El reciente acuerdo logrado entre el gobierno y las empresas mineras, sobre el aporte social voluntario que darán estas últimas, y que en principio asciende a S/. 2 500 millones durante el próximo quinquenio, responde a la necesidad de aumentar la disponibilidad de recursos del Estado para la generación de desarrollo en las regiones donde estas empresas operan. Este aporte voluntario, según el gobierno, surgiría como la alternativa más viable en el corto plazo para poder captar recursos producto de las sobreganancias que vienen percibiendo las empresas de este sector, dado el boom en el precio de los metales.

La aplicación de un impuesto a las sobreganancias presentaría dificultades de tiempo – costo, además de las ya conocidas dificultades jurídicas; mientras que por otro lado, la alternativa de aumentar el monto por regalías implicaría para las empresas (según el Ministro de Economía), la renuncia a sus contratos de estabilidad para hacer las modificaciones respectivas. No obstante, se debería especificar mejor la metodología a emplearse para este fondo aportado por las mineras. No se ha señalado si este estaría en función de las utilidades netas de las empresas o en base a un precio “piso” real, no se sabe cómo es que se proyectó esta cifra para los próximos cinco años y tampoco se ha especificado como es que se procedería a eliminarlo en caso ocurra una reducción drástica de los precios de los minerales.

Finalmente, el problema central pasa por el carácter temporal que podría tener este fondo debido a que el aporte es voluntario y dependiente del alto precio de los metales. Es importante avanzar en la propuesta de aplicación de un impuesto a las sobreganancias, pues reduciría el riesgo de que se deje de aportar; además del costo de negociación entre el gobierno y las empresas en futuros escenarios similares. Esto sin duda, calza dentro de un tema mucho más grande y prioritario, que es el avance hacia una reforma tributaria integral.