La polémica Ley de Expropiación para la Formalización de las Posesiones Informales, fue promulgada hoy por el presidente Alan García, pese a las críticas que señalan que esta norma sentaría un precedente para los futuros invasores de terrenos.
El jefe de Estado dijo que vigilará cuidosamente que en la aplicación de la ley no se permita convalidar abusos ni usurpaciones propiciadas por traficantes de terrenos.
Alan García volvió a las políticas populistas que marcaron su
primer gobierno. (Fotografía: AP)
Y aunque el Gobierno y el Congreso aseguran que esta ley no incentiva la ocupación ilegal ni viola la propiedad privada, lo cierto es que la medida ha despertado fuertes críticas. Entre ellas, las del ex director de Ejecutivo de Proinversión David Lemor, la ley sienta un "pésimo precedente" para futuros invasores, que podrían esperar que en algún momento van ser propietarios del terreno ocupado.
El abogado Francisco Avendaño, especialista en derecho de propiedad, advirtió que, de promulgarse la norma, será inconstitucional porque la Carta Magna, en su artículo 70, establece que la propiedad es un derecho inviolable, salvo por seguridad nacional y necesidad pública.
En tanto, expertos en desarrollo urbano que consultamos en días pasados consideraron que la norma es populista y que no resuelve el problema de la vivienda informal en el país como debería hacerse: desarrollando planes efectivos de ordenamiento y planificación territorial.
El proyecto de ley señala que el Ejecutivo deberá presentar una lista clara de asentamientos humanos, su historial, el número de sus pobladores solicitando al Congreso que autorice por ley el procedimiento de expropiación que reconoce el derecho de quienes reclaman ser propietarios aun en casos que excedan los 100 años con títulos imprecisos, y permite el pago de una indemnización justipreciada que puede ser corregida por el Poder Judicial.
Solo el Parlamento puede por ley autorizar que se inicie el procedimiento de expropiación y titulación para esos asentamientos humanos.
