EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR . Desde el Análisis Económico del Derecho.

El Procedimiento Administrativo Sancionador es aquel por el cual la Administración busca imponer una sanción al administrado por haber incurrido este último en desacato a una norma administrativa. Dicha sanción puede consistir en la privación de un derecho o la imposición de una multa.

La sanción administrativa busca disuadir a los sociedad de incurrir en una infracción administrativa. En ese sentido, estamos ante un tipo de responsabilidad sistémica siendo que la función principal que cumple la sanción en este caso es la función de prevención.
Así, desde las tribunas del análisis económico del derecho Robert Cooter y Thomas Ulen han señalado “ocurre la disuasión socialmente óptima en el punto donde el costo social marginal de una reducción adicional del delito se iguala al beneficio social marginal”

De lo anterior, se desprende que para cumplir los fines antedichos la sanción deberá cumplir con los siguiente: (i) Ser predecible, y (ii) Proporcional a lo estrictamente necesario para desincentivar la conducta ilícita en la sociedad. Es decir, deberá existir un equilibrio entre evitar la actividad ilícita y el incentivo al desarrollo de las actividades económicas.
La determinación de la sanción se da al interior de un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que debe ser garantista de los derechos del administrado, siendo que deberán respetarse una serie de principios administrativos recogidos por el Artículo 230º de la Ley Nº 27444: Principio de Legalidad, Debido Procedimiento, Razonabilidad, Tipicidad, Irretroactividad, Concurso de Infracciones, Continuación de Infracciones, Causalidad, Presunción de Licitud y Non Bis in Idem.

Según señala la doctrina administrativa una vez comprobados los hechos materia de infracción deberán seguirse cuatro etapas para la determinación de la sanción concreta. Las mencionadas etapas serían: (I) Tipificación, (II) Calificación, (III) Graduación y (IV) Cuantificación. Al respecto Sánchez Terán – Hernandez ha señalado lo siguiente:

“ (...) Desde la comprobación de los hechos que constituyen el ilícito administrativo hasta la imposición de una sanción concreta existen determinadas etapas. Como dice Nieto García. La Administración en efecto, después de haber constatado los hechos y sus circunstancias, ha de proceder de la siguiente manera: a) Subsunción de la actuación en un tipo normativo de infracción b) Subsunción del tipo en una clase de infracción c) Determinación de la correlación entre la clase de infracción y la clase de sanción. d) Atribución de una sanción concreta de las que se encuentran agrupadas en la clase. Estas fases por lo que se refiere al Orden Social, son la tipificación, la calificación, la graduación y la cuantificación (...)”

Así, siguiendo al mismo autor Sánchez Terán abordaremos cada uno de las cuatro etapas para la determinación de la sanción administrativa:
Tipificación.- Solamente puede constituir ilícitos sancionables aquellas conductas que han sido recogidas por una Ley como infracciones administrativas. No existe en este caso una actividad discrecional de la Administración, sino una actividad reglada, la cual consiste en subsumir la presunta actuación infractora en tipo normativo establecido por Ley.

Calificación.- Consiste en el encuadramiento de la sanción como leves, graves y muy graves, en función de la entidad del bien público protegido.

Graduación.- De acuerdo a los parámetros establecidos legalmente se gradúa la sanción en mínimo, medio o máximo. El mencionado ejercicio debe ser motivado tomando en cuenta las circunstancias de los hechos materia de infracción.

Cuantificación.- Finalmente, la Administración debe concretar la sanción establecido una medida o un monto dinerario a pagar (en caso de multas) a ser cumplido por el administrado.

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Comentarios

wilder gregorio escribió:

Creo que es acertado su analisis y la metodologia de la doctrina es util, pero mi interes esta orientado hacia la sancion que se debe implanatar hacia los servidores publicos que incurren en delitos dentro de su institucion o usando estas como fachada para atraer actos ilicitos penados pero como son servidores publicos no se sabe como se debe actuar para enviarlos ala via penal cae en genral en una doctrina paternatilista del sistema y practicamente la impunidad, pero en el proceso disciplinario se le llega auna amonestacion o suspencion maxima reasumiendo las funciones originarias del proceso es decir de nada sirvio el proceso por que se ahoga al tocar la orilla.agradecderia algun comenario.
miércoles 03 febrero 10:41

Javier Quiñones escribió:

En la determinación de la responsabilidad penal teóricamente es un caso sencillo.

En los casos de servidores públicos estamos ante delitos conocidos como delitos de infracción de un deber.
Es decir delitos en donde se tenía una competencia institucional y por lo tanto un mayor deber de solidaridad
respecto a otros delitos y en los que consecuentemente hay un deber no sólo de no no causar daños al estado
sino además comportarse según su función.

Se tiene el deber de "cuidar" que no se vulnere este deber. Un caso parecido en otro contexto es el caso del padre que
no sólo tiene la obligación de no maltratar al hijo sino el deber positivo de protegerlo.

El padre no podría permanecer tranquilo mientras alguien más le pega a su hijo sin tener responsabilidad
por ello. El funcionario tiene que evitar dentro de lo razonable que se vulnere su deber. Por esto no es necesario que naturalisticamente mueva la mano para recibir dinero, se le podría imputar que p.e sin que el haya hecho algo físicamente es conocido que se le deposita dinero en una cuenta.

En el plano probatorio y procesal precisamente se tendría que probar que el servidor no actuó conforme a su deber,
ó no evito que se vulnere este deber y se "direcciona su función"

En estos casos el plazo prescriptorio es mayor ( art. 80), es causal de agravación de secuestro (art.152)
y 153-A, es causal de agravación por violación a la intimidad, (art. 155), es causal de agravación en el art. 157, y de
tipificación expresa en el delito de allanamiento de domicilio del art. 160, es causal de agravación en el art. 222 y 225 sobre los delitos contra la propiedad intelectual, causal de agravación por venta ilegal de mercaderías (art. 237),y así es agravación en otros delitos más.

A los servidores puede inhabilitarseles conforme al art. 353. Además especificamente puede sancionarseles conforme el art. 382, y 383, 384, 385, 380, 389, 390, 391, 393, 394, 397, 399, etc. que los establecen expresamente, en los demás casos como el art. 376 donde sólo se incluye a los funcionarios no se les puede incluir por respeto irrestricto al principio de legalidad, Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege en la formulación del jurista alemán Feuerbach.

Por otro lado, el propio código penal diferencia entre servidores y funcionarios públicos a través de una definición
autónoma.Rige para lo pertinente el artículo 41 de la constitución.
miércoles 03 febrero 20:55

a20013156 escribió:

Pienso, que el análisis económico de la sanción es aplicable esencialmente tanto al ilícito administrativo como al ílicito penal. Sin embargo, el problema está en encausar el procedimiento sancionador administrativo y el proceso penal que corresponda. Tomando en cuenta, que el control penal es la "ultima ratio", es decir el contro que se ejerce para la proteción de los bienes jurídicos más preciados por la sociedad.

Como bien hace notar Javier en los delitos de función debe existir un agravante. Una sanción más severa que desincentive el comportamiento.
miércoles 03 febrero 21:03

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