13/01/07: Explorando el significado de las elecciones del año 2006
Por David Sulmont.
Articulo escrito para la edición de enero del 2007 de la revista Coyuntura del CISEPA - PUCP
El año 2006 ha sido un periodo electoralmente intenso, tanto para el Perú como para América Latina. En nuestro caso, en ocho meses se han renovado por completo las autoridades que son fruto del sufragio popular en todos los niveles de gobierno: nacional, legislativo, regional, provincial y distrital. No se trata solamente de una renovación de la legitimidad democrática de las autoridades, sino también de un recambio de actores, en la medida que la mayoría de parlamentarios electos lo son por primera vez, y que pocas autoridades regionales y municipales que se presentaron a la reelección obtuvieron nuevamente el respaldo de las urnas.
La fragilidad del sistema de representación
Mucho se ha escrito a lo largo del 2006 acerca de las múltiples transformaciones que ha sufrido el mapa político en los tres tipos de elecciones que hemos experimentado (generales, regionales y municipales). Un elemento común en la mayoría de los análisis es su énfasis en la fragilidad del sistema de representación político visible a través de múltiples indicadores. El primero de ellos es el “auge y caída” del líder nacionalista Ollanta Humala como nuevo outsider de la política peruana, quien luego de recibir un apoyo calificado como “aluvional” en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no logra mantener su capital político en las elecciones regionales y municipales.
La dificultad de los partidos políticos para mantener y reforzar su respaldo electoral a nivel nacional es otro indicador de este fenómeno. Unidad Nacional – básicamente restringida a Solidaridad Nacional – no concita mayores adhesiones fuera de la capital. En las provincias, el Partido Aprista con duras penas logra conservar dos de los doce gobiernos regionales que venía administrando y pierde la emblemática ciudad de Trujillo.
Si consideramos la votación registrada en las elecciones regionales, fuera de Lima el APRA supera al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala en apenas 131 mil votos (menos del 1% del padrón electoral nacional). Si al PNP le sumamos los votos que obtuvo la Unión por el Perú, su aliado en las elecciones presidenciales, ese bloque sobrepasaría al partido de la estrella en poco más de 300 mil votos en el interior del país.
La preeminencia de figuras “independientes” en gobiernos regionales y municipales a nivel nacional es el tercer indicador de la fragilidad de nuestro sistema de representación. El tema aquí no es tanto la inexperiencia política de quienes han resultado electos. Descontando el ámbito municipal que requeriría un análisis mucho más fino (son más de 2000 alcaldes electos entre provinciales y distritales), varios de los nuevos presidentes regionales son actores capaces de demostrar una larga y significativa trayectoria política en sus respectivas localidades. Sin embargo más allá de las competencias políticas de las autoridades “independientes”, lo que se señala como problema es la fragmentación de la representación y la ausencia de proyectos y organizaciones políticas capaces de federar o aglutinar intereses y demandas sociales de diferentes ámbitos regionales y sociales. De ahí que se emplee el término de “archipiélago” para describir el nuevo mapa político peruano resultante de las elecciones regionales, palabra que denota las dificultades que debemos enfrentar para conectar actores, agendas sociales y políticas diversas y poco integradas en la tarea de construir una agenda nacional.
Las nuevas agendas sociales y políticas
Otro elemento que debemos resaltar en la exploración del significado de este año electoral, es la configuración de un nuevo tipo de agenda social y política. A diferencia de las elecciones generales del 2001, marcadas por el contexto de la transición democrática y de una recesión económica, las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2006 se desenvuelven dentro de los cauces normales de la alternancia democrática y en medio de un nuevo ciclo de expansión de la economía peruana, con tasas de crecimiento sostenido no vistas desde hace casi 40 años, y – dato importante – que aparentemente resultan relativamente imperturbables frente a la agitación política propia de una coyuntura electoral.
A nivel social, este crecimiento económico no logra generar impactos significativos y visibles, especialmente para los ciudadanos del interior del país y de los sectores más pobres de la población. El problema de la desigualdad y la vinculación entre crecimiento económico y la mejora real de las condiciones de vida de la gente se convirtieron en temas centrales de la campaña presidencial. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta sostenían un discurso de cambio de modelo económico (radical por un lado; “responsable” por el otro) que buscaba conectarse con las expectativas de progreso social de la gran mayoría de electorado.
