El Comercio| Ronald Gamarra asegura que al Gobierno nunca le interesó ir a fondo contra la corrupción.


El ex miembro de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) Ronald Gamarra Herrera manifestó ayer que la eventual desactivación de esta entidad fiscalizadora demostraría que al Ejecutivo no le importa combatir la corrupción dentro del Estado, informó hoy Perú 21.


Dijo que, si diera ese paso, se estaría dando el mensaje de que la ONA fue creada solo como un cascarón más dentro de la estructura del Estado para dar la impresión de que le interesaba la represión de los actos delictivos.


"El Apra, según mi criterio, nunca ha tenido voluntad de ir a fondo contra la corrupción y, por eso, jamás entregó a la ONA los recursos necesarios ni la desligó de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y, ahora, su desactivación solo confirmaría lo que estoy diciendo, se desnudaría el Apra", sostuvo Gamarra.


Indicó que si, por el contrario, el Gobierno estuviera preocupado por este tema, entonces debería reforzar la ONA, darle independencia y recursos y aclarar el ámbito de su competencia.


No es toda la oposición.
Los comentarios de Gamarra se refieren al anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, de que el Ejecutivo está analizando el pedido de las bancadas de oposición para desactivar el mencionado organismo.


En relación con este último punto, el congresista Yonhy Lescano aclaró que dicho pedido no es de toda la oposición, sino de algunos parlamentarios.


"Creo que el Gobierno está utilizando como excusa el pedido de algunos para hacerlo parecer como un reclamo conjunto y, así, desaparecer ese organismo. Para el Ejecutivo, esta entidad solo ha sido un globo de ensayo pues nunca le dieron la importancia debida. No es cierto que su desactivación sea un pedido de la oposición. Además, ¿cuándo le han hecho caso a la oposición?", se preguntó.


No obstante, el representante de la Alianza Parlamentaria consideró importante que haya una entidad que controle de manera minuciosa, por ejemplo, el gasto público y la inversión a través de una política pública contra la corrupción.