(ANDINA).- El pedido del presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, para que se observe la Ley de la Carrera Judicial sería un pretexto de los magistrados a fin de evitar ser evaluados permanentemente, tal como lo dispone la norma, opinó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren.
En declaraciones a la Agencia Andina, señaló que dicha ley fue debatida durante dos años en el Congreso, con la participación de todos los sectores, y mereció un amplio consenso en el pleno, al ser aprobada por más de 90 votos.

Así que a su entender no hay razones para la observación, y más bien el Ejecutivo debería promulgarla de inmediato, por tratarse de parte de una reforma largamente esperada.

“El Poder Judicial tiene como pretensión que no se publique la norma, y la razón fundamental no es la observancia a algún artículo, sino que busca encontrar pretextos para evitar la aprobación, porque sus miembros se resisten a ser evaluados, no tienen una vocación meritocrática.”

Eguren afirmó que si el Poder Judicial considera que parte de la ley es inconstitucional porque vulnera derechos de los magistrados, lo que debería hacer es presentar una acción de inconstitucionalidad, o un proyecto de ley al Congreso para que se modifique, pero no pedir su observación.

Según dijo, la Ley de la Carrera Judicial establece un marco muy estricto para la actuación de los magistrados, con una evaluación preliminar a los tres años y medio, y una integral a los siete años, además de un control de sus faltas, y esto es lo que no desearían los jueces.

“Esta garantía meritocrática es la que no desean asumir los magistrados, pero los poderes del Estado tenemos que mantener la independencia y poner el interés nacional y el bien común en primer lugar, el Congreso ya cumplió con aprobar la ley, y esperamos que Ejecutivo la promulgue.”

El titular del Poder Judicial, Francisco Távara, demandó esta mañana al Presidente de la República, Alan García, que observe la Ley de la Carrera Judicial, por considerar que su vigencia atenta contra la Constitución y el estado de derecho.

Advirtió que la referida norma, a la que calificó de “ley de la mordaza”, impone restricciones de expresión a los magistrados que ventilan determinados procesos judiciales.