Actualmente, el gobierno de Alan García goza de altos niveles de aprobación que se refuerzan con las expectativas de mejora económica que tienen amplios sectores de la población. Ambos fenómenos están en gran parte sustentados en la buena salud y estabilidad macroeconómica del país, la cual permite tener un futuro más previsible en el mediano plazo. En la última encuesta de diciembre del 2006 realizada en Lima por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, la aprobación del presidente era de 56%, mientras que un año atrás, Alejandro Toledo contaba con apenas 14% de aprobación en la capital (encuesta IOP-PUCP de diciembre del 2005). En diciembre del 2006, el 56% de los entrevistados por la PUCP en Lima esperan que su situación económica sea mejor dentro de un año, en contraste con un 37% que pensaba lo mismo en diciembre del 2005.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que una de las razones que explican la fragilidad del sistema de representación política descrita en el acápite anterior, tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema político de responder positivamente a estas expectativas sociales. Para gran parte de la población, la escasa legitimidad que se le suele conferir a los partidos políticos (nuevos o viejos) reside en que se los percibe como incapaces e ineficientes a la hora de promover el progreso social desde el Estado y la política, especialmente en un momento de auge económico.
En la actualidad, de acuerdo con la encuesta antes citada de diciembre del 2006, el 21% de los entrevistados en Lima declara tener “alguna o mucha” confianza en los partidos, lo que resulta poco pero que representa una notable mejoría si tomamos en cuenta que hace un año, los niveles de confianza en los partidos llegaban apenas al 8% de los encuestados limeños.
Este “auge” actual de los indicadores de opinión pública (aprobación del gobierno, confianza en instituciones, expectativas de progreso futuro) corresponde a una etapa donde la ciudadanía todavía deposita cierta esperanza en que las nuevas autoridades sean capaces de generar cambios respecto de la decepcionante experiencia y desempeño de los últimos años.
La democracia no es inmune a la desilusión
Tomando cierta distancia respecto del optimismo actual que reflejan los indicadores de las encuestas de opinión, no debemos olvidar que repetidas desilusiones tienen efectos contraproducentes en la legitimidad de las instituciones democráticas. Si las esperanzan que actualmente se vienen depositando en los actores políticos no se ven adecuadamente correspondidas, la ciudadanía podría orientar su confianza hacia alternativas que pueden presentarse más “efectivas y directas” para resolver problemas sin tanta discusión y “politiquería inútil”. El tránsito entre la década de los 80 y los 90 y la alta aceptación que tuvo el régimen autoritario de Fujimori estuvieron marcados por ese fenómeno. Nada dice que la sociedad peruana haya adquirido inmunidad frente a una repetición de lo ya vivido.
Si analizamos los resultados de las tres últimas encuestas del proyecto de Estudios de Sistemas Electorales Comparados (1) podemos observar algunos indicios de que las expectativas que se depositan en los procedimientos democráticos (las elecciones) y los actores que participan en ellas (los partidos) como motores de cambio social no son ilimitadas.
TABLA 1
En la tabla 1, podemos apreciar cómo luego de un proceso de transición democrática exitosa y de 5 años de crecimiento económico, los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto del funcionamiento de la democracia en el Perú no han mejorado significativamente, más bien uno podría decir que se han estancado o que incluso han empeorado levemente.
TABLA 2
En este mismo lapso de tiempo, también se puede observar que mecanismos propios de un régimen democrático como el ejercicio del derecho al voto (tabla 1) y la alternancia en el poder de distintas opciones políticas (tabla 2) parecen ir perdiendo ante los ojos de la ciudadanía la capacidad de generar cambios visibles en la sociedad.
TABLA 3
El informe sobre la Democracia en América Latina del PNUD (2) publicado el 2004 plantea que si bien la democracia electoral parece haberse consolidado en la región, su fortalecimiento depende de que los Estados enfoquen sus esfuerzos en desarrollar las dimensiones civil y social de la ciudadanía democrática.
