El Departamento de Estado norteamericano confirmó que “la mayoría de las personas indígenas y aquellos con rasgos indígenas enfrentaron discriminación social y prejuicios”. Asimismo, que el “gobierno no proporcionó los recursos suficientes para proteger eficazmente los derechos civiles y políticos de los indígenas”.


Estas importantes aseveraciones se encuentran en el capítulo dedicado a Perú del Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, hecho público el 25 de febrero de 2009 y que ha generado diversas reacciones en el mundo.

El informe confirma que las comunidades de la sierra y la selva amazónica se encuentran en situación de “marginación social, económica y política” debido, en parte, a su aislamiento geográfico.

Asimismo, sostiene que “los indígenas en las zonas rurales a menudo no tienen acceso a los servicios públicos, particularmente atención de salud y educación”. También, que “el noventa por ciento vivió en pobreza, y sólo el 39 por ciento había completado la escuela primaria”.

Recogiendo datos de las Naciones Unidas observa que “las tasas de mortalidad infantil fueron más altas en las zonas indígenas, y sólo el 20 por ciento de los nacimientos tuvieron lugar en centros de salud pública”.

Respecto al derecho a la tierra el informe señala que “los grupos indígenas a menudo carecieron de título legal para demarcar los límites de sus tierras, por lo que es difícil resistirse a la intrusión de personas ajenas”.

Si bien la Constitución reconoce que los indígenas tienen el derecho a la propiedad comunal de la tierra “los minerales y otros derechos del subsuelo pertenecen al Estado, una situación que, a menudo causó conflictos entre los intereses mineros y las comunidades indígenas”.

El documento observa que “muchas personas indígenas no contaron con documentos de identidad y no pudieron ejercer sus derechos básicos”. Y factores como el idioma y la insuficiente infraestructura impidieron “la participación plena de los indígenas en el proceso político”.

El informe recuerda que el Comité de Expertos de 2008 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha efectuado observaciones al cumplimiento del Convenio 169 y ha pedido al gobierno proporcionar información específica.

Uno de los temas de observación es verificar en qué medida el Estado peruano adopta medidas “en consulta y con la participación de los indígenas “antes de emprender o autorizar programas de prospección o utilización de recursos naturales del subsuelo en tierras y territorios indígenas”.

El informe también presta atención al Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) del cual señala que durante el 2008 “careció de presupuesto separado y fue ineficaz”.

Tomado de: www.servindi.org