A pesar de la gran protesta amazónica y de los trágicos sucesos del 5 de junio en Bagua, la política gubernamental de otorgar concesiones mineras sin considerar la opinión de las comunidades indígenas que viven dentro o en las cercanías de estas zonas, continúa siendo ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Increíblemente, mineras que no tienen permiso de exploración ni de explotación y que –encima- operan en zona de frontera, son protegidas descaradamente por las Fuerzas Armadas. ¿Por orden de quién o quiénes?

La frontera entre Perú y Ecuador era, hasta hace más de una década, escenario de enfrentamientos militares continuos y periódicos casi desde el inicio de la época republicana. Si bien es verdad que la firma del Acuerdo Definitivo de Paz de Brasilia del 26 de octubre de 1998 marcó el inicio de una etapa de paz y tranquilidad entre ambos países andinos, lo cierto es que este hecho fue también el comienzo de una política de otorgamiento irresponsable de concesiones mineras en uno y otro lado de la frontera, pues la paz abrió la posibilidad de explotar los ricos yacimientos ingentes de oro y cobre existentes en las selvas y ríos donde los ejércitos de ambas naciones solían combatir.

Esta situación de otorgamiento desordenado y desenfrenado de concesiones está a punto de provocar un nuevo conflicto, pero ya no entre las tropas de Perú y Ecuador, sino entre las compañías mineras, apoyadas por el gobierno y las Fuerzas Armadas, de un lado, y las comunidades indígenas de las etnias awajún y wampis, que habitan esta zona del país, del otro. Paradójicamente, muchos integrantes de estas comunidades nativas participaron en el conflicto del Cenepa de 1995, contra la ocupación extranjera de un territorio que ahora es entregado a intereses extranjeros, y ahora se ven obligados a enfrentar al bando por el que pelearon antes. Sin embargo, no están dispuestos –advierten- a que sus territorios ancestrales sigan siendo ocupados y explotados sin que les hayan consultado antes.

La tensión generada por esa situación y la decisión de los nativos de defender sus derechos, hace temer a los dirigentes amazónicos que pueda estallar un “cenepazo”, es decir, una situación de violencia como la de Bagua.

El secreto de Afrodita
El caso de la Compañía Minera Afrodita S.A.C. es bastante conocido. La retención de cuatro trabajadores de esta compañía, dos guías awajún y el motorista de la embarcación que los conducía, ocurrida el 14 de enero del 2009, por haber ingresado al territorio comunal cuando había una prohibición expresa de los dirigentes, fue destacada por varios medios de comunicación. Es más, este periodista llegó a la zona del conflicto sólo días después de que los trabajadores fueron liberados tras permanecer una semana en el centro poblado de Huampami, capital del distrito fronterizo de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas). La situación era tensa, pero la promesa del entonces viceministro de Minas, Felipe Isasi, de dialogar directamente en Huampami con los dirigentes indígenas tranquilizó a la población. Sin embargo, el diálogo nunca llegó a ocurrir, pues Isasi adujo después que el antecedente de la retención de los trabajadores mineros no ofrecía garantías a su seguridad. Ese sinsabor y decepción fue, probablemente, lo último que los awajún de la cuenca del Cenepa hayan recordado de un representante del Ejecutivo hasta antes del baguazo.

La ambigüedad de la nacionalidad de los capitales de esta empresa también fue cuestionada entonces. Cuando LA PRIMERA llegó a Huampami, los dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), encabezada por su presidente, Zebelio Kayap, referían que Afrodita se hacía pasar como peruana cuando, en realidad, el 100% de sus acciones han sido vendidas a la compañía canadiense Dorato Resources Inc., cuya subsidiaria Dorato Peru S.A.C. es la titular de las concesiones Apu (8.72 hectáreas), Campana 1 (1000 Ha), Campana 2 (900 Ha), Comaina 1 (1000 Ha), Comaina 2 (1000 Ha), Comaina 3 (1000 Ha) e Hito (100 Ha).

Es más, la misma Dorato Resources ya había informado públicamente, a fines del 2008, que las acciones y derechos mineros de Afrodita le habían sido transferidos al 100%, tal como había sido pactado en dos contratos, celebrados el 18 de octubre del 2007, entre su subsidiaria Dorato Perú y Afrodita: un contrato de cesión minera y un acuerdo privado.

Empero, el mismo Isasi aseguró que ni Afrodita ni Dorato tenían permisos de exploración ni de explotación, tal como quedó consignado en el oficio 034-2009 del 23 de enero de ese año. Sin embargo, actualmente, el MEM reconoce la presencia de Afrodita en la zona. Prueba de ello es que lo que dijo a este periodista el actual viceministro de Minas, Fernando Gala, el 17 de noviembre del 2009, en la inauguración del VI Congreso Internacional de Medio Ambiente, seguridad y Responsabilidad Social en Minería y Metalurgia, desarrollado en la sede del Consejo Departamental de Ingenieros de Lima.

