precisa de los siguientes elementos :
(i) Una tesis de la que su verdad todav�a no se excluye (en nuestro caso la T1).
(ii) Una tesis contraria con la anterior (es decir, la T2).
(iii) Una consecuencia de esta segunda tesis (v.gr. se condenar�a al demandante al pago de la indemnizaci�n, pese a actu� en ejercicio regular de su derecho a la tutela cautelar).
(iv) Una tercera tesis (T3) ya demostrada o aceptada, incompatible con la referida consecuencia (v.gr. que conforme a lo prescrito por el art�culo 1971� del C�digo Civil, no hay responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho).

Se argumenta por el absurdo del modo siguiente: T1 y T2 son contrarias o incompatibles, por lo que la tesis que subsista ser� aquella que se salve por posibilidad. Se parte, entonces, por admitir provisionalmente la tesis de la que se pretende demostrar su falsedad (T2). Luego, se extraen sus consecuencias (en el caso, la indicada en el �tem iii). Pero, como estas son incompatibles con la T3, ya demostrada o aceptada como correcta (v.gr. la prescripci�n del art�culo 1971�, inciso 1, del C�digo Civil), se concluye en la falsedad de la T2. Finalmente, en aplicaci�n del tercio excluido, se afirma la conclusi�n deseada: la correcci�n de la T1.

De un modo m�s natural, el argumento de los defensores de la T1 ser�a el siguiente: Si se admitiese que cabe el pago de la indemnizaci�n por los da�os causados por la medida cautelar, sin considerar si la medida cautelar fue innecesaria o maliciosa, entonces, se ordenar�a el pago de una indemnizaci�n a quien actu� en ejercicio regular de un derecho; esto es, al demandante que actu� en ejercicio regular de su derecho a la tutela cautelar. El caso es que esta consecuencia es contraria a la regla contenida en el art�culo 1971�, inciso 1, del C�digo Civil, seg�n la cual no hay responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho. Por tanto, no puede admitirse que en la interpretaci�n del art�culo 621� del C�digo Procesal Civil se excluya a dicho presupuesto normativo.

Este argumento parece incontrovertible; sin embargo, como anotan GASC�N y GARC�A , para sostener que una determinada interpretaci�n conduce a resultados absurdos, �(�) quien use este argumento tendr� que estar dispuesto a demostrar dos cosas: 1�) que la interpretaci�n que se rechaza conduce a un determinado resultado, es decir, que I → R; y 2�) que ese resultado es absurdo, no deseable e inaceptable desde el punto de vista del ordenamiento jur�dico; es decir, que es obligatorio no-R�. El primer punto se refiere a las consecuencias que se derivan de la tesis opuesta; el segundo, a la incoherencia o incompatibilidad de dichas consecuencias con una tesis aceptada o incontrovertible (la T3).

En el caso concreto, la T3 (que seg�n el art�culo 1971� del C�digo Civil, no hay responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho) es inatacable, pero podr�amos cuestionar las consecuencias que se pretenden derivar de la T2: �Es correcto sostener que la T2 implicar�a condenar al demandante al pago de una indemnizaci�n, pese a que actu� en ejercicio regular de su derecho a la tutela cautelar? �Cu�l es el contenido del derecho a la tutela cautelar? �Comprende solo solicitar y obtener una medida cautelar en caso se cumplan con los presupuestos legales, o tambi�n otorga una exoneraci�n al demandante frente a la responsabilidad por los da�os causados por la ejecuci�n de la medida cautelar otorgada a su favor?

