11/08/08: Fiscalizaràn personal del Congreso (pronostico casi seguro: nadie sub contrata o cobra cupos)
Contraloría auditará al personal del Congreso, anuncia Velásquez Quesquén
(ANDINA).- La Mesa Directiva del Parlamento acordó encargar a la Contraloría General de la República la evaluación del perfil profesional y las actividades concretas que realiza todo el personal del Poder Legislativo, anunció el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.
Indicó que el informe de la investigación correspondiente estaría listo en no más de 15 días.
“En un primer momento algunos miembros de la Mesa Directiva habían planteado que esto lo realice el órgano de control interno, pero pienso que esa fiscalización resultaría un poco relativizada”, dijo.
“Estoy tomando contacto con la Contraloría para que un equipo de especialistas realice una auditoría que en 15 días nos pueda dar resultados respecto a si el personal del servicio parlamentario y administrativo está cumpliendo con los perfiles profesionales, con la jornada de trabajo y con todas las funciones que se les ha asignado”, manifestó.
Aclaró que lo trascendental es que los trabajadores del Parlamento cumplan con el encargo que se les ha encomendado y certifiquen que tienen acceso a todos los beneficios laborales que establecen las normas.
“Eso sólo lo puede verificar una auditoría, y es mejor que sea externa y lo haga una institución como la Contraloría que tiene una relación de independencia con el Parlamento, y que en los próximos días pueda emitir un informe”, señaló.
Respecto a las inconductas en las que puede incurrir algún legislador relacionadas con la contratación irregular de trabajadores, Velásquez Quesquén aseveró que el Ministerio Público debe actuar en forma rápida para “no estar con medias tintas”.
“Estos hechos son gravísimos y deberían merecer la mayor sanción porque erosionan no sólo la imagen de un parlamentario sino de la institución, entonces tenemos que buscar mecanismos para que rápidamente el Ministerio Público tome conocimiento de estos hechos que tienen indicios de delito y que se pueda investigar”, anotó.
En torno las últimas encuestas, indicó que aún hay insatisfacción, porque existe una enorme burocracia que frena que los beneficios del crecimiento económico se sientan con mayor amplitud.
“Creo que hubo un gran esfuerzo por fusionar los programas sociales para mejorar su alcance, pero lo que no se ha abordado hasta ahora es una reforma integral del Estado, y de qué manera desgrasamos tanta burocracia para que los efectos del crecimiento económico lleguen con mayor rapidez a todos los sectores", puntualizó.
Sobre los últimos accidentes de tránsito, aseveró que esta problemática debe ser enfrentada de manera integral, y sostuvo que si bien el Congreso tiene una parte de compromiso para emitir las normas respectivas, éstas no resolverán todo el problema.
"Yo he dicho y lo sostengo que en el tema de la responsabilidad penal, la soga no se puede romper por el lado más débil. Toda la responsabilidad se le carga al chofer, y debido a que hay una distorsión en el Código Penal, se establece la figura de la omisión impropia", mencionó.
En ese sentido, opinó que el representante legal de una empresa de transporte que deja que un chofer conduzca un vehículo en estado de ebriedad y permite que este maneje por 8 o 10 horas, representa una comisión delictiva según la doctrina moderna", recalcó.
En ese sentido, estimó que se debe establecer una causal de agravamiento de las penas para aquellos choferes que conducen vehículos públicos en estado de ebriedad e incluir dentro de la penalización a los representantes legales de las empresas.
(ANDINA).- La Mesa Directiva del Parlamento acordó encargar a la Contraloría General de la República la evaluación del perfil profesional y las actividades concretas que realiza todo el personal del Poder Legislativo, anunció el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.
Indicó que el informe de la investigación correspondiente estaría listo en no más de 15 días.
“En un primer momento algunos miembros de la Mesa Directiva habían planteado que esto lo realice el órgano de control interno, pero pienso que esa fiscalización resultaría un poco relativizada”, dijo.
“Estoy tomando contacto con la Contraloría para que un equipo de especialistas realice una auditoría que en 15 días nos pueda dar resultados respecto a si el personal del servicio parlamentario y administrativo está cumpliendo con los perfiles profesionales, con la jornada de trabajo y con todas las funciones que se les ha asignado”, manifestó.
Aclaró que lo trascendental es que los trabajadores del Parlamento cumplan con el encargo que se les ha encomendado y certifiquen que tienen acceso a todos los beneficios laborales que establecen las normas.
“Eso sólo lo puede verificar una auditoría, y es mejor que sea externa y lo haga una institución como la Contraloría que tiene una relación de independencia con el Parlamento, y que en los próximos días pueda emitir un informe”, señaló.
Respecto a las inconductas en las que puede incurrir algún legislador relacionadas con la contratación irregular de trabajadores, Velásquez Quesquén aseveró que el Ministerio Público debe actuar en forma rápida para “no estar con medias tintas”.
“Estos hechos son gravísimos y deberían merecer la mayor sanción porque erosionan no sólo la imagen de un parlamentario sino de la institución, entonces tenemos que buscar mecanismos para que rápidamente el Ministerio Público tome conocimiento de estos hechos que tienen indicios de delito y que se pueda investigar”, anotó.
En torno las últimas encuestas, indicó que aún hay insatisfacción, porque existe una enorme burocracia que frena que los beneficios del crecimiento económico se sientan con mayor amplitud.
“Creo que hubo un gran esfuerzo por fusionar los programas sociales para mejorar su alcance, pero lo que no se ha abordado hasta ahora es una reforma integral del Estado, y de qué manera desgrasamos tanta burocracia para que los efectos del crecimiento económico lleguen con mayor rapidez a todos los sectores", puntualizó.
Sobre los últimos accidentes de tránsito, aseveró que esta problemática debe ser enfrentada de manera integral, y sostuvo que si bien el Congreso tiene una parte de compromiso para emitir las normas respectivas, éstas no resolverán todo el problema.
"Yo he dicho y lo sostengo que en el tema de la responsabilidad penal, la soga no se puede romper por el lado más débil. Toda la responsabilidad se le carga al chofer, y debido a que hay una distorsión en el Código Penal, se establece la figura de la omisión impropia", mencionó.
En ese sentido, opinó que el representante legal de una empresa de transporte que deja que un chofer conduzca un vehículo en estado de ebriedad y permite que este maneje por 8 o 10 horas, representa una comisión delictiva según la doctrina moderna", recalcó.
En ese sentido, estimó que se debe establecer una causal de agravamiento de las penas para aquellos choferes que conducen vehículos públicos en estado de ebriedad e incluir dentro de la penalización a los representantes legales de las empresas.
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