Por: Juan Paredes Castro | El Comercio

La mayor prueba por la que pasan el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Justicia, en relación con el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, es la de su conducta bajo las dos pasiones públicas que la rodean: la de quienes quisieran verlo condenado a no menos de treinta años y la de quienes quisieran verlo indultado.

Este es el tipo de presión inevitable al que se enfrentan los megajuicios y de la que tienen que salir más airosos que nunca los estados y los tribunales por una razón muy sencilla: la justicia internacional ha ampliado sus fueros y sus fronteras, inclusive siendo parte vinculante de las legislaciones internas, y los derechos humanos han ganado mayor vigilancia mundial, sin discriminar la defensa de quienes gozan de sus derechos civiles plenos de aquellos otros que los tienen restringidos, a causa, por ejemplo, de un proceso judicial penal o de una prisión efectiva.

Al margen pues de los graves delitos por los que ha sido extraditado y por los que se lo procesa, Fujimori tiene derecho no solo a un debido proceso judicial sino además a una debida carcelería.

El tribunal que lo juzga, el organismo penitenciario que vigila su internamiento y el peritaje técnico-científico que califica el estado de salud del procesado no solo tienen que proceder conforme a ley sino parecerlo, por encima de suspicacias y componendas partidarias que alimentan las sospechas de injerencia política del Gobierno y del Congreso en beneficio del ex mandatario.

¿Y por qué parecerlo? Precisamente para que, entre otras cosas, la opinión pública entienda que el doctor Luis Bromley deja la dirección del Instituto de Medicina Legal por cuestiones de rotación de personal en el Ministerio Público y que el doctor Avelino Guillén, fiscal adjunto en el proceso a Fujimori, tiene que ausentarse un tiempo para postular a un cargo superior, al cual tiene derecho.

Claro que Bromley y Guillén representan garantías probadas de profesionalismo y honestidad. Es el problema de reemplazar lo bien conocido por lo nuevo por conocer, y para colmo, entre el fuego cruzado de un extremo que los desea inamovibles y el de otro que los quiere fuera.

La justicia peruana y su sistema penitenciario han pasado ya por la experiencia ingrata de tener que hacer nuevos juicios y hasta excarcelar condenados y rectificar sus regímenes de internamiento, a pedido expreso y obligatorio, en el primer caso, de tribunales como el de San José, y en el segundo, de la Cruz Roja Internacional.

Si esto basta y sobra, ¿no debemos cuidarnos de no reincidir?