En relaci�n con este punto, apr�ciese que la medida cautelar se otorga por cuenta y riesgo de quien la pide. Ciertamente, se reconoce el derecho del demandante de solicitar una medida cautelar en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sin embargo, es �l quien debe asumir el riesgo por los da�os que pueda causar su cautelar; de manera que si al concluir el proceso se declara infundada su demanda y la medida cautelar produjo da�os, es el demandante quien debe asumir el valor de los da�os y no el demandado que gan� el proceso y, l�gicamente, no puede verse afectado . No parece coherente que quien gane el proceso, pierda con los da�os causados por la medida cautelar. Si el demandante debe cancelar las costas y los costos del proceso cautelar e incluso debe pagar la multa que le imponga el Juez, con mayor raz�n debe asumir el costo de los da�os y perjuicios causados por su medida cautelar. Por tanto, absurda no es la T2, sino la T1, que en -buena cuenta- postula que quien gana, pierde.

(iii) Tambi�n se esgrime un argumento teleol�gico, consistente en que la medida cautelar fue creada para que los miles de justiciables que acuden al �rgano jurisdiccional puedan hacerle frente a la demora en la soluci�n de los procesos, �por lo cual ser�a il�gico aplicar la teor�a objetiva (de la responsabilidad) puesto que as� lo que se estar�a pretendiendo es desincentivar a los justiciables a solicitar una medida de esta naturaleza y esa no ha sido la finalidad de nuestro ordenamiento jur�dico�.

Como sabemos, toda medida cautelar importa un prejuzgamiento, en la medida que su concesi�n se realiza antes que se haya expedido sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia. A su vez, la medida cautelar es provisoria e instrumental respecto del proceso principal; de manera que su existencia es temporal y funcionalmente depende de lo que ocurra en dicho proceso. En este contexto, as� como es derecho del demandante la tutela cautelar para garantizar la efectividad de la eventual sentencia que ampare sus pretensiones, tambi�n se reconoce como derecho del afectado que el demandante otorgue a su favor una garant�a o cauci�n (contracautela) para que, en caso que la demanda sea desestimada por sentencia firme, pueda ser resarcido de los da�os que eventualmente cause la concesi�n de la medida cautelar. En este contexto, si la demanda, cuya pretensi�n estuvo asegurada con medida cautelar, es declarada infundada, y esa medida cautelar produjo da�os, el afectado tiene derecho a solicitar que se ejecute la cauci�n para que se le indemnice por el valor de los da�os o, en su caso, hasta donde alcance la cauci�n.

Cierto es que la medida cautelar tiene por finalidad garantizar que la demora en el proceso no perjudique la ejecuci�n de la eventual sentencia de m�rito; sin embargo, ello no quita que quien solicita la medida cautelar lo haga bajo su cuenta y riesgo, sobre teniendo en cuenta que para su concesi�n no se escucha a la parte contraria. Lo contrario supone permitir que quien gane, pierda, y ello no es coherente y, mucho menos, justo.

4. A manera de colof�n
Adem�s, cabe agregar un argumento pragm�tico: si la indemnizaci�n se solicita ante el mismo Juez que concedi� la medida cautelar, �ese Juez dir� que efectivamente la medida cautelar que otorg� era innecesaria o maliciosa? Salvo que el mismo Juez la haya levantado al declarar fundada la oposici�n, creo que es muy dif�cil que ello ocurra, pues significar�a reconocer que cuando menos actu� con negligencia, exponi�ndose al inicio de acciones por responsabilidad civil o disciplinaria.

As� las cosas, con una interpretaci�n como la que postula la T1 la cauci�n pr�cticamente se convierte en una figura decorativa y, lo peor, abre las puertas para el abuso de las medidas cautelares: vaya uno a discutir si la medida cautelar fue maliciosa (y qu� debe entenderse por malicia) frente al mismo Juez que concedi� la medida cautelar, a ver si logra que ejecute la cauci�n para el pago de los da�os causados por la medida cautelar. Cualquier abogado con un m�nimo de sentido com�n sabe que esto es improbable, as� que la responsabilidad por los da�os que pueda causar la medida cautelar no es una variable que vaya analizar con su cliente al momento de solicitarla.

Por �ltimo, �sirve para algo la argumentaci�n jur�dica?... Ustedes dir�n.

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