27/11/06: Los Sondeos de Opinión y la Expresión de la Voluntad Popular
Por David Sulmont
Nota: Varias de las ideas expresadas en este texto están basadas en los argumentos elaborados por Scott Althaus en: Collective preferences in democratic politics. Opinion surveys and the will of the people. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
En una democracia, el sufragio universal constituye el mecanismo por excelencia que permite la expresión de la voluntad popular a través de la elección de quienes recibirán el encargo de tomar las decisiones políticas fundamentales en nombre de los ciudadanos. Es por ello que el cuidadoso diseño de un sistema electoral es una tarea fundamental, ya que es la herramienta que permite que se refleje de la forma más transparente y legítima posible la voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, las elecciones, más allá de su carácter fundacional para la legitimidad democrática de un gobierno, son eventos cuya periodicidad puede resultar limitada si coincidimos con la idea de que una democracia saludable requiere de una participación activa de la ciudadanía en el debate político. Incluso si los representantes electos del pueblo tienen el mandato y la legitimidad para tomar decisiones en nombre de la nación, es necesario que estas decisiones guarden correlación con los intereses y voluntades que se supone representan. Si como fue planteado desde la filosofía política del siglo XVIII, la opinión de la ciudadanía – la opinión pública – es el sustento de la legitimidad de las decisiones políticas en una democracia, puede resultar insuficiente que ésta se haga conocer sólo cada 4 ó 5 años cuando hay un proceso electoral.
Más allá del sistema electoral, la vida política de una sociedad democrática tiene un conjunto de mecanismos que permiten que la voluntad popular se exprese públicamente y sea tomada en cuenta en el debate político nacional. Por un lado están las organizaciones representativas de diferentes sectores de la ciudadanía, desde los partidos políticos hasta las diversas asociaciones de ciudadanos (gremios, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones sociales, ONGs, etc.) que con su actividad cotidiana introducen nuevos o viejos elementos de discusión y propuestas de políticas en el debate nacional. También podemos mencionar a los medios de comunicación y la prensa, cuya labor le permite a la sociedad enfocar y hacer públicos problemas y propuestas que requieren de algún tipo de decisión política. Todos podemos tener críticas muy fundadas respecto del nivel de representatividad que efectivamente tienen las organizaciones sociales, incluyendo a los partidos y movimientos políticos; así como respecto de la imparcialidad y objetividad que los medios y la prensa le dan al tratamiento de la información. Sin embargo, a pesar de estas críticas es innegable que estas instancias proporcionan algunos de los principales insumos que alimentan el debate político nacional.
A lo largo del siglo XX ha surgido un tercer tipo de instancia que nos proporciona información acerca de la voluntad popular. Me refiero a los sondeos o encuestas de opinión pública hechas sobre la base del muestreo estadístico. El sondeo de opinión sustentado científicamente, supuestamente permite una representación sociográfica bastante precisa de la distribución de las opiniones de una población en un momento dado del tiempo. La precisión con la que generalmente los sondeos de opinión logran monitorear las preferencias electorales e incluso el resultado electoral pocos días antes de una elección, son un argumento que sustenta esta pretensión. Como una nota al margen quiero aclarar que me refiero a los sondeos realizados bajo los estándares científicos del muestreo probabilístico, lo que deja de lado (entre otros) a los sondeos a boca de urna que no cumplen con estos requerimientos a cabalidad y que han sido cuestionados (aunque con cierta exageración) en las últimas elecciones municipales de este año.
Quisiera explorar brevemente en el tiempo que me queda, hasta qué punto los sondeos de opinión pueden servir como un canal de expresión de la voluntad popular y cuáles son sus límites. Antes de continuar, es necesario explicitar que si los sondeos tienen algún valor como indicador de la voluntad popular, me refiero a aquéllos realizados sobre la base de estándares científicos reconocidos y aceptados por la comunidad de investigadores de opinión pública. Es por ello que resulta de suma importancia promover la transparencia de las encuestas (mediante por ejemplo, la publicación de fichas técnicas detalladas), esfuerzo iniciado por las instituciones de sondeos a través de sus asociaciones internacionales (como ESOMAR o WAPOR) y nacionales (como APEIM), y que tiene un eco importante en la regulación de la publicación de sondeos que introduce nuestra legislación electoral, más allá de críticas puntuales a ésta que no intento discutir en este momento.
