Por lo menos 30 personas murieron en Perú en incidentes entre la policía y los indígenas de la provincia amazónica de Bagua, en el norte del país.
Del total de víctimas, ocho son uniformados según informó la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, mientras que desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), aseguraron que 22 nativos perdieron la vida.
Alan García aprovechó las facultades que se le otorgaron por el TLC con Estados Unidos para promulgar los decretos legislativos que provocaron las protestas. (Multimedia: enlacenacional.com)
El director de la Policía Nacional del Perú, José Sánchez Farfán, precisó que los efectivos fueron atacados por un grupo de indígenas que bloqueaban una carretera. Dirigentes de AIDESEP negaron las acusaciones y aseguraron que los manifestantes no tenían armas de fuego, sino lanzas y flechas.
El presidente Alan García, por su parte, calificó lo ocurrido como un "hecho lamentable", según cita la Agencia Andina de noticias.
El mandatario atribuyó la responsabilidad de lo sucedido a "seudodirigentes indígenas".
Debate postergado
Los incidentes se produjeron un día después de que el Congreso resolviera postergar el debate sobre la derogación de un decreto legislativo que regula el manejo del los recursos forestales.
Según el oficialismo, se tomó esa decisión para esperar los resultados de una mesa de diálogo integrada por representantes indígenas y del gobierno.
Sin embargo, para las comunidades originarias, la postergación representó "una burla más de la política del perro del hortelano de este gobierno", según expresaron en un comunicado.
La normativa cuestionada forma parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Perú y Estados Unidos y fue dictada por el presidente Alan García, en uso de una serie facultades especiales otorgadas por el Poder Legislativo.
Los indígenas consideran que el decreto forestal es "lesivo" para sus comunidades y por ese motivo iniciaron una protesta en varias zonas del país que ya lleva 59 días.
Opiniones divididas
En el Congreso, en tanto, las opiniones están divididas y algunos parlamentarios de la oposición sostienen que la norma es "inconstitucional" y "antitécnica".
"El decreto retira a los bosques de producción del patrimonio nacional forestal y eso significa que dejan de ser del Estado y que se transforman en superficies vendibles", afirmó a BBC Mundo el congresista Roger Nájar Kokally, del Bloque Popular.
Para el sector del gobernante Partido Aprista Peruano, la norma "está ordenando el uso de los recursos forestales, la producción y la zonificación".
Así lo explicó la congresista Olga Amelia Cribilleros Shigihara, quien responsabilizó a los dirigentes indígenas por abandonar una mesa de diálogo que se había abierto con el Poder Ejecutivo.
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