Disolución no se formaliza, pero ya se desactivó la ONA
Falta de claridad en su rol y el escaso apoyo estatal apuraron cierre de la Oficina Nacional Anticorrupción.

Juan Álvarez M. La República

El local de la Oficina Nacional Anticorrupción, en Surco, luce desolado y sin el logo en el frontis que lo identificó por nueve meses. No es para menos. Aunque todavía no se ha publicado la derogatoria del decreto que la creó, en la ONA hoy solo pocos trabajan elaborando informes y, ausente la jueza Carolina Lizárraga, quien los recibe es la administradora Patricia Guillén.

La mayoría de consultores asistió hasta el 31 de julio, y lo último que hicieron fue un balance de su gestión que, en el caso de la Unidad de Investigación, es el detalle de su trabajo, en su mayoría casos de corrupción que no han sido mostrados por varias razones, entre ellas el que la ONA haya estado sin cabeza desde mucho antes que el 8 de julio, cuando renunció Lizárraga.

Fuentes consultadas por este diario revelaron que, pese a los mayores esfuerzos que hicieron para trabajar con normalidad, nunca tuvieron claro cuál era la función específica de la ONA, y tampoco contaron con el apoyo necesario.

Percy Medina, secretario general de Transparencia, lamentó por su lado que, tras la desactivación de la ONA y más allá de la responsabilidad que en ella tenga la propia Carolina Lizárraga, pueda quedar instalada en la gente la sensación de que la corrupción es algo imposible de detener en nuestro país.

"La ONA nació muerta, y eso es una pena, pero ahora se debe cuidar que la Comisión de Fiscalización en el Congreso quede en manos de la oposición y se elija para contralor a alguien independiente", invocó.

LA CLAVE

Vacíos. Medina resaltó que la Defensoría haya emprendido la lucha anticorrupción. "Pero además de recibir denuncias debería proponer cómo llenar vacíos legales y emitir señales de alerta", dijo.