Los actores centrales de la política nacional (los políticos, los dirigentes y activistas de las organizaciones sociales y los medios) son los principales críticos y consumidores de los sondeos de opinión. Todos en algún momento han descartado sus resultados como irrelevantes, sesgados o carentes de validez para ser considerados en el debate político. Sin embargo, al mismo tiempo todos en algún momento los han utilizado para diseñar estrategias, evaluar el terreno en el que se están moviendo e incluso para legitimar o deslegitimar las decisiones o posiciones que se adoptan: desde golpes de estado, censuras de ministros, hasta iniciativas de ley. Existe entonces un comportamiento esquizofrénico por parte de los actores de la política respecto de los sondeos: a veces se los acepta y otras se los descarta como canal de expresión de la voluntad ciudadana, sin que quede del todo claro las razones, el cuándo y para quién se validan o rechazan sus resultados.
¿Expresan los sondeos la voluntad popular? Tal vez la respuesta académica puede ser tan esquizofrénica como la de los políticos (aunque los argumentos son distintos): sí y no.
En un sentido “sociográfico”, una muestra probabilística puede ser una buena descripción de la variedad y distribución de opiniones políticas que podemos encontrar en una población. Si hiciésemos un referéndum o una elección, los resultados de una encuesta hecha dos o tres días antes serían muy similares a los que proporcionaría la ONPE a una fracción de lo que cuesta organizar un proceso electoral (a no ser que en esos días ocurra un suceso realmente extraordinario como fue el caso de los atentados de Madrid en marzo del 2004). Esta propiedad de los sondeos ha permitido que sus resultados sean utilizados como fundamento para legitimar decisiones políticas que han tenido importantes consecuencias. En nuestra historia reciente, gran parte de las decisiones adoptadas por el gobierno de Fujimori estaban respaldadas y justificadas, desde el punto de vista del propio gobierno, en el alto porcentaje de aprobación que gozaba el presidente, aunque es necesario precisar que la aprobación por Fujimori no significaba que las personas estaban de acuerdo (o informadas) de todas las decisiones que se tomaban en nombre del “pueblo”.
Sin embargo, la representación sociodemográfica no necesariamente equivale a una representación política, en el sentido de representar los intereses de un grupo social (como un delegado o una persona que recibe un mandato representativo). Los sondeos de opinión tienen serias limitaciones en cuanto “voz activa” de la ciudadanía debido a las siguientes razones:
a) No existe un procedimiento que formalice que las personas que son escogidas al azar en una “muestra representativa” reciban un “mandato representativo”.
b) A diferencia de una elección, quienes responden a las preguntas de una encuesta de opinión tampoco son necesariamente concientes de que sus respuestas pueden tener efectos políticos.
c) Las opiniones vertidas en una encuesta de opinión no son el producto de un proceso deliberativo en donde diversas posiciones son ponderadas en un debate o por lo menos sometidas a una campaña de difusión (como una campaña electoral)
d) La gente no busca participar en encuestas en forma proactiva sino que se trata más bien de un proceso reactivo.
Resulta entonces evidente que es difícil tomar a las encuestas como expresión activa de la voluntad popular, sin embargo, tanto por la información que contienen acerca de las preferencias de la ciudadanía, como por su utilización en el debate político, tampoco se las puede descartar como artefactos carentes de sentido o significación en la política democrática, especialmente si consideramos que es poco probable que las encuestas de opinión desaparezcan del escenario democrático y que los actores políticos renuncien a tomarlas en cuenta al momento de enfrentar ciertas decisiones o de adoptar una determinada estrategia.
Tomando ello en cuenta es necesario determinar con claridad qué información acerca de la voluntad popular son capaces de aportar las encuestas de manera más o menos eficiente, con la finalidad de que los profesionales involucrados en la elaboración y difusión de encuestas tengamos algunos criterios básicos para promover un uso más responsable de este instrumento de la política democrática moderna.