La construcción de legitimidad para los actores que participan del juego político democrático – los partidos – pasa por hacer grandes esfuerzos para contrarrestar las múltiples tendencias que los empujan a desilusionar continuamente a su electorado, y generar desde la política y desde el manejo responsable de las instituciones públicas, niveles adecuados de bienestar tangible y sostenible para su población mediante la promoción y profundización de las diferentes dimensiones de la ciudadanía: la social, la civil y la política. Una adecuada complementación de estas dimensiones permite que las políticas sociales no deriven en clientelaje y populismo sino en derechos; que la generación de mayores niveles de igualdad y dignidad humana sustenten la legitimidad del sistema político; y que todos enmarquemos nuestras acciones y responsabilidades en el Estado de Derecho y el respeto de normas universales. En todos estos años el mercado y la economía han demostrado que por sí solos no son capaces de hacerlo, ni siquiera en el largo plazo (aunque existiera la paciencia para esperar tanto).
En un Estado todavía fuertemente centralista, la responsabilidad de quienes están en las instituciones de mayor importancia y poder político es mucho más grande. Nuestra historia nos lleva a ser escépticos y asignarle una alta probabilidad a nuevas desilusiones, aunque nunca se sabe qué puede pasar y cuánto somos aún capaces de renovar nuestras esperanzas de que la democracia funcione al fin para todos.
__________________________________________
(1) El proyecto de Estudios de Sistemas Electorales Comparados (CSES por sus siglas en inglés) es un esfuerzo académico internacional que implica la aplicación de encuestas post-electorales de alcance nacional en diversos países para evaluar la relación entre comportamiento electoral y sistemas políticos. En el caso peruano se han hecho ya tres de este tipo de encuestas, luego de las primeras vueltas del 2000, 2001 y 2006. La investigación es coordinada en nuestro país por la Dra. Catalina Romero, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. La última encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en mayo del 2006 a una muestra de 2032 electores de todo el país. Para mayores detalles véase: www.cses.org
(2) PNUD. La democracia en América Latina. Buenos Aires: PNUD. 2004.
Articulo escrito para la edición de enero del 2007 de la revista Coyuntura del CISEPA - PUCP
El año 2006 ha sido un periodo electoralmente intenso, tanto para el Perú como para América Latina. En nuestro caso, en ocho meses se han renovado por completo las autoridades que son fruto del sufragio popular en todos los niveles de gobierno: nacional, legislativo, regional, provincial y distrital. No se trata solamente de una renovación de la legitimidad democrática de las autoridades, sino también de un recambio de actores, en la medida que la mayoría de parlamentarios electos lo son por primera vez, y que pocas autoridades regionales y municipales que se presentaron a la reelección obtuvieron nuevamente el respaldo de las urnas.
La fragilidad del sistema de representación
Mucho se ha escrito a lo largo del 2006 acerca de las múltiples transformaciones que ha sufrido el mapa político en los tres tipos de elecciones que hemos experimentado (generales, regionales y municipales). Un elemento común en la mayoría de los análisis es su énfasis en la fragilidad del sistema de representación político visible a través de múltiples indicadores. El primero de ellos es el “auge y caída” del líder nacionalista Ollanta Humala como nuevo outsider de la política peruana, quien luego de recibir un apoyo calificado como “aluvional” en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no logra mantener su capital político en las elecciones regionales y municipales.
La dificultad de los partidos políticos para mantener y reforzar su respaldo electoral a nivel nacional es otro indicador de este fenómeno. Unidad Nacional – básicamente restringida a Solidaridad Nacional – no concita mayores adhesiones fuera de la capital. En las provincias, el Partido Aprista con duras penas logra conservar dos de los doce gobiernos regionales que venía administrando y pierde la emblemática ciudad de Trujillo.
Si consideramos la votación registrada en las elecciones regionales, fuera de Lima el APRA supera al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala en apenas 131 mil votos (menos del 1% del padrón electoral nacional). Si al PNP le sumamos los votos que obtuvo la Unión por el Perú, su aliado en las elecciones presidenciales, ese bloque sobrepasaría al partido de la estrella en poco más de 300 mil votos en el interior del país.
La preeminencia de figuras “independientes” en gobiernos regionales y municipales a nivel nacional es el tercer indicador de la fragilidad de nuestro sistema de representación. El tema aquí no es tanto la inexperiencia política de quienes han resultado electos. Descontando el ámbito municipal que requeriría un análisis mucho más fino (son más de 2000 alcaldes electos entre provinciales y distritales), varios de los nuevos presidentes regionales son actores capaces de demostrar una larga y significativa trayectoria política en sus respectivas localidades. Sin embargo más allá de las competencias políticas de las autoridades “independientes”, lo que se señala como problema es la fragmentación de la representación y la ausencia de proyectos y organizaciones políticas capaces de federar o aglutinar intereses y demandas sociales de diferentes ámbitos regionales y sociales. De ahí que se emplee el término de “archipiélago” para describir el nuevo mapa político peruano resultante de las elecciones regionales, palabra que denota las dificultades que debemos enfrentar para conectar actores, agendas sociales y políticas diversas y poco integradas en la tarea de construir una agenda nacional.
Las nuevas agendas sociales y políticas
Otro elemento que debemos resaltar en la exploración del significado de este año electoral, es la configuración de un nuevo tipo de agenda social y política. A diferencia de las elecciones generales del 2001, marcadas por el contexto de la transición democrática y de una recesión económica, las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2006 se desenvuelven dentro de los cauces normales de la alternancia democrática y en medio de un nuevo ciclo de expansión de la economía peruana, con tasas de crecimiento sostenido no vistas desde hace casi 40 años, y – dato importante – que aparentemente resultan relativamente imperturbables frente a la agitación política propia de una coyuntura electoral.
A nivel social, este crecimiento económico no logra generar impactos significativos y visibles, especialmente para los ciudadanos del interior del país y de los sectores más pobres de la población. El problema de la desigualdad y la vinculación entre crecimiento económico y la mejora real de las condiciones de vida de la gente se convirtieron en temas centrales de la campaña presidencial. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta sostenían un discurso de cambio de modelo económico (radical por un lado; “responsable” por el otro) que buscaba conectarse con las expectativas de progreso social de la gran mayoría de electorado.
Actualmente, el gobierno de Alan García goza de altos niveles de aprobación que se refuerzan con las expectativas de mejora económica que tienen amplios sectores de la población. Ambos fenómenos están en gran parte sustentados en la buena salud y estabilidad macroeconómica del país, la cual permite tener un futuro más previsible en el mediano plazo. En la última encuesta de diciembre del 2006 realizada en Lima por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, la aprobación del presidente era de 56%, mientras que un año atrás, Alejandro Toledo contaba con apenas 14% de aprobación en la capital (encuesta IOP-PUCP de diciembre del 2005). En diciembre del 2006, el 56% de los entrevistados por la PUCP en Lima esperan que su situación económica sea mejor dentro de un año, en contraste con un 37% que pensaba lo mismo en diciembre del 2005.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que una de las razones que explican la fragilidad del sistema de representación política descrita en el acápite anterior, tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema político de responder positivamente a estas expectativas sociales. Para gran parte de la población, la escasa legitimidad que se le suele conferir a los partidos políticos (nuevos o viejos) reside en que se los percibe como incapaces e ineficientes a la hora de promover el progreso social desde el Estado y la política, especialmente en un momento de auge económico.
En la actualidad, de acuerdo con la encuesta antes citada de diciembre del 2006, el 21% de los entrevistados en Lima declara tener “alguna o mucha” confianza en los partidos, lo que resulta poco pero que representa una notable mejoría si tomamos en cuenta que hace un año, los niveles de confianza en los partidos llegaban apenas al 8% de los encuestados limeños.
Este “auge” actual de los indicadores de opinión pública (aprobación del gobierno, confianza en instituciones, expectativas de progreso futuro) corresponde a una etapa donde la ciudadanía todavía deposita cierta esperanza en que las nuevas autoridades sean capaces de generar cambios respecto de la decepcionante experiencia y desempeño de los últimos años.
La democracia no es inmune a la desilusión
Tomando cierta distancia respecto del optimismo actual que reflejan los indicadores de las encuestas de opinión, no debemos olvidar que repetidas desilusiones tienen efectos contraproducentes en la legitimidad de las instituciones democráticas. Si las esperanzan que actualmente se vienen depositando en los actores políticos no se ven adecuadamente correspondidas, la ciudadanía podría orientar su confianza hacia alternativas que pueden presentarse más “efectivas y directas” para resolver problemas sin tanta discusión y “politiquería inútil”. El tránsito entre la década de los 80 y los 90 y la alta aceptación que tuvo el régimen autoritario de Fujimori estuvieron marcados por ese fenómeno. Nada dice que la sociedad peruana haya adquirido inmunidad frente a una repetición de lo ya vivido.
Si analizamos los resultados de las tres últimas encuestas del proyecto de Estudios de Sistemas Electorales Comparados (1) podemos observar algunos indicios de que las expectativas que se depositan en los procedimientos democráticos (las elecciones) y los actores que participan en ellas (los partidos) como motores de cambio social no son ilimitadas.
TABLA 1
En la tabla 1, podemos apreciar cómo luego de un proceso de transición democrática exitosa y de 5 años de crecimiento económico, los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto del funcionamiento de la democracia en el Perú no han mejorado significativamente, más bien uno podría decir que se han estancado o que incluso han empeorado levemente.
TABLA 2
En este mismo lapso de tiempo, también se puede observar que mecanismos propios de un régimen democrático como el ejercicio del derecho al voto (tabla 1) y la alternancia en el poder de distintas opciones políticas (tabla 2) parecen ir perdiendo ante los ojos de la ciudadanía la capacidad de generar cambios visibles en la sociedad.
TABLA 3
El informe sobre la Democracia en América Latina del PNUD (2) publicado el 2004 plantea que si bien la democracia electoral parece haberse consolidado en la región, su fortalecimiento depende de que los Estados enfoquen sus esfuerzos en desarrollar las dimensiones civil y social de la ciudadanía democrática.
La construcción de legitimidad para los actores que participan del juego político democrático – los partidos – pasa por hacer grandes esfuerzos para contrarrestar las múltiples tendencias que los empujan a desilusionar continuamente a su electorado, y generar desde la política y desde el manejo responsable de las instituciones públicas, niveles adecuados de bienestar tangible y sostenible para su población mediante la promoción y profundización de las diferentes dimensiones de la ciudadanía: la social, la civil y la política. Una adecuada complementación de estas dimensiones permite que las políticas sociales no deriven en clientelaje y populismo sino en derechos; que la generación de mayores niveles de igualdad y dignidad humana sustenten la legitimidad del sistema político; y que todos enmarquemos nuestras acciones y responsabilidades en el Estado de Derecho y el respeto de normas universales. En todos estos años el mercado y la economía han demostrado que por sí solos no son capaces de hacerlo, ni siquiera en el largo plazo (aunque existiera la paciencia para esperar tanto).
En un Estado todavía fuertemente centralista, la responsabilidad de quienes están en las instituciones de mayor importancia y poder político es mucho más grande. Nuestra historia nos lleva a ser escépticos y asignarle una alta probabilidad a nuevas desilusiones, aunque nunca se sabe qué puede pasar y cuánto somos aún capaces de renovar nuestras esperanzas de que la democracia funcione al fin para todos.
__________________________________________
(1) El proyecto de Estudios de Sistemas Electorales Comparados (CSES por sus siglas en inglés) es un esfuerzo académico internacional que implica la aplicación de encuestas post-electorales de alcance nacional en diversos países para evaluar la relación entre comportamiento electoral y sistemas políticos. En el caso peruano se han hecho ya tres de este tipo de encuestas, luego de las primeras vueltas del 2000, 2001 y 2006. La investigación es coordinada en nuestro país por la Dra. Catalina Romero, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. La última encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en mayo del 2006 a una muestra de 2032 electores de todo el país. Para mayores detalles véase: www.cses.org
(2) PNUD. La democracia en América Latina. Buenos Aires: PNUD. 2004.
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