30/01/07: ¿Quiénes son las víctimas?
Parte del debate acerca del memorial “El Ojo que Llora”, iniciado a partir del fallo de la CIDH sobre los sucesos del penal Castro Castro gira en torno a la noción de “víctima”. A raíz de ello quisiera reflexionar acerca de algunos datos que provienen del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La CVR trató de reconstruir un perfil de las victimas del conflicto que experimentamos en las décadas del 80 y 90: se trataba sobre todo de campesinos, habitantes de provincias andinas, quechua hablantes, o personas pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad peruana. Otro rasgo común es que entre las víctimas que lograron ser identificadas con nombre y apellidos más del 90% eran civiles. En el informe final de la CVR se consignan los nombres de 24,820 personas muertas o desaparecidas. Entre ellas hay 1,671 miembros de las fuerzas armadas y policiales que dieron su vida en el combate contra los grupos subversivos . El 80% de las bajas militares y policiales ocurrieron entre 1988 y 1995, especialmente en las zonas de emergencia de la selva central y nororiental.
La casi totalidad de civiles identificados por la CVR como muertos o desaparecidos fueron víctimas desarmadas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. No se trata entonces de personas muertas en enfrentamientos o combates armados. En algo más de la mitad de esos casos el responsable de los hechos es Sendero Luminoso. Una proporción importante de estas víctimas (cerca del 12%) eran autoridades locales, dirigentes políticos y sociales. A pesar de no tener armas, permanecieron en sus puestos al lado de sus conciudadanos. Sin dejar de reconocer el coraje de los militares y policías, no debemos olvidarnos del heroísmo de estos peruanos que también murieron cumpliendo su deber.
Los testimonios recogidos por la CVR indican que los agentes del Estado (fuerzas armadas, policiales y comités de autodefensa) habrían sido responsables de un tercio de las víctimas de asesinatos, ejecuciones y desapariciones que se logró identificar. El 47% de estos casos ocurrió entre 1982 y 1985, básicamente en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica.
Una pregunta que ha surgido en los últimos días es ¿cuántas de las personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por las fuerzas del orden estaban involucradas con los grupos subversivos? Salvo los casos conocidos, como el de las personas ejecutadas en Castro Castro en 1992, no es posible saber a ciencia cierta quiénes y cuántos estuvieron efectivamente involucrados con Sendero Luminoso ya que se trataba de una organización clandestina cuyos miembros se ocultaban en medio de la población civil.
Se sabe que el año 2002, de acuerdo con el INPE había aproximadamente 2,000 personas detenidas por delito de terrorismo en las cárceles del Estado. La CVR logró entrevistar a cerca de la mitad: 60% eran originarios de Lima o de otros departamentos de la costa, menos del 10% eran Ayacuchanos.
Según documentos incautados por la DINCOTE a Abimael Guzmán, hacia 1990, en su momento de mayor expansión, Sendero Luminoso contaba con unos 3,000 militantes del partido y cerca de 40,000 miembros de su autodenominado “Ejercito Guerrillero Popular” . Sin embargo, Abimael Guzmán incluía en su contabilidad a buena parte de la población de las comunidades sojuzgadas por la organización terrorista (que llamada “Fuerza de Base”) y que para esa época se estima en unas 35 mil personas. En varias ocasiones estas comunidades se rebelaron con fatales consecuencias, testigo de ello son masacres como las de Lucanamarca o Uchuraccay (en está última comunidad más de 300 comuneros fueron asesinados por Sendero en aquellos años).
Más allá de los estimados acerca del número total o real de personas que alguna vez estuvieron involucradas en la organizaciones terroristas, en el supuesto inverosímil que todas las personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por agentes del Estado hubieran estado involucradas con Sendero Luminoso (incluyendo menores de edad y ancianos, que suman el 18% de esas víctimas), el deber de las fuerzas del orden era ponerlos a disposición de la justicia para que sean juzgados y condenados con toda la severidad de la ley.
Hay gente que dice o que piensa que “a veces hay que quemar la aldea para salvarla”: que un conflicto como el que vivió el país, enfrentando a una organización como Sendero Luminoso que se oculta entre los civiles, no pudo haberse resuelto de otra manera y que era inevitable que se cometieran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o torturas. Si eso es así, ¿qué principios e ideales estábamos defendiendo en la lucha contra las organizaciones terroristas?, ¿qué tipo de Patria es la que buscábamos preservar?
La CVR trató de reconstruir un perfil de las victimas del conflicto que experimentamos en las décadas del 80 y 90: se trataba sobre todo de campesinos, habitantes de provincias andinas, quechua hablantes, o personas pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad peruana. Otro rasgo común es que entre las víctimas que lograron ser identificadas con nombre y apellidos más del 90% eran civiles. En el informe final de la CVR se consignan los nombres de 24,820 personas muertas o desaparecidas. Entre ellas hay 1,671 miembros de las fuerzas armadas y policiales que dieron su vida en el combate contra los grupos subversivos . El 80% de las bajas militares y policiales ocurrieron entre 1988 y 1995, especialmente en las zonas de emergencia de la selva central y nororiental.
La casi totalidad de civiles identificados por la CVR como muertos o desaparecidos fueron víctimas desarmadas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. No se trata entonces de personas muertas en enfrentamientos o combates armados. En algo más de la mitad de esos casos el responsable de los hechos es Sendero Luminoso. Una proporción importante de estas víctimas (cerca del 12%) eran autoridades locales, dirigentes políticos y sociales. A pesar de no tener armas, permanecieron en sus puestos al lado de sus conciudadanos. Sin dejar de reconocer el coraje de los militares y policías, no debemos olvidarnos del heroísmo de estos peruanos que también murieron cumpliendo su deber.
Los testimonios recogidos por la CVR indican que los agentes del Estado (fuerzas armadas, policiales y comités de autodefensa) habrían sido responsables de un tercio de las víctimas de asesinatos, ejecuciones y desapariciones que se logró identificar. El 47% de estos casos ocurrió entre 1982 y 1985, básicamente en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica.
Una pregunta que ha surgido en los últimos días es ¿cuántas de las personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por las fuerzas del orden estaban involucradas con los grupos subversivos? Salvo los casos conocidos, como el de las personas ejecutadas en Castro Castro en 1992, no es posible saber a ciencia cierta quiénes y cuántos estuvieron efectivamente involucrados con Sendero Luminoso ya que se trataba de una organización clandestina cuyos miembros se ocultaban en medio de la población civil.
Se sabe que el año 2002, de acuerdo con el INPE había aproximadamente 2,000 personas detenidas por delito de terrorismo en las cárceles del Estado. La CVR logró entrevistar a cerca de la mitad: 60% eran originarios de Lima o de otros departamentos de la costa, menos del 10% eran Ayacuchanos.
Según documentos incautados por la DINCOTE a Abimael Guzmán, hacia 1990, en su momento de mayor expansión, Sendero Luminoso contaba con unos 3,000 militantes del partido y cerca de 40,000 miembros de su autodenominado “Ejercito Guerrillero Popular” . Sin embargo, Abimael Guzmán incluía en su contabilidad a buena parte de la población de las comunidades sojuzgadas por la organización terrorista (que llamada “Fuerza de Base”) y que para esa época se estima en unas 35 mil personas. En varias ocasiones estas comunidades se rebelaron con fatales consecuencias, testigo de ello son masacres como las de Lucanamarca o Uchuraccay (en está última comunidad más de 300 comuneros fueron asesinados por Sendero en aquellos años).
Más allá de los estimados acerca del número total o real de personas que alguna vez estuvieron involucradas en la organizaciones terroristas, en el supuesto inverosímil que todas las personas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por agentes del Estado hubieran estado involucradas con Sendero Luminoso (incluyendo menores de edad y ancianos, que suman el 18% de esas víctimas), el deber de las fuerzas del orden era ponerlos a disposición de la justicia para que sean juzgados y condenados con toda la severidad de la ley.
Hay gente que dice o que piensa que “a veces hay que quemar la aldea para salvarla”: que un conflicto como el que vivió el país, enfrentando a una organización como Sendero Luminoso que se oculta entre los civiles, no pudo haberse resuelto de otra manera y que era inevitable que se cometieran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o torturas. Si eso es así, ¿qué principios e ideales estábamos defendiendo en la lucha contra las organizaciones terroristas?, ¿qué tipo de Patria es la que buscábamos preservar?
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