Siguiendo los argumentos de Scott Althaus, me parece que las encuestas de opinión pueden representar eficazmente la voz de la ciudadanía en dos aspectos claves de la política democrática:
1) Indicar cuáles son los fines legítimos de la acción política: si bien la mayoría de analistas coinciden que la mayoría de la población no cuenta con la información o la competencia necesaria para realizar un análisis de las opciones o medios adecuados para implementar una determinada política, también coinciden en que la ciudadanía puede tener una idea clara y precisa de cuáles deben ser los fines u objetivos generales que deben orientar la dirección del gobierno. La opinión pública expresada en las encuestas puede servir de brújula respecto de hacia dónde la sociedad aspira dirigirse, tanto en términos de bienestar, justicia, libertad y equidad social; al mismo tiempo que plantea límites y restricciones respecto de las opciones políticas que difícilmente contarán con la legitimidad necesaria como para ser implementadas a fondo.
2) Dar luces acerca de los problemas que requieren atención de la política: más que el detalle de cómo deben ser solucionados, las encuestas de opinión, si son adecuadamente diseñadas, son capaces de recoger cuáles son los problemas que la ciudadanía experimenta como más graves y que requieren de una decisión política. Incluso en algunos casos pueden servir para que nuevos problemas o situaciones previamente ignoradas labren su camino hacia el debate político. De esta forma los resultados de los sondeos pueden jugar un rol importante en la construcción de una agenda política legítima para la ciudadanía.
Usando una metáfora naval, podríamos decir que las encuestas bien utilizadas pueden ayudarnos a marcar el norte que fijan las preferencias o la voluntad ciudadana respecto de los fines y valores que buscamos alcanzar, marcando además los problemas que deben ser abordados por los políticos. Es competencia entonces de los representantes legítimamente electos por la ciudadanía que interpreten bien estas señales para elaborar la mejor ruta de navegación que nos permita llegar a donde como sociedad aspiramos ir.
La tarea de los profesionales dedicados a las encuestas es la de construir buenos instrumentos para realizar estas mediciones y ayudar a quienes los utilizan (los políticos, los representantes de los diferentes intereses de la sociedad civil, los medios y los periodistas) a interpretar los resultados de la mejor manera posible. Las medidas que promuevan la transparencia y rigurosidad científica de las encuestas, respetando siempre las libertades democráticas de información, de opinión y de creatividad científica, son un elemento de gran importancia en esta tarea.
Nota: Varias de las ideas expresadas en este texto están basadas en los argumentos elaborados por Scott Althaus en: Collective preferences in democratic politics. Opinion surveys and the will of the people. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
En una democracia, el sufragio universal constituye el mecanismo por excelencia que permite la expresión de la voluntad popular a través de la elección de quienes recibirán el encargo de tomar las decisiones políticas fundamentales en nombre de los ciudadanos. Es por ello que el cuidadoso diseño de un sistema electoral es una tarea fundamental, ya que es la herramienta que permite que se refleje de la forma más transparente y legítima posible la voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, las elecciones, más allá de su carácter fundacional para la legitimidad democrática de un gobierno, son eventos cuya periodicidad puede resultar limitada si coincidimos con la idea de que una democracia saludable requiere de una participación activa de la ciudadanía en el debate político. Incluso si los representantes electos del pueblo tienen el mandato y la legitimidad para tomar decisiones en nombre de la nación, es necesario que estas decisiones guarden correlación con los intereses y voluntades que se supone representan. Si como fue planteado desde la filosofía política del siglo XVIII, la opinión de la ciudadanía – la opinión pública – es el sustento de la legitimidad de las decisiones políticas en una democracia, puede resultar insuficiente que ésta se haga conocer sólo cada 4 ó 5 años cuando hay un proceso electoral.
Más allá del sistema electoral, la vida política de una sociedad democrática tiene un conjunto de mecanismos que permiten que la voluntad popular se exprese públicamente y sea tomada en cuenta en el debate político nacional. Por un lado están las organizaciones representativas de diferentes sectores de la ciudadanía, desde los partidos políticos hasta las diversas asociaciones de ciudadanos (gremios, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones sociales, ONGs, etc.) que con su actividad cotidiana introducen nuevos o viejos elementos de discusión y propuestas de políticas en el debate nacional. También podemos mencionar a los medios de comunicación y la prensa, cuya labor le permite a la sociedad enfocar y hacer públicos problemas y propuestas que requieren de algún tipo de decisión política. Todos podemos tener críticas muy fundadas respecto del nivel de representatividad que efectivamente tienen las organizaciones sociales, incluyendo a los partidos y movimientos políticos; así como respecto de la imparcialidad y objetividad que los medios y la prensa le dan al tratamiento de la información. Sin embargo, a pesar de estas críticas es innegable que estas instancias proporcionan algunos de los principales insumos que alimentan el debate político nacional.
