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“En el Perú, el Presidente tiene un poder, no puede hacer presidente a quien él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiera. Yo lo he demostrado.”

Eso fue lo que anteayer dijo el Presidente de la República a un grupo de banqueros latino-americanos, en lo que parece ser un desafor-tunado desliz. Tales expresiones causaron un gran revuelo en el ámbiente político y fueron interpretadas por algunos líderes de la oposición como una injerencia o interferencia del jefe de Estado a las próximas elecciones presidenciales e, incluso, como una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho o un anuncio de fraude electoral. No faltaron, por cierto, quienes exigieron el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre el particular.

Inmediatamente, haciendo un implícito deslinde con dichas expresiones, a través de un comunicado conjunto publicado hoy en diversos medios de prensa, el Presidente del JNE, Dr. Hugo Sivina Hurtado, y la Jefa de la ONPE, Dra. Magdalena Chú Villanueva, han manifestado que los organismos electorales “han venido trabajando de manera transparente e imparcial en los procesos electorales en los cuales se han elegido a las autoridades nacionales, regionales y locales, siendo por ello legítimas en su origen, tal como es reconocido por la ciudadanía”; y que, asimismo, “seguirán garantizando el pleno respeto del voto y la voluntad popular, coadyuvando con ello al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.”

De esta manera, los dos principales organismos electorales han sido enfáticos en señalar que garantizan una actuación totalmente imparcial para que los procesos electorales a su cargo sigan siendo transparentes, intachables e incuestionables, tal como lo han sido en los últimos años; y han enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía para que esta se siga sintiendo segura de que estas instituciones asegurarán la pulcritud electoral.

Tal como ha señalado ayer la Gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE, Nora Loredo de Izcue, en declaraciones brindadas a RPP, “hoy en día el Estado de Derecho y los organismos constitucionalmente autónomos que existen, como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones, inclusive la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, podemos garantizar y dar la tranquilidad a la ciudadanía de que su voluntad y de que su voto va a ser respetado.”

Como también manifiesta la misma funcionaria, las elecciones en el Perú en los últimos años son reconocidas por las más importantes misiones de observación electoral (la de la OEA, la del Instituto Nacional Demócrata (NDI) o la de la Unión Europea, entre otras), como limpias y transparentes.

En efecto, cuando los organismos electorales han actuado en un contexto democrático, sin que su autonomía sea menoscabada por los poderes fácticos, han demostrado ser los mejores garantes de la voluntad popular. En tanto esa situación se mantenga, estamos seguros que estas instituciones seguirán cumpliendo dicho rol.



Defensora del Pueblo Beatriz Merino. La funcionaria señala que todas las autoridades y funcionarios, desde el jefe del Estado hasta el más reciente servidor público, deben guardar el principio de neutralidad


Pero también es necesario tener en cuenta lo que hoy mismo ha señalado la Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, a través de un artículo publicado en el diario el Comercio, sobre las elecciones y el deber de neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos. Allí señala que la democracia, para su propio bienestar, debe garantizar que el voto de cada ciudadano no pueda ser escamoteado mediante groseras artimañas que deriven en fraudes o indebidas intromisiones que alteren o desnivelen los términos de una contienda electoral. Asimismo, destaca que en los últimos años se ha consolidado en el país un "sistema electoral transparente, profesional y, sobre todo, equidistante de las fuerzas políticas en competencia".

Sin embargo —acota la funcionaria—, el derecho de participación política en igualdad de condiciones radica no sólo en las acciones del sistema electoral, sino en el comportamiento de los funcionarios públicos que, en razón de su ubicación en el Estado y de su acceso a recursos públicos, pueden terminar menoscabando o apuntalando alguna candidatura. En tal sentido, "la normatividad vigente no deja lugar a dudas respecto del principio de neutralidad que deben observar todas las autoridades y funcionarios, desde el jefe del Estado hasta el más reciente servidor público."

Aunque en el referido artículo la Dra. Merino no alude directamente al desliz presidencial, es evidente que su contenido no podía ser más pertinente para la ocasión.


Otrosí: A propósito de este asunto, reproduzco las siguientes viñetas de los geniales Carlín y Heduardo.



La República, 26 de marzo de 2009.




Perú 21, 25 de marzo de 2009.




Perú 21, 26 de marzo de 2009.