Publicado en EL COMERCIO, lunes 15 de febrero de 2010, pág. A2

PUNTO DE VISTA
Una crisis que sigue vigente





La importancia de los partidos políticos es tal, que puede afirmarse sin temor a equívoco que estas organizaciones son una condición imprescindible de los regímenes democráticos. Siendo así, su descrédito termina poniendo en riesgo la subsistencia misma de la democracia. Por ello, preocupan los resultados de esta encuesta.

Mientras menos del 15% de peruanos se siente representado por algún partido, más del 80% no se siente representado por ninguno.

Estas cifras guardan evidente relación con la percepción mayoritaria sobre el funcionamiento de la democracia al interior de estas organizaciones.

Casi el 70% de peruanos no cree que exista una verdadera democracia interna, frente a un escaso 22% que sí lo cree. Gran parte del descrédito de los partidos puede explicarse, entonces, porque [estas organizaciones] son percibidas como antidemocráticas, caudillistas y dominadas por cerradas cúpulas; pese a que existe una Ley de Partidos Políticos que establece normas al respecto.

Los resultados de la encuesta, junto con otros hechos que vienen ocurriendo en el escenario político, como la aparición de candidaturas extravagantes, o la proliferación de esa especie de franquicias en que se han convertido muchos “partidos” que se ofrecen al mejor postor electoral (el caso de la eventual candidatura de Jaime Bayly y su relación con el partido Cambio Radical, que no cuenta ni con comités ni con militancia, es emblemático sobre el particular), son claros indicadores de la subsistencia de la crisis de los partidos que se evidenció en 1989 y 1990 con las elecciones de Ricardo Belmont y Alberto Fujimori (los primeros “outsiders” exitosos de nuestra política), y devino en el colapso del sistema durante el fujimorato. Ciertamente, fue la actuación de los propios partidos y sus dirigencias lo que llevó a este desenlace.

La Ley de Partidos Políticos (LPP), vigente desde 2003, tuvo por finalidad, precisamente, coadyuvar a superar la crisis de legitimidad de los partidos. A más de seis años de su vigencia, sin embargo, se constata que la ley no ha cumplido sus objetivos, debido a las “trampas” que contiene.

El actual Congreso tuvo en sus manos la oportunidad de salvar muchas de las imperfecciones de la LPP. En diciembre pasado, por ejemplo, pudo haber aprobado una norma estableciendo la participación obligatoria de la ONPE en los comicios internos de los partidos, y que sus resultados se respeten cuando el JNE inscriba las candidaturas; conforme había sido aprobado en la Comisión de Constitución. Pero a la hora de la verdad, dicha propuesta fue obviada olímpicamente.

Por ello, llama la atención que un importante congresista y dirigente partidario dirija sus baterías contra el JNE y la ONPE por la falta de sanciones, cuando es la LPP la que no permite una efectiva supervisión a los partidos por tales organismos. Y, que se sepa, son los congresistas, y no los organismos electorales, quienes tienen el poder de perfeccionar la ley. Lo que no se ve es voluntad política para hacerlo.