( JUSTICIA VIVA) Hace unas semanas (ver: Business Track: el Poder Judicial y la Política del Cangrejo) dábamos cuenta del estancamiento en el que se encontraba la investigación judicial desatada por el escándalo de la empresa Business Track, caso más conocido como “chuponeo telefónico”, y la inhibición que había planteado la doctora María Martínez, jueza del 34º Juzgado Penal de Lima, la cual finalmente quedó descartada debido al apoyo del Presidente del Poder Judicial y del Presidente de la corte superior de justicia de Lima.

En estos últimos días la actuación de la magistrada a cargo de esta importante causa ha seguido generando polémica. El viernes 17 pasado se publicó la información de que el titular de la Tercera Fiscalía Contra el Crimen Organizado, doctor Walter Milla, había solicitado que la jueza Martinez se inhiba de continuar conociendo del presente proceso, alegando la pérdida de confianza en sus decisiones por su presunto trato preferente a los pedidos realizados por la acusada Giselle Gianotti, pese a ser éstos contrarios a lo establecido en las normas procesales vigentes (El Comercio, 17/04/09, Perú21, 17/04/09).


El cuestionamiento a la jueza ha provenido también por parte de integrantes del Poder Ejecutivo, la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, señaló que “tomará acciones legales para dejar sin efecto la resolución emitida por Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (...) autorizando a la jueza Martinez a seguir con el caso BTR, contraviniendo la Ley que días antes había dado el Congreso” (Perú21, 17/04/09).
Mientras tanto, y a pesar de los cuestionamientos en su contra, y contando con el apoyo del Presidente del Poder Judicial y del Presidente de la corte superior de Lima, la jueza Martinez continúa conociendo del caso del “chuponeo telefónico” y, junto con ellos, sorprendentemente, ha descartado que los encargados de examinar con detalle los equipos de cómputo y otros de la empresa Business Track SAC, -diligencia que es básica y necesaria, ya que es en esos equipos se encuentra información más importante para la investigación del caso- sean especialistas en informática, pues el costo de sus honorarios es “excesivo” y difícil de cubrir por dicha institución, por lo que en su reemplazo sólo contará con dos veedores (Expreso, 20/04/09).


Como podemos apreciar, la jueza del caso Business Track SAC, no solamente es cuestionada por el Ministerio Público, sino que ahora se ha sumado el Ministerio de Justicia, el cual ha sido frontal en su oposición a que la jueza Martinez siga conociendo la investigación judicial de este proceso. Con todo esto, lo único que se logra es que la causa siga avanzando a paso lento, dando la imagen de no querer dar trámite a dicha investigación. Esto, por supuesto, resulta sumamente perjudicial para el tratamiento de un caso tan importante en el que se tiene que establecer para quiénes trabajaban estos “chuponeadores”; determinar si sus clientes eran instituciones del Estado o empresas privadas; conocer a qué personas e instituciones han “chuponeado”. En fin un conjunto de interrogantes que hasta el momento no han sido contestadas por la encargada de la investigación, la jueza Martinez.


A su vez, la demora le hace el juego a los implicados en la investigación, ya que es posible que, ante la ineficacia de la actuación judicial, las personas investigadas comiencen a solicitar la variación de su detención por comparecencia. E incluso que los investigados que se han acogido a la confesión sincera, puedan ser objeto de mayores presiones y empiecen a variar su versión. Este escenario complicaría tremendamente el caso, y tendríamos fuertes indicios para responsabilizar por ello al Poder Judicial, en la persona de la jueza Martinez y del Presidente de la corte superior de Lima, César Vega Vega, que respalda a tan cuestionada magistrada.


Fuente: Antonio Salazar García