12/07/08: La fuerza del aporte migrante
ESPAÑA ADAPTA SU POLÍTICA DE APERTURA
Por Yolanda Vaccaro. Periodista. El Comercio
Gracias a los inmigrantes España afronta la desaceleración de la economía internacional en mejores condiciones que en anteriores ocasiones de crisis. No lo ha dicho un inmigrante, ni una ONG. Lo ha dicho el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y en la sede parlamentaria. Su afirmación se produce cuando el mundo debate la directiva de la Unión Europea (UE) que limita a 18 meses el período máximo durante el cual un inmigrante sin papeles puede estar detenido antes de ser expulsado o puesto en libertad. Para muchos gobiernos latinoamericanos, se trata de una desalmada 'directiva de la vergüenza'. Un juicio tal vez precipitado, porque el citado documento lo que hace es establecer un límite para la privación de libertad de los extranjeros por carecer de documentos de residencia. En países como Inglaterra estos extranjeros permanecen detenidos sin plazo máximo.
En este marco el Gobierno de España manifiesta un discurso y un tratamiento mucho más benignos. Aquí el período límite de detención se ha ampliado de 40 a 60 días, no más. Las ONG se quejan de esta ampliación y piden que nadie sea privado de su libertad por la que consideran una mera falta administrativa: carecer de documentos de permanencia.
Sin embargo, sería utópico pretender que un país desarrollado en la época actual no ponga coto a la llegada de inmigrantes. Con esta premisa, el Ejecutivo español quiere marcar una diferencia y subrayar el aporte inmigrante en una Europa cada vez más envejecida, necesitada, a pesar de la crisis generalizada (la subida del precio del petróleo hace mella), de mano de obra joven y dispuesta a realizar el trabajo que rechazan muchos europeos aunque estén desempleados. La mayor parte de españoles, por ejemplo, prefiere cobrar su subsidio de desempleo antes que volver a trabajar tras ser despedidos.
En esta línea, Rodríguez Zapatero ofrece a los inmigrantes incluso derechos políticos. En el último congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que resultó reelegido secretario general, se determinó que la bancada socialista en el Congreso pedirá que los inmigrantes residentes voten en elecciones municipales y locales. El PSOE se prepara para tratar de conseguir las modificaciones legales pertinentes para que esto se lleve a efecto a partir de las próximas elecciones municipales, previstas para el 2011. Para ello se necesita modificar la Constitución española o llegar a acuerdos bilaterales de reciprocidad.
Otra cosa, obviamente, es que España abra sus puertas de par en par, cosa que ni hace ni hará, como ha dicho Rodríguez Zapatero. Porque, como él reitera, la llegada legal de inmigrantes está aquí condicionada por el mercado laboral. De allí que, paralelamente a su discurso de apertura, el Gobierno Español esté promoviendo que los extranjeros que se quedan sin trabajo regresen a sus países de origen.
Matices al margen (se analiza, por ejemplo, cuántos años de residencia deben llevar los inmigrantes en España para que puedan sufragar), la voluntad política del Gobierno apunta a que los extranjeros se sientan integrados en la sociedad española. Una sociedad en la que trabajan, en la que pagan impuestos y en la que, como ha dicho el jefe del Ejecutivo, son decisivos para afrontar con fortaleza una crisis económica.
Por Yolanda Vaccaro. Periodista. El Comercio
Gracias a los inmigrantes España afronta la desaceleración de la economía internacional en mejores condiciones que en anteriores ocasiones de crisis. No lo ha dicho un inmigrante, ni una ONG. Lo ha dicho el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y en la sede parlamentaria. Su afirmación se produce cuando el mundo debate la directiva de la Unión Europea (UE) que limita a 18 meses el período máximo durante el cual un inmigrante sin papeles puede estar detenido antes de ser expulsado o puesto en libertad. Para muchos gobiernos latinoamericanos, se trata de una desalmada 'directiva de la vergüenza'. Un juicio tal vez precipitado, porque el citado documento lo que hace es establecer un límite para la privación de libertad de los extranjeros por carecer de documentos de residencia. En países como Inglaterra estos extranjeros permanecen detenidos sin plazo máximo.
En este marco el Gobierno de España manifiesta un discurso y un tratamiento mucho más benignos. Aquí el período límite de detención se ha ampliado de 40 a 60 días, no más. Las ONG se quejan de esta ampliación y piden que nadie sea privado de su libertad por la que consideran una mera falta administrativa: carecer de documentos de permanencia.
Sin embargo, sería utópico pretender que un país desarrollado en la época actual no ponga coto a la llegada de inmigrantes. Con esta premisa, el Ejecutivo español quiere marcar una diferencia y subrayar el aporte inmigrante en una Europa cada vez más envejecida, necesitada, a pesar de la crisis generalizada (la subida del precio del petróleo hace mella), de mano de obra joven y dispuesta a realizar el trabajo que rechazan muchos europeos aunque estén desempleados. La mayor parte de españoles, por ejemplo, prefiere cobrar su subsidio de desempleo antes que volver a trabajar tras ser despedidos.
En esta línea, Rodríguez Zapatero ofrece a los inmigrantes incluso derechos políticos. En el último congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que resultó reelegido secretario general, se determinó que la bancada socialista en el Congreso pedirá que los inmigrantes residentes voten en elecciones municipales y locales. El PSOE se prepara para tratar de conseguir las modificaciones legales pertinentes para que esto se lleve a efecto a partir de las próximas elecciones municipales, previstas para el 2011. Para ello se necesita modificar la Constitución española o llegar a acuerdos bilaterales de reciprocidad.
Otra cosa, obviamente, es que España abra sus puertas de par en par, cosa que ni hace ni hará, como ha dicho Rodríguez Zapatero. Porque, como él reitera, la llegada legal de inmigrantes está aquí condicionada por el mercado laboral. De allí que, paralelamente a su discurso de apertura, el Gobierno Español esté promoviendo que los extranjeros que se quedan sin trabajo regresen a sus países de origen.
Matices al margen (se analiza, por ejemplo, cuántos años de residencia deben llevar los inmigrantes en España para que puedan sufragar), la voluntad política del Gobierno apunta a que los extranjeros se sientan integrados en la sociedad española. Una sociedad en la que trabajan, en la que pagan impuestos y en la que, como ha dicho el jefe del Ejecutivo, son decisivos para afrontar con fortaleza una crisis económica.
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