El caso lo anunció el gobierno en enero pasado y lo presentó como uno de los más grandes relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

Miguel Gutiérrez R. La Republica
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Un juez de Chiclayo acogió el hábeas corpus que interpuso uno de los empleados de la familia Sánchez Paredes y mandó el archivamiento de la investigación por supuesto lavado de activos que abrió el Ministerio Público.

En menos de 24 horas, el titular del Segundo Juzgado Especializado de la Corte Superior de Lambayeque, Orlando Castillo Castillo, le dio la razón a Pelayo Miranda Chávarry, gerente de operaciones de la Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes.

Miranda denunció al titular de la segunda fiscalía especializada en criminalidad organizada, Eduardo Castañeda Garay, y a la fiscal provincial de Cañete, Lita Sánchez Tejada, quienes investigan a Minera Aurífera Santa Rosa, porque supuestamente las autoridades cometían abuso de autoridad al prolongar las indagaciones.

El juez Orlando Castillo, sin embargo, no notificó de su decisión a los fiscales Castañeda y Sánchez.

PIERDE LA JUSTICIA

La Minera Aurífera Santa Rosa es uno de los componentes del emporio empresarial de la familia Sánchez Paredes que desde el 14 de enero pasado tanto la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) como el Ministerio Público investigan por el presunto delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

El juez Castillo emitió su resolución el 12 de julio, al día siguiente que presentó la acción de hábeas corpus Pelayo Minaya.

El magistrado estuvo de acuerdo con el denunciante en el sentido de que la indagación a Comarsa se prolongó sin haber presentado pruebas. "No es razonable que una investigación se mantenga inconclusa y abierta desde el 14 de enero del 2008, máxime si se trata de la misma investigación realizada por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cañete", señala Castillo.

Extrañamente el juez Orlando Castillo prefirió emitir sentencia sin notificar a los fiscales denunciados para que estos pudiera hacer sus descargos, más aún cuando se trata de un caso que involucra a más de 100 personas y 120 empresas.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el juez Orlando Castillo ignora que investigaciones de este tipo pueden alargarse debido al tiempo que requiere analizar diversa y amplia documentación proveniente de entidades privadas y del Estado.

Las mismas fuentes no descartan que en las próximas horas la procuraduría del Ministerio Público apele la sentencia del juez de Chiclayo. Incluso existe la posibilidad de que se pida la intervención del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) porque habría indicios de la comisión del delito de prevaricato. La sentencia de Castillo deberá ser confirmada o revocada por la Corte Superior de Chiclayo.

La primera investigación se inició en marzo del 2007 y estuvo a cargo de la titular de la Primera Fiscalía de Cañete, Lita Sánchez Tejada, quien indagó inicialmente a los Sánchez Paredes por tráfico de tierras. Desde enero del 2008, el caso pasó a cargo de la Segunda Fiscalía contra el Crimen Organizado, cuyo titular, el doctor Eduardo Castañeda, tiene hasta el momento 10 recursos de hábeas corpus en su contra presentados por la familia Sánchez Paredes.