De acuerdo al MEF, el costo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles equivale al gasto total en programas de lucha contra la pobreza extrema. Y, además, estima que por cada S/.100 que el Estado invierte en dicho fondo solo S/.5 beneficia a familias del 10% más pobre de la población.

Ello refleja que, si bien ha habido significativos avances en la reducción de la pobreza, todavía se requiere realizar grandes esfuerzos para mejorar la eficacia del gasto público. Más aún si se tienen en cuenta i) los altos niveles de filtraciones y subcobertura de los programas sociales (ver tabla) y ii) la existencia de zonas -en sierra y la selva- que registran niveles de pobreza por encima del 50%[1].



Ambos factores, los problemas en focalización y las diferencias a lo largo del país -especialmente identificados entre las áreas urbanas y rurales-, contribuyen a que la desigualdad persista. Y, con ello, que se continúe restringiendo el acceso a oportunidades económicas a ciertos estratos de la población. En ese sentido, para poder pasar del crecimiento económico al bienestar social es preciso que la política social asegure que i) se facilite la creación de empleos en el sector formal, ii) se obtengan mejoras educativos y se garanticen programas focalizados a atacar la pobreza extrema, iii) se reduzca la desnutrición infantil, y iv) se mejore el acceso a servicios e infraestructura básica.

[1] Huancavelica: 85.7%, Apurimac: 69.5%, Ayacucho: 68.3%, Puno: 67.2%, Huánuco: 64.9%, Cajamarca: 64.5%, Pasco: 63.4%, Cusco: 57.4%, Amazonas: 55.0%, Loreto: 54.6%.