A lo largo del siglo XX ha surgido un tercer tipo de instancia que nos proporciona información acerca de la voluntad popular. Me refiero a los sondeos o encuestas de opinión pública hechas sobre la base del muestreo estadístico. El sondeo de opinión sustentado científicamente, supuestamente permite una representación sociográfica bastante precisa de la distribución de las opiniones de una población en un momento dado del tiempo. La precisión con la que generalmente los sondeos de opinión logran monitorear las preferencias electorales e incluso el resultado electoral pocos días antes de una elección, son un argumento que sustenta esta pretensión. Como una nota al margen quiero aclarar que me refiero a los sondeos realizados bajo los estándares científicos del muestreo probabilístico, lo que deja de lado (entre otros) a los sondeos a boca de urna que no cumplen con estos requerimientos a cabalidad y que han sido cuestionados (aunque con cierta exageración) en las últimas elecciones municipales de este año.
Quisiera explorar brevemente en el tiempo que me queda, hasta qué punto los sondeos de opinión pueden servir como un canal de expresión de la voluntad popular y cuáles son sus límites. Antes de continuar, es necesario explicitar que si los sondeos tienen algún valor como indicador de la voluntad popular, me refiero a aquéllos realizados sobre la base de estándares científicos reconocidos y aceptados por la comunidad de investigadores de opinión pública. Es por ello que resulta de suma importancia promover la transparencia de las encuestas (mediante por ejemplo, la publicación de fichas técnicas detalladas), esfuerzo iniciado por las instituciones de sondeos a través de sus asociaciones internacionales (como ESOMAR o WAPOR) y nacionales (como APEIM), y que tiene un eco importante en la regulación de la publicación de sondeos que introduce nuestra legislación electoral, más allá de críticas puntuales a ésta que no intento discutir en este momento.
Los actores centrales de la política nacional (los políticos, los dirigentes y activistas de las organizaciones sociales y los medios) son los principales críticos y consumidores de los sondeos de opinión. Todos en algún momento han descartado sus resultados como irrelevantes, sesgados o carentes de validez para ser considerados en el debate político. Sin embargo, al mismo tiempo todos en algún momento los han utilizado para diseñar estrategias, evaluar el terreno en el que se están moviendo e incluso para legitimar o deslegitimar las decisiones o posiciones que se adoptan: desde golpes de estado, censuras de ministros, hasta iniciativas de ley. Existe entonces un comportamiento esquizofrénico por parte de los actores de la política respecto de los sondeos: a veces se los acepta y otras se los descarta como canal de expresión de la voluntad ciudadana, sin que quede del todo claro las razones, el cuándo y para quién se validan o rechazan sus resultados.
¿Expresan los sondeos la voluntad popular? Tal vez la respuesta académica puede ser tan esquizofrénica como la de los políticos (aunque los argumentos son distintos): sí y no.
En un sentido “sociográfico”, una muestra probabilística puede ser una buena descripción de la variedad y distribución de opiniones políticas que podemos encontrar en una población. Si hiciésemos un referéndum o una elección, los resultados de una encuesta hecha dos o tres días antes serían muy similares a los que proporcionaría la ONPE a una fracción de lo que cuesta organizar un proceso electoral (a no ser que en esos días ocurra un suceso realmente extraordinario como fue el caso de los atentados de Madrid en marzo del 2004). Esta propiedad de los sondeos ha permitido que sus resultados sean utilizados como fundamento para legitimar decisiones políticas que han tenido importantes consecuencias. En nuestra historia reciente, gran parte de las decisiones adoptadas por el gobierno de Fujimori estaban respaldadas y justificadas, desde el punto de vista del propio gobierno, en el alto porcentaje de aprobación que gozaba el presidente, aunque es necesario precisar que la aprobación por Fujimori no significaba que las personas estaban de acuerdo (o informadas) de todas las decisiones que se tomaban en nombre del “pueblo”.
Sin embargo, la representación sociodemográfica no necesariamente equivale a una representación política, en el sentido de representar los intereses de un grupo social (como un delegado o una persona que recibe un mandato representativo). Los sondeos de opinión tienen serias limitaciones en cuanto “voz activa” de la ciudadanía debido a las siguientes razones:
a) No existe un procedimiento que formalice que las personas que son escogidas al azar en una “muestra representativa” reciban un “mandato representativo”.
b) A diferencia de una elección, quienes responden a las preguntas de una encuesta de opinión tampoco son necesariamente concientes de que sus respuestas pueden tener efectos políticos.
c) Las opiniones vertidas en una encuesta de opinión no son el producto de un proceso deliberativo en donde diversas posiciones son ponderadas en un debate o por lo menos sometidas a una campaña de difusión (como una campaña electoral)
d) La gente no busca participar en encuestas en forma proactiva sino que se trata más bien de un proceso reactivo.
Resulta entonces evidente que es difícil tomar a las encuestas como expresión activa de la voluntad popular, sin embargo, tanto por la información que contienen acerca de las preferencias de la ciudadanía, como por su utilización en el debate político, tampoco se las puede descartar como artefactos carentes de sentido o significación en la política democrática, especialmente si consideramos que es poco probable que las encuestas de opinión desaparezcan del escenario democrático y que los actores políticos renuncien a tomarlas en cuenta al momento de enfrentar ciertas decisiones o de adoptar una determinada estrategia.
Tomando ello en cuenta es necesario determinar con claridad qué información acerca de la voluntad popular son capaces de aportar las encuestas de manera más o menos eficiente, con la finalidad de que los profesionales involucrados en la elaboración y difusión de encuestas tengamos algunos criterios básicos para promover un uso más responsable de este instrumento de la política democrática moderna.
Siguiendo los argumentos de Scott Althaus, me parece que las encuestas de opinión pueden representar eficazmente la voz de la ciudadanía en dos aspectos claves de la política democrática:
1) Indicar cuáles son los fines legítimos de la acción política: si bien la mayoría de analistas coinciden que la mayoría de la población no cuenta con la información o la competencia necesaria para realizar un análisis de las opciones o medios adecuados para implementar una determinada política, también coinciden en que la ciudadanía puede tener una idea clara y precisa de cuáles deben ser los fines u objetivos generales que deben orientar la dirección del gobierno. La opinión pública expresada en las encuestas puede servir de brújula respecto de hacia dónde la sociedad aspira dirigirse, tanto en términos de bienestar, justicia, libertad y equidad social; al mismo tiempo que plantea límites y restricciones respecto de las opciones políticas que difícilmente contarán con la legitimidad necesaria como para ser implementadas a fondo.
2) Dar luces acerca de los problemas que requieren atención de la política: más que el detalle de cómo deben ser solucionados, las encuestas de opinión, si son adecuadamente diseñadas, son capaces de recoger cuáles son los problemas que la ciudadanía experimenta como más graves y que requieren de una decisión política. Incluso en algunos casos pueden servir para que nuevos problemas o situaciones previamente ignoradas labren su camino hacia el debate político. De esta forma los resultados de los sondeos pueden jugar un rol importante en la construcción de una agenda política legítima para la ciudadanía.
Usando una metáfora naval, podríamos decir que las encuestas bien utilizadas pueden ayudarnos a marcar el norte que fijan las preferencias o la voluntad ciudadana respecto de los fines y valores que buscamos alcanzar, marcando además los problemas que deben ser abordados por los políticos. Es competencia entonces de los representantes legítimamente electos por la ciudadanía que interpreten bien estas señales para elaborar la mejor ruta de navegación que nos permita llegar a donde como sociedad aspiramos ir.
La tarea de los profesionales dedicados a las encuestas es la de construir buenos instrumentos para realizar estas mediciones y ayudar a quienes los utilizan (los políticos, los representantes de los diferentes intereses de la sociedad civil, los medios y los periodistas) a interpretar los resultados de la mejor manera posible. Las medidas que promuevan la transparencia y rigurosidad científica de las encuestas, respetando siempre las libertades democráticas de información, de opinión y de creatividad científica, son un elemento de gran importancia en esta tarea.
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