A pocos días de retornar a la cartera de Economía y Finanzas, el flamante Ministro Luis Carranza – con la confianza de los sectores políticos y de los agentes económicos – anunció, el miércoles 28 de enero, la ejecución del Plan de Estímulo Económico, con el objetivo de amortiguar un impacto negativo de la crisis financiera internacional sobre la actividad económica peruana, a través de un impulso a los componentes de la demanda agregada: consumo, inversión privada, gasto público y exportaciones.
La primera etapa del plan, por un monto de S/. 4 500 millones, contempla una reducción del 10% en el precio de los combustibles que tendría un impacto directo y psicológico en el bolsillo de los ciudadanos, sobretodo de los transportistas, y en los costos de producción de las empresas; e igualmente un efecto indirecto, a través de los costos de transporte, sobre el precio final de los alimentos. Respecto de la inversión privada, además del persistente discurso político del Presidente Alan García exhortando a los empresarios que eviten los despidos y reinviertan sus utilidades, el plan propone la creación de un fondo de S/. 1 200 millones para créditos de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) a las pequeñas empresas y otro fondo de S/. 900 millones para dar continuidad a las líneas de crédito existentes; así como la autorización para que el Estado brinde garantías a las Asociaciones Público-Privadas para que éstas consigan financiamiento con facilidad.
De otro lado, se estima una inyección de importantes recursos para la ejecución de programas públicos relativos a infraestructura, educación, salud y políticas sociales, siendo entre otros: S/. 1 900 millones para los proyectos de inversión a cargo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); S/. 300 millones para construcción y mantenimiento de carreteras; S/. 390 millones para mantenimiento y refacción de escuelas, y un incremento en S/. 150 millones para las compras que el Estado realiza a las Mypes.
Finalmente, el plan presenta una medida puntual a favor de las exportaciones no tradicionales, proponiendo que la tasa del drawback – porcentaje de devolución a los exportadores por los impuestos que pagaron por sus insumos – se incremente temporalmente del 5% al 8%.
La primera etapa del plan, por un monto de S/. 4 500 millones, contempla una reducción del 10% en el precio de los combustibles que tendría un impacto directo y psicológico en el bolsillo de los ciudadanos, sobretodo de los transportistas, y en los costos de producción de las empresas; e igualmente un efecto indirecto, a través de los costos de transporte, sobre el precio final de los alimentos. Respecto de la inversión privada, además del persistente discurso político del Presidente Alan García exhortando a los empresarios que eviten los despidos y reinviertan sus utilidades, el plan propone la creación de un fondo de S/. 1 200 millones para créditos de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) a las pequeñas empresas y otro fondo de S/. 900 millones para dar continuidad a las líneas de crédito existentes; así como la autorización para que el Estado brinde garantías a las Asociaciones Público-Privadas para que éstas consigan financiamiento con facilidad.
De otro lado, se estima una inyección de importantes recursos para la ejecución de programas públicos relativos a infraestructura, educación, salud y políticas sociales, siendo entre otros: S/. 1 900 millones para los proyectos de inversión a cargo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); S/. 300 millones para construcción y mantenimiento de carreteras; S/. 390 millones para mantenimiento y refacción de escuelas, y un incremento en S/. 150 millones para las compras que el Estado realiza a las Mypes.
Finalmente, el plan presenta una medida puntual a favor de las exportaciones no tradicionales, proponiendo que la tasa del drawback – porcentaje de devolución a los exportadores por los impuestos que pagaron por sus insumos – se incremente temporalmente del 5% al 8%.
Además no hay duda de que por la falta de capacidad de los funcionarios esto va a derivar en un despilfarro fiscal y, a final de cuentas, quienes terminamos pagando esto somos los contribuyentes.
Ahora quieren relajar el SNIP, como si este fuese el culpable de su ineptitud.
Tanto el Premier como el presidente han querido sacar del camino a Valdivieso para gastar "libremente" y esto con fines electorales(recordemos que Simon quiere allanar su candidatura para el 2011).