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Por Mario Huamán Rivera

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) publicó a finales del año pasado un comunicado exponiendo sus observaciones sobre los acuerdos suscritos con el Brasil para la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana. Por lo expuesto en dicho documento, lo pactado sería desfavorable para nuestro país debido a la falta de una política nacional que soberanamente determine los intereses de nuestra nación en el uso de los referidos recursos.


El CIP manifiesta que el potencial hidroeléctrico es la mayor fuente de energía comercial con que contamos los peruanos y que su aprovechamiento debe ser consecuencia de una voluntad política que debe ser ejecutada a lo largo de varios periodos de gobierno. Agrega, que el consumo nacional es de un crecimiento del 6 al 8% anual en los próximos 30 ó 40 años para lo cual se necesita desarrollar nuestra capacidad hidro-energética con la finalidad de satisfacer la demanda interna.

Por ese motivo, reclama al gobierno transparencia en la información, búsqueda de consensos, reconocimiento de derechos y el compartir beneficios con las poblaciones afectadas. Agrega que en el acuerdo se establece una negociación asimétrica, debido a la incapacidad de las empresas públicas peruanas para invertir y expandirse (caso Electro-Perú) a diferencia de la brasileña Eletrobrás que es una de las diez más grandes del mundo.

En ese marco consideramos válido el reclamo de la provincia de Carabaya (Puno) y las localidades aledañas por la construcción de la hidroeléctrica de Inambari sin contar con un plan y sin tomar en cuenta las demandas de la población. Cabe mencionar, que el proyecto forma parte de la Iniciativa de Integración Regional Sur Americana (IIRSA) que impulsa el eje Perú-Brasil.

Mientras el gobierno anuncia el inicio de la obra, el rechazo colectivo comienza a crecer en esa zona porque pone en peligro las perspectivas de desarrollo agropecuario y comercial a favor de la provisión de energía para Brasil. Esta decisión de las autoridades políticas afectará al ecosistema por el embalse que provocará la represa y la depredación de extensas zonas forestales, además del traslado de las poblaciones asentadas en la región durante años, entre otros perjuicios.

La CGTP demanda al gobierno la atención a los justos reclamos de la población que se perjudicará con la construcción de la hidroeléctrica de Inambari y exige un verdadero plan nacional hidro-energético, que determine objetivos y garantice la defensa de los intereses de nuestra sociedad.


Fuente: Diario La Primera