Dijo textualmente: “La minera Dorato no existe. La empresa se llama Afrodita y es de capitales peruanos. Hay una intención de Afrodita de venderle a Dorato, que es una empresa extranjera, y obviamente, para eso, tiene que haber una resolución suprema, pero, por lo tanto, todavía no existe. Afrodita tampoco está haciendo ningún trabajo en estos momentos”. Ante mi insistencia de que había información de la venta de Afrodita, respondió: “En todo caso, Dorato no tiene el permiso de zona de frontera. Dorato no puede hacer todavía ninguna actividad. No puede”.

Y, como para que no queden dudas, el MEM emitió el comunicado de prensa del 17 de diciembre del 2009, en el que informó que “la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, a través de la Resolución Directorial Nº 402-2009-MEM/AAM, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto aurífero Afrodita en la Cordillera del Cóndor, lo cual no implica la autorización del inicio de actividades de exploración minera en la zona”. También, remarcó que la empresa debe cumplir el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 020-2008-EM – Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. Es decir, la empresa debe obtener el permiso de uso de terreno superficial (sea de propiedad del Estado, de un privado o de una comunidad nativa); además de otras licencias requeridas por ley.

Para el apu Zebelio Kayap, el asunto es claro: la nacionalidad de esta compañía es lo de menos; lo grave, en realidad, son las consecuencias que la explotación minera a gran escala provocará (y ya provoca) en una zona de gran valor hídrico y ecológico como la Cordillera del Cóndor. “Ahora, dicen que Dorato ya se fue y que queda Afrodita que es peruana, pero la contaminación no va a diferenciar si es Dorato o Afrodita la que contamina”.

Rechazo unánime
Al respecto, la Asamblea General Extraordinaria Unificada del 26 de enero del 2010, desarrollada en la comunidad de Mamayaque, con participación de Odecofroc, la Organización de Desarrollo de las Comunidades de Alto Comaina (Odecuac), la Organización de Desarrollo de las Comunidades de Alto Comaina y Numpatkaim (Odecinac) y el apu de la comunidad de Nueva Vida, emitió un informe en el que desconocen el contenido de esa DIA. El documento indica que el acuerdo unánime fue “desconocer íntegramente el Estudio de Impacto Ambiental elaborado en el mes de noviembre del 2009 por la sociedad S.A.S. Ingenieros S.A. a favor de la compañía minera Afrodita S.A.”.

Los dirigentes afirman que el informe de la DIA de Afrodita indica que el taller participativo, realizado en el Auditórium de la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui del distrito de Nieva el 9 de noviembre del 2009, tuvo la participación de dos representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas y de 141 pobladores. Sin embargo, señalan que el taller, al haber sido realizado en Nieva y no en El Cenepa, donde la empresa está presente, no puede ser considerado válido. ¿Cómo puede el MEM aprobar una DIA que no ha tomado en cuenta la opinión de la población que será afectada directamente?, se preguntan las comunidades.

“Cumplen órdenes del Comando Conjunto”
Las comunidades awajún han denunciado reiteradamente que la minera Afrodita (¿o Dorato?) está extrayendo oro ilegalmente de los cerros de la Cordillera del Cóndor desde hace algunos años. Es más, durante el incidente de la retención de los trabajadores de enero del año pasado, la dirigencia de Odecofroc nos entregó fotografías de instalaciones mineras y perforaciones que están dentro de puestos militares fronterizos como “PV-Ciro Alegría” y “PV-El Tambo”, ubicados en la Cordillera del Cóndor y establecidos para resguardar la frontera, no para proteger actividades empresariales de dudosa legalidad.

El hecho es más grave si tenemos en cuenta que, en caso de que Afrodita resulte ser Dorato en realidad, esta empresa estaría violando el artículo 71 de la Constitución que prohíbe la presencia de empresas extranjeras a menos de 50 kilómetros de frontera, a no ser que el Ejecutivo emita un decreto supremo declarando una “necesidad pública” esa presencia; así como el Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera por operar sin la autorización de las comunidades.

Sin embargo, Zebelio Kayap, a quien encontramos durante la asamblea macrorregional de los dirigentes awajún-wampis y las rondas campesinas del norte del país, nos cuenta algo revelador: Los militares han reconocido que resguardan las instalaciones mineras por orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Afrodita ya ha establecido su labor de exploración. Conversamos con el comandante del BIS Nº 69 Chávez Valdivia, Benjamín Ramón Fuentes Salazar, y nos ha explicado que el Ejército está cumpliendo una labor de resguardo a los trabajadores mineros por órdenes del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y del general de brigada de la sexta región de El Milagro”, revela.

Según Kayap, el comandante Fuentes hizo esta revelación en la asamblea del 26 de enero, realizada en Mamayaque, asamblea que rechazó por unanimidad la DIA de Afrodita. “Eso nos dijo el día 26 de enero. Ahí, invitamos al comandante para que también nos explique la situación en que estamos viviendo frente a la minera en la Cordillera del Cóndor. El comandante bien claro ha dicho. Ellos reciben órdenes, entonces ellos tienen el papel de resguardo de la empresa minera y de quienes están laborando entre la zona de frontera del Perú y Ecuador”, dice.