El aviso publicado el día de hoy por la Presidencia de la Republica en varios diarios de circulación nacional es el último de una serie de errores y profundas contradicciones del gobierno en el manejo de su propuesta de modernización de la Sierra y la Amazonía Peruana. Iremos analizando tema por tema, empezando por el asunto de fondo para luego pasar al análisis de las incoherencias para culminar con los asuntos formales, que no dejan de ser importantes e ilustrativos.

Propiedad y Modernización

El Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria, el Decreto Legislativo 1073 reducen la valla para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales de selva y sierra. Anteriormente se señalaba que esta decisión debía ser autorizada por dos tercios de todos los miembros de la comunidad (art. 11° de la Ley 26505, derogado por el D Leg. 1015). Ahora, el D. Leg. 1073, establece que sólo se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año (El DL 1015 bajaba la valla aún más, al hablar del 50% de los asistentes a la asamblea comunal). De esta manera se facilita la disposición de las tierras comunales.

Lo que ha indicado el Presidente de la República es que esta medida constituye el punto de quiebre que permitirá dejar 440 años de una “ley colonial” que ha mantenido a los miembros de las comunidades como “semi ciudadanos” y dentro de “instituciones que las reducen a la miseria”. Es decir, es el no tener “libertad” para disponer las tierras comunales el origen de la miseria en la amazonía. ¿Es esto cierto? La visión del Presidente de la República (que también esta presente en sus conocidos artículos sobre el “perro del hortelano”, es que la miseria es producto de la desconexión de las comunidades al mercado. Sin embargo, ¿qué mercado es éste al cuál se pretende insertar a las comunidades? Es uno caracterizado por las grandes inversiones y la ausencia del Estado como ente protector de derechos y como regulador eficaz, evitando situaciones de inequidad o de pérdida de bienes que pertenecen a todos. Es una modernización parcial, que no incorpora sus componentes políticos, y que ignora sus consecuencias sociales y culturales. La experiencia histórica de “inserción” de las comunidades es precisamente la de haber soportado los efectos negativos de esta “modernización” poco moderna. Desde el despojo de las tierras hasta la pérdida de la libertad de los indígenas (prácticas esclavistas durante el auge del caucho).

Ahora, la propia institución de la propiedad no tiene sólo una dimensión “jurídica”. También posee una dimensión socioeconómica y otra política. Además, la propiedad no es una institución “única” sino que responde a múltiples consideraciones históricas. Por lo tanto, la visión del gobierno sobre el propio derecho de propiedad es bastante rudimentaria. Ya no pidamos que incorpore la cosmovisión amazónica sobre las tierras y los recursos naturales.

Pero ¿esto implica dejar de pensar en un modelo de desarrollo para la amazonía? De ninguna manera. El propio Ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha insistido en las múltiples opciones de desarrollo que pueden compatibilizar desarrollo económico, la conservación ambiental y la preservación de las tradiciones comunitarias. No existe pues una solo forma de “modernización”, pero construir modernidad de forma integral (política, socioeconómica y cultural) es un esfuerzo de mediano y largo plazo que debe realizarse sobre la base de la integración real y justa de los involucrados. ¿No deberíamos entonces pensar en un marco institucional nuevo para la amazonía a partir de una discusión seria y responsable, sin amenazas ni prepotencias de ninguna parte?

Las contradicciones

El gobierno tiene fuertes debilidades en sus argumentos políticos y jurídicos. Primero, ha dicho que el tema es un asunto “agrario” (de hecho a eso alude el título de la norma). Es agrario sólo en parte. De hecho, esta afirmación revela la visión sesgada sobre el desarrollo que tiene el gobierno, y la mirada incompleta que posee sobre el potencial de la amazonía. Hasta la Ministra de Justicia en una suerte de “lapsus” señaló que “la Comisión Agraria” tiene más relevancia que la “Comisión de Pueblos” en este tema.

De otro lado se dice “no hay que subestimar a las comunidades, ellas deben ser libres para elegir”, no hay que caer en “paternalismos”, debemos darles la libertad de elegir si quieren disponer o no de sus tierras. Pero al mismo tiempo se dice “las comunidades están manipuladas”, un grupo de “abogados están decidiendo por ellas”. Entonces, en qué quedamos. O son libres o no lo son. Si pueden ser manipuladas por las ONGs (a quienes el Ministro de Agricultura ha llamado los “buitres del Siglo XXI”) ¿por qué no podrían ser manipuladas por los partidos, el gobierno y los empresarios? ¿No permitiría la nueva norma que “los manipuladores” que el propio gobierno denuncia, se aprovechen de la situación?

Finalmente, se acusa de no dialogar. Pero sí el propio gobierno se salta continuamente con garrocha cualquier mecanismos de diálogo y participación. Y en el caso de las comunidades nativas, esto ha sido uno de sus principales errores.

Los temas formales

Es posible defender la coherencia de los Decretos Legislativo 1015 y 1073 con la delegación de facultades legislativas que otorgó el Congreso, gracias al poco cuidado que tuvo este último al momento de delegar. Pero no puede sostenerse que el Congreso no pueda derogar una Ley vigente (incluido un Decreto Legislativo) ni tampoco que la labor del Congreso se limite a revisar los aspectos formales de la delegación, y no el fondo de la norma. Ambos fueron argumentos dados por la Ministra de Justicia, y son francamente muy malos.

Desde luego, la principal objeción de fondo es el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT que exige que antes de que un Estado tome una decisión que afecte a las comunidades, se les consulte, punto central del proceso de inconstitucionalidad iniciado por la Defensora del Pueblo. Como ha señalado Juan Paredes Castro, el gobierno nacional debería empezar por reconocer su error para luego iniciar un proceso de discusión de los temas de fondo arriba expuestos.

El acta firmada el día ayer entre los representantes de los pueblos indígenas y el Presidente del Congreso abre una salida institucional al problema, y abre a través de una “comisión multisectorial” como espacio para el diálogo para enfrentar la agenda del desarrollo de la amazonía. El Gobierno Nacional ha quedado muy descolocado, lo que explica la fuerte respuesta tanto del Presidente del Consejo de Ministros, como del Presidente de la República.

Finalmente, el papel del Ministro del Ambiente no ha sido inesperado. Al formar parte del Poder Ejecutivo debe seguir, en principio, sus líneas principales, con algún margen de maniobra en los énfasis o detalles. Entonces no es sorprendente que el Ministro Brack haya asumido la defensa de los Decretos Legislativos cuestionados. Sin embargo, esto ha originado una mella en su imagen, que ha querido ser contrarrestada con la intervención del propio Presidente de la República, quien lo ha respaldado. Pero ya sabemos que esta no una buena señal. El problema es que el Ministro del Ambiente no tiene competencias de importancia en el tema de la gestión de los recursos naturales. Así que la situación podría ponerse aún más complicada si le tocara enfrentar un caso directamente vinculado al nuevo sector y volvieran a considerarlo como un interlocutor sin capacidad de decisión. Algunos empiezan a hablar de la renuncia del Ministro. Pues esto solo tendría sentido si Brack considerara que las políticas del Ejecutivo son erradas e inadmisibles. Pero por su actuar público, pareciera más bien que él estuviera de acuerdo con ellas. Veremos que ocurre más adelante.

Ivan Lanegra

Caricaturas de Molina, publicada el 19 de agosto en El Comercio, y de Carlín, publicada en la República el 20 de